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DDHH Olvidados | La salud de Emirlendris Benítez está cada vez más deteriorada

Ella solo era una comerciante. Madre de dos hijos y con otro en camino, el 5 de agosto del 2018, Emirlendris Benítez fue detenida en una alcabala en la autopista José Antonio Páez. La acusaron de participar en el presunto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro que se registró el día anterior a su detención. 

A partir de ese momento, la vida de Emirlendris tomó un tono lúgubre, pues más nunca pudo estar en libertad. Cuando la detuvieron, estaba en un vehículo junto a dos personas que ella no conocía, pero que estaban supuestamente implicados en el caso de los drones. La policía buscaba a estos hombres y a una mujer identificada como “María”, con quien la confundieron.

Emirlendris Benítez  fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Está recluida en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

En el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar, la cronista Kaoru Yonekura relata toda la historia de Emirlendris, desde su detención hasta las torturas que sufrió y que le causaron secuelas físicas que, casi seis años después, le siguen afectando gravemente su salud.

https://twitter.com/JEPvzla/status/1743699199592747177

En el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Emirlendris Benítez, la cual el Estado venezolano se ha negado a cumplir.

Una víctima de las torturas

Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Emirlendris recibió golpes de varios funcionarios y hasta fue asfixiada con bolsas plásticas. Como consecuencia de todos esos tratos crueles de los que fue víctima, tuvo un aborto espontáneo.

“Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.

 La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado en constantes ocasiones que las torturas físicas de las que fue víctima Emirlendris le generaron graves secuelas de salud.

En junio de 2023, la organización Amnistía Internacional urgió a Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios, a permitir que Emirlendris tuviera atención médica, así como que se concrete su liberación inmediata. Esto último no ha ocurrido.

“La vida y la integridad de Emirlendris Benítez están en peligro debido a las graves violaciones de derechos humanos a las que ha sido sometida desde su detención en agosto de 2018, entre ellas detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas”, señaló la ONG en la carta dirigida a Bautista.

La lucha por recibir atención médica

Desde el año 2022, Emirlendris perdió al menos 11 consultas médicas con un especialista. Actualmente, tiene una hernia en la columna. Un familiar que pidió no ser identificado asegura que todas las dolencias que tiene son por causa de las torturas físicas de las que fue víctima, pues antes de ser detenida, era una persona completamente sana. También sufre de hipertensión arterial.

Ella tiene muchos dolores corporales. Su pariente reveló que no puede dormir debido al extremo dolor. “Tiene dolores en el cuerpo, más que todo en la parte derecha. Se le duerme la mitad del cuerpo y siente hormigueo. Le ha dado fiebre, y muchos dolores de cabeza”, contó el familiar en entrevista con Runrun.es.

Tras muchos intentos, por fin pudo tener atención médica. El martes 27 de febrero la llevaron a una consulta en el Hospital Vargas con un neurocirujano y el equipo médico coincide en que la hernia que tiene en la columna no es la causante de sus malestares, sino una fibromialgia crónica.

“El doctor le mandó a hacer ejercicios con un fisioterapeuta. Le mandaron otro tratamiento aparte de lo que tiene con unas pastillas para que ella pueda dormir, porque no puede dormir por el dolor”, señaló su pariente.

Emirlendris tiene muchas dificultades para caminar. No puede hacerlo a menos que se sostenga de las literas o de la pared en donde está recluida. “No se pone recta, ella camina dobladita por el fuerte dolor que tiene. Ya los analgésicos no le quitan el dolor, lo que hacen es darle reacciones, pero no le quitan el dolor”, dijo el familiar.

“La veo igual o hasta peor, porque ahora no puede ni dormir. Tiene demasiadas ojeras”, contó el pariente, quien también añadió que Emirlendris tiene un brazo dislocado y para esto no han logrado que le hagan ningún estudio médico.

Una familia dañada emocionalmente

Benítez tiene dos hijos. Una que vive fuera del país y otro, un niño de 10 años, que reside en Barquisimeto, estado Lara. El niño no ve a su mamá desde hace dos años y tampoco sabe que ella está privada de su libertad.

“Está en Barquisimeto con su abuela paterna. No sabe que su mamá está detenida. Nosotros le decimos que la mamá está en una fábrica trabajando. No sabe tampoco que su mamá casi no puede caminar”, contó el pariente entrevistado por este medio.

El hijo de Emirlendris “ha estado sufriendo”, dice el pariente de la mujer, y actualmente está en terapia psicológica, “a pesar de la corta edad que tiene, por la falta de su mamá”.

Pero ella también necesita ayuda psicológica. En varias oportunidades le ha comentado a sus familiares que necesita terapia y que está “muy sentimental”, por toda la situación que vive y todos los problemas de salud.

Con todo y las dificultades, su familia no pierde las esperanzas de que pueda ser liberada. “Que las personas que la tienen allí sepan que ella es inocente de todos los cargos que se le imputan, que ella no ha cometido ningún delito y que por la cabeza nunca se le ha pasado atentar contra la vida de otra persona”, señaló su familiar.

Aumentan las detenciones de mujeres por razones políticas

El pasado 16 de febrero, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, señaló que, según los datos de la organización, actualmente en Venezuela hay 19 mujeres detenidas por razones políticas.

Romero puntualizó que durante el mandato del fallecido Hugo Chávez hubo menos detenciones políticas de mujeres, pero que desde el año 2014 han documentado un significativo aumento, que suma 429 presas políticas y 1.729 mujeres detenidas con fines políticos.

A finales del 2023, Martha Tineo, abogada y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, declaró a Runrun.es que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

“Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento”, denunció Tineo en aquel momento.

Diferentes organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. Sin embargo, las autoridades han ignorado estas peticiones.

@Andrea_GP21

Panel de expertos internacionales pide a la CPI investigar crímenes de lesa humanidad más recientes en Venezuela

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El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) saludó la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), que desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro, los cuales buscaban frenar el curso de la investigación Venezuela I.

Durante la audiencia de notificación de la Sala de Apelaciones, donde respondería a una solicitud del gobierno venezolano, la Sala confirmó la sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Tras esa decisión, el Panel de Expertos Internacionales recordó que presentaron un amicus curiae ante la apelación del gobierno venezolano sobre la decisión de de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la investigación del Fiscal de la CPI.

El panel está conformado por los expertos Santiago Canton, Irwin Cotler, Manuel Ventura y Joanna Frivet; el secretario Ejecutivo, Rodrigo Diamanti; y la Subsecretaria, Marian Da Silva.

“La decisión de la Sala de Apelaciones llega en un momento oportuno, dado el resurgimiento de crímenes de lesa humanidad en el país, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024 y la reciente decisión de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Venezuela”, señaló el panel mediante un comunicado.

Ante esta decisión, el panel de expertos internacionales de la OEA instó a la Fiscalía de la CPI a incluir en su investigación “los crímenes más recientes cometidos por el Estado de Venezuela en la escalada de persecución por motivos políticos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024″.

También, los expertos piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “incluir todos los perpetradores, incluidos los perpetradores estatales de alto nivel, advirtiéndoles que tendrán que rendir cuentas por todos los crímenes cometidos”.

Para finalizar, el panel recordó que en abril de 2024 presentará su próximo informe analizando las investigaciones y procesamientos internos realizados por las autoridades venezolanas.

La decisión de la Sala de Apelaciones

Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

El funcionario de la Corte recordó que el gobierno de Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», explicó Perrin en el fallo.

ONG denuncian ante la CIDH persecución a defensores de derechos humanos 

ONG denunciaron en el marco del 189 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los defensores de derechos humanos en Venezuela

En la audiencia “Situación de las personas defensoras de derechos humanos”, miembros de FundaRedes, Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y Familia S.O.S Libertad, coincidieron en un patrón de hostigamiento contra activistas.  

“Vemos la existencia de una política sistemática estatal de represión de los defensores de Derechos Humanos”, dijo el Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido.

Representantes de ONG en Venezuela colocaron como ejemplo de la política de hostigamiento la reciente detención de la presidente de Control Ciudadano, Rocío San Miguel y del director de FundaRedes, Javier Tarazona, próximo a cumplir 1.000 días encarcelado.

“Los defensores de los Derechos Humanos en Venezuela han enfrentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y allanamientos ilegales en sus domicilios y sedes”, dijo Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza.

Diamanti aseveró que a las ONG se les han “fabricado pruebas falsas para respaldar acusaciones infundadas en contra de sus miembros”.

El fundador de Un Mundo Sin Mordaza indicó que el chavismo hace uso de las instituciones del Estado en complicidad con el sistema de justicia.

“Exigimos el cese inmediato de la persecución política en Venezuela dirigida hacia aquellos que expresan opiniones divergentes, en especial, hacia los defensores de los Derechos Humanos”, indicó Diamanti.

Además, solicitó el respaldo de la comunidad internacional para asegurar la liberación de activistas como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y otros presos políticos: “Es esencial brindarles la solidaridad necesaria para restaurar la justicia y proteger el ejercicio legítimo de sus funciones en pro de la dignidad humana”.

Estandarte de las ONG presa política 

A juicio de Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela la detención de Rocío San Miguel es un ejemplo de las adversidades a las que se enfrentan quienes luchan por los derechos fundamentales en Venezuela.

“A pesar de su compromiso con la transparencia y la justicia, esta se convirtió en blanco de represalias por parte del régimen venezolano”.

Dávila condenó la aprehensión de la activista sucedida  el pasado 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

“Este castigo ejemplarizante, anunciado en cadena nacional bajo el título de Furia Bolivariana, no solo ha afectado a Rocío (San Miguel), sino también a su familia, que ha sido detenida arbitrariamente. La situación ilustra claramente el patrón de persecución que experimentan los defensores de Derechos Humanos en Venezuela”.

Por su parte, Clara Ramírez, directora (encargada) de la FundaRedes aclaró que las medidas de protección cautelares emitidas por la CIDH a defensores de DDHH han resultado insuficientes. 

“En el año 2020, previo a la detención de Javier Tarazona, la CIDH otorgó medidas cautelares debido a que había sido víctima de amenazas y actos de amedrentamiento. Sin embargo, el Estado hizo caso omiso a este resultado y aún permanece detenido”, denunció. 

Igualmente Franklin Caldera, coordinador del Comité de Víctimas Familia S.O.S. Libertad, denunció que ha sido víctima de amenazas por parte de agentes de seguridad del Estado y, por tal razón, el pasado 20 de julio de 2023 recibió una medida cautelar de protección por parte de la CIDH.

 

Por unanimidad CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes, 1 de marzo, por unanimidad, continuar la investigación del caso Venezuela I.

Durante la audiencia de notificación de la Sala de Apelaciones, donde respondería a una solicitud del gobierno venezolano, la Sala confirmó la sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: “Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar”.

Los alegatos del gobierno de Nicolás Maduro a la PI

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares “cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal”.

“La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo”, puntualizó Perrin.

Por otra parte, el funcionario recordó que Venezuela dice también que la Sala de Cuestiones Preliminares “caracterizó erróneamente la información adicional proporcionada por el fiscal”, a lo que argumentó que la Sala de Apelaciones “no encuentra error alguno en las conclusiones de la sala de consejo es criminales en este aspecto”.

Además, señaló que Venezuela afirma que la información adicional del fiscal “no cumple con los requisitos de notificación puesto que expone presuntos actos criminales que el fiscal no pretende investigar”.

“La Sala de Apelaciones observa en este sentido que no existe la expectativa en esta etapa del procedimiento de que el fiscal tenga que notificar a los Estados de todos los actos que pretende investigar, especialmente en aquellas situaciones repetidas a la Corte que cubren un gran número de presuntos actos criminales”, agregó.

Además, explicó que, en efecto, en estas situaciones el fiscal de la CPI “podría no estar en condiciones de identificar la totalidad de las posibles causas abarcadas por una remisión amplia y de comprometerse en una faceta tan temprana del proceso a investigarlas”.

“No constituyen en sí un error de la Sala de Cuestiones Preliminares el basarse en la información del fiscal relativa al actos criminales, respecto a los cuales el fiscal no manifieste la clara intención de investigar, siempre y cuando esa información junto con otra información aportada por el fiscal aporte los parámetros generales de la situación y detalles suficientes respecto a los grupos o categorías de personas relacionadas con la criminalidad pertinente”, añadió.

“Confirma la falta de voluntad para investigar”

El abogado Joel García reiteró que la decisión de la Sala de Apelaciones autoriza al fiscal de la CPI, Karim Khan, a “reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”.

A juicio de García, la Sala “no solo ratifica la decisión de continuar con la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, también confirma la falta de voluntad de la justicia nacional de investigar”.

 

Reconocen decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre Venezuela

Organizaciones no gubernamentales celebran que la Sala de Apelaciones de la CPI desestimara la apelación del Estado venezolano que “buscaba impedir investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I”.

En una declaración conjunta, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) consideran que “la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro”.

“Un ejemplo de esta persecución, que sigue aumentando en el país, es el caso de Rocío San Miguel, histórica figura defensora de derechos humanos, que fue arrestada y judicializada el 13 de febrero de 2024 de manera arbitraria por supuestos hechos de espionaje y conspiración, acusaciones carentes de evidencia”, añadieron las organizaciones en un comunicado.

Una victoria para las víctimas

Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, consideró que la decisión por unanimidad de la Sala de Apelaciones de desestimar los alegatos del gobierno de Maduro representa una victoria para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“El proceso penal contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, continúa. Todos serán investigados y sancionados. Como siempre digo, no voy a descansar en el empeño de sustituir la Venezuela de la venganza, por la Venezuela de la justicia”, señaló Solórzano.

Por su parte, Tamara Sujú, abogada y directora ejecutiva del Instituto Casla, recordó que la investigación del caso Venezuela I no se había detenido durante el tiempo que llevó el proceso de apelación.

“Venezuela no ha investigado ni tiene interés en investigar a los altos responsables ni los crímenes de lesa humanidad argumentadas. No hay progreso investigativo. El Estado investiga individualidades”, señaló Sujú en X (antes Twitter).

Sujú recordó que la Sala de Apelaciones de la CPI desestimó seis alegatos del gobierno de Nicolás Maduro. “Hoy es el día de las víctimas y sus familiares. Hoy avanza la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

Impuestos absorben más de dos tercios de las ganancias de las empresas

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En un entorno en el que los ingresos del gobierno se han desplomado la administración de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en el país con la mayor carga tributaria de América Latina, obligando a las empresas a pagar impuestos en cantidades que absorben buena parte de las ganancias.

De acuerdo con datos de Conindustria al cierre de 2022, último año para el que se pueden sumar todas las declaraciones de impuestos, las empresas venezolanas cancelaron tributos por un monto equivalente a 68,6% de las ganancias mientras que el promedio en América Latina es 40% y en el resto del mundo 46%.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario advierte en un comunicado divulgado esta semana que esta elevada proporción reduce “la posibilidad de ahorro e inversión” y agrega que “este porcentaje se incrementa aún más en ciertos sectores económicos, incididos por tributos especiales”.

Aparte de los impuestos clásicos como el IVA, el impuesto sobre la renta o los tributos de las alcaldías, las empresas cancelan un Impuesto a los grandes patrimonios y realizan aportes establecidos en distintas normas a organismos del Estado como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Un factor relevante es que la carga tributaria viene acompañada de una larga lista de trámites. Ana Azevedo, contadora y quien trabaja en el área de impuestos para la firma de Consultoría PwC Venezuela, explica que las empresas catalogadas como contribuyentes especiales hacen al año, al menos, 193 declaraciones.

“Hablamos de 24 declaraciones de IVA y 24 anticipos del impuesto sobre la renta porque son quincenales. Cando agregas las que deben hacerse por el impuesto a las grandes transacciones financieras, retenciones del impuesto sobre la renta más otros trámites, llegas a ese número”, dice Ana Azevedo.

“Si se trata de empresas de sectores como telecomunicaciones aumenta el número de declaraciones al punto que hay empresas que hacen 220 declaraciones al año”, agrega Ana Azevedo.

Saúl Medina, socio de servicios tributarios de EY, indica que lo engorroso del sistema obliga a las empresas a buscar personal especializado en el tema tributario, que en estos momentos es escaso; a entrenarlo o a contratar un servicio externo.

Litsay Guerrero, economista, explica que los trámites burocráticos “inciden en los costos de las empresas en términos monetarios y del tiempo que destinan a cumplirlos, son costos de oportunidad para nuestro aparato productivo”.

“Necesitamos una mejora importante en las condiciones para el desarrollo de negocios, simplificar tramites. El resto de los países de la región está utilizando la tecnología de blockchain para mejorar sus procesos”, agrega.

Problemas de caja

El trasfondo de la alta carga tributaria es un gobierno que ha sufrido una fuerte reducción de sus ingresos. La producción petrolera, por ejemplo, es de 800 mil barriles diarios una cifra muy inferior a los 3,2 millones de barriles diarios que producía el país en 1999 cuando el chavismo llegó al poder.

A esto se agrega que la administración de Nicolás Maduro tiene cerrada la posibilidad de obtener financiamiento en el exterior porque el país está atrasado en el pago de sus compromisos desde 2017.

Litsay Guerrero afirma que es un Estado “con una necesidad de ingresos importantes que básicamente se ha volcado a obtener estos ingresos vía tributos porque no tiene posibilidades de endeudamiento”.

Un aspecto relevante es que tras la recesión 2014-2020 el tamaño de la economía venezolana se redujo a la cuarta parte, por lo tanto, la posibilidad de obtener ingresos vía impuestos se ve reducida.

A pesar de que las empresas pagan más de dos tercios de sus ganancias en impuestos la recaudación en Venezuela equivale a 6% del PIB mientras que en América Latina esta proporción es del 16%, de acuerdo con datos de Conindustria.

La explicación es que la recaudación en Venezuela recae sobre pocas empresas, porque el sector formal de la economía se achicó.

“Pareciera que en el país hay un acelerado proceso de informalización, por lo que urgen reformas impositivas que estimulen la formalidad y así incorporar más agentes económicos que paguen impuestos”, dice el informe de Conindustria.

Recaudar más

El pasado 15 de enero Nicolás Maduro precisó ante la Asamblea Nacional que la recaudación tributaria se ubicó en el equivalente a 5 mil 750 millones de dólares en 2023 y la meta es que este año se incremente hasta 10 mil millones de dólares.

Posteriormente el dos de febrero advirtió que “le digo a todo el que me quiera escuchar, se acabaron las excepciones tributarias”.

En una muestra de la urgencia por aumentar los ingresos, el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) publicó en la gaceta oficial del pasado 5 de febrero una resolución en la que estableció el registro y cobro de impuestos a las empresas que realizan entregas a domicilio (delivery) mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales.

No obstante el camino para detectar nuevas oportunidades de renta no luce del todo despejado. Ante las fuertes críticas en el sentido de que el cobro del registro, impuestos y aporte especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan los costos y crean distorsiones, el gobierno retrocedió y dejó sin efecto la resolución.

Ampliar la base

Richard Obuchi, profesor del IESA, señala que en 2014 el sector formal de la economía -a través de la manufactura, construcción, servicios y comercios- empleaba a 25% de los trabajadores y actualmente solo 11%.

“Ya tenemos una carga fiscal muy elevada y aumentarla más va hacer que eventualmente cierren empresas y se agudice ese proceso en el que el sector privado cada vez emplea menos personas”, dice Richard Obuchi.

Agrega que esto “favorecería a una economía donde es mejor importar porque es menos riesgoso, sale menos caro y no tengo que invertir demasiado pero en ese proceso hay una enorme destrucción de capital social y económico”.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario recomienda en su comunicado que “en el corto plazo, una mayor recaudación pasa por ampliar la base de contribuyentes. La informalidad en la industria y en el comercio genera desinversión, pobreza y baja recaudación”.

“Creemos que los mayores esfuerzos de fiscalización deben recaer sobre aquellos que no cumplen sus deberes formales, los que no se inscriben en los registros respectivos, los que no facturan, los que no tienen contrataciones formales, los que traen productos de contrabando o pagan menos aranceles de los que corresponden”, señala la Asociación.

Agrega que “allí vemos un importante desaguadero fiscal que, de ser detenido, resultaría en una fuente más beneficiosa y eficiente para la administración y para la sociedad venezolana que continuar recargando a los contribuyentes que sí cumplen sus deberes y que sí mantienen inversiones productivas en el país”.

El Metro como metáfora del país

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Estación Sabana Grande del Metro de Caracas. Foto (interv. por Runrunes) de Luis De Jesús (@luisdejesus_) en El Nacional, agosto 2022. 

El medio de transporte que alguna vez fue avizorado como “la gran solución para Caracas” está en manos de la elite gobernante menos interesada en el bienestar colectivo, en toda la historia nacional

 

@AAAD25

Todos tenemos rasgos extraños pero inocuos en nuestra personalidad. Aquellos que, sin implicar demencia, nos distinguen de la masa amorfa que llamamos “normal humano”. Uno de los míos es la fascinación por los trenes urbanos. Es de las pocas cosas que recuerdo sobre mi infancia más temprana y que nunca me ha dejado. Como buena abuela y por lo tanto alcahuete de las pasiones pueriles, la mía me llevaba al Metro de Caracas sin ninguna finalidad, más allá de divertirme. Íbamos de Altamira a Palo Verde y luego de regreso. A veces, cuando no había quien me cuidara en casa, tenía que acompañarla a su trabajo, en Las Adjuntas. Nada me hacía más feliz entonces que ver el Metro pasando sobre la autopista, rumbo a Caricuao. Parte de la dicha de mis dos años viviendo en Nueva York por razones académicas fue explorar de cabo a rabo el sistema de metro más grande del mundo.

Todavía me gusta usar el Metro de Caracas y, si bien no es a diario, soy un usuario regular. A veces, por ir a alguna parte de la ciudad a la que no quiero ir en carro. Otras veces, solo por ese gusto difícil de explicar. Pero hasta un amante del metro como yo tiene que admitir, con dolor profundo, el deterioro abismal del sistema subterráneo capitalino. Los retrasos desesperantes en la llegada de trenes, el bochorno pegajoso de un vagón sin aire acondicionado, el atolondramiento grosero de muchos usuarios, acaso agobiados por los otros problemas. Etcétera.

Pero ojalá fuera solo eso. Los accidentes que obligan a evacuar trenes o estaciones son cada vez más frecuentes. Hace unas dos semanas, en un mismo día hubo dos: uno en el tramo entre las estaciones Caño Amarillo y Agua Salud, y otro en la estación Zoológico. Por suerte, nadie salió herido. Pero, repito, la frecuencia de estos episodios preocupa mucho. ¿Es que tiene que ocurrir una desgracia para que las autoridades tomen cartas en el asunto?

Pregunta sin sentido. En realidad, es fútil esperar que se haga el mantenimiento necesario, suceda o no una calamidad. Porque, lamentablemente, el medio de transporte que alguna vez fue avizorado como “la gran solución para Caracas” está en manos de la elite gobernante menos interesada en el bienestar colectivo, en toda la historia nacional. El metro es otra de tantas obras hechas por esa democracia que el chavismo tanto vitupera y desdeña, toda vez que ese mismo chavismo las dejó decaer hasta una cota del subsuelo inferior a las memorias de Dostoyevski. Quienes se jactan de ser mucho más productivos y eficaces que sus predecesores terminaron reduciendo el producto del objeto de su desprecio, sin un reemplazo.

¿Qué les importan los pesares de los usuarios cotidianos del metro, o incluso los peligros que corren? Ni que ellos lo usaran. Ellos se desplazan en camionetas con chofer y refrigeración, así como una horda de escoltas.

Ya sabemos qué puede pasar cuando alguien reclama. Hace año y medio, Roberto Patiño, cofundador de la ONG Alimenta la Solidaridad, y otros activistas levantaron la voz por la deplorable situación del medio de transporte. ¿Cuál fue la reacción desde el poder? Victimizarse y criminalizar a los denunciantes. Decir que había una “campaña contra el Metro”. Según su narrativa caradura, no son los millones de usuarios del metro los que tienen razones para quejarse, sino ellos mismos, los mandamases que se han rodeado de privilegios a costa de un Estado, incluyendo al metro, por el que debían velar. Las cuitas del ciudadano común no importan, sino que se sepan y que a los jerarcas los increpen por ello.

Sin embargo, el escándalo fue tal, que el chavismo tuvo que pretender que haría algo al respecto. El resultado fue una campaña de supuesto mantenimiento a gran escala. Como todo lo que el chavismo hace, la presentaron propagandísticamente con bombos y platillos. Pero por lo visto no pasó de aplicar pintura nueva a las estaciones y arreglar algunas escaleras eléctricas. Si la seguidilla de accidentes recientes nos dice algo, sigue pendiente el trabajo mecánico que debería ser prioridad.

Pero, de nuevo, con este gobierno no podemos esperar algo mejor. Y, de hecho, el Metro de Caracas es una metáfora de toda Venezuela. El país entero se ha deteriorado al punto de ser una sombra de lo que fue. Cuesta conseguir un aspecto de la vida nacional cuya calidad no haya bajado. Pero quien proteste se encontrará, en el mejor de los casos, con la indiferencia del gobierno. En el peor, con su puño de hierro. Venezuela tiene tantas, tantas cosas que necesitan una mejora urgente, que sin temor a equivocarnos podemos decir que el metro no es lo más apremiante (para empezar, es un problema caraqueño; y justo ahora, las dificultades de los habitantes del resto del país son mucho mayores). Pero, cuando tengamos un gobierno al que sí le importe algo más que los lujos de una camarilla, también habrá que devolverle al metro el estatus de solución para la capital. Como eterno entusiasta de los rieles, espero poder ver eso.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 

Premian a ganadores del concurso de ensayo “Innovando contra la corrupción: Ética en acción”

Como parte del programa “Jóvenes por una Venezuela Integra”, que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, se llevó a cabo el concurso “Innovando contra la corrupción: Ética en acción”. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y Transparencia Venezuela premiaron al talento juvenil universitario que participó en este concurso de ensayo libre.

De esta forma, se impulsó la investigación y propuestas para enfrentar la corrupción, así como para fortalecer la democracia y la formación en principios éticos. Además buscó la promoción de propuestas para luchar contra este flagelo a través de un ensayo expositivo-argumentativo.

El jurado estuvo integrado por las profesoras Gladys Villaroel Guerrero, Carolina Guerrero y la licenciada Maruja Dagnino y la premiación se llevo a cabo el pasado 23 de febrero.

El primer lugar del concurso lo obtuvo el ensayo “Verdad al rescate: Renovando la ética en la batalla contra la corrupción” de Guillermo Betancourt, estudiante de economía Universidad Central de Venezuela que llevo el seudónimo: Vox Mind.

En el segundo lugar se posicionó “Infección en la cultura. Un virus que se propaga por toda América”, del autor Jorge Luis Bou-saad, estudiante ingeniera Universidad Metropolitana, presentado bajo el seudónimo Mr. X. En tercer lugar se tuvo el ensayo, Anticorrupción de Alejandro Zaragoza, estudiante de economía Universidad de Carabobo que se presentó bajo el seudónimo Alzo Social.

Dentro de las premiaciones se otorgaron menciones honorificas. Una de ellas se otorgó a Abraham Oropeza, estudiante de economía Universidad Lisando Alvarado, estado Lara con su ensayo “El A.R.T.E., como medio anticorrupción” que se presentó bajo el seudónimo “Iguana liberal”.

Por otro lado, también se le dio está mención al ensayo “La Tecnología al servicio de la ética: un escudo digital contra la corrupción”, de Roymer Rivas, estudiante administración Universidad Experimental Guayana, presentado bajo el seudónimo The Witness.

Tanto Cedice Libertad como Transparencia Venezuela sostuvieron que los ensayos ganadores “revelan que la claridad, la luz que reconoció Picón-Salas existe aún en nuestro país”.

Aseguran que esto abre un “camino de esperanza hacia el futuro y nos señala la tarea de cuidar, amparar y proteger esa claridad”.

El Mañanero del #1Mar: las ocho noticias que debes conocer

En El Mañanero de Runrun.es de este 1 de marzo resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: la decisión que anunciará la CPI, el gobierno se echó para atrás con la fiscalización a servicios delivery, el padecimiento de los venezolanos que viven con enfermedades raras en un país sin acceso a diagnósticos ni tratamientos, el balance de las carencias en las universidades públicas del país y mucho más. 

Gobierno reculó con medida de fiscalización a servicios delivery

Más de 15.800 personas detenidas por motivos políticos en los últimos nueve años

Diosdado Cabello: “Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro en Chile”

Cierre de vías por concentración oficialista obligó a ciudadanos a caminar por la autopista

 

¿Qué esperar de la decisión de la CPI de este 1 de marzo?

Enfermedades raras: Vivir sin diagnóstico ni tratamiento en un país como Venezuela

La Conversa: “En Venezuela no hay universidades gratuitas”

Las venezolanas aplazan cuidado de su salud para cubrir necesidades del hogar

 

 

“Hemos vivido con altibajos, luchando, y viviendo un día a la vez para conseguir el tratamiento. Muchos pacientes que han emigrado a Colombia o Brasil y logran tener una mayor calidad de vida, del tratamiento que les sobra nos lo envían a nosotros y entre todas pagamos el envío y nos repartimos equitativamente las medicinas”: Madre de paciente con fibrosis quística.