Una cierta narrativa pretende abrirse paso en el debate de las fuerzas democráticas venezolanas. Se trata de minimizar el rol político del gobierno interino reconocido por las 50 democracias más decentes del mundo; dar por concluida la continuidad de la Asamblea Nacional y considerar a Guaidó un simple interlocutor de la oposición. Para esta tesis, su interinato quedaría reducido a la quimérica gobernación de la ínsula de Barataria, legada por la no menos quimérica autoridad de don Alonso Quijano a Sancho, su fiel escudero.
Como “de todo hay en la viña del Señor”, forzoso es concluir que no todos los que tienen esta postura lo hacen por las mismas razones.
Dicho esto, pasemos a considerar algunos aspectos que, a nuestro juicio, hacen imprescindible mantener como una conquista ese reconocimiento de la presidencia interina ejercida por Juan Guaidó en la lucha por la democracia venezolana.
Comencemos por afirmar que no pretendemos atrincherarnos en ningún argumento leguleyo. Pero sí es necesario poner de relieve la opinión que, en su momento, emitió el Bloque Constitucional de Venezuela, coordinado por el Dr. Ramón Duque Corredor e integrado por eminentes juristas venezolanos, con la que se dejó meridianamente establecido que no habiéndose realizado elecciones legítimas, de acuerdo con la Constitución, la Asamblea Nacional electa el 2015 se mantenía en ejercicio de sus funciones. Siendo Juan Guaidó su presidente, le corresponde asumir la vacante absoluta de la primera magistratura nacional, declarada anteriormente por la misma Asamblea Nacional.
¿Sea trata de un caso atípico? Sí, sin ninguna duda. Seguramente las facultades de ciencias políticas y jurídicas del mundo entero lo estudiarán en los próximos años como una peculiaridad inédita. Pero lo estudiarán como una incidencia jurídica alternativa y no como una chapucería caprichosa. En esto, por cierto, han coincidido las cancillerías y sus servicios jurídicos de más de 50 países en el mundo que mantienen su reconocimiento a Guaidó.
Este hecho, por cierto, no solo tiene las connotaciones políticas y jurídicas válidas para nuestro país. El ejercicio del gobierno interino de Guaidó es el que ha servido de base para todas las decisiones judiciales que materializan la protección de activos de la Republica en el extranjero.
La mayoría de los tribunales de los países donde esos bienes y haberes se encuentran han terminado resolviendo, conforme a una doctrina y jurisprudencia específica, que otorgan la titularidad de los derechos que dimanan de esos bienes a las instituciones que reconozcan las cancillerías y gobiernos donde tienen sede esos tribunales. Es por ello que el Banco de Inglaterra no ha entregado el oro de sus bóvedas a Maduro; y que los tribunales de Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos mantienen congeladas cuentas que, de otra manera, estarían en manos de la corrupción. Tampoco Gustavo Tarre sería embajador en la OEA. Ni recibieran a Guaidó como primer mandatario en decenas de los más importantes países del mundo.
No sería serio y no se podría comprender que mañana dijéramos a todos esos países que hemos resuelto cambiar de criterio; que ya Guaidó no es el presidente interino y que los bienes asegurados deben regresar a las manos de quienes los han dilapidado.
Como podrá apreciar el lector, no se trata de un asunto menor. Y aun cuando es legítimo que aquí cada quien, conforme a sus intereses y opiniones, tenga una posición determinada sobre el tema de la vigencia del mandato de Juan Guaidó como presidente interino, el asunto no puede ser despachado alegremente. Se trata de una cuestión mayor; de una conquista que tenemos los demócratas venezolanos y que es necesario preservar.
Aquí no deberían importar las luchas por liderazgos; ni los intereses políticos que siempre habrá. En la consideración de este tema debería privar un consenso por encima de las diferencias.
De ponernos de acuerdo y construir un consenso sobre este y otros temas clave de la lucha política hoy en día, podrá depender lo temprano o tarde que salgamos de esta pesadilla.
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