6 años de prisión e inhabilitación política perpetua a Cristina Fernández por corrupción
La vicepresidenta de Argentina aseguró que la condena que recibió tiene su origen en una “mafia judicial paraestatal” y reiteró su inocencia en este proceso por irregularidades en la concesión de obras viales
Foto: EFE
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, confirmó que no será “candidata a nada” en las elecciones de 2023. Así lo dijo después de que, este 6 de diciembre, se anunció su condena a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por corrupción durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
“No voy a someter a la fuerza política que me dio dos veces el honor de ser presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral”, explicó Fernández como motivación para no presentarse a las elecciones de 2023 y recordó que todos los cargos a los que accedió en su carrera política fueron “siempre por el voto popular”.
Fernández dijo que, además de a los dos mandatos suyos (2007-2015) y al de Kirchner, también contribuyó “a la victoria de 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo”. “Esto es lo que me están cobrando, y por eso me inhabilitan”, indicó.
La condena
La dirigente fue condenada para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Los jueces hallaron culpable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
La pena dispuesta para Fernández en la denominada “causa Vialidad” es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
Fernández se declara víctima de una “mafia judicial paraestatal”
Fernández aseguró que la condena que recibió tiene su origen en una “mafia judicial paraestatal” y reiteró su inocencia en este proceso por irregularidades en la concesión de obras viales.
De igual manera, aseveró nuevamente que la condena en su contra, la cual confirmó que apelará, ya “estaba escrita”: “La idea era condenarme como finalmente lo hicieron”.
Fernández rechazó ser responsable por defraudación a la Administración pública pues, como presidenta, no tuvo manejo en las leyes de Presupuesto donde se incluyeron las obras públicas que fueron objeto de este juicio ni administró ni ejecutó esos Presupuestos, una responsabilidad en cabeza del jefe de gabinete de ministros.
La vicepresidenta aseguró que ninguna de las acusaciones formuladas por los fiscales que intervinieron en este juicio eran ciertas y dijo que, más que un ‘lawfare’ (hostigamiento judicial), ella ha sido blanco de una “mafia”.
Información de EFE
