FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL denuncian que desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) está operando una red de extorsión en dólares a detenidos que tienen boletas de excarcelación emitidas por los tribunales, e incluso por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. El caso más reciente es el de un ciudadano de nacionalidad iraní-canadiense cuya libertad fue ordenada hace 3 semanas (antes de la Navidad) por un tribunal penal y permanece detenido todavía en enero de 2017.
El 20 de diciembre de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas emitió una boleta de excarcelación con el número 013-2016 en la que se ordena «al ciudadano jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) poner en libertad al ciudadano Niroumand Iraj, titular de la cédula de identidad E- 84.397.275… toda vez que este Juzgado… acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad…».
Sin embargo, la medida no fue acatada por los funcionarios del Sebin que le exigen al detenido el pago de 10 mil dólares para dejarlo salir de los calabozos de la policía política. «Primero estaban cobrando 3 mil dólares, pero como se acercaba la Navidad subieron la ‘tarifa’ a 10 mil dólares», explicó una fuente ligada al Poder Judicial.
Este tipo de extorsiones es una práctica novedosa que se estaría generalizando entre los funcionarios de distintas jerarquías del Sebin. «Ahora es una extorsión en dólares que varía según el nivel económico del detenido y piden cantidades de dinero exorbitantes para ejecutar la orden de excarcelación de un tribunal, que es sagrado», dijo el denunciante, que pidió no revelar su identidad por seguridad.
Sin embargo, desde hace varios meses jueces y abogados vienen denunciando que el Sebin desacata las órdenes de excarcelación de los tribunales y no ejecuta las medidas de libertad otorgadas a presos políticos. «Está el caso de Yon Goicochea, por ejemplo, que tiene una orden de ser liberado emitida por un tribunal el 5 de diciembre de 2016 y el Sebin de ha negado a ejecutarla. Pensábamos que se trataba de medidas de presión contra los presos políticos, pero ahora vemos que también lo están haciendo con los presos comunes. Nunca había visto lo que está pasando, los jueces dan órdenes de excarcelación pero es el director del Sebin quien decide quien sale y quien no», denunció la fuente.
«Un policía no tiene la facultad de negar o aceptar nada, solo debe cumplir la orden de un tribunal. Es un funcionario ejecutor. Han negado libertades ordenadas por la misma Sala Penal», denunció la fuente.
Una situación similar enfrentan 14 funcionarios de Polichacao, cuya libertad fue ordenada por un tribunal hace 4 meses.
La situación ha sido calificada como «una aberración violatoria de toda norma jurídica», pues la policía política, que es dirigida por el general Gustavo González López, ya no obedece ni las órdenes o decisiones del TSJ.
