Además de Hecder Lugo y una bebé de apenas dos meses que murió producto de inhalación de gases lacrimógenos, en el estado Carabobo se han reportado otras víctimas en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que todavía no han sido reconocidas por el Ministerio Público.

Una de ellas es Luis Eloy Pacheco, de 22 años de edad, quien fue sorprendido por una turba en el sector Pinzón Herrera de Central Tacarigua, municipio Carlos Arvelo, según la versión de uno de sus hermanos.

Pacheco era bachiller y se dedicaba a la venta de frutas y aguacates en Naguanagua, el pasado jueves al mediodía iba a buscar unas legumbres cuando consiguió la muerte.

“Él no tenía nada que temer porque no estaba en el lío pero un funcionario de la Policía de Carabobo le disparó en el mentón y le causó la muerte”, dijo uno de sus deudos. Pacheco era el menor de cuatro hermanos.

Carlos Mora, de 20 años de edad, fue otro de los jóvenes asesinados. El joven murió electrocutado el jueves en Flor Amarillo, cuando se dirigía de vuelta a su casa ubicada en Las Palmitas. Había ido la localidad a llevar a un sobrino. Huyendo de una protesta se agarró de una cerca para no caerse y se electrocutó. En la zona había pozos de agua por la lluvia.

Su abuela y mamá indicaron que fue trasladado a un CDI en el sector, pero lamentablemente murió. Mora estudiaba para convertirse en un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en Maracay, estado Aragua.

Un día antes, otro hombre falleció también electrocutado, en medio de un intento de saqueo en el negocio CeramiHierro, ubicado en la avenida Enrique Tejera del sector El Prado de Valencia, confirmaron fuentes policiales. El hombre no tenía identificación.

Además, perdió la vida Jesús Asdrúbal Sarmiento, de 26 años de edad, la noche del pasado miércoles, cuando trataba de escapar de un grupo de violentos que impedía el libre tránsito por la Autopista del Sur en Valencia.

Los familiares señalaron que el hombre se ganaba la vida como transportista, iba a bordo de su moto esa noche y fue abordado por los vándalos en la zona de Brisas del Arenal, como no se detuvo le dispararon. Los sujetos le robaron sus pertenencias, incluida la motocicleta.

Otra víctima de esta ola de disturbios fue Daniel Gamboa, de 40 años de edad, quien recibió una pedrada en la cabeza. Fue ingresado a la Ciudad Hospitalaria y murió el jueves.  Sus familiares contaron que Gamboa manejaba una camioneta que transportaba alimentos por la Autopista del Sur, a la altura de las invasiones Altos de Carabobo, y fue atacado por un grupo que quería apoderarse de su mercancía.

Con estos cinco decesos ascienden a 48 la cifra de muertes desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro a principios de abril de este año.

 

Acá el balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones ocurridas en abril y mayo de 2017 https://t.co/fBuid2ETTE#5May

— Ministerio Público (@MPvenezolano) 6 de mayo de 2017

Reverol en Carabobo

El ministro para el poder popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, estuvo en el estado Carabobo, supervisando lo que han llamado «Plan Zamora».

«La derecha terrorista, además que ha enlutado familias carabobeñas,  ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también se han cometido delitos de ultraje al centinela, destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

Carlos Alcántara,  secretario de Seguridad Ciudadana en la entidad carabobeña, dijo que han sido detenidas alrededor de 200 personas, que serán puestas a la orden de tribunales militares.

«Todos los detenidos que tenemos vamos a pasarlos a la jurisdicción penal militar, para que los tribunales militares se encarguen de continuar todas las investigaciones que sean necesarias, sobre estos detenidos que fueron contratados por la derecha terrorista para cometer asaltos a los establecimientos y actos vandálicos en el estado Carabobo», agregó Reverol.

Informó el ministro que 135 establecimientos entre caucheras, ferreterías, ventas de ropa, licorerías y otros comercios han sido asaltados en los municipios Los Guayos, Valencia, Naguanagua y Carlos Arvelo.

 

AHORA! En el Core 2 verificando situación de los detenidos! https://t.co/4JR9rsTsj4

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 6 de mayo de 2017

 

EN DIRECTO en #Periscope: #Carabobo nos encontramos en el Core 2 en La Isabelica junto a los diputados Juan Matheus… https://t.co/buoyo7J4BF

— Marco Bozo Tamayo (@bozotamayo) 6 de mayo de 2017

URGENTE! más de 200 detenidos que pretenden juzgar en tribunal militar en Valencia #PlanZamoraEsDictadura

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 6 de mayo de 2017

 

Desde 2009, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a varios funcionarios ligados al gobernador Francisco Rangel Gómez y el exsecretario de Seguridad Ciudadana, general Julio César Fuentes Manzulli por presuntos hechos de corrupción.

El comisario José Gregorio Lezama Gómez, quien fue jefe del Comando Anti Extorsión y Secuestros del estado Bolívar y que en enero de 2016 elaboró un informe entregado al director general del Sebin, Gustavo González López, acusa a Rangel Gómez y Fuentes Manzulli de fortalecer a las bandas armadas y de presionar a tribunales y Fiscalía para la liberación de los aprehendidos por hechos irregulares, sin que se curse actualmente una investigación al respecto.

El informe, que data del 26 de enero de 2016, fue entregado a González López, quien fue ministro de Interior y Justicia, por cuanto las denuncias no solo fueron de conocimiento por parte de la institución militar, sino por quien luego ocupara dicho ministerio.

Este informe fue citado por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigó la masacre de Tumeremo, para sustentar las aseveraciones de los diputados sobre los vínculos del gobierno regional con la corrupción, pranes que operan en el estado Bolívar, y por ende, como responsables de la violencia minera.

 

 

Los vínculos de la corrupción

En el informe entregado al director del Sebin, Lezama Gómez, señala directamente a Fuentes Manzulli de tener vínculos con la delincuencia organizada. Menciona que a mediados de 2009 fue incautada en Cambalache una embarcación de 80 pies, tres camiones cisternas cargadas de gasoil, combustible para helicópteros y gasolina, para presuntamente ser sacado por vía fluvial fuera del país.

Según las pesquisas, lo incautado provenía del Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en cuya dependencia se encuentra César Escobar, hermano de la primera dama, Nidia de Rangel Escobar, siendo puesto el caso a la orden de la Fiscalía de Ambiente.

Asegura que fue en 2010 cuando presuntamente hubo más vínculos entre Fuentes Manzulli y la delincuencia organizada.

“A partir de los siguientes sucesos, comienza un proceso de desmantelamiento de la Policía del estado Bolívar, los policías que actúan en contra de la irregularidad o actos ilícitos son entregados, es decir, revelan sus nombres y direcciones desde el mismo despacho policial para que sean asesinados con disparos a mansalva, no hay cartuchos para los funcionarios policiales, pero existe un grupo dentro del gobierno regional que está armando a los delincuentes entregándoles zonas de responsabilidad en los sectores populares (el Capitán, en Vista al Sol; el gordo Bayón, en el sector sindical; el Ciego en Ciudad Bolívar y minas de La Paragua; el Topo en minas de Guasipati y Tumeremo; el Negro Juancho en las minas del sur desde El Dorado hasta Las Claritas; el Sapito, mano derecha y coordinador del alcalde de Ciudad Bolívar Sergio Hernández, muy cercano al gobernador, entre otros denominados pranes)”, detalla en el informe.

Estos datos coinciden con la investigación de Correo del Caroní con fuentes militares y policiales que confirman la existencia de una repartición del estado Bolívar entre los principales cabecillas del mundo delictual:

El Callao es controlado por los pranes apodados Toto,Marcopolo yel Ruqui;y el sector El Perú, controlado por Anderson Pereira hasta el pasado viernes 24 de febrero, cuando fue asesinado por una banda rival al salir de una discoteca en Puerto Ordaz; alias el Morocho controla el sector Nacupay, y de El Paraíso se desconoce quién en su líder.

En Guasipati y San Félix, el líder es Phanol Vladimir Clemente Ojeda, aliasCapitán. Presuntamente un hombre apodadoel Morocholo representa a él también en El Callao.

 

La Asamblea Nacional debatirá una ley para indemnizar a las «víctimas mortales del hampa» en Venezuela, informó hoy el diputado opositor Juan Miguel Matheus.

El legislador indicó que este proyecto será llevado a la Cámara para una primera discusión, sin especificar cuándo, y contemplará acompañamiento profesional e indemnización económica a los familiares de las víctimas de la violencia.

Con este texto, el Parlamento prevé además cubrir los gastos funerarios de estos homicidios, muertes que, según Matheus, ascienden a 103.000 durante los 4 años de gobierno de Nicolás Maduro y a 285.000 durante los 18 años de la llamada revolución bolivariana que instauró el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.

«Es una cifra escandalosa, (pues) si se piensa en el conflicto armado colombiano fueron 220.000 muertes violentas en 54 años, la guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertes en 13 años y el conflicto bélico en Afganistán que ha dejado 150.000 muertes en 14 años», sostuvo.

Matheus aseveró que durante los dos primeros meses de este año el país ha registrado 2.976 asesinatos lo que arroja un promedio de 50 homicidios por día y dos por hora.

«Sin haber guerra civil y sin existir un conflicto bélico armado, (…) Maduro ha convertido a Venezuela en un país víctima de homicidio, donde está entronizada una cultura de la muerte», continuó el diputado tras acusar al jefe de Estado de querer borrar las cifras oficiales de violencia en la nación petrolera.

«Está comprobado que cuando hay sustanciación del narcotráfico y el Estado se desata la violencia, y eso es lo que está pasando en Venezuela», afirmó Matheus en referencia a las acusaciones de narcotráfico realizadas desde Estados Unidos al vicepresidente del país, Tareck El Aissami, al ministro de Interior, Néstor Reverol y a dos sobrinos de la pareja presidencial.

La ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indicó el pasado diciembre que el país registró 28.479 asesinatos durante el año 2016, una cifra que supera los 27.875 casos que anunció en 2015 y que arroja una tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Mientras que a principios de 2016 la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ubicó la tasa de homicidios en 58,1 por cada 100.000 habitantes.

BAJO

¿ESO ES CONMIGO?: 

De Ripley’s. Tres frases del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol durante su última intervención mediática: 1) “el problema de inseguridad no es del presidente Nicolás Maduro, es de todos los venezolanos, hay un principio de corresponsabilidad constitucional” (¿?); 2) “El Nacional influye en el culto a la violencia de manera irresponsable”; 3) “El “Observatorio Venezolano de la Violencia” es una ONG golpista”. Convencidos quedamos que la inseguridad que diezma a la familia venezolana no tiene arreglo mientras esta manera de pensar sea la que ocupe los cargos claves para abatirla. ¿Podría demostrar Reverol que desde su político nombramiento en ese cargo los atracos, los secuestros, los robos, los hurtos, los enfrentamientos entre bandas, han bajado? ¿O que los pranes no siguen apradinados por su colega de gabinete? ¿No será que se está preparando así para ser el nuevo gobernador rojo del estado Zulia, nombrado a dedo y sin elecciones como la media docena que ya ejerce así? Recordemos que Maduro no se atrevió el año pasado a nombrarlo ministro de la Defensa, cargo al que aspiraba con apoyo de un gobernador…

EL HELICÓPTERO:

Sigue el hermetismo militar y por ende el civil también. No hablan con los familiares. Las especulaciones crecen. Ahora, tras pensar en guerrilla y secuestros, también mencionan la explotación secreta de uranio y coltán en manos ¿iraníes? o de un grupo irregular. Los allegados insisten en que hay algo raro. La vegetación es demasiado densa y las lluvias muy frecuentes. Pobre gente. La orden del ministro es no informar. ¿Qué esconden?

ACTUALY.ES:  

Así se llama el nuevo portal noticioso especializado en la información vinculada a los miles de compatriotas que se han ido a vivir a otros países, exponiendo sus dificultades, sus éxitos, su integración e inserción en las comunidades que los han recibido en todo el mundo.  Actualy.es comenzó hace dos semanas y es dirigido por el gran amigo y veterano periodista Víctor Suarez, desde Madrid, España. Otra ventana para exponer al mundo nuestra calamitosa verdad a través de la vida y experiencia del propio venezolano de a pie, al que no le llegan ni las pensiones ni las remesas ni los pasaportes…

 

 

 

“El asesinato de un niño de 14 años es la demostración desgarradora de nuestra Venezuela descompuesta y el llamado URGENTE a cambiarla. QEPD”. Esto fue lo que logré escribir en mi Twitter esta mañana luego de enterarme del trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Dereck Manaure, un pequeño de apenas 15 años, hijo del basquetbolista venezolano Juan Manaure y quien habría sido secuestrado el pasado 28 de diciembre.

Dereck no es la única víctima de esta Venezuela sin valores del siglo XXI; esta misma semana, el lunes 13 de febrero, leíamos en las redes sociales –posiblemente el único medio por el que nos enteramos de estas noticias- sobre el homicidio de otros dos niños, esta vez de 13 y 16 años, hijos de una funcionaria de la policía del municipio Zamora.

Según el Observatorio Venezolano de Violencia, 2016 cerró con la trágica cifra de 28.000 muertes violentas, 9.967 de las víctimas fueron menores de 21 años y de esos, 854 fueron menores de 15 años, lo que significa que dos niños fueron asesinados cada día durante el año pasado en Venezuela.

Es humanamente imposible no sentir terror al conocer y manejar estos datos, son vidas, son hermanos, hijos, nietos. Nos han arrebatado nuestro presente e insisten en no hacer nada por evitar el exterminio del futuro.

Muchos entendemos la impostergable necesidad de una declaración real de guerra al hampa pero quienes deben hacerlo insisten en apuntar sus tanques hacia fuera de nuestras fronteras y seguir escondiendo su fracaso en la ficción de la cada vez más agotada guerra contra el Imperio.

Definitivamente para quienes se hacen llamar pueblo, las prioridades son otras; leo y releo buscando un pronunciamiento de los órganos de seguridad del Estado, voy directo a la fuente, reviso páginas web, redes sociales, declaraciones y no encuentro nada en las últimas 48 horas sobre la masacre que hoy vivimos en nuestro país.

El silencio sobre este tema aturde pero nos bombardean con sus gritos anti-imperialistas porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ayer se pronunció contra Tareck El Aissami, quien fue acusado de narcotráfico (noticia que por cierto tampoco hemos visto reflejada en muchos medios).

Nestor Reverol, Ministro de Interior Justicia y Paz, decide volcarse contra la oposición y hablar del avance hacia la paz sin mencionar si quiera los casos que nos enlutan esta semana.

 

Cuando la derecha nos ataca es señal de que vamos avanzando. Nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de la PAZ #VamosPaLanteTareck pic.twitter.com/tkEyvu7q6X

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 14 de febrero de 2017

 

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz opta por publicar un comunicado en el que “Venezuela condena acciones del Gobierno de EEUU contra el VP” antes que condenar públicamente las muertes de estos tres menores y tantos venezolanos.

 

#Comunicado | Venezuela condena acciones del Gobierno de EEUU contra el VP @TareckPSUV. https://t.co/8TOIQR7522 pic.twitter.com/b5iFuwQgjM

— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 14 de febrero de 2017

 

Tres niños han perdido la vida esta semana en Venezuela pero para el régimen es más importante la solidaridad con el hijo de la revolución que la solidaridad con los hijos de la patria.

Mientras ellos dicen #VenezuelaConTareck los venezolanos nos preguntamos ¿QUIÉN CON VENEZUELA?.

 

@VirginiaZamora

 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se suma a las labores de resguardo que adelanta el Gobierno Nacional en el Metro de Caracas, informó este jueves el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

“Colocaremos una oficina del CICPC en el Metro de Caracas para atender de manera inmediata los casos de robo y hurto”, publicó el sistema en el usuario @metro-caracas, en la red Twitter, donde también se detalló que próximamente llegará un conjunto de paletas detectoras de metales que serán utilizadas por los funcionarios activados en las estaciones del sistema de transporte.

De las 48 estaciones, 28 estarán resguardadas por la Policía Nacional Bolivariana y 20 por la Guardia Nacional Bolivariana, esto como parte del Plan Patria Segura.

“Hemos incluido a las policías municipales en el resguardo de los alrededores de las estaciones del Metro de Caracas”, destacó Reverol, luego de informar que también se realizarán patrullajes continuos por los subsistemas del BusCCS, Metro Cable y Cabletren.

 

CRÓNICA Un día cualquiera en el Metro de Caracas: retrasos, fallas, pedigüeños y buhoneros https://t.co/ogkT87y5PR pic.twitter.com/1lAqHl8Ck8

— Runrunes (@RunRunesWeb) February 7, 2017

 

 

En un país más o menos normal, la suspensión de una elección o un referéndum hubiese significado el quiebre cuántico y definitivo en la dinámica democrática del país. Sin embargo, en Venezuela, luego de casi dos décadas de rupturas progresivas del orden legal, la realidad se plantea en otro formato, uno, que pareciera operar en efecto retardado, complejo y sin reglas definidas.

Si uno de los pilares de la seguridad en una nación lo representa el respeto a las normas, más aún cuando se trata de la constitución, ¿Qué se puede esperar entonces, cuando desde el pináculo del poder alevosamente esta se violenta, yendo en contra de la mayoría?

La respuesta no es otra que la fractura final de los vestigios de institucionalidad que nos quedaban, dejándonos desnudos ya de toda protección o garantía ciudadana, empezando por la más básica, que es el derecho a la vida.

En meses recientes cuerpos policiales afines al gobierno venían actuando de facto en la zona oscura de la represión, deteniendo o acosando sin orden judicial y sin la presencia del Ministerio Público a líderes políticos y figuras influyentes del país. En el mismo orden, grupos colectivos apoyados por el régimen operan impunemente a sus anchas trancando vías, sometiendo a comunidades enteras, atropellando con armas de fuego a manifestaciones de protesta y hasta invadiendo la sede del poder legislativo en plena sesión.

Una vez caída toda barrera institucional es la impunidad la reina de la delincuencia que se pasea oronda sometiendo al ciudadano. Se trata del modelo mejor acabado de control social, plagado de incentivos perversos, dónde muy pocos de la peor ralea se pelean por extinguir la civilidad.

Ante tal arremetida intimidatoria, que sólo puede explicarse desde la desesperación de quién se siente amenazado y casi por instinto de conservación decide atacar en lugar de huir, es más que predecible que se nos viene la más grande tormenta de inseguridad que hasta ahora hayamos visto en el país.

Si ya las cifras de violencia que vivimos son pavorosas, resulta inimaginable cómo la situación puede empeorar.  Esto va más allá del coctel explosivo de sangre más hambre, se trata de una versión renovada y fortalecida de Estado sin más ley que la violencia en todas sus dimensiones.

Así como, las buenas conductas se modelan desde los liderazgos para estimular un cambio cultural en las organizaciones, la actitud forajida y delincuente del gobierno sirve de trampolín de lanzamiento para todo tipo de crimen, inspirando y motivando al hampa común y organizada a actuar sin límites, en un caos de todos contra todos típico de un festín que se está terminando y ya los borrachos se pelean por las sobras.

La inseguridad que se nos viene tiene visos de venganza y exterminio. Es como el movimiento final de una sinfonía, dónde todos los instrumentos suenan a sus máximos decibeles para que no queden espacio a dudas de su presencia.

Pero todo exceso es intenso y finito. La inseguridad que se nos viene es también el telón de cierre de la terrible obra de violencia que nuestra nación ha vivido en más de 100 años.  Aquellos que esperamos sobrevivir debemos aprender la lección y enmendar la historia, tanto para que no se olvide ni se repita.

 

@seguritips

 

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó «como un acto de paramilitarismo” el anuncio del Presidente de la República de desplegar en todas las comunidades del país las “Fuerzas Especiales de Acción Rápida de la Milicia”.

En este sentido Borges reiteró su llamado a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a respetar la Constitución y a no dejarse utilizar por el Gobierno para perseguir y reprimir a los venezolanos.

«Infiltrar a la Milicia en los barrios para perseguir al pueblo es un acto paramilitar. Una vez más hacemos un llamado a la Fuerza Armada para que no se deje utilizar para fines que están fuera de la Constitución. No forma parte de las  atribuciones de la institución militar perseguir a los venezolanos, ni mucho menos ser el sostén de un Gobierno que pretende atornillarse en el poder contra la voluntad de la población», dijo el parlamentario.

Borges explicó que el presidente Nicolás Maduro, lejos de buscar una solución a la situación de inseguridad y violencia que vive el país, donde “fueron asesinadas 28 mil personas en el año 2016”, lo que hace es desplegar a funcionarios militares para “reprimir y perseguir” a quienes piensan distinto.

Precisó, según cifras ofrecidas por la prensa, que en el mes de enero ingresaron a la morgue de Bello Monte 504 cadáveres, de los cuales el 80% son fallecidos por homicidios, sólo en Caracas y el Área Metropolitana. «Enero de este año fue el mes más violento en los últimos cuatro años. Cada 18 minutos murió un venezolanos por violencia», señaló.

“No podemos seguir en una Venezuela donde la vida no vale y la muerte es la orden del día. Estamos en un país donde no hay justicia ni ley, donde no hay compasión con el sufrimiento de las personas”, agregó.