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Guaidó presentó el Plan País de Seguridad en la UCAB

ESTE 11 DE ABRIL EN EL AULA MAGNA de la Universidad Católica Andrés Bello se llevó a cabo la presentación del Plan País, enfocado en materia de seguridad ciudadana. Algunos de los tópicos debatidos fueron: la población reclusa, los funcionarios policiales, control de armas, el elemento social dentro de la delincuencia y reforma del sistema judicial.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como deshumanizados y carentes de especialistas los últimos planes de seguridad implementados por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

“Son planes deshumanizados, toderos y sin especialistas que nunca dieron soluciones al problema de la inseguridad en Venezuela”, dijo durante su intervención en el Plan País.

Guaidó recalcó que durante los años de la llamada revolución el país colapsó y la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que encabeza la lista. “No podemos tener profesionales exitosos en sociedades colapsadas”, aseveró el parlamentario.

La presentación de este enfoque del Plan País contó con la ponencia de expertos en temas de seguridad como el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, quien recordó que Venezuela es el país más violento de América Latina, en donde los niveles de delincuencia se han incrementado dramáticamente en los últimos años, basándose en las cifras de homicidios en comparación a Colombia, que cuenta con guerrillas y otras organizaciones delictivas identificadas.

Briceño León alertó que no existen detenciones tras la comisión de delitos, poniendo como ejemplo que en el 91% de los delitos de homicidios no hay arrestos. Y al no haberlos, aumentaron. Además indicó que de 1999 a 2018 se registraron 333.000 personas muertas por este delito, “muertes que se han podido evitar”. Siendo los jóvenes y hombres de sectores populares los más vulnerables.

Por su parte, la ex-secretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia, Odalis Caldera, resaltó que para poder aplicar el Plan País es necesario que se tenga voluntad política, para que así pueda llevarse a feliz término.

Caldera explicó que al establecerse el llamado “gobierno de transición”, en las primeras 90 horas se creará un despacho adjunto a la Presidencia, que sea independiente, para garantizar la estabilidad democrática, así como la coordinación y supervisión de los cuerpos de seguridad y se designarán equipos de alto desempeño que vayan a las áreas donde imperen los servicios básicos: agua, luz y telecomunicaciones.

Se pretende aplicar un plan de custodia en vías terrestres “que garanticen el libre tránsito de mercancía y personas” por todo el territorio nacional. Además, que en el espacio de tres meses se pueda hacer un mapeo de las áreas urbanas, rurales e indígenas que sean vulnerables a la actividad criminal, al igual que el ataque a grupos al margen de la ley.

Funcionarios y la sociedad

El exdirector de la Policía de Sucre, Manuel Furelos, el comisario Eduardo Noriega y la socióloga Magally Huggins presentaron este apartado que comprendió los siguiente:

  • Recuperar el espíritu de acción policial y servir a la población, ya que actualmente se preló la cantidad sobre la calidad.
  • Ubicar a los posibles funcionarios con “don de servicio” e “inyectarle” el concepto de que el policía es el mejor ejemplo de un ciudadano.
  • Promulgar la ley de la Asamblea Nacional que habla sobre la prevención social del policía. Dignificación de salarios y tomar medidas en corto, mediano y largo plazo.
  • Reingeniería de los cuerpos policiales, optimizarlos y modernizarlos en procedimientos, preparación y equipos.
  • Independizar las policías y demás entes del Gobierno para que cumplan su función y sean especializados en áreas. “No volverlos toderos”.
  • El 94% de las muertes en Venezuela son producto de armas de fuego, por lo que es necesario generar políticas de control de armas y recuperación de espacios públicos.
  • Eficiencia en invertir en temas preventivos que después de la acción.
  • Reconstrucción del tejido social, centrándose en poblaciones urbanas vulnerables y recurrir al aporte de la sociedad civil.
  • Reconocer como delito, además del homicidio y el secuestro, la violencia de género, violencia intrafamiliar y el incesto.
  • Acabar con la corrupción  y la impunidad.
  • Creación de coordinación de políticas preventivas en materia social.
  • Rendición de cuentas.
Ejerciendo justicia

Los criminólogos Luis Izquiel y Fermín Mármol García fueron los exponentes de este apartado.

  • Reforma del sistema judicial que “permee hacia abajo”, donde los jueces en todas sus áreas sean designados por concursos públicos y no designados.
  • Eso evitaría que sea una máquina de persecución de la disidencia.
  • Reforma legal del Código Penal
  • Crear código de faltas porque “la impunidad tienen que comenzar por pequeñas trasgresiones y los procedimientos para aplicar” sanciones.
  • Rescate de proteger la vida
  • Redimensionar, optimizar y verificar proceso de identificación ciudadana
  • Permitir a los órganos de justicia resolver más causas posibles y tener más elementos de convicción para evitar el “fantasma de la duda”.
  • Incentivar la denuncia ciudadana de forma anónima.
  • Reimplementar la encuesta de victimización nacional
Sistema carcelario

Para la presentación del enunciado, se les encargó al diputado Gilber Caro; el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, y el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.

  • Fomentar la educación integral desde las escuelas. “Los niños no nacieron como criminales”.
  • Reorganización del programa de formación de reclusos. “El 64% de la población carcelaria reincide en el delito, por lo que hemos fallado”.
  • Erradicar la ideologización de los reclusos en los recintos penitenciarios.
  • Construir y remodelar las cárceles en Venezuela, ya que hay 46.775 personas en los centros de reclusión y se evidencia que el 70% de la población carcelaria está por retardo procesal.
  • Crear políticas en pro de la población de reclusos, ya que en 20 años han muerto 7.200 presos en las cárceles por diversos motivos.
  • Preparación del personal y evitar el hacinamiento en los calabozos policiales.
  • Aumento del presupuesto para la alimentación de los reclusos. Actualmente al año perciben BsS 1.247.
  • Aprobación de ley de calabozos policiales.
  • Privatización de cárceles.
  • Instauración de un defensor de la población reclusa.
  • Asistencia post penitenciara que se le debe brindar al recluso que reinserta en la sociedad.
*Con información de Tal Cual Digital y El Pitazo.
#MonitordeVíctimas | La importancia de los incentivos para mejorar la seguridad ciudadana: el caso Pernambuco, Brasil

LOS BAJOS SALARIOS Y LAS DESIGUALDADES EN LOS INGRESOS señalan como poco atractiva la carrera policial y conducen a la falta de compromiso y satisfacción laboral, lo que puede asociarse con bajo nivel de desempeño y prácticas deshonestas, explica Luis Gerardo Gabaldón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. “En el año 2006, el salario de los policías venezolanos apenas superaba el sueldo mínimo en los rangos más bajos: entre US$200 y US$250.”

Los datos recopilados por la plataforma Monitor de Víctimas identifican a la policía como el segundo victimario en los homicidios que suceden en Caracas: 48% de los casos se deben a ejecuciones y resistencia a la autoridad en 16 meses de recolección de datos. Cuando escuchamos el testimonio de familiares de víctimas de la violencia del Estado pareciera que los funcionarios perciben que el costo de cometer un crimen es cercano a cero. Después de México y Perú, quienes tienen un índice de 69% de impunidad, Venezuela figura como el tercer país con los porcentajes más altos en América Latina con 67%. A escala mundial ocupa el sexto lugar.

Esta situación ha incrementado la desconfianza hacia los cuerpos policiales. Según Encovi (2018) 65% de la población desconfía del trabajo de la fuerza pública. Por otro lado, las políticas de seguridad ciudadana se han simplificado en operativos de “mano dura” y el Estado se ha olvidado de ofrecer beneficios económicos y sociales a los funcionarios. Esto los lleva a alejarse cada vez más de su labor de prevenir y combatir el delito para, precisamente, incurrir en estos. El gobierno venezolano también ha hecho a un lado las políticas básicas para lograr la reducción de homicidios: intervención de espacios públicos, inclusión de la ciudadanía, inversión en programas sociales para la prevención de la violencia, y otros.

Políticas para revertir la realidad

En abril de 2018, el medio digital Efecto Cocuyo señaló mediante una investigación que el sueldo de un comisionado de la Policía del municipio Sucre (estado Miranda), con 20 años de carrera policial, un posgrado y una maestría, no superaba los 25 bolívares soberanos (esto era, aproximadamente US$4, que equivalía al precio de medio pollo y un cartón de huevos para la fecha). Es por ello que en muchos casos los funcionarios recurren a prácticas ilegales conocidas como “matraqueo” o prefieren hacer labores como escolta y seguridad privada, dado que no existen los incentivos salariales para permanecer en los cuerpos de seguridad del Estado.

En este contexto se debe incluir la destrucción institucional de la Fiscalía y el sistema judicial, todo esto sumado al debilitamiento de la sociedad civil y su capacidad para hacer contraloría a las acciones de la fuerza pública.

Ante esta realidad, ¿es posible crear políticas públicas viables para revertir el deterioro institucional de la Policía? La respuesta es sí. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, que concentra 1% de los homicidios a escala mundial. Entre 2007 y 2013 se llevó a cabo el proyecto Pacto por la Vida, con el cual lograron reducir el número de muertes violentas en 40%, de 4.592 a 3.101.

El programa Pacto por la vida fue creado bajo el mandato del exgobernador brasileño Eduardo Campos, con asesoría del doctor en Sociología José Luiz Ratton. El proyecto se enfocó en la reducción de los homicidios por medio de incentivos económicos a los funcionarios con el objetivo de transformar su actuación. El componente más importante era trabajar en la investigación de los casos, para así aumentar el costo de cometer un crimen.

Luego de diagnosticar el problema, los especialistas hicieron foros en los que se incluyó a la ciudadanía y a distintos movimientos afectados por la violencia. Sus solicitudes se convirtieron en metas; esta fue una característica clave en el modelo.

Sobre esta experiencia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que las reuniones periódicas con las autoridades y el seguimiento de los objetivos fueron vitales para el proyecto. Por ejemplo, cuando los datos registraban retrasos en las metas, los funcionarios debían dar explicaciones sobre los inconvenientes que lo habían causado. Por cada objetivo principal se evaluaban metas financieras y se establecían sistemas de pago por desempeño, de forma que los salarios de los cuerpos policiales aumentaron significativamente. El BID señala que el gasto en personal creció en 29% en términos reales entre 2008 y 2013.

Prevenir los homicidios  

Uno de los éxitos de Pacto por la Vida fue la reducción de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues al crearse las bonificaciones los funcionarios se enfocaron en investigar los casos y dejaron de cometer asesinatos en las zonas más vulnerables. Sin embargo, las características de la violencia en Brasil y el no haber trabajado en la prevención de los homicidios afectó la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Por ejemplo, los funcionarios alteraban los datos moviendo de lugar los cadáveres para que la muerte perteneciera a otra área, y así cumplir con los objetivos de reducción planteados en la planificación.

Otra de las fallas fue la creación de un nuevo bono por la incautación de drogas en 2012. Esto generó un cambio en las motivaciones de los agentes, ya que incautar droga y localizar a los vendedores resultaba una actividad más fácil y rentable que investigar los homicidios. El nuevo incentivo desvió los esfuerzos de los funcionarios por reducir los homicidios dando como resultado el aumento de la violencia.

Las características de la violencia en Brasil actualmente siguen siendo similares a Venezuela. En ambos países las armas de fuego son incautadas pero no destruidas. Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó para Monitor de Víctimas que las armas decomisadas en Venezuela entran en custodia pero luego regresan a manos de los grupos violentos, reinician su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. Luiz Ratton, durante una visita a Venezuela, contó que en Brasil algunas veces un arma se denuncia como robada cuando en realidad fue vendida, incluso, en ocasiones son alquiladas.

Hoy Brasil ocupa los primeros lugares de violencia en el mundo con 12% de homicidios. Pernambuco aumentó su número de muertes a 5.030, una vez se abandonó el programa Pacto por la Vida. Los expertos aseguran que en este tipo de proyectos deben incluir políticas públicas de prevención de homicidios según las diferentes áreas: violencia de género, grupos LGBT, tráfico de drogas, entre otros.

Desde Caracas Mi Convive consideramos que el ejemplo de Pernambuco es aplicable para el Área Metropolitana de Caracas, tomando en cuenta algunas similitudes que puedan tener y las correcciones y adaptaciones que ameriten. La deplorable situación y las condiciones en las que trabajan los funcionarios policiales obligan a definir un programa extenso de atención inmediata para este gremio, que incluya mejores salarios, dotación de recursos y equipos, y fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales.

Es importante resaltar que para poder ejecutarlo con éxito se debe contar con una economía estable y crear una relación de confianza entre los funcionarios y los ciudadanos. La reducción de homicidios en el país depende de una reforma en las fuerzas de seguridad pública del Estado y que sea abordado como un tema prioritario para el Ejecutivo. Se debe contar con un compromiso de continuidad política entre las gestiones gubernamentales para su sostenibilidad y efectividad en el tiempo, así como la voluntad para hacerlo de manera sensata y despolitizada. La ciudadanía será fundamental para consolidar una solución consensuada e inclusiva, y al contar con un sistema policial sólido y legitimado se podrá enfrentar la violencia que vive Venezuela.

Nov 06, 2018 | Actualizado hace 2 años
Negociar o morir en el intento, por Edward Rodriguez

 

 

QUIZÁS NUNCA NOS IMAGINAMOS NEGOCIANDO EN CONDICIONES ADVERSAS, perversas o en el justo momento cuando sientes que tu vida está en riesgo o que ya no te pertenece, así  vivimos los venezolanos todos los días; ya seas un general de brigada pro gobierno, a quien asesinaron el fin de semana en el estacionamiento de una farmacia en los Altos Mirandinos, o un opositor radical; la delincuencia al momento de actuar no pregunta por la tendencia o color político.

Por eso creo que la principal solución a todos nuestros problemas, comenzando por el derecho a la vida, pasa por salir de este Gobierno que llegó con la firme intención de perpetrarse y cometer todas la atrocidades de rigor que identifican plenamente a un régimen de corte militar, con algunos civiles de pantalla para cuidar las apariencias; pero que al fin al cabo llegaron gracias a una parte importante de venezolanos que creyeron en las promesas de la “Revolución del siglo XXI”.

Hoy por hoy la oposición venezolana prácticamente pulverizada por falta de unidad, por jugar de manera separada y por desarrollar agendas propias, está recibiendo un voto de censura de casi la totalidad de su principal capital político, los opositores de a pie. Claro está, el gobierno sigue trabajando en su permanencia en el poder, usa todas las formas para que la Unidad no vuelva a reunificarse y en eso ha sido clave el tema del diálogo y sus fracasos.

Ahora bien, pese a todas las condiciones adversas siempre se debe estar presto a la negociación; entiéndase bien que se negocia cuando se tiene algo que dar y cuando se está dispuesto a recibir algo y ambas partes comprenden que al final están ganando. En el caso del Gobierno en este preciso momento, saben que el tema económico, las sanciones y la corrupción los tiene atrapados.

Aún y cuando la Comisión Europea señaló recientemente que no hay condiciones para el diálogo en Venezuela, yo sí creo que deben explorarse otros métodos de negociación sin ser satanizados; si los esfuerzos pasado se diluyeron y no funcionaron ni siquiera porque contaran con la presencia de la Iglesia, pues es hora de reinventarse.

Una de las opciones pudiera ser la metodología que ofrece el Grupo Boston, bastante sonado recientemente en la opinión pública, y al que personalmente no le lanzaría piedras si no por el contrario, auguraría por un planteamiento claro para el entendimiento entre el Gobierno y la oposición. El Grupo Boston es una red de legisladores venezolanos y estadounidenses originarios del 2002 que dio resultados en aquel álgido momento en Venezuela; hoy sigue activo sumando nuevos integrantes.

Unas “mesas de ideas”, es la propuesta inicial del Grupo de Boston; las mismas deben estar integradas por miembros del Gobierno y la oposición con ascendencia en las personas que toman decisiones en ambos bandos. Estas mesas tienen que hacerse en un ambiente acorde, dentro o fuera del país, con bajo volumen en la opinión pública.

Lo innovador de este método es que los participantes deben transformarse en una especie de creativos para hacer un “banco de ideas” y opciones para ser revisadas, discutidas y negociadas; porque al fin y al cabo el fin último es negociar, pero no morir en el intento.

Venezuela no aguanta un fracaso más.  

 

@edwardr74

Crímenes sin Castigo: Reforma en silencio

 

En el nuevo proceso de reacomodo de las fuerzas policiales emprendido por el Gobierno, el gran perdedor es Cicpc

 

@javiermayorca

 

EL GOBIERNO AVANZA EN UNA NUEVA REFORMA POLICIAL. Contrario a lo sucedido en la época de la Conarepol (2006), cuando se hicieron discusiones y mesas de trabajo entre expertos, con cierto grado de amplitud y apertura política, lo que estamos viendo ahora es una novela por capítulos, que lenta e inexorablemente intenta modelar el sistema de seguridad ciudadana hasta llevarlo a la medida de las necesidades del régimen.

Se debe aclarar que estamos ante un proceso en desarrollo, que podría tener giros inesperados en el camino. Sin embargo, sus tendencias más importantes son las siguientes:

1.-Centralización. Desde la puesta en vigencia de la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2010), el ministerio de Relaciones Interiores se autoerigió en “órgano rector” de todos los cuerpos destinados a velar por la seguridad ciudadana. Desde entonces, tanto las policías preventivas como los bomberos y Protección Civil han ido perdiendo sus características regionales y locales, para convertirse en ejecutores de los designios fijados desde Caracas.

Pero esto no es suficiente. Ya el general Néstor Reverol ha adelantado algunas pinceladas de lo que vendría en materia policial si se aprueba la Carta Magna elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, y cuyo primer borrador es del conocimiento público. Un aspecto importante es que los gobernadores y los alcaldes ya no podrán crear cuerpos policiales –en ejercicio de una competencia concurrente con el gobierno central-, sino que se convertirían en meros administradores de capítulos regionales y locales de la Policía Nacional.

De hecho, en la actualidad la autonomía de los mandatarios estatales y municipales en materia de seguridad está bastante cuestionada. Por ejemplo, para designar a los directores de estos organismos tienen que elevar una terna al MRI, y es entonces cuando el nombramiento podrá hacerse.

2.-Pérdida del carácter civil. Aunque la Constitución vigente –y el proyecto que está en discusión- reivindican que los cuerpos de seguridad ciudadana tienen carácter civil y deben ser conducidos por civiles, en la práctica casi todos los órganos preventivos son dirigidos por militares, activos o retirados. Empezando por la Policía Nacional, descrita como el “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial, que está bajo la égida de un general de división. Además, existe un tutelaje castrense sobre las policías uniformadas que se ha venido configurando a través de resoluciones ministeriales. Una reciente, por ejemplo, establece que los puntos de control callejeros deberán ser supervisados por militares de las correspondientes áreas de defensa integral.

3.-Pérdida de especificidad. En el modelo vigente, las labores de prevención del delito son potestad de los cuerpos municipales y regionales, así como también de la Policía Nacional, que complementa a los primeros. La PNB también tiene asignadas potestades de investigación en delitos específicos, como por ejemplo la extorsión y el secuestro, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin embargo, el trabajo más relevante, según los propios legisladores, debe ser complementar los trabajos de policía ostensiva.

Un primer paso hacia el “nuevo modelo” lo vimos en una resolución de Relaciones Interiores, publicada en Gaceta Oficial el 27 de septiembre, en la que se “habilita” a siete policías municipales para llevar a cabo trabajos de investigación e instrucción de expedientes en delitos catalogados como “menores”, es decir, que tienen penas máximas de hasta ocho años de prisión. Una medida similar fue emitida para los capítulos de la Policía Nacional en Zulia, Lara, Carabobo y Anzoátegui. En otras palabras, las policías preventivas asumen funciones de la policía de investigación.

Esto implica que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas formalmente perdió el monopolio de la pesquisa en materia penal. Uno podría suponer que esta circunstancia obligará a los directivos de Cicpc a concentrar los escasos recursos disponibles en la investigación de los delitos catalogados como “más graves”, comenzando por los homicidios. Y sin embargo vemos que se distraen importantes porcentajes de horas-hombre cuando se destina a funcionarios de las divisiones contra Robos y Bandas para recorridos en circuitos de patrullaje inteligente, o cuando los ponen a vigilar jornadas de ventas de alimentos. Entonces, la policía judicial también queda desvirtuada.

4.-Defensa de una parcialidad política. Cuando el entonces presidente Chávez ordenó alterar la ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional para incorporar en su título el adjetivo “Bolivariana”, en diciembre de 2009, le daba una estocada a uno de los objetivos planteados con la reforma policial, que era la preservación de un espíritu de imparcialidad política, independientemente de la militancia que pudieran profesar sus individualidades. Al catalogar a la Policía Nacional como Bolivariana, el principal cuerpo armado civil del país (con unos 26.000 hombres) se alineaba con una ideología. Por ende, marginaba a todos los que no comulgaran con ella. Esto lo observó en su momento uno de los principales exponentes de la Comisión para la Reforma Policial, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón.

En la actualidad, todas las policías bajo mando centralizado (incluida Cicpc) dicen ser “revolucionarias” e incorporan en sus documentos viejos y nuevos eslóganes, tales como “El sol nace en el Esequibo” o “Chávez vive”, que por cierto no guardan ninguna relación con el objetivo fundamental de un sistema policial en régimen democrático.

Y aquí va la última y quizá más preocupante tendencia.

5.-Giro autoritario. Las policías, y en especial la Policía Nacional con su Fuerza de Acciones Especiales, se han constituido en el principal factor de violencia en Venezuela, junto a las bandas organizadas. Para 2017, las acciones de los funcionarios policiales y militares (en actos policiales) representaron el 27% de todos los homicidios. Al momento de la redacción de este trabajo, esa cifra había subido a 31%. Esto dice mucho de la incapacidad de abordar los problemas de criminalidad mediante medios no letales. Y visto en términos más amplios, sobre la forma imperante para resolver los conflictos, que es mediante la eliminación física del contrario, del que sea considerado delincuente.

Las tácticas de “mano dura” reciben elogios, abiertos y solapados, desde muchos sectores de la población, incluidos algunos que no están con el Gobierno, pero que coinciden con los oficialistas en ese sentimiento de impotencia ante tanta ilegalidad. Desde ese punto de vista, la eliminación física del delincuente viene a ser la salida más expedita. Por eso las OLP han continuado, aunque despojadas de ese nombre.

La última encuesta mundial Gallup sobre ley y orden revela que los venezolanos tienen uno de los niveles más elevados de desconfianza en sus cuerpos policiales. Estas medidas que están adoptándose solo contribuirán a incrementarlos, y obligarán al ciudadano a trajinar caminos no institucionales en la búsqueda de justicia.

 

Breves

 

-La detención de tres de los oficiales implicados en el llamado Golpe Azul, cuando ni siquiera tenían 24 horas de haber sido liberados por una orden tribunalicia, es un hecho sin precedentes que amerita análisis. Los tres militares de la Aviación fueron buscados en sus propias viviendas por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo que luce altamente contradictorio e introduce dudas sobre el acatamiento del principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esta sería una evidencia más sobre la fractura existente en el sector militar. Los tribunales castrenses, dominados por el ministro de la Defensa, emitieron las correspondientes órdenes de excarcelación, y el aparato de inteligencia, comandado por generales afectos al presidente de la Constituyente Diosdado Cabello, vuelven a jugarse la carta radical, y envían así mensajes a los sectores del oficialismo que intentan algún tipo de entendimiento.

 

-La criminalidad no solo se ha extendido por tierra firme en los estados orientales del país. También azota a los navegantes. Dos recientes reportajes de la prensa extranjera han puesto el foco en el auge de la piratería en las costas frente a Delta Amacuro y Sucre. Pero el problema ha continuado avanzando hacia el oeste, afectando incluso a la industria petrolera. En la madrugada del lunes 15 de octubre, un grupo armado que se desplazaba en una lancha abordó el buque de bandera china Shi Zi Shan, mientras permanecía fondeado en los muelles de Jose. Luego de someter a la tripulación, los antisociales se llevaron el dinero y los teléfonos celulares. Al parecer, los piratas iban uniformados como funcionarios y dijeron al capital del buque que harían “una inspección”. Luego de este incidente, fuentes ligadas a la industria comentaron que el modus operandi ha sido aplicado este año en otras oportunidades.

Crímenes sin Castigo: Violencia en oriente

 

 

HAY UNA EVIDENTE INTENCIÓN DESDE SECTORES OFICIALES POR OCULTAR LA GRAVE SITUACIÓN DE VIOLENCIA criminal en los estados orientales del país. Los casos de Caripito (Monagas) y San Juan de las Galdonas (Sucre) son llamados de atención sobre lo que allí sucede todos los días

 

@javiermayorca

 

El 9 de septiembre, un grupo de funcionarios ligados al alcalde del municipio Bolívar de Monagas, Nelson López, la emprendió a golpes contra dos hermanos que se trasladaban en moto, Hugo y Oswil Centeno.

Era el día de la Virgen del Valle, y en Caripito (donde ocurrió este incidente) había celebraciones. En ese contexto, Hugo Centeno tuvo un altercado con uno de los funcionarios cercanos al burgomaestre. Esta rencilla quedó latente, y los sujetos esperaron a que los hermanos circularan solos por las calles del pueblo.

Este segundo enfrentamiento también se ocurrió en la vía pública. La gente salió de sus casas para exigir que dejaran en paz a los hermanos. Pero los funcionarios los trasladaron en una camioneta hasta otro lugar, donde continuaron golpeándolos. Hugo Centeno no resistió.

En los días siguientes, la población indignada salió a las calles para exigir justicia. Los perpetradores intentaron simular un linchamiento a dos supuestos ladrones de celulares. Desde 2017, Monagas lleva la delantera en todo el país en lo referido a esta forma de “justicia popular”. Pero en este caso, hubo tantos testigos que la coartada no sirvió. Hubo que esperar dieciocho días para que ocurriesen las primeras detenciones. Fueron privados de libertad el director de Servicios Generales de la alcaldía Jean Kart Acosta; Jesús Amarista, director del Mercado Municipal y Patricia Wilson. Dos días después, fue aplicada la misma medida contra el alcalde Nelson López.

En el oficialismo local exigían “lealtad” hacia los funcionarios señalados de participar directamente en el homicidio y las lesiones gravísimas, respectivamente, a Hugo y Oswil Centeno.

¿Un alcalde y sus funcionarios ejecutando un homicidio y su posterior encubrimiento con la fachada de un linchamiento? Este caso era suficientemente grave como para que las autoridades en Caracas se pronunciaran. Pero en el imaginario del Fiscal General esto no pasó.

En el lapso en que se desarrollaban estas detenciones, y a unos ochenta kilómetros al noreste de Caripito, se desataba una batalla campal entre dos bandas que pugnaban por el control de un punto estratégico para la piratería marítima y para la salida de drogas hacia el Caribe oriental: San Juan de las Galdonas.

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Interiores, por este conflicto entre bandas hubo un saldo final de cuatro muertos: tres de forma inmediata y uno reportado horas después. No hubo fallecidos por enfrentamientos con policías o militares, tradicionalmente conocidos como “resistencia a la autoridad”. Este dato es consistente con lo relatado por residentes de esa población, quienes afirmaron que la Guardia Nacional y el Sebin llegaron al lugar el miércoles 29 de septiembre, cuando los delincuentes ya no estaban allí. Los agentes registraron algunos inmuebles, y abandonaron el lugar.

El viernes, la banda de San Juan de Unare volvió para destruir lo que quedaba de las viviendas de los líderes del grupo rival, ante la vista aterrada del resto de la población. Luego, una compañía del Ejército tomó las calles.

En Caracas, sin embargo, el director de la policía judicial Douglas Rico aseguraba que lo de San Juan de las Galdonas fue más bien un escándalo formado a través de las redes sociales. El funcionario aprovechaba la evidente exageración de las informaciones iniciales (reproducidas por tuiteros desde el exterior) que señalaban un saldo de treinta fallecidos.

Estos dos casos, poco reportados en la capital del país, evidencian que el Gobierno perdió el control de la seguridad en el oriente del país. Un control que desde 2017 intentó ejercer exclusivamente a través de las tácticas de “mano dura”, a falta de instituciones que puedan impartir justicia y garantizar la paz. En el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, por ejemplo, han reportado 45 muertes a manos de policías este año, y 34 homicidios perpetrados por civiles. En otras palabras, en Puerto la Cruz y sus alrededores la “autoridad” mata más que las personas ajenas a estas instituciones. De hecho, las cifras generales indican que en todo Anzoátegui ya fue rebasado el registro de muertes en supuestos enfrentamientos que hubo para 2017.

Y aun así, la criminalidad en ese estado se mantiene en niveles similares a los del año pasado, con tendencia al alza.

En el estado Sucre, la matanza en San Juan de las Galdonas sumada a otras ocho muertes en apenas una semana, hizo que las cifras de homicidios para 2018 ya sean superiores a las de 2017, cuando faltan tres meses para finalizar el año. Otro tanto pasa en Nueva Esparta y en Monagas, donde las curvas de homicidios de 2018 y 2017 ya se cruzaron.

Es posible que a partir de ahora los jefes policiales comiencen a reportar nuevos casos de “efectividad” en la lucha contra el crimen, mediante la eliminación física de las bandas que operan en la península de Paria y en resto del oriente del país. Mientras tanto, lo ocurrido en el norte de Paria ha tenido un efecto expansivo. Los integrantes de las bandas y sus familiares se han dispersado. Algunos han aparecido en Carúpano.

Pero San Juan de las Galdonas, ubicada apenas a dos horas en lancha con respecto a Trinidad, resulta una plaza muy codiciada para el transporte de drogas. Poco a poco, el pueblo se vacía de ciudadanos, a pesar de las promesas de los militares de regalarles pescado y cajas Clap de Rio Caribe. Están seguros de que, cuando se vaya el Ejército –lo que sucederá tarde o temprano-, las bandas regresarán a recuperar el territorio.   

 

Breves

 

*El último detenido del que se tenga noticia en el caso de los drones que estallaron el 4 de agosto en el centro de Caracas fue un técnico de sonido del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), Francisco Lusinchi Rondón, de 47 años de edad. Este hombre fue privado de libertad no por haber participado en este supuesto complot llamado Operación Fénix, sino por haber presumido a través de un chat de whatsapp de su proximidad con el Jefe del Estado. Al parecer, el contenido de uno de los mensajes fue delatado a la Casa Militar, y pocos días después el hombre era detenido por agentes de Contrainteligencia Militar. Ahora, debido a esa imprudencia, el nombre de este técnico figura en el expediente militar junto a los de los generales Pérez Gámez y Hernández da Costa.

 

*En la segunda semana de septiembre, el fiscal general designado por la Constituyente Tarek William Saab aseguró que había sido desmantelada una red de trata de personas luego de un allanamiento llevado a cabo por la Policía del estado Miranda en una quinta de Colinas del Tamanaco, justo cuando un grupo de hombres y mujeres llevaba a cabo un performance sexual, transmitido a través de internet. Las informaciones manejadas por la policía judicial indican que este grupo inicialmente operó en Mérida, pero sus integrantes tuvieron que moverse a Punto Fijo a finales de 2017 luego de un procedimiento de la Guardia Nacional en el que apresaron a doce personas en un hotel de la ciudad andina. Los miembros de esta red son usados para propaganda oficial de una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, pero lo cierto es que al poco tiempo quedan en libertad y continúan en el negocio, que consiste básicamente en la venta de contenidos sexuales a través de páginas web como Stripchat y Chaturbate. Tienen tanta demanda que algunas han debido moverse a Cúcuta y decir que son colombianas, pues así pueden desviar la atención de los cuerpos policiales.

 

*El 26 de septiembre, el juzgado séptimo de control del Area Metropolitana de Caracas ordenó la inmediata excarcelación de los funcionarios de la policía de Chacao Fred Armando Mavares y Reggie Jackson Andrade, quienes eran procesados por el homicidio del ex comandante de la Milicia, mayor general del Ejército Félix Velásquez, reportado en Santa Mónica en mayo de 2016. La detención de estos agentes fue utilizada como pretexto para que el Gobierno interviniese al cuerpo de seguridad municipal. Ya en agosto de 2016 un tribunal había ordenado excarcelar a Mavares y Andrade. No había pruebas para inculparlos. Pero los alguaciles ni siquiera podían entregar el oficio correspondiente en las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pues no les permitían el paso. Luego del motín en las celdas del Helicoide, en julio, los policías fueron trasladados a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros. Cuando se intentó transmitir (¡vía fax!) la nueva orden tribunalicia, en la cárcel decían que no había luz. Pero esto era una excusa para no dar cumplimiento al mandato. Al momento de la redacción de estas líneas, Mavares y Andrade continúan recluidos.

Jose A. Guerra Oct 01, 2018 | Actualizado hace 2 años
Soraya El Achkar, por José Guerra

@JoseAGuerra

LA DOCTORA SORAYA EL ACHKAR ES UNA ESPECIALISTA EN TEMAS DE SEGURIDAD y fue nombrada por Chávez para dirigir la Universidad de la Seguridad y estuvo entre los fundadores de la Policía Nacional Bolivariana, PNB. Ella procuró imprimirle una impronta distinta a la nueva policía, con el objeto de borrar aquellas experiencias trágicas que se vivieron con los cuerpos policiales en los años setenta, ochenta y noventa. Conviene precisar que Hugo Chávez fue un crítico muy severo de las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y policiales cuando el caracazo, donde miles de ciudadanos fueron masacrados. Eran frecuentes las redadas de las policias en los barrios populares de las principales ciudades donde se asesinaba a jóvenes sin fórmula de juicios y muchachos sanos eran presentados después como delincuentes para justificar las ejecuciones sumarias. La creación de la PNB creó muchas esperanzas, de contar con un cuerpo de policía firmemente comprometiudo en el combate al delito de forma decidida sin que ello implique violar los derechos humano.

Sin embargo, la PNB es hoy una institución desprestigiada, lamentablemente. Durante 2016 se llevaron a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo, que consistió en que miembros de las brigadas élites de las diferentes policías y militares efectuaran acciones nocturnas y el resultado siempre era el mismo, la muerte de jóvenes. Nunca o en muy pocos casos se reportaron heridos. Eso llevó a denuncias muy bien fundadas de violaciones a los derechos humanos al reportarse incontables casos de asesinatos de inocentes, principalmente adolecentes y jóvenes. Fue tan evidente la vulneración de los derechos humanos que las OLP se dejaron de hacer pero sin que hubiese una voloración de las actuaciones y menos la investiagación sobre la muerte de inocentes. Luego aparecieron las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB. Ello ha motivado la crítica de la doctora El Achkar la cual citamos textualmente: “Antes habían quedado los tiempos en que los grupos especiales ejecutaban, simulaban enfrentramientos, robaban y amenazaban a familiares de los asesinados. Pues volvieron esos tiempos con el FAES”. Luego afirma que “Hasta cuándo hay que tolerar que el FAES manche la digna misión de la PNB?. Todos los procedimientos fuera  de la ley”. Abunda la doctora El Achkar al decir que “Las FAES generan miedo, torturan, no respetan la ley, ejecutan, simulan. No son del espíritu de la revolución bolivariana”. Esta es la denuncia mejor articulada y hecha desde dentro a las ejecutorias de un cuerpo policial que en lugar de infundir respeto, genera miedo. La experiencia del pasado de los escuadrones de la muerte debe ser una experiencia que nunca más se repita. El resto es combatir al delito con determinación, neutralizando a los delincuentes pero sin asesinar a los inocentes. Quienes han dirigido esas operaciones tendrán algún día que rendir cuentas por la muerte de tantos muchachos que no eran delincuentes y cuyo uno delito fue haber sido pobres.

 

Crímenes sin Castigo: Las bandas de la Troncal 9

 

El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los delincuentes continúan imponiendo su ley

@javiermayorca

La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.

El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.

Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector, Oswaldo Rafael Silva.

Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente. Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus empleados y gerentes por esa vía.

Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.

Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en cada ocasión.

Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido casi inalterada.

En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6% en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.

La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.

Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.

Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces, esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita, otro sector del mismo municipio barloventeño.

El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.

Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia en la zona, al igual que el resto de las policías.

Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en 2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.

 

Breves

 

*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez, porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional, anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo delató. Poco después, tuvo que salir del país.

 

*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo 50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012 son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún permanecen intactos.

El mismo tricolor, por Gonzalo Himiob Santomé

banderadcolombia

 

El muchacho se nos quedó viendo desde que llegamos al pequeño restaurante de Usaquén, esa zona de Bogotá que, como nos había dicho otro de los venezolanos que nos acompañó y que conocía mejor que yo la ciudad, se parece mucho a El Hatillo, o al menos a lo que el pueblo de El Hatillo podría llegar a ser de no estar los venezolanos, como estamos, atorados en esta crisis terrible que todo lo afea y que tan pocas oportunidades brinda a quienes apuestan por el país. Se trata, en lo que podemos llamar su “zona centro”, de un espacio con estilo colonial, paseos de adoquines, clima fresco (más frío en general que en el resto de la ciudad), y con muchas tiendas y pequeños bares y restaurantes que son asiduamente visitados por los locales y por los turistas.

Era apenas lunes, no precisamente uno de los días más movidos de la semana. Aun así, y pese a la hora, cerca de las nueve de la noche, por las callecitas empedradas se veía un buen número de personas conversando despreocupadas y caminado de aquí para allá sin mayor apuro. Se nota que, pese a la innegable historia de violencia que oscureció la vida colombiana durante tantos años, y que todavía da sus coletazos, el miedo ha ido perdiendo terreno. No es que no se deban tomar previsiones, ningún país del mundo está libre de malandros ni de rateros, y en estos días los “disidentes” de las FARC y del ELN, renuentes al proceso de paz, así como las que ahora llaman las “Bacrim” (bandas criminales) habían hecho de las suyas en Bogotá, pero allá no están ahora como nosotros en Caracas, que debemos encerrarnos en nuestras casas apenas empieza a oscurecer por temor a la inseguridad y hasta a la misma autoridad.

El muchacho era delgado y moreno, y como dije, desde que entramos, tomándonos por fin algunos minutos de descanso tras una larga jornada de trabajo con los amigos de Human Rights Defenders (unos suecos, muy importantes activistas de DDHH que, pese a que pudiéramos pensar lo contrario -digo, por su nacionalidad- están muy enterados y preocupados por la situación de nuestro país), se nos quedó mirando fijamente.

Mi primera reacción fue, por supuesto, impuesta por la paranoia que para los venezolanos hoy es pan de cada día. Lo primero que se me vino a la mente fue que se trataba de un espía, de algún enlace bogotano con el SEBIN o con la DGCIM, puesto allí para luego fungir como “patriota cooperante” que le mostraría al gobierno las fotos de mi cena y de mi paso por Bogotá para elucubrar desde allí mentiras y absurdos sobre supuestos planes de “traición” o de “complot” con alguna supuesta “potencia extranjera”. Mi temor, producto de la paranoia como dije, no era, sin embargo, completamente infundado. No más el día anterior, justo yo saliendo desde Caracas a Colombia, para mi mala suerte el Fiscal General impuesto por la ANC había denunciado (sin pruebas, como es costumbre) que se estaba iniciando una supuesta “invasión” a Venezuela desde Colombia, y mientras me estaba montando en el avión un amigo que iba en el mismo vuelo me había hecho notar que había unos sujetos en el aeropuerto tomándome fotos. Lo “normal”, pues.

Igual me senté y, como no la debo y no la temo, ni ando ni en conspiraciones ni haciendo nada ilegal, decidí tranquilizarme y disfrutar de mi cena. Pedí una “Club Colombia” negra y, mientras disfrutaba de los primeros sorbos el joven, que resultó ser un mesonero del lugar, se nos acercó con el menú. Sin quitarme la vista de encima me lo entregó, y estaba por marcharse para dejarnos elegir cuando de pronto se dio la vuelta y me preguntó, con cierto nerviosismo y hasta con pena: “¿Usted es el abogado del Foro Penal no?”.

No sin un dejo de preocupación, pues en ese momento pasaron mil hipótesis por mi mente, le respondí que sí. Le dije mi nombre y le extendí la mano. Me sorprendí cuando visiblemente emocionado se presentó, su nombre es Enrique, es venezolano y tiene ya unos años viviendo en Colombia. De inmediato, y como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, me contó su historia. En Venezuela era estudiante de derecho, e incluso en los primeros años se sintió identificado con Hugo Chávez y su propuesta. Esto lo llevó a trabajar como asistente en la Alcaldía de Guarenas, en ese momento también en manos de un oficialista, pero allí duró poco. Como tiene vena de comunicador social, logró hacerse en esos tiempos con la conducción de un programa local de radio, pero en este no pudo callar las corruptelas y abusos que su cargo le permitía conocer de primera mano. También, con cierta ingenuidad, denunciaba ante sus superiores lo que veía y constataba, sin darse cuenta de que éstos eran también parte de la movida. Esa fue su perdición. Fue amenazado y perseguido y tuvo que escapar, dejando a su familia y con sus estudios a medio terminar, del país al que amaba pero que ya no sentía como suyo.

Ahora está estable y tranquilo, tiene un buen trabajo que al menos le permite pagar sus cuentas y sobrevivir con dignidad, pero al comienzo la pasó muy mal. Algunas de sus anécdotas ya son conocidas por todos los que han tenido que irse de nuestro país sin más que sus ganas de trabajar y de rehacer su vida. Pero si cuando Enrique se marchó de Venezuela las cosas ya eran difíciles, ahora son peores. Pese a que las cifras oficiales son distintas (pues hablan solo de la migración formal) se estima que ya más de 500.000 venezolanos han ingresado a Colombia en los últimos tiempos, huyendo de la escasez, de la inseguridad y de la falta de oportunidades en Venezuela, y por si esto fuera poco, las ONG que prestan asistencia a los venezolanos que deciden emigrar a Colombia estiman que tanto desde el puente en Cúcuta como desde el del Arauca entran y salen (aunque no todos salen) cada día entre 60.000 y 100.000 venezolanos al hermano país. Si las cosas siguen como ahora, se estima que a finales de este año se habrán establecido en Colombia, legalmente o no, aproximadamente 1.500.000 venezolanos. Nos hemos convertido, para Colombia y para la región en general, en un problema muy serio.

La migración masiva, producto de la tragedia que padecemos, ha despertado en Colombia peligrosos demonios. De eso me habla Enrique. El primero, por supuesto, la xenofobia, impulsada además por líderes populistas que no han dudado en exacerbarla para ganar simpatías entre quienes no entienden la dimensión real del problema y, además, ven más fácil culpar a los extraños, a los ajenos, de sus problemas que aceptar sus propias fallas; pero también se han incrementado en el hermano país la inseguridad, la delincuencia organizada, algunas modalidades de esclavitud o de trato análogo a la esclavitud y la trata de blancas. En Colombia, una chica venezolana de 19 años que trabaje como prostituta, porque no tiene sus papeles en regla y además carece de formación profesional o laboral, recibe solo 10 dólares de los 100 o 200 dólares que se cobran regularmente por cada “cita” y debe cerrar la boca y aguantar la miseria que se le impone puesto que de lo contrario se la entrega a las autoridades para ser deportada o amanece asesinada o “desaparecida”. Hasta la corrupción se ha metido en esto, y está alcanzando proporciones inmanejables. No solo tiene que ver con la expedición, a veces fraudulenta, de documentos migratorios, con la que se lucran los aprovechados que nunca faltan. Con asombro escuché que en los puentes que sirven de paso entre Venezuela y Colombia hay una mafia de sujetos que, ante la vista de las autoridades (hasta fotos se dejan tomar, yo las vi) te permiten, por 15 dólares por persona, usar una escalera desde un poco más allá de la mitad de los puentes (normalmente rebosantes de personas desesperadas por cruzar) para que puedan llegar más rápido al punto de control. Cada día, aproximadamente unas 2.000 personas usan este “servicio”, lo que arroja una ganancia diaria (sí, diaria) para los que se lucran con la desesperación y la tragedia humana de más o menos 30.000 dólares.

Todo esto ha hecho que, a los venezolanos en Colombia, así como en otros países, se nos vea con desconfianza y recelo. Poco se dice de los migrantes, altamente capacitados, que están haciendo aportes importantísimos en los países a los que les ha tocado escapar. En general se nos percibe como un inconveniente, como una molestia. La “revolución” nos ha convertido en intrusos, en indeseables, en parias. Enrique ha pagado también su cuota de rechazo y me confesó que le había costado mucho superar esos obstáculos, pero no puede por ahora regresar a Venezuela. “Quizás nunca regrese”, me lo dice con una tristeza que no puede ocultar, pero quiere apoyar, desde donde está, a los venezolanos y a Venezuela. Habla decidido y sin miedo, y en esto me demuestra, y eso me emociona, cuál es el verdadero material del que estamos hechos los venezolanos. Quiere ser parte del Foro Penal, me dice, quiere contar nuestra historia, la de los presos y perseguidos, y sensibilizar a los colombianos sobre nuestra realidad, quiere poner su granito de arena. Para él, que ya conoce las dos realidades, los colombianos y los venezolanos somos hermanos separados únicamente por una garita en la frontera, nada más, somos la misma gente y, al igual que nos tocó a nosotros con ellos, y con tantos otros, en su momento, es importante que nos tiendan ahora una mano en estos momentos de necesidad.

“¿No te das cuenta?” –la emoción con la que habla ahora le roba el acento y la formalidad bogotana ya adquiridos, y me tutea, aunque nunca me había visto, como lo hacemos acá- y por un segundo no es un migrante, ni un exiliado, ni un extraño en tierras lejanas, es mi hermano, el mismo venezolano cálido y cercano que siempre fue y será: “¡Hasta nuestro tricolor es el mismo! ¡Tenemos que hacérselo ver a los colombianos!”, me dice sonriente, quizás sin tener conciencia plena de la profundidad y de las implicaciones de su frase. Nos miramos unos instantes. No había mucho más que decir. Esa es la misión: Crear conciencia en nuestros vecinos, hacerles entender que somos iguales, que no deseamos ser un incordio, que preferiríamos quedarnos en nuestra patria y luchar acá por ella y por nuestros hijos, pero por ahora no todos tenemos esa opción. Necesitamos ayuda.

Enrique se marcha a buscarme otra cerveza (“¡Esta va por la casa!”, me dice) y en su paso y en su voz se leen ahora resolución, alegría y orgullo. Nos hemos reconocido, y eso acabó con mis miedos y paranoias y a él le ha confirmado que nunca nos ha dejado en realidad. Por un instante, en esa conversación, estuvo de nuevo su tierra, a la que ama, y pudo ofrecer sin temor a que caiga en saco roto su ayuda y su apoyo a sus hermanos. Y así ha sido porque somos iguales, porque en él, como en millones de venezolanos dispersos por el mundo, está ese trozo de Venezuela que es imperecedero, luminoso y consciente que está presto y dispuesto a hacer lo que se pueda, donde se pueda, para acabar con la pesadilla que hoy nos atormenta. Somos muchas cosas, es verdad, no todo son virtudes, es verdad, pero Enrique, su historia y su anhelo de apoyarnos nos demuestran que también somos trabajo, honestidad, solidaridad, responsabilidad, humanidad. Enrique me confirma que todos somos Venezuela, y que no importan las distancias ni en qué lugar del planeta nos agarren las mañanas. Aunque nos veamos forzados a partir, siempre dejamos un trozo de nuestro corazón sembrado en Venezuela.

@HimiobSantome