El pasado 26 de enero, Nicolás Maduro designó a la almiranta Carmen Meléndez como vicepresidenta de Gobierno Sectorial para la Seguridad Ciudadana.
En este nuevo cargo, la también ministra de Interiores Justicia y Paz, según palabras del propio Maduro, tendrá entre sus funciones “la seguridad ciudadana, la paz, el combate al delito, el sistema penitenciario, la justicia y la verdad”.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México reveló en su reporte de 2018 que Caracas, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar se encontraban entre las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Esta organización elabora un informe anual con las 50 ciudades más peligrosas del mundo para dar un toque de atención a sus gobiernos sobre la violencia urbana.
El inquietante puesto de estas tres ciudades venezolanas se da a pesar de que el 13 de febrero de 2009 se conformó la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol, para construir un “nuevo modelo policial” más eficiente y mejor formado que incluyera las propuestas del pueblo. Teóricamente logró grandes avances de papel. Sin embargo, los mismos nunca fueron implementados y los que se lograron aplicar han sido un fracaso absoluto. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, es uno de ellos.
Igualmente, para dar respuesta a la problemática penitenciaria, en diciembre de 2008 se creó el Consejo Superior Penitenciario. El objetivo de la entidad sería “diseñar y formular políticas integrales que atiendan de forma estructural la transformación del sistema penitenciario”. Pero esta instancia tampoco tuvo los éxitos esperados, a pesar de haber hecho una serie importante de propuestas. Como en el caso Coranepol, las ambiciosas propuestas se quedaron en papel y el olvido.
Gran trabajo le toca a la almiranta Meléndez. Con este nuevo cargo tendrá que enfrentar al gran desastre que se vive en la seguridad ciudadana del país, en todos sus componentes: prevención al delito, policías, sistema judicial y cárceles.
Es difícil establecer qué área de la seguridad ciudadana del país funciona o medio funciona; me atrevo a decir que ninguna. No hay prevención de ningún tipo, las policías son un completo desastre, el sistema judicial no trabaja y las cárceles son depósitos de seres humanos.
Ojalá la recién nombrada vicepresidenta de seguridad ciudadana le eche una ojeada a las propuestas olvidadas de la Conarepol y el Consejo Superior Penitenciario y trate de aplicarlas en su gestión. Que se reúna con los mejores, los que de verdad conozcan del tema, dejando la política de lado. Solo se le pide que haga su trabajo, que ayude a darle solución a la crisis.
Le pediría que ponga el ojo en la situación penitenciaria del país. Y, sobre todo, en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que se han convertido en las nuevas cárceles de esta época.
Igualmente, que atienda a los hombres y mujeres privados de libertad, que, entre la tuberculosis, desnutrición y retardo procesal ven sus derechos humanos vulnerados, sin que ninguna autoridad del Estado les preste ayuda ni a ellos, ni a sus familiares.
Esperamos que esta recién creada vicepresidencia lo haga. De lo contrario, será otro organismo más de la burocracia venezolana ineficiente y corrupta.
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