En los 273 calabozos policiales monitoreados caben 7191 reclusos, pero han metido a 22.664. En la gráfica, un centro de Lara. Foto Edgar Zambrano / El Impulso, 2017.
Una Ventana a la Libertad (UVL), organización de la cual soy su fundador y coordinador general, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela, durante el primer semestre del año 2020.
Este es el decimotercer informe que se presenta en los últimos 4 años, de los 23 que tiene de fundada UVL, sobre la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela. Convertidos estos en las nuevas cárceles del país.
El informe lo elaboró un equipo de investigación coordinado por la Dra. Magaly Huggins. Nuestro grupo de investigadores está formado por 21 profesionales de la Comunicación Social que monitorean 19 estados del país. Todo esto bajo una rigurosa metodología en la búsqueda de cifras reales, tomando en cuenta la opacidad informativa del Estado venezolano, que no da cifras oficiales de nada de lo que aquí ocurre.
Se trata de un informe atípico con respecto a los que normalmente presentamos, por la situación de covid-19 que vivimos hoy. El semestre lo dividimos en 2 partes: la primera de enero a marzo, y la segunda de marzo a junio, ya en plena pandemia. Indudablemente la investigación en la segunda parte se complicó por la cuarentena. Sin embargo, hay que reconocer el gran trabajo realizado por nuestro equipo de investigación para recolectar la información necesaria.
La investigación se realizó en 273 centros de detención preventiva o calabozos policiales, de los aproximadamente 500 que existen en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 7191 reclusos, pero al momento de la investigación había 22.664. Lo que representa un hacinamiento del 248 %. De este grupo, 1757 son mujeres; es decir un 7.75 % de la población, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.
Como dato importante de esta investigación, está la muerte de 118 reclusos. 65 de ellos por enfermedades, en donde la tuberculosis es la causa principal con 38 muertes; igualmente 11 reclusos fallecieron por problemas respiratorios, 7 por desnutrición y 41 fueron ajusticiados en intentos de fuga o supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales en su recaptura.
Hay que destacar que se mantiene la tendencia del pasado año 2019, cuando las enfermedades y la desnutrición fueron las causas principales de fallecidos en estos centros; a diferencia de años anteriores, donde las riñas y enfrentamientos entre reclusos ocupaban el primer lugar.
Es realmente alarmante la crisis de salud que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Aclarando que esta no guarda relación con la covid-19. Ya el caos preexistía. Incluso, Una Ventana a la Libertad tiene varios años denunciando la crisis de salud que se vive en estos sitios, ante la indiferencia absoluta del Estado venezolano.
El informe de UVL determinó que en los centros de detención preventiva monitoreados existen: 185 reclusos con enfermedades infectocontagiosas, 397 con tuberculosis, 1177 con enfermedades de la piel y respiratorias y 517 con desnutrición. Las cifras realmente alarmantes del informe nos demuestran las violaciones masivas que se cometen contra los hombres y mujeres privados de libertad en Venezuela.
No hay dudas que Venezuela es un Estado forajido en todo lo referente al respeto de los derechos humanos de su población. Aquí nadie se salva.
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