ESTE 11 DE ABRIL EN EL AULA MAGNA de la Universidad Católica Andrés Bello se llevó a cabo la presentación del Plan País, enfocado en materia de seguridad ciudadana. Algunos de los tópicos debatidos fueron: la población reclusa, los funcionarios policiales, control de armas, el elemento social dentro de la delincuencia y reforma del sistema judicial.

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como deshumanizados y carentes de especialistas los últimos planes de seguridad implementados por el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

“Son planes deshumanizados, toderos y sin especialistas que nunca dieron soluciones al problema de la inseguridad en Venezuela”, dijo durante su intervención en el Plan País.

Guaidó recalcó que durante los años de la llamada revolución el país colapsó y la seguridad ciudadana es uno de los aspectos que encabeza la lista. “No podemos tener profesionales exitosos en sociedades colapsadas”, aseveró el parlamentario.

La presentación de este enfoque del Plan País contó con la ponencia de expertos en temas de seguridad como el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, quien recordó que Venezuela es el país más violento de América Latina, en donde los niveles de delincuencia se han incrementado dramáticamente en los últimos años, basándose en las cifras de homicidios en comparación a Colombia, que cuenta con guerrillas y otras organizaciones delictivas identificadas.

Briceño León alertó que no existen detenciones tras la comisión de delitos, poniendo como ejemplo que en el 91% de los delitos de homicidios no hay arrestos. Y al no haberlos, aumentaron. Además indicó que de 1999 a 2018 se registraron 333.000 personas muertas por este delito, “muertes que se han podido evitar”. Siendo los jóvenes y hombres de sectores populares los más vulnerables.

Por su parte, la ex-secretaria de Seguridad y Orden Público del Zulia, Odalis Caldera, resaltó que para poder aplicar el Plan País es necesario que se tenga voluntad política, para que así pueda llevarse a feliz término.

Caldera explicó que al establecerse el llamado “gobierno de transición”, en las primeras 90 horas se creará un despacho adjunto a la Presidencia, que sea independiente, para garantizar la estabilidad democrática, así como la coordinación y supervisión de los cuerpos de seguridad y se designarán equipos de alto desempeño que vayan a las áreas donde imperen los servicios básicos: agua, luz y telecomunicaciones.

Se pretende aplicar un plan de custodia en vías terrestres “que garanticen el libre tránsito de mercancía y personas” por todo el territorio nacional. Además, que en el espacio de tres meses se pueda hacer un mapeo de las áreas urbanas, rurales e indígenas que sean vulnerables a la actividad criminal, al igual que el ataque a grupos al margen de la ley.

Funcionarios y la sociedad

El exdirector de la Policía de Sucre, Manuel Furelos, el comisario Eduardo Noriega y la socióloga Magally Huggins presentaron este apartado que comprendió los siguiente:

• Recuperar el espíritu de acción policial y servir a la población, ya que actualmente se preló la cantidad sobre la calidad.
• Ubicar a los posibles funcionarios con “don de servicio” e “inyectarle” el concepto de que el policía es el mejor ejemplo de un ciudadano.
• Promulgar la ley de la Asamblea Nacional que habla sobre la prevención social del policía. Dignificación de salarios y tomar medidas en corto, mediano y largo plazo.
• Reingeniería de los cuerpos policiales, optimizarlos y modernizarlos en procedimientos, preparación y equipos.
• Independizar las policías y demás entes del Gobierno para que cumplan su función y sean especializados en áreas. “No volverlos toderos”.
• El 94% de las muertes en Venezuela son producto de armas de fuego, por lo que es necesario generar políticas de control de armas y recuperación de espacios públicos.
• Eficiencia en invertir en temas preventivos que después de la acción.
• Reconstrucción del tejido social, centrándose en poblaciones urbanas vulnerables y recurrir al aporte de la sociedad civil.
• Reconocer como delito, además del homicidio y el secuestro, la violencia de género, violencia intrafamiliar y el incesto.
• Acabar con la corrupción  y la impunidad.
• Creación de coordinación de políticas preventivas en materia social.
• Rendición de cuentas.

Ejerciendo justicia

Los criminólogos Luis Izquiel y Fermín Mármol García fueron los exponentes de este apartado.

• Reforma del sistema judicial que “permee hacia abajo”, donde los jueces en todas sus áreas sean designados por concursos públicos y no designados.
• Eso evitaría que sea una máquina de persecución de la disidencia.
• Reforma legal del Código Penal
• Crear código de faltas porque “la impunidad tienen que comenzar por pequeñas trasgresiones y los procedimientos para aplicar” sanciones.
• Rescate de proteger la vida
• Redimensionar, optimizar y verificar proceso de identificación ciudadana
• Permitir a los órganos de justicia resolver más causas posibles y tener más elementos de convicción para evitar el “fantasma de la duda”.
• Incentivar la denuncia ciudadana de forma anónima.
• Reimplementar la encuesta de victimización nacional

Sistema carcelario

Para la presentación del enunciado, se les encargó al diputado Gilber Caro; el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, y el director de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma.

• Fomentar la educación integral desde las escuelas. “Los niños no nacieron como criminales”.
• Reorganización del programa de formación de reclusos. “El 64% de la población carcelaria reincide en el delito, por lo que hemos fallado”.
• Erradicar la ideologización de los reclusos en los recintos penitenciarios.
• Construir y remodelar las cárceles en Venezuela, ya que hay 46.775 personas en los centros de reclusión y se evidencia que el 70% de la población carcelaria está por retardo procesal.
• Crear políticas en pro de la población de reclusos, ya que en 20 años han muerto 7.200 presos en las cárceles por diversos motivos.
• Preparación del personal y evitar el hacinamiento en los calabozos policiales.
• Aumento del presupuesto para la alimentación de los reclusos. Actualmente al año perciben BsS 1.247.
• Aprobación de ley de calabozos policiales.
• Privatización de cárceles.
• Instauración de un defensor de la población reclusa.
• Asistencia post penitenciara que se le debe brindar al recluso que reinserta en la sociedad.

*Con información de Tal Cual Digital y El Pitazo.