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Venezuela entra en incumplimiento de pago por bono de $650 mln de Corpoelec

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CARACAS (Reuters) – La eléctrica estatal de Venezuela incumplió el pago de los intereses de un bono por 650 millones de dólares, dijo la firma Wilmington Trust, fiduciario del título, en la víspera de una reunión entre el gobierno del país petrolero y acreedores para reestructurar la deuda del país.

La situación representa un cambio de actitud del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro, que hasta ahora había cancelado puntualmente los intereses del título que vence en abril de 2018.

Venezuela tenía que pagar el jueves sin dilación unos 28 millones de dólares por intereses demorados desde principios de octubre del bono de la antigua Electricidad de Caracas, que luego de ser nacionalizada en 2007 pasó a ser parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

“El hecho de que el emisor no pagara los intereses (…) constituye un incumplimiento bajo el contrato”, indicó en un comunicado Wilmington Trust, que tiene su sede en el estado de Delaware, Estados Unidos.

Al entrar en cesación de pagos, la compañía estatal podría enfrentar una demanda judicial que requiere del respaldo de una cuarta parte de los tenedores del título para que proceda, en un litigio que puede demorar años, dijeron dos fuentes del mercado conocedoras del proceso.

Corpoelec no respondió inmediatamente a una solicitud de información.

Pero la decisión, sin embargo, no tiene efecto sobre el resto de los bonos emitidos por la República venezolana.

PAGOS PENDIENTES

La noticia no hacía retroceder los bonos venezolanos que habían subido a comienzos de la jornada del viernes, impulsados por los reportes de que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) realizó el pago demorado del capital de uno de sus títulos, que venció la semana pasada.

El precio del bono referente de la petrolera con vencimiento al 2022 716558AC5= subía 4,5 puntos en el mercado de Nueva York.

La firma estadounidense de custodia DTC informó el jueves a acreedores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que recibió los fondos para empezar a procesar el pago del capital del bono PDVSA2017N, dijeron tres fuentes del mercado a Reuters.

DTC debe transferir el dinero a los sistemas de compensación, que a su vez enviarán el pago a los clientes.

Algunos inversores dijeron el viernes en la mañana que aún aguardaban el pago en sus cuentas que, dijo la estatal, había comenzado a transferir el viernes pasado, garantizando la amortización de capital e intereses por unos 1.169 millones de dólares.

DTC no informó a los clientes sobre el pago de los intereses, que tienen un período de gracia de 30 días.

No obstante, los mercados parecían tomar la noticia con optimismo, en medio de la convocatoria que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a inversionistas para reunirse el lunes en Caracas e iniciar una negociación de la deuda.

El viernes también vence el plazo de 30 días que PDVSA tiene para cumplir con el pago de unos 80 millones de dólares que quedaron pendientes por los intereses a principios de octubre de su bono PDVSA 2027.

Si la petrolera incumple el pago caería en cesación.

El país petrolero, que enfrenta una profunda crisis económica con escasez y altísima inflación, también tiene hasta el lunes para cancelar otros 200 millones de dólares en intereses de otros títulos, que están pendientes de pago desde octubre.

“Decreto” de reestructuración y refinanciamiento, por José Toro Hardy

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Maduro “decretó” una reestructuración y refinanciamiento de la deuda. “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales”, agregó.

Ciertamente tal anuncio rompe los esquemas internacionales. Las reestructuraciones y refinanciamientos no se decretan, se negocian.

Por “reestructuración” se entiende un consenso entre las partes para modificar las condiciones de la deuda, ya sea alargando los plazos, estableciendo períodos de gracia e incluso una rebaja o “quita” de una parte de la deuda.

Es el resultado de una negociación compleja porque por lo general involucra a varios acreedores que no siempre se ponen de acuerdo y resulta prácticamente imposible negociar términos separados con cada uno de ellos. Se requiere consenso, por una parte, entre los acreedores mismos y por otra parte entre ellos y el gobierno deudor.

No es fácil el acuerdo entre acreedores. Ejemplo de ello lo vimos en el caso de la reestructuración de la deuda argentina durante el gobierno de Cristina Kirshner. Después de arduas negociaciones, un bloque de acreedores aceptó una reestructuración de la deuda de ese país, otorgando incluso una “quita” o rebaja substancial. Sin embargo no todos aceptaron y muchos de ellos insistieron en cobrar sus acreencias conforme a las condiciones originales.

A quienes así actuaron Cristina Kirshner los tildó de “fondos buitres”. Pero independientemente de tal calificativo, tenían derechos reconocidos por la legislación internacional. Incluso, procedieron al embargo de la fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina en el puerto de Tema al este de Acra, ordenado por un tribunal de Ghana a solicitud de uno de aquellos acreedores con sede en las Islas Caimán.

Vemos pues los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías en EEUU, Europa y el Caribe y tanqueros que navegan en distintos océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones. Todo ello vendría a sumarse a las resultas de numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos del gobierno venezolano. Se trata de una suerte de colapso general de la credibilidad del país, sumado al de su economía.

Ahora bien, hasta el momento nos venimos refiriendo al caso de una “reestructuración” de la deuda.  Distinto es si se trata de un “refinanciamiento” de la misma, que implica la emisión de nueva deuda para cambiarla por la vieja. Típicamente es el “swap” (intercambio) de bonos viejos por bonos nuevos.

En ambos casos, ya sea reestructuración o refinanciamiento, conforme al Artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, no se requeriría autorización de la Asamblea Nacional, sólo si la República se beneficie ya sea por reducción del capital (“quita”) o de intereses. En otras palabras que la negociación redunde en “beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”. Sin embargo, tal excepción está condicionada a que el monto renegociado no exceda el límite máximo del endeudamiento originalmente aprobado. De lo contrario, tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional, lo cual luce bastante difícil en las actuales condiciones.

En los mercados financieros se ha interpretado que lo que Maduro ha decretado es un default.  Esa es la conclusión a la que se llega al constatar el aumento en el costo de los CDS (Credit Default Swaps), suerte de seguro para cubrir el  riesgo de incumplimiento en el pago.  El costo de los CDS para la deuda venezolana se corresponde al de una posibilidad de un 75% de default en los próximos 12 meses y 99% en 5 años. Por lo demás, el  “decreto” de Maduro provocó un caída de entre un 25 y un 40% en bonos de PDVSA y de la República.

Según The Economist, el temido default de la deuda soberana venezolana sería el segundo mayor de la historia después del caso de Grecia. La reestructuración o refinanciamiento de esa deuda luce casi imposible sin una decidida participación del Fondo Monetario Internacional, máxime en momentos en que las sanciones de los EEUU impiden a las instituciones de ese país realizar operaciones de swaps que permitan cambiar deuda vieja por deuda nueva e incluso participar en negociaciones a cargo de un alto funcionario del gobierno venezolano sancionado por las autoridades norteamericanas.

@josetorohardy

 

Acreedores de bonos indagan incumplimiento tras demora en pagos

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Acreedores de la estatal petrolera PDVSA hicieron una primera consulta a una asociación del mercado para indagar si la firma cayó en incumplimiento, horas después de que fuentes dijeran a Reuters que la compañía venezolana había transferido la mayor parte del dinero para pagar un bono demorado.

Petróleos de Venezuela PDVSA habría enviado los recursos a través de varias operaciones bancarias, explicaron ejecutivos del sector financiero que operan en Nueva York, Miami y Caracas, en un proceso, que al prolongarse más de tres días, avivó en el mercado los temores de una posible cesación de pagos.

Hasta la tarde del miércoles los fondos no se habían acreditado en las cuentas de los tenedores y las fuentes consultadas desconocían cuándo se realizaría el abono del título PDVSA2017 que venció la semana pasada.

La demora llevó a algunos acreedores a iniciar una pesquisa ante el ISDA (la Asociación Internacional de Swaps y Derivados), que debe decidir si se ha cumplido el plazo para considerar que la compañía entró en cesación de pagos y si procede el cobro de los seguros por incumplimiento (CDS).

Los miembros del comité del ISDA ahora deben votar para aprobar o descartar la pregunta, y luego volver a debatir para responderla, explicó una portavoz de la asociación.

La firma venezolana no respondió a Reuters para aportar información sobre las transferencias, pero sus autoridades anunciaron el viernes que habían iniciado el trámite para cancelar unos 1.169 millones de dólares por el capital e intereses del bono 2017 que venció el jueves.

En medio de la incertidumbre, las cotizaciones de los papeles venezolanos mantuvieron un comportamiento mixto.

El título marcador de PDVSA al 2022 caía 1,1 puntos a las 2050 GMT, tras recuperarse levemente en la jornada con la noticia que las transferencias podían estar por concretarse.

Uno de los papeles del país próximo a vencer en 2018 también recortó pérdidas y retrocedía 0,5 puntos al cierre del mercado para un rendimiento de un 164,58 por ciento.

A LA ESPERA DE CONFIRMACIÓN

La petrolera estatal debía cumplir sin dilación el pago del PDVSA 2017, pues transcurridos tres días quienes invirtieron en el mercado de los CDS podían solicitar la cesación de pagos.

El costo de asegurar la deuda de la petrolera estatal contra un incumplimiento de pago alcanzaba máximos el miércoles al ubicarse en 79 por ciento contra el monto asegurado, según datos de Thomson Reuters.

Hace una semana, la principal compañía venezolana también demoró por primera vez la amortización de capital a los tenedores de un bono al 2020, en medio de las sanciones financieras que impuso Estados Unidos y que obstaculizan las operaciones bancarias del gobierno socialista.

En esa oportunidad los acreedores no adelantaron ninguna consulta.

La negativa reacción del mercado frente a los bonos del país se produce también cuando faltan pocos días para la primera reunión con inversionistas que convocó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras anunciar su intención de reestructurar la deuda externa la semana pasada.

Los tenedores de bonos que decidan participar en la reunión del 13 de noviembre en Caracas debían registrarse en un sitio web y llenar una planilla para “ofrecer información de carácter preliminar”, antes del jueves, según un documento del Gobierno visto por Reuters.

Pocos inversionistas estadounidenses parecían dispuestos a viajar al país sudamericano para escuchar al comité negociador que preside el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Estados Unidos considera un capo de la droga, dijeron las fuentes.

EEUU advierte a tenedores de bonos que negociar con Venezuela podría ser ilegal

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El Tesoro estadounidense advirtió a los tenedores de bonos que tratar con los dos negociadores principales de Venezuela, cuyos nombres figuran en listas negras de Washington, sería “problemático” y podría llevar a duras penas bajo las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro invitó a acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar negociaciones para la reestructuración de cerca de 60.000 millones de dólares en bonos venezolanos.

Quien preside la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal PDVSA es el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, incluido por Estados Unidos en una lista negra por narcotráfico.

Washington también decretó sanciones contra Simón Zerpa, jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, por presuntos actos de corrupción.

El Tesoro estadounidense dijo que si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés) sí estaba prohibido.

“Si bien no existe prohibición para que personas estadounidenses participen en una reunión vinculada a los bonos en el apéndice a la Licencia General 3, la participación de personas de la lista SDN en esas reuniones parece problemático”, dijo el Tesoro estadounidense en una guía compartida con Reuters el miércoles.

“Las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos, directa o indirectamente, con (una persona en la lista) SDN”, agregó el texto.

Los acreedores se han mostrado reacios a la propuesta, por temor a las sanciones de Estados Unidos y por los problemas de seguridad que existen en Caracas.

“No conozco a un solo inversor en Nueva York, o Londres, que haya aceptado la invitación del Gobierno (venezolano) de ir a Caracas”, dijo en Nueva York un inversor en mercados emergentes que tiene deuda venezolana y habló bajo condición de anonimato.

Y un gerente de fondos en Londres que tiene deuda venezolana dijo que los acreedores no planean asistir a ninguna reunión en Caracas, citando temores a la violencia en la capital del país y la comodidad de los inversores.

El Tesoro informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas trepan hasta 10 millones de dólares.

Venezuela acuerda con Moscú reestructuración de una deuda de $3.000 millones

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Venezuela acordó la reestructuración de su deuda con Moscú de 3.000 millones de dólares en unos términos previamente pactados, dijo el miércoles el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov.

“Tenemos un acuerdo sobre la reestructuración (de la deuda) con Venezuela”, dijo Siluanov a periodistas. “Los venezolanos han confirmado las condiciones que habíamos acordado”.

Fitch rebaja la nota de la estatal Pdvsa ante “altamente probable” default

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La agencia de calificación financiera Fitch rebajó el martes la nota crediticia de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, de “CC” a “C”, al considerar la eventualidad de un default del país “altamente probable”.

Fitch dijo que la degradación de la nota de Petróleos de Venezuela (PDVSA) responde al anuncio de la compañía y del gobierno de Nicolás Maduro de su intención de renegociar el pago de su deuda soberana.

Además, refleja el incumplimiento de pagos de bonos internacionales previamente no realizados por Pdvsa, y que actualmente están bajo un período de gracia de 30 días, apuntó.

La nueva nota de Pdvsa también es resultado de la rebaja realizada el pasado viernes de la calificación crediticia de Fitch a la deuda soberana de Venezuela, de “CC” a “C”.

Para Fitch, “esto hace que un default sea altamente probable”.

“La calidad crediticia de PDVSA continúa reflejando su estrecha vinculación con el gobierno de Venezuela como entidad de propiedad estatal, combinado con un control absoluto del gobierno sobre las estrategias comerciales y los recursos internos”, subrayó Fitch, al destacar el “debilitamiento de la liquidez” de la petrolera venezolana.

“Las grandes transferencias de fondos al gobierno central han afectado significativamente la generación de flujo de caja de Pdvsa”, apuntó la calificadora en su análisis.

Fitch anticipa que será difícil para el gobierno venezolano dar ayuda financiera a Pdvsa, ya que ambas entidades enfrentan dificultades financieras y han anunciado conjuntamente su intención de reestructurar sus obligaciones externas.

Maduro anunció el jueves pasado que buscará renegociar y refinanciar la deuda externa del país, estimada en unos 150.000 millones de dólares, sin especificar qué mecanismos usará.

Venezuela deberá cancelar en lo que resta del año entre 1.400 y 1.800 millones de dólares de intereses de deuda de la república y de Pdvsa, además de rendimientos pendientes que debió pagar en octubre y tienen un período de gracia de 30 días.

Allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Guevara será debatida en la Asamblea Nacional

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La Asamblea Nacional (AN) debatirá este martes el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, ordenado por el Tribunal Supremo de justicia (TSJ).

En sesión ordinaria el Parlamento discutirá la inconstitucionalidad de la decisión de la Sala Plena sobre las funciones del parlamentario opositor.

El TSJ emitió la orden a la fraudulenta asamblea nacional constituyente de levantar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara y ordenó la prohibición de salida del país.

Luego de la decisión del ente judicial, Guevara solicitó protección en la embajada de Chile ante amenazas del gobierno. La medida fue aceptada por el país.

El gobierno chileno informó que el vicepresidente del parlamento venezolano se encuentra refugiado desde este sábado en la residencia del embajador chileno en Venezuela, luego de recibir amenazas que podrían afectar su integridad.

Otros puntos que debatirán es la inflación venezolana y la restructuración de la deuda externa.

Qué significa que Venezuela decida ahora reestructurar y refinanciar su deuda externa

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El anuncio de reestructuración de deuda del presidente Nicolás Maduro, que no dio detalles y presenta aún múltiples incógnitas, confirmó los temores que muchos analistas venían presagiando: las dificultades de Venezuela para cumplir sus compromisos de deuda.

Y son muchos. Venezuela ha duplicado su deuda en bonos en los últimos diez años, tanto a través del Estado como de la petrolera estatal PDVSA. La deuda de Venezuela supera los US$130.000 millones, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

De acuerdo a esas cifras es el segundo país de América Latina con más deuda, solo por detrás de México, que tiene una economía más grande.

La capacidad de pago del país está vinculada a la de generación de divisas procedente de las ventas del petróleo, casi única fuente de ingresos.

Y la caída de los precios del crudo ha dificultado unos pagos que sin embargo hasta ahora el gobierno cumplió siempre.

Un país exportador como Venezuela enfrentaría problemas aún más graves que otras naciones en caso de que se confirme una cesación de pagos o «default».

Las importaciones, sacrificadas

La caída de ingresos y el pago de deuda provocaron que las grandes perjudicadas fueran las importaciones en un país que casi sólo produce petróleo y trae del extranjero lo demás.

En enero, el presidente Maduro admitió en 2016 una caída de importaciones del más de 50% respecto a 2015.

Esa es una de los elementos clave de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con elevada inflación y escasez de alimentos y medicinas.

La caída de ingresos obliga a buscar financiamiento externo, cada vez más complicado de devolver, lo que ha metido a la economía venezolana en un peligroso círculo vicioso.

De consumarse esta reestructuración, el gobierno tendría un respiro y podría dedicar más fondos a la compra de productos básicos.

El gobierno socialista argumenta que es víctima de una «guerra económica» y de un «bloqueo» por parte de Estados Unidos, y acusa de complicidad a la oposición venezolana.

Maduro denunció este jueves que la firma financiera Euroclear bloqueó el pago de US$1.200 millones en los bonos que vencían este jueves y que se empezarán a depositar a partir del viernes, anunció.

El gobierno critica que pese a sus pagos puntuales, su prima de riesgo, que mide la posibilidad de impago, sea elevada. El indicador responde a percepciones en las que tiene que ver la grave crisis económica que atraviesa el país con la mayor inflación del mundo.

El riesgo concede a los bonos una alta rentabilidad, lo que los hace apetecibles para los acreedores y eso a la vez mina las arcas del Estado venezolano.

«Somos el país per cápita que más ha pagado deuda externa», dijo recientemente Maduro al cifrar en US$65.000 millones los pagos en los dos últimos años.

«Hemos cumplido hasta con el último centavo de dólar», agregó.

Las sanciones de Washington

En este contexto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump golpeó aún más las finanzas del Estado al prohibir en agosto «transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal » (PDVSA).

Fueron las primeras sanciones más allá de las individuales contra un gobierno al que Washington insta a recuperar la senda democrática.

Maduro afirmó este jueves que las sanciones le impidieron emitir un bono que tenía listo hace dos meses y que le habría supuesto entre US$3.000 y US$5.000 millones.

El presidente prometió el pago este viernes de los más de US$1.200 millones que vencían este jueves. Hasta la segunda mitad de 2018 no tiene más obligaciones, aunque aún restará el pago de US$800 millones en intereses, para los que hay un periodo de gracia de 30 días, según la agencia Reuters.

¿Reestructurar o refinanciar?

Habrá que esperar aún a los detalles del anuncio.

En sus propias palabras, el presidente dijo estar decretando «un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela».

«Nicolás Maduro realizó un anuncio muy confuso, del cual no se deben ni pueden desprender grandes conclusiones», dijo a BBC Mundo el economista venezolano Alejandro Grisanti, experto en deuda.

Grisanti hace la diferencia entre dos conceptos reestructurar y refinanciar.

 

 

«Un refinanciamiento es una oferta de canje de bonos que se le ofrece a los inversionistas, y que ellos aceptan o rechazan voluntariamente», explicó.

«En una reestructuración se elimina el carácter voluntario y se le obliga a los inversionistas a aceptar los nuevos bonos. En cualquiera de los casos, el anuncio de Maduro fue más aspiracional dado que las sanciones prohíben la emisión de nuevos bonos», dijo en relación a las medidas financieras de Estados Unidos.

Grisanti cree que el bono que expiraba este jueves podría ser quizás el último que el gobierno de Venezuela está dispuesto a pagar.

Lo que sí está claro, afirma el experto, es «que la voluntad de pago del gobierno ha disminuido sustancialmente y que muy posiblemente han sacado cuentas y ven la dificultad que tienen para honrar sus compromisos en 2018».

El año próximo deberá pagar unos US$9.000 millones, según Reuters.

La reestructuración plantea ya de inicio un inconveniente formal.

El encargado de ella será el vicepresidente, Tareck el Aissami, sancionado por Estados Unidos, país sede de la gran mayoría de acreedores.

Por lo tanto, los tenedores de bonos no podrán negociar con El Aissami ni con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, igualmente en la «lista negra» de Washington, que con sus medidas obliga al gobierno de Maduro a cambiar de estrategia.