carlosdhoy@gmail.com
LA JUSTICIA NO HA LLEGADO para las familias de las 69 víctimas que dejó la masacre de Policarabobo ocurrida a finales de marzo de este año.
El incendio que se desató en los calabozos de la comandancia de la Policía del estado Carabobo ubicada en la avenida Navas Spinola de Valencia cobró la vida de 69 personas, 67 presos y dos mujeres que pernoctaban en el centro de detención.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en la presentación del informe sobre el aso aaseguró que el poder judicial ha actuado con lentitud en el caso, al extremo que en siete meses transcurridos desde la masacre, aun no se ha realizado la primera audiencia preliminar.
“El juicio ha sido diferido en cinco oportunidades. Hay una frase que dice: justicia tardía no es justicia, en este caso vemos que la justicia está paralizada. A la fecha hay hay cinco funcionarios policiales imputados, quienes se encuentran detenidos en sus comandos, pero en realidad desconocemos si se encuentran en liberad o no, ya que son muy flexibles las condiciones de detención para los propios funcionarios en esos comandos”.
Agregó que aun no ha sido imputado un sexto funcionario del Cicpc, a quien identificó como José Aldana, quien es señalado por los testigos como uno de los que habría disparado contra los presos.
Prado aprovechó para rectificar la cifra que maneja el Ministerio Público sobre las víctimas en ese hecho, “ellos manejan 68 fallecidos, pero días después murió uno de los quemados, con lo que la cifra final, hasta ahora es de 69 muertos”.
Además denunció que los informes forenses no reflejan la causa real de la muerte de las víctimas, en el caso de José Manuel Pérez, el informe indica muerte por asfixia mecánica, sin embargo la madre de la víctima dice que el cuerpo presentaba tres impactos de bala, uno en la cara, dos en el abdomen y varios perdigonazos en el área de los genitales, «cuando le reclamé a la médico que firmaba que eso no era lo que ella había visto, la respuesta que recibió fue que ella no era la forense. Por lo que Prado indicó que es necesaria la exhumacion de los cuerpos y que se realice una segunda autopsia, que aclarará los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2018
Lacava y Varela responsables
Prado además apuntó sus señalamientos sobre la falta de acusaciones judiciales contra el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava y contra la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, a quienes señaló de ser responsables por acción y por omisión en la muerte de las 69 personas.
“Los representantes del estado son responsables por acción y por omisión en el caso, ya que por una parte el mandatario regional tenía bajo su custodia a los detenidos y permitió que ocurrieran todas las irregularidades que desencadenaron en esa tragedia, mientras que la ministra no puede escudarse en una supuesta falta de competencias, cuando se determinó que en varias cárceles habían cupos para trasladar a muchos de los presos y no se hizo”.
Criticó la tardía reacción de la titular de prisiones, quien emitió una opinión, salvando su responsabilidad, cinco días después de haber ocurrido la tragedia.
Una masacre por un aire acondicionado
En el transcurso de la investigación realizada por el OVP, se determinó que lo que inicialmente fue presentado por las autoridades, como un motín provocado por los presos, fue en realidad una masacre organizada por funcionarios policiales en retaliación por la negativa de los presos a una requisa y por el cobro de un aire acondicionado que los funcionarios habían permitido que instalaran y que no habían cobrado por su acceso.
“Los presos tenían razones para pensar que se iba a producir una requisa, días antes había sido asesinado un recluso y habían rumores que decían que los policias querían aumentar las tarifas que cobraban por cualquier “beneficio” que tenían como visitas, comida, fiestas, ropa, colchonetas”.
El asunto es que cada vez que hacían esas revisiones, los policías destrozaban todas las propiedades de los reos, colchonetas, ventiladores, ropa, televisores, todo era destruido, por eso se opusieron a la revisión ese día, lo que generó una corto enfrentamiento. Pero al final los detenidos cedieron y pidieron que le permitieran salir a la “visita”, cuando ellas se retiraban los policías dispararon y mataron a la primera víctima de esos hechos, una mujer embarazada, a partir de allí se desató el infierno, los presos colocaron colchonetas en las rejas para impedir que los perdigones pasaran y los policías, que le colocaron candados a las rejas, rociaron con gasolina las colchonetas y entre las bombas lacrimógenas y otras cosas se desató el incendio, luego siguieron echando gasolina que encendían con sopletes y disparando no con perdigones, sino con balas”.
En medio del caos algunos pudieron correr y refugiarse en un baño, muchos no lo lograron, murieron quemados y heridos por las balas”.
Amenazas a familiares de las víctimas
Los familiares de las víctimas rindieron testimonio de la situación por la que han atravesado desde el día de la muerte de sus esposos, hijos y hermanos.
Además denunciaron que han sido amendrentados y amenzados por funcionarios de la Policía del estado Carabobo.
Cecilia Guerrero madre de uno de las víctimas de la masacre denunció que fue seguida por un funcionario encapuchado quien la conminó a mantenerse «calladita como en la cédula» porque le podía pasar algo.
María Rincones, madre de José Manuel Pérez Rincones, agregó, que hace un par de meses cuando salía de su casa, un funcionario policial efectuó un disparo hacia ella, le dijo que era una advertencia por estar sapeando a sus compañeros.
