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Juan Pablo García

Diputado Carlos Bastardo: Juan Pablo García sigue en el país dando la cara
EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL Carlos Bastardo (Vente-Monagas) aseguró que el parlamentario Juan Pablo García se encuentra todavía en Venezuela, aunque tomará medidas de resguardo. 
 
En los jardines del Palacio Federal Legislativo, el suplente de García rechazó esta nueva medida del Tribunal Supremo de Justicia y la asamblea nacional constituyente, de allanar la inmunidad del diputado miembro de Vente, José Guerra, Tomás Guanipa y Rafael Guzmán. 
 
Sin embargo señaló que el parlamentario García sigue en el estado Monagas, analizando la información y que “cuando esté listo se pronunciará al país”. 
 
También informó que consignarán una carta a la junta directiva del Parlamento, en la sesión de este martes, para no tomarse el receso parlamentario -que empezaría a partir del 15 de agosto- y que durante este mes se convoquen sesiones extraordinarias. 
 
“Debemos dar la cara y seguir trabajando”, aseguró a los medios de comunicación.
TSJ ordena el allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Pablo García

LA SALA PLENA del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas) y miembro de la fracción 16 de Julio de la Asamblea Nacional.

En sentencia número 56 se indica que el fiscal designado por la asamblea nacional y constituyente, Tarek William Saab, solicitó a la Sala Plena del TSJ la “calificación de situación de flagrancia contra el ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo García, al haber presuntamente cometido lo delitos de: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”.

El TSJ asegura también que por tratarse de la “comisión flagrante de delitos comunes”, no procede antejuicio de mérito al diputado García, “en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal”.

El máximo tribunal también ordena remitir copia a la constituyente, aunque el artículo 200 de la Constitución establece que los diputados del Parlamento gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo.

“De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”, reza el artículo de la Constitución.

Sin embargo el TSJ se ampara en un “desacato” por parte del Parlamento para que sea la constituyente la que dedica las acciones a tomar en contra del parlamentario Juan Pablo García.

Se conoció igualmente que los Magistrados Marisela Godoy y Danilo Mojica salvaron su voto en esta decisión.

Igualmente el TSJ publicó la sentencia número 55 sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra (PJ-Distrito Capital) y Tomás Guanipa (PJ-Distrito Capital). Se les acusa de los mismos presuntos delitos que a Juan Pablo García y también se le pide a la constituyente establecer acciones. 

Exigen respeto

La Unión Interparlamentaria exigió al régimen de Nicolás Maduro respeto al mandato popular y a la Asamblea Nacional.

A través de un tuit, la presidenta del organismos, Gabriela Cuevas Barron, señaló que cualquier ataque contra el Parlamento es un “ataque a la democracia”.

Cuevas agregó también que los parlamentos representan al pueblo, “su pluralidad, ningún gobierno puede sustituirlo”.

Para este mismo lunes, 12 de agosto, se espera una sesión especial de la ANC, donde se podría anunciar un adelanto de las elecciones parlamentarias – que están estipuladas para el próximo año – y la disolución de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora desde el año 2015.

El presidente encargado de Venezuela y del Parlamento, Juan Guaidó advirtió de estas nuevas medidas -en una alocución transmitida por redes sociales- “solamente convocan cuando van a perseguir o cuando van a allanar inmunidades parlamentarias”, agregó Guaidó en su alocución en la que también resaltó la censura de los medios y del Internet en el país.

Reacciones

El partido Vente, del cual es miembro el diputado Juan Pablo García, alertaron sobre el allanamiento ilegal de su inmunidad por parte del TSJ y señalaron que “el régimen pretende cobrarle su coraje y constante lucha por el rescate de libertades, pero no nos detendrán”.

María Corina Machado, coordinadora del partido, denunció a través de su cuenta de Twitter, la “persecusión en contra de Juan Pablo García. El carácter indoblegable del venezolano; él es coraje, dignidad y pasión por una Venezuela en libertad. Denunciemos todos este atropello”.

 

 

El jefe de la Cámara, Omar Barboza, echó mano de argumentos jurídicos para postergar la discusión sobre el enjuiciamiento del presidente Maduro. En los pasillos del Palacio Federal Legislativo, diputados criticaban la iniciativa del TSJ en el exilio

 

@pppenaloza

 

El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Menos los diputados de la Asamblea Nacional, que pueden golpearse hasta tres veces. En 2016, aprobaron la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. En 2017, votaron el abandono del cargo. Y ahora, vía Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, les cae otra pesada roca: el antejuicio de mérito.

Antes que representar una amenaza para la estabilidad del régimen chavista, el antejuicio de mérito ha servido para dejar en evidencia –una vez más- las divisiones en la oposición. Los magistrados “legítimos” no están en sintonía con la mayoría parlamentaria que los designó en julio de 2017. Por esa razón, ni la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni la propia AN han mostrado entusiasmo hacia este proceso judicial que se desarrolla en Bogotá.

Apenas olieron la fractura, los miembros de la bancada 16 de Julio –leales a María Corina Machado y Antonio Ledezma- se lanzaron a solicitar un cambio en el orden del día de la sesión de este martes 10 de abril para incluir el respaldo al antejuicio de mérito. El diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas) consignó el texto firmado por el TSJ en el exilio y planteó que se abriera un debate para avalar en enjuiciamiento de Maduro.

Haciendo gala de la cintura propia de un veterano en estas lides, el presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza (UNT-Zulia), respondió en estos términos: “Esta Asamblea Nacional tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que se inicie de forma legal el proceso”.

“Una de las banderas que enarbolamos es el respeto total a la Constitución y la ley, estos casos, deben adaptarse a los preceptos constitucionales. Cuando formalmente se cumplan los requerimientos, la Cámara emitirá su decisión”, agregó Barboza, toreando la embestida de sus propios aliados.

Sofocado el conato de incendio, la agenda continuó con los dos únicos puntos previstos: sendas discusiones sobre la crisis del servicio de agua y la “problemática del resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas en el país”.

Sin voluntad

Del llamado G4 de la MUD (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), solo VP expresó públicamente su apoyo a la decisión suscrita por el TSJ en el exilio, destacando a través de un comunicado que impulsarán “en el seno de la Asamblea Nacional, a través de nuestros diputados, que sea autorizada la continuación del enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moros hasta alcanzar sentencia definitiva”.

Sin embargo, en los pasillos del Palacio Federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados “legítimos”. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición.

Para atajar a Pablo García de Vente, Barboza se refirió al artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ que reza: “Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional, aprobada por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva (…)”.

La oposición tiene las 2/3 partes (112 diputados) de la Cámara, pero este martes 10 de abril no todos estaban en sus curules. Sin embargo, hay una traba adicional que observaban algunos legisladores: la AN nombró en julio de 2017 a 13 magistrados principales y 20 suplentes, y la Sala Plena está conformada por 32 magistrados principales. Igualmente, un parlamentario resaltaba que tarde descubrieron que el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, tiene doble nacionalidad (española-venezolana), lo que le impediría ejercer como máximo juez de la República, según la Carta Magna.

Al margen de estas cabriolas legales, la principal crítica es política. Todos recordaban el famoso abandono del cargo que se aprobó durante la gestión de Julio Borges (PJ-Miranda). En enero de 2017, en contra de su voluntad, Borges tuvo que ceder ante esa propuesta de los sectores radicales que luego fue rápidamente engavetada por la mayoría de la Cámara.

Ahora los diputados no están pensando en qué hacer con Maduro, sino cómo evitar quemarse con la “papa caliente” del antejuicio de mérito. Restando dramatismo al asunto, un parlamentario indicaba que podían celebrar un debate en plenaria y remitir el texto a una comisión para su análisis.