El jefe de la Cámara, Omar Barboza, echó mano de argumentos jurídicos para postergar la discusión sobre el enjuiciamiento del presidente Maduro. En los pasillos del Palacio Federal Legislativo, diputados criticaban la iniciativa del TSJ en el exilio
El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Menos los diputados de la Asamblea Nacional, que pueden golpearse hasta tres veces. En 2016, aprobaron la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro. En 2017, votaron el abandono del cargo. Y ahora, vía Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, les cae otra pesada roca: el antejuicio de mérito.
Antes que representar una amenaza para la estabilidad del régimen chavista, el antejuicio de mérito ha servido para dejar en evidencia –una vez más- las divisiones en la oposición. Los magistrados “legítimos” no están en sintonía con la mayoría parlamentaria que los designó en julio de 2017. Por esa razón, ni la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni la propia AN han mostrado entusiasmo hacia este proceso judicial que se desarrolla en Bogotá.
Apenas olieron la fractura, los miembros de la bancada 16 de Julio –leales a María Corina Machado y Antonio Ledezma- se lanzaron a solicitar un cambio en el orden del día de la sesión de este martes 10 de abril para incluir el respaldo al antejuicio de mérito. El diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas) consignó el texto firmado por el TSJ en el exilio y planteó que se abriera un debate para avalar en enjuiciamiento de Maduro.
Haciendo gala de la cintura propia de un veterano en estas lides, el presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza (UNT-Zulia), respondió en estos términos: “Esta Asamblea Nacional tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que se inicie de forma legal el proceso”.
“Una de las banderas que enarbolamos es el respeto total a la Constitución y la ley, estos casos, deben adaptarse a los preceptos constitucionales. Cuando formalmente se cumplan los requerimientos, la Cámara emitirá su decisión”, agregó Barboza, toreando la embestida de sus propios aliados.
Sofocado el conato de incendio, la agenda continuó con los dos únicos puntos previstos: sendas discusiones sobre la crisis del servicio de agua y la “problemática del resurgimiento de enfermedades que ya estaban erradicadas en el país”.
Sin voluntad
Del llamado G4 de la MUD (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), solo VP expresó públicamente su apoyo a la decisión suscrita por el TSJ en el exilio, destacando a través de un comunicado que impulsarán “en el seno de la Asamblea Nacional, a través de nuestros diputados, que sea autorizada la continuación del enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moros hasta alcanzar sentencia definitiva”.
Sin embargo, en los pasillos del Palacio Federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados “legítimos”. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición.
Para atajar a Pablo García de Vente, Barboza se refirió al artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ que reza: “Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional, aprobada por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva (…)”.
La oposición tiene las 2/3 partes (112 diputados) de la Cámara, pero este martes 10 de abril no todos estaban en sus curules. Sin embargo, hay una traba adicional que observaban algunos legisladores: la AN nombró en julio de 2017 a 13 magistrados principales y 20 suplentes, y la Sala Plena está conformada por 32 magistrados principales. Igualmente, un parlamentario resaltaba que tarde descubrieron que el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, tiene doble nacionalidad (española-venezolana), lo que le impediría ejercer como máximo juez de la República, según la Carta Magna.
Al margen de estas cabriolas legales, la principal crítica es política. Todos recordaban el famoso abandono del cargo que se aprobó durante la gestión de Julio Borges (PJ-Miranda). En enero de 2017, en contra de su voluntad, Borges tuvo que ceder ante esa propuesta de los sectores radicales que luego fue rápidamente engavetada por la mayoría de la Cámara.
Ahora los diputados no están pensando en qué hacer con Maduro, sino cómo evitar quemarse con la “papa caliente” del antejuicio de mérito. Restando dramatismo al asunto, un parlamentario indicaba que podían celebrar un debate en plenaria y remitir el texto a una comisión para su análisis.
