Javier Alvarado archivos - Runrun

Javier Alvarado

Empresa española Ingelec pagó 2,7 millones de euros en sobornos a exministros chavistas
Entre 2009 y 2010, la empresa española Ingelec habría pagado 2,7 millones de euros en sobornos a una red dedicada a cobrar coimas a cambio de adjudicar contratos con empresas estatales venezolanas

 

La empresa española Ingelec, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos, habría pagado un monto de 2,7 millones de euros en sobornos durante 2009 y 2010 a una red dedicada a cobrar estas coimas a cambio de adjudicar contratos con empresas estatales venezolanas durante la administración de Hugo Chávez, donde están implicados los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como también el empresario Diego Salazar, primo del entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez.

Según documentos investigados por el diario español El País, Ingelec fue imputado en mayo de 2020 por un presunto delito de blanqueo de capitales, usando como plataforma el Banco de Andorra, donde se ocultó una fortuna cercana a los 2.000 millones de euros.

Diego Salazar se ve salpicado directamente porque  Ingelec transfirió el dinero a una sociedad panameña, que acabó en una cuenta del Banco de Andorra que era usada para los gastos del empresario, quien resalta como uno de los cabecillas de la trama de corrupción y que es uno de las 28 personas que están procesadas en ese país desde 2018 por integrar la mencionada red.

Los fondos de Ingelec acabaron en una cuenta en la BPA que se utilizó para abonar en 2009 gastos de alojamiento de más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París y para enviar 834.000 euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble.

Quienes investigan en Andorra sospechan de la transferencia de Ingelec y creen que la empresa depositó los fondos en una empresa usada como mampara llamada Pessons Mountains, propiedad del empresario Roberto Cobucci, quien justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec respondía a un contrato para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía pública Electricidad de Caracas.

La trama de ilícitos que se atribuyen a Diego Salazar Carreño reventó primero en España a través del blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra, en 2016. El venezolano es señalado de desfalcar a Pdvsa por más de 2.000 millones de euros bajo el cobro de comisiones y sobornos. En estas maniobras estarían involucradas otras 28 personas.

A Salazar Carreño, detenido en Venezuela desde diciembre del 2017 y quien estaría en el Sebin, se le atribuye la mediación para lograr que varias compañías chinas obtuvieran contratos con la industria estatal. En la hábil gestión, el también primo materno del exministro Rafael Ramírez, habría puesto como condición el peaje por comisiones y una ganancia neta de 10% de las transacciones.

En marzo de 2018 se descubrió que ocultó al menos 49 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra provenientes de negocios con China.

El documento señala que el empresario cobró 40 millones de euros en comisiones por servicios de consultoría e intermediación para que multinacionales asiáticas captaran adjudicaciones de infraestructuras del Ejecutivo de Venezuela.

 

 

A los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

*Vea la nota completa en El Pais.es

 

El exviceministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado ha sido citado a declarar ante la Justicia española el próximo 16 de abril por haber recibido supuestamente sobornos del grupo empresarial español Duro Felguera a cambio de contratos.

La Fiscalía española Anticorrupción apunta a Alvarado por su gestión al frente de la empresa pública Electricidad de Caracas en 2009, cuando Duro Felguera se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros.

Alvarado fue llamado a declarar en la Audiencia Nacional española, tras haber sido rechazada su solicitud de hacerlo por videoconferencia o comisión rogatoria y después de que el pasado 26 de febrero se tuviera que posponer su comparecencia al alegar problemas de salud que le impedían desplazarse a España sin sufrir “un grave riesgo vital”.

Ahora el juez remite al informe forense aportado a la causa el pasado 21 de marzo, que considera a Alvarado “un paciente médicamente estable” y descarta “contraindicaciones formales para volar”, según consta en el auto al que tuvo acceso Efe.

Por ello, le emplaza para el lunes 16 y apercibe que, de no personarse en el juzgado o justificar causa legítima que lo impida, la orden de comparecencia “podrá convertirse en orden de detención”.