impunidad

Parientes de José Palacios aseguran que el hombre estaba durmiendo en su casa cuando llegaron los funcionarios

@franzambranor

Un obrero de 30 años de edad, identificado como José Palacios, resultó muerto a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Así lo aseguraron familiares de la víctima, que se presentaron en la morgue de Bello Monte para retirar el cuerpo de su ser querido.

El crimen ocurrió el pasado 25 de enero a las 9:00 de la mañana en la calle Independencia de La Vega, en Caracas. El hombre recibió un tiro en la nuca.

Parientes del fallecido aseguraron que José estaba durmiendo en su casa cuando una comisión de las FAES se presentó en el lugar. Palacios era bachiller y en la actualidad trabajaba como obrero. Deja cinco hijos huérfanos. 

De acuerdo con las cifras de Monitor de Víctimas, durante el año pasado funcionarios de las FAES fueron responsables de un total de 117 asesinatos en Caracas.

Matan de seis disparos a un buhonero

Ese mismo 25 de enero, pero en la madrugada, fue asesinado Kleiver Alexander García Madriz. Recibió seis tiros. El hecho ocurrió en el sector Sierra Maestra del 23 de enero, en Caracas. 

Familiares de la víctima, que tenía 25 años de edad, se preguntan qué hacía el joven en ese sector, pues vivía en Monte Piedad. Aseguraron que el crimen ocurrió en plena vía pública. Desconocen cuál habría sido el móvil del asesinato.

El hoy occiso había terminado sus estudios de bachillerato y se ganaba la vida como buhonero: vendía chupetas. El hombre, que tenía cinco hermanos, deja dos hijos menores de edad. 

Lamentablemente el de él no es el primer asesinato ocurrido en su familia. Su padre, que era escolta, fue asesinado en 2014 para robarle un arma.

Los engranajes del sistema de justicia evitan investigar los abusos de derechos humanos cometidos por la Policía del país centroamericano. Los autores del crimen contra una familia en 2015 hoy están libres, participan de la represión del Estado  y son condecorados por el ejecutivo

CONNECTAS

En una pared del hogar de la familia Reyes Ramírez sobresale un collage con fotos de los hermanos José Efraín y Aura Marina, y su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo. Los tres fueron asesinados por agentes antinarcóticos la noche del 11 de julio de 2015. La imagen es el recuerdo más visible en la sala-comedor de la vivienda. “Ella (Aura Marina) traía ese vestido el día de su muerte”, recuerda Yelka Nohemi Ramírez, madre y hermana de los asesinados.

La imagen muestra al niño de saco y corbata; a la niña con un traje blanco; y a la tía con un vestido oscuro. El día de su asesinato, José Efraín tenía 11 años; Aura Marina, 12 años; y Katherine, 22 años.

La madre cuenta sin problemas detalles de la imagen, pero no quiere hablar de lo ocurrido la noche del asesinato. “Ya dije todo lo que podía decir”, se excusa. Yelka tampoco quiere referirse a lo que ha pasado años después de la masacre con los oficiales que participaron en la matanza.

Aura Marina Reyes Ramírez. \Cortesía familia 

José Efraín Reyes Ramírez. \Cortesía familia 

Según los registros oficiales, los culpables fueron 14 oficiales. Nueve fueron acusados y condenados, pero ocho de ellos siguen activos en la institución, uno en la vida civil, pese a que la sentencia estableció penas de cárcel que oscilaron entre dos y 11 años, dependiendo del nivel de responsabilidad establecido por la Fiscalía.

El jefe del operativo, el entonces capitán Zacarías Salgado, tenía una condena que finalizaría en 2026. Sin embargo, esta investigación realizada por CONNECTAS parte del especial #NicaraguaNoCalla, encontró que sigue en la Policía, y fue ascendido y condecorado por el presidente Daniel Ortega.

El abogado de los familiares, Carlos Alemán, confirmó que, cinco años después de ocurrido el crimen, el caso está pendiente de que se resuelva en el Tribunal de Apelaciones, un impasse legal que no impidió que los ocho oficiales activos recibieran promociones por el presidente Daniel Ortega.

De acuerdo con un acuerdo presidencial, publicado en la gaceta diario oficial en 2018, fueron condecorados con la Medalla al Valor “Sub Comisionado Juan Ramón Tórrez Espinoza”, por sus “acciones heroicas a riesgo de sus vidas” y por la “protección de las personas, familias y comunidades”. 

El director de la Policía (centro), acompañado del jefe de Operaciones Especiales (de negro) y el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. Foto\Tomada de la Policía Nacional

El caso más destacable para los organismos de derechos humanos internacionales fue el del capitán Salgado, que fue ascendido a comisionado en su calidad de segundo jefe de las Tropas de Intervención Rápida (Tapir), un grupo élite dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, señalado de abusos a derechos humanos. 

Es decir, Salgado, un experto francotirador, fue promovido dos rangos por encima del que tenía cuando ocurrió el crimen, lo que contrasta con la propia ley nicaragüense, que establece una permanencia mínima de cinco años en el cargo cuando se trata de capitán y otros cinco en el grado siguiente. Según eso, el jefe policial solo podría haber sido ascendido al rango de comisionado hasta el año 2025.

El comisionado Zacarías Salgado fue condecorado en 2018.  Actualmente es segundo jefe de la tropa de intervención rápida. Foto\Tomada de la Policía Nacional

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Organización de Estados Americanos para investigar los abusos cometidos en 2018, interpretó el caso de Salgado como un mensaje de apoyo a la actuación policial, lo que contrasta con que hasta ahora no se ha informado sobre “la existencia de investigaciones internas para esclarecer responsabilidades”.

Para el abogado de derechos humanos, Gonzalo Carrión, esto solo pudo ser posible por actuación conjunta de la Policía, la Fiscalía y los jueces —parcializados al FSLN— para fomentar la impunidad. “Ellos simplifican (todo el proceso) como se hacen volados (favores) entre ellos, la forma en que capturan, la forma en que investigan y la forma en que acusan y la forma en que condenan” determina el resultado del juicio, explicó.

Subrayó que el caso fue el ensayo de la impunidad policial que vendría después con lo ocurrido en la represión contra opositores en 2018 cuando, pese a los informes documentados de la OEA, no se ha investigado a nadie por las denuncias de abusos.

Oficialmente la masacre fue explicada como un error. De acuerdo al expediente judicial del caso, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional recibió la información de que en el sector de las Cuatro Esquinas, Las Jaguitas, pasaría “un importante cargamento de droga”, para lo cual los delincuentes usarían un vehículo liviano, color blanco, y una motocicleta, como avanzada.

La familia Reyes Ramírez venía de un culto evangélico en el sector de Villa Libertad y, para acortar el camino hacia su vivienda, Milton Antonio Reyes, padre de las víctimas, tomó un atajo por el sector de las Cuatro Esquinas. Ellos viajaban en un vehículo Toyota Corolla, color blanco.

El camino, en ese entonces, era de tierra, estrecho y oscuro, lo que dificultó la visibilidad de los viajeros. Además de Milton y las tres víctimas mortales, en el carro venían Yelka Nohemi; Milton Ezequiel Reyes Ramírez; de cuatro años; Axel Antonio Reyes Ramírez, de 14 años; y Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de cinco años. Los dos últimos resultaron heridos de bala.

De acuerdo a los documentos judiciales, el capitán Salgado “por imprudencia” no acató los protocolos policiales para el corte de caminos como la instalación de señales lumínicas para detener a los transeúntes como conos naranjas, bastones, chalecos o guantes fluorescentes, que permitan reconocer que se trata de policías. Sin embargo, todos los oficiales vestían “ropa oscura, cubiertos sus rostros con pasamontañas, y sin señal identificativa alguna”. 

El expediente agrega que los agentes se posicionaron en los costados del camino, divididos en tres grupos, en un tramo de 800 metros. La familia desembocó en ese sector a eso de las ocho de la noche. Salgado “en una acción disfuncional, negligente y sin control de la situación” saltó al camino, por delante del vehículo, y le hizo una señal de alto para que detuvieran su marcha, describe el sumario judicial.

“Los ocupantes del vehículo creen que se trata de un robo, continúan y aceleran su marcha. Los agentes creen que el capitán ha sido arrollado y reaccionan con disparos al vehículo, lo que sucede a lo largo del tramo”, reseña el documento. En total fueron 38 balazos. El vehículo se detuvo porque chocó con una camioneta gris.

El 22 de julio de 2015, la Fiscalía presentó la acusación contra nueve de los 14 oficiales, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, exposición de personas al peligro y daños. La causa fue radicada en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, a cargo de la jueza Alia Dominga Ampié, una judicial vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Un día después se llevó a cabo la audiencia inicial, donde los acusados admitieron los delitos y evitaron la realización de un juicio oral y público. 

Tras las confesiones, la Defensoría Pública —a cargo de la defensa de los oficiales— solicitó a la jueza que no siguiera con el juicio y valorara la admisión de hechos como un “acto a favor” de los acusados. La jueza Ampié accedió a la petición de la defensa y tomó como atenuante para imponer penas mínimas que los acusados no tenían antecedentes y la propia confesión del crimen.

La jueza leyó la sentencia el jueves 30 de agosto de 2015, sin la presencia de los familiares de las víctimas. CONNECTAS solicitó un comentario a la oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional en Managua, pero no respondieron.

Si le interesa conocer más información de este caso, ingrese a este enlace. 

#NicaraguaNoCalla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

«Licencia para matar»… guardias nacionales con armas letales en una protesta de 2017. Foto Luis Florido en Elpolitico.com.

@JoseAGuerra

Quienes siempre hemos defendido el rol de una Fuerza Armada Nacional apegada a la Constitución y las leyes, quienes hemos apoyado en la tribuna y en la acción a los integrantes de la institución militar, hoy nos consideramos asidos del derecho a criticar de forma pública acciones de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, en su rol de garantes del orden público.

Mi relación con esta institución se afianzó durante las protestas de 2017, cuando en medio de las refriegas callejeras, nos tocó mediar con oficiales a cargo de la represión, con resultados no siempre auspiciosos. Nunca olvidaré a un oficial que se tapaba el apellido tallado en su uniforme, una vez en una manifestación en el Crema Paraíso de Santa Mónica y estando Fernando Albán y un señor con muletas conmigo, tratando de que los guardias no arrojaran las bombas lacrimógenas, ese oficial impartió la orden para que nos rociaran en la cara los gases tóxicos.

Pero también viene a mi memoria un intento de llegar al BCV a entregar una carta, exigiendo que el ex instituto emisor publicara los datos; el general Fabio Zavarse, hombre incondicional al régimen, me llamó y me dijo que el único que podía pisar el BCV era yo y, a la vez, impidió que los colectivos nos agredieran. En la entrada de la Asamblea Nacional siempre compartíamos respetuosamente con los guardias que custodiaban la institución, inclusive con los más duros en materia represiva. Allí noté que el descontento estaba presente en los uniformados.

Por eso condeno las acciones de guardias nacionales en Isla de Toas, estado Zulia donde un muchacho de dieciocho (18) años, Joel Albornoz, de oficio pescador, fue asesinado por el proyectil de un guardia, ante su exigencia de gasolina para poder faenar y alimentar a su familia.

Y también el caso del señor Carlos Chaparro, en Aragua de Barcelona, que el 26 de julio de este año, fue muerto por un capitán de la Guardia Nacional por protestar ante el abuso en la distribución de la gasolina.

Y antes el caso de Geraldine Moreno, a quien un guardia le vació en la cara un cartucho de perdigones y la asesinó. Estos no son hechos aislados.

Más sobre este tema:

Guardia Nacional y derechos humanos

Leer más

Más sobre este tema:

Asesinan a joven de 19 años durante protestas en Barinas

Leer más

Por ello, parece que como compensación por la labor represiva, a la Guardia Nacional le hubiesen conferido una especie de licencia para matar. El problema para la Fuerza Armada como un todo, hoy desprestigiada, es que el pueblo no distingue entre los distintos componentes y habla de los militares, para referirse a quien tiene más presencia en la calle. Y este rechazo se ha agravado con el mercado negro de la gasolina y el tráfico de influencias, que los guardias en custodia de las bombas han hecho una práctica rutinaria. Propugnamos por una institución armada profesional, con salarios dignos, con apresto adecuado, al servicio de la nación, pero estos hechos hay que evidenciarlos. Por el propio bien de la institución.

2 de agosto de 2020.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los diputados del GPP recriminan que Juan Guaidó siga en las calles aunque se haya “autoproclamado” presidente encargado

El parlamentario del PCV, Óscar Figuera criticó que la Constituyente “no sea capaz” de disolver la Asamblea Nacional

@saracosco

Los diputados de la oposición y del chavismo coinciden con que en Venezuela hay impunidad, aunque con diferentes aristas. 

En un debate sobre la “impunidad reinante” en Venezuela, los diputados de la oposición expusieron ejemplos como el caso de los diputados del estado Amazonas, que después de cuatro años, siguen esperando por una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de una denuncia de supuesto fraude en las elecciones de 2015.

La diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) denunció que solo 1 de cada 100 delitos que se cometen en el país llega a sentencia. “Es decir, 99% de impunidad”.

“Aquella persona que es víctima de un atraco, asesinato o cualquier otro delito, no tiene ninguna esperanza de justicia”, agregó al mismo tiempo que señaló a los diputados chavistas como cómplices de esta situación. 

Los chavistas hicieron caso omiso de estas cifras y se enfocaron en hablar de otros casos que, para ellos, representan la impunidad en Venezuela. Aunque el objetivo era criticar a la oposición, los argumentos parecían ir dirigidos al régimen de Nicolás Maduro.

Óscar Figuera (PCV-Guárico) aseguró que ciertamente en el país existe un “grado de impunidad”.

“Nosotros sí creemos que hay un grado de impunidad cuando esta Asamblea Nacional está desacato, violenta la ley y la ANC no es capaz de disolverla. Para nosotros eso es un acto de impunidad”, recriminó el parlamentario.

Igualmente el diputado Gerardo Márquez (Psuv-Trujillo) señalando hacia el puesto de Guaidó, criticó que siga asistiendo a las sesiones, a pesar de “autoproclamarse” como presidente encargado. “Ha faltado la lucha férrea de la justicia venezolana”, aseguró. 

Aunque en ese momento el presidente encargado se encontraba ahí, no respondió a estos señalamientos y minutos después se retiró del Hemiciclo de sesiones.

“Como crítica fundamental, la impunidad debe tener su castigo y estoy de seguro que en los próximos días y meses, los que se equivoquen estarán tras las rejas de la justicia venezolana”, agregó Márquez desde la Tribuna de Oradores. 

SIN ÁNIMOS DE DARMELAS de jurista, que no soy, desde que comenzó a mencionarse la Ley de Amnistía, son muchos los cuestionamientos que me he hecho. No con el ánimo de condenarla; pero, sí de entenderla desde varias perspectivas. En este momento, siento que Venezuela tiene unas heridas que no han cicatrizado producto de veinte años de crueldades. Veinte años de torturas. Veinte años de desapariciones…Veinte años de muertes. Y me cuesta pensar en esa ley como la única salida. Porque no sé si, al final, esa amnistía viene a constituir una especie de ayuda humanitaria para los criminales que desgobiernan el país y de quienes, hasta ahora, no terminamos de librarnos.

En ocasiones, la veo como un señuelo que busca seducir a los culpables de que Venezuela se encuentre en la situación de indigencia en la que está. Una manera de tentarlos para que inclinen la balanza a favor de la salida del usurpador y la restitución de la democracia. Una especie de salvoconducto que les permitirá salir ilesos por el apoyo que, en su momento, les hayan brindado a estos criminales. Mas no así, como un mecanismo que los haga libre de culpas. La carga de sus crímenes, la cantidad de dinero robado, la suma de cada bala detonada que haya segado la vida de algún manifestante que solo pedía libertad, la juventud perdida en una celda de nuestros estudiantes, encarcelados solo por expresar su oposición a este régimen dictatorial, si en mis manos estuviera, deberá perseguirlos como el leit motiv de sus vidas. Perseguirlos como su sombra. Porque sus crímenes han horadado nuestras almas. Y tanta maldad, incluso ante los ojos de Dios, no puede tener perdón.

Pero, ante la posibilidad de que el régimen esté en sus días finales, los conversos deben estar barajando sus opciones para “redimir” sus crímenes y salvar el pellejo –incluso hasta salvar las fortunas acumuladas en tantos años de chanchullo y macolla. Y, hagan lo que hagan, no terminarán de convencerme de su arrepentimiento. Porque el sentido común y la moral, no pueden permanecer nubladas durante dos décadas. Somos muchos los venezolanos que esperamos ver, desde mucho antes del 23 de enero de 2019, un atisbo de arrepentimiento real, y no porque se asome una posibilidad de restablecimiento de la democracia en nuestro país; situación que los pone en riesgo de ser juzgados como cómplices de una banda criminal. Siento que sólo pidiéndole perdón a cada madre o padre que quedaron huérfanos de hijos porque sus balas acabaron con sus sueños y con sus vidas, quizá y sólo quizá, pueda, medianamente, pensar que están arrepentidos de sus delitos. Y es en esos momentos, al pensar en todas las víctimas de este régimen, cuando la amnistía se me transforma como un perdón inmerecido para dictadores, torturadores y cancerberos.

La magistrada emérita, Blanca Rosa Mármol, es de la opinión que la Ley de Amnistía, tal como está planteada, es una oferta para los verdugos; y que, en lugar de servir, como la propia ley indica, para facilitar la concordia y el restablecimiento de la paz; a su juicio, apunta a lo contrario porque olvida a los presos políticos de la oposición y a las víctimas. Para la doctora Mármol, termina siendo una oferta tentadora para los que han cometido todos estos delitos de lesa humanidad, y en una herramienta para lograr una solución que produzca la salida a lo que estamos viviendo. La Amnistía, a su juicio, debe venir después de que se establezca la justicia. Y coincido con ella cuando dice que, en Venezuela, para que haya paz, primero debe haber justicia. Porque en el país hay demasiadas víctimas, demasiadas torturas, demasiadas detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, que siguen impunes y esperando castigo severo para los culpables.

También es importante que recordemos que, si bien la Ley de Amnistía elimina el delito, no condona los de lesa humanidad. Impedir el ingreso de ayuda humanitaria al país, para evitar que sigan muriendo nuestra población, es un delito de lesa humanidad. Y el mundo entero es testigo y sabe el nombre de quien lo comete. Que un concierto de países quiera enviar recursos para salvar la vida de quienes mueren de hambre o por falta de medicamentos, y el régimen se niegue a recibirla por considerarla injerencia en los asuntos internos, deberá convertirse en la prueba contundente que lo condene. Porque, somos una nación con heridas muy profundas. Y cuando se ha convivido por veinte años con tantas muertes, tantas desapariciones, tanto dolor, es muy difícil incorporar al léxico la palabra perdón…mucho menos olvido.

@mingo_1 

26 AÑOS DESPUÉS, LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL RETÉN DE CATIA entre el 27 y 29 de noviembre de 1992, no han logrado esclarecerse con exactitud. De hecho, no existe aún ningún responsable sancionado por la masacre en la que murieron, aproximadamente, 63 personas.

En realidad, existen dos versiones sobre los sucesos acaecidos en el internado judicial de Los Flores. La primera señala que, al conocerse, a través de los medios de comunicación, la noticia del intento de golpe de Estado contra el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, los guardias del retén abrieron las puertas de las celdas y anunciaron a los reclusos que quedaban en libertad. Esperaron la salida de los internos y de inmediato empezaron a disparar contra ellos.

La segunda versión se basa en un informe emitido por la jefatura de Servicios del Retén de Catia, en el que se señala que a las 6:10 a.m. del 27 de noviembre de 1992 “se informó a la Jefatura del Régimen que los internos de los Pabellones del Ala Sur 4 y 5 rompieron los candados, se produjo un motín y de inmediato los funcionarios de la guardia dispararon a los internos”.

Más allá de las dos versiones, los acontecimientos, finalmente, derivaron en la muerte de, aproximadamente, 63 reclusos, causaron heridas a 52 personas y la desaparición de otras 28. Las investigaciones que se iniciaron en su momento no pudieron establecer la cifra total de las víctimas, y los informes que circularon fueron confusos y contradictorios.

Hoy en día, 26 años después, solo puede concluirse, de acuerdo con la versión de testigos, que la situación de violencia en el Retén de Catia se resolvió con la intervención masiva de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, cuyos funcionarios dispararon indiscriminadamente armas de fuego en contra los internosy lanzaron, con igual desproporción, gases lacrimógenos.

Varios de los testimonios de los reclusos sobrevivientes y de funcionarios penitenciarios confirman los hechos. Según un informe del Sub Comisario Jefe de la División de Orden Público de la Policía Metropolitana, en el cual consta “la Relación de Armamento Largo que fue entregado en el Parque de Armas de la Brigada Especial el 27 de noviembre de 1992 y una relación del Personal (con jerarquías y número de placas) que laboró ese día en el Retén de Catia y sus alrededores”, en el operativo participaron 485 agentes de la Policía Metropolitana, quienes portaban 126 armas de fuego identificadas con su serial y tipo de arma. Las pruebas de balística realizadas por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los proyectiles encontrados en los cuerpos de los internos, así como los orificios de entrada y salida en los cadáveres, comprobaron que las muertes se produjeron a consecuencia de impactos de bala realizados con armas de similares o idénticas características a las utilizadas por la fuerza pública.

En varios de los protocolos de autopsia referidos a los cadáveres encontrados en el Retén de Catia, la trayectoria de las heridas evidenciaba que algunos de los reclusos fueron ejecutados por la espalda o el costado.

El Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar de manera oportuna y eficaz los procedimientos y medicinas necesarios para la atención de las personas heridas a consecuencia de los hechos. La actuación de la Guardia Nacional, así como de la Policía Metropolitana y la Guardia carcelaria durante las primeras 24 horas de ocurrencia de los hechos, no fue verificada por ninguna autoridad civil. A las autoridades del Ministerio Público que acudieron a las instalaciones del Retén les fue impedido el ingreso por la Guardia Nacional, por una supuesta falta de seguridad.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 1992 cientos de reclusos fueron trasladados del Retén de Catia a la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico), al Internado Judicial Capital El Rodeo (Guatire) y al Centro Penitenciario de Carabobo (Valencia). Los traslados se efectuaron sin informar a los familiares de los internos sobre su paradero.

Los familiares de los internos trasladados desconocían no solo su paradero, sino sus condiciones generales. Previamente, las autoridades mantuvieron a los internos por varias horas en los patios del Retén, los obligaron a permanecer desnudos y en posiciones incómodas. Los diversos reportes oficiales no determinaron con exactitud el número de reclusos trasladados. Por ende, tampoco fue posible determinar cuántos internos fueron desaparecidos.

Pese a la impunidad que caracterizó el caso, familiares de las víctimas, con apoyo de COFAVIC, presentaron en 1996 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en el año 2005, la Comisión presentó demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que publicó su sentencia el 5 de julio de 2006. En el fallo se estableció la responsabilidad del Estado venezolano en los sucesos del Retén de Catia, determinó las reparaciones pecuniarias, obligó al Estado a investigar los hechos y a mejorar la situación de las cárceles venezolanas.

En la sentencia también se ordena la adecuación de la legislación interna, a los estándares internacionales, sobre uso de la fuerza y la implementación de un cuerpo de vigilancia penitenciaria de carácter civil.

Sin embargo, la situación en las cárceles no ha mejorado, por el contrario, se ha profundizado la militarización, hay hacinamiento, dificultad en el acceso a alimentación y a medidas de protección de salud mínimamente adecuadas.

A continuación, los nombres de las víctimas, cuyos casos fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aparecen en la sentencia:

Alexis Antonio Martínez Liebano

Benjamín Eduardo Zerpa Rodríguez

Deyvis Armando Flores Velásquez

Edgard José Peña Marín

Franklin Antonio Armas González

Gabriel Antonio Figueroa Ramos

Henry Leonel Chirinos Hernández

Inocencio José Ruíz Durán

Jaime Arturo Henriquez Rizzo

Jesús Rafael Navarro

José León Ayala Gualdrón

Juan Carlos Saavedra Rincón

Marcos Nerio Ascanio Plaza

Nancy Ramón Peña

Néstor Gavidia Velásquez

Pedro Ricardo Castro Cruces

Víctor Jesús Montero Aranguren

Wilcon Alberto Pérez Santoya

«Este joven estudiante, desarmado, es violentado al extremo, mientras le oprimen los ojos, le bajan los pantalones, y uno de los guardias sonríe», señala HRW, ONG de DD. HH. Foto Alí en análisislibre.org

¿Cómo podemos aspirar a que efectivos militares se comporte bien, si gran parte de la sociedad civil de la cual son miembros anda por caminos extraviados? Esto es particularmente grave en el caso de la Guardia Nacional, cuyos integrantes disfrutan de relativa independencia y son fácil presa de sobornos, contrabando y narcotráfico. Además de su proximidad política por el contacto con el ministerio de Relaciones Interiores, gobernadores y alcaldes.

La Guardia Nacional tuvo su origen en 1937. Inicialmente era respetada. La siguiente anécdota ilustra la rectitud de sus primeros días: siendo director el teniente coronel José Briceño Machado, su ayudante le presentó el presupuesto en el que había un faltante de Bs. 0,25, por lo cual el director lo rechazó y ordenó que los buscara “porque las cuentas se reciben y se entregan completas”.

Siempre con la complacencia de los ministros de la Defensa y de sus comandantes generales.

Más sobre este tema:

Crímenes sin Castigo | Una nueva etapa para la FAN, por Javier Ignacio Mayorca

Leer más

En organizaciones piramidales como la Fuerza Armada, de la cual la Guardia Nacional es uno de sus componentes, priva la consigna de “superior que manda y subalterno que obedece”. Como principio general ello es válido, porque si un soldado piensa si debe o no obedecer una orden , la FA se derrumba. Sin embargo, hoy los derechos humanos tienen importancia primaria y ningún subalterno debe obedecer órdenes que los violen.

Es lícito que, acatando órdenes del presidente de la República, los guardias utilicen gases y perdigones para dispersar una manifestación violenta. Si esta es pacífica, el delincuente es el presidente, ya que existe el derecho a manifestar. Los guardias cometen delito si utilizan armas de fuego y disparan las bombas lacrimógenas al cuerpo, en medio o detrás de la manifestación, así como perdigones, con la intención de causar daño. Esto sucede en casi todas las manifestaciones desde el 2002.

Varios son los ataques feroces a ciudadanos indefensos. Los del 27 de febrero del 2004, los del 2014 y 2017 fueron particularmente violentos en Caracas, Mérida, San Cristóbal y Barquisimeto. Según Informe Anual de Provea 2015, en ese año guardias nacionales asesinaron a 25 ciudadanos y el Ejército a 11. El Informe 2016 reseña que la Fuerza Armada fue responsable de 66 asesinatos.

El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señala que “entre el 1 de abril al 31 de julio del 2017 hubo 124 asesinados durante protestas, 46 de ellos por miembros de cuerpos de seguridad, 27 por colectivos armados y 51 no establecidos”, además denuncia el encubrimiento por parte de los mandos de la Guardia y del Fiscal espurio Tarek Williams para impedir el enjuiciamiento de los presuntos culpables.

Más sobre este tema:

Informe Bachelet y la FAN, por José Guerra

Leer más

La Fundación Justicia, Solidaridad y Paz del Estado Lara presentó un informe muy completo de los atropellos de guardias nacionales que actuaron directamente y en complicidad con paramilitares rojos, entre febrero y setiembre del 2014 en ese estado. Señala torturas a mujeres en el Destacamento 47.

Hoy se cumplen 15 años de una de  las acciones más abominables cometidas por guardias nacionales, quienes en horas de la madrugada agredieron a residentes en el campo petrolero de Los Semerucos, en Falcón. Entraron al campo con gritos de guerra para atacar al «enemigo» integrado por niños, madres, abuelas y padres de familia. Lanzaron lacrimógenas dentro de las casas y repartieron peinillazos. Amenazaron con violar a las mujeres. Lesionaron a diecinueve residentes, entre ellos varias damas, 36 niños sufrieron asfixia y 26 ciudadanos fueron detenidos.

Además de los citados informes, los demócratas agradecemos los elaborados por el Foro Penal Venezolano, Human Rights Watch, Control Ciudadano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sin Mordaza, Cofavic, Venezuela Awarness, Centro de Estudios para América Latina (Casla). En los mismos, en varios libros y en la prensa se proporcionan los nombres de víctimas y victimarios.

La Guardia Nacional es una organización necesaria. No puede eliminarse, sino depurarse profundamente y aplicar sanciones severas a los culpables. Por no plegarse al régimen, numerosos oficiales de la misma están o han estado presos o exiliados, muchos fueron dados de baja y otros la solicitaron para no ser cómplices. Todos sus comandantes generales desde el 2002 deben ser investigados, así como los comandantes de los CORE y de destacamentos en las áreas donde se violaron los derechos humanos.

Como (había) en botica

* En Pedraza, Barinas, existió el Instituto Tecnológico Simón Bolívar, fundado por Luis Marcano Coello dentro del esquema de los Colegios del Mundo Unidos. Formó unos mil profesionales  de Venezuela y de 42 países,todos becados. Fue un ejemplo de educación para el trabajo agrícola. Luis Marcano González nos recuerda que hace siete años el INTI se apropió sin indemnización de todos los activos. Los bárbaros rojos acabaron con ese novedoso modelo  

* ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddieramirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Nota actualizada el 2 de agosto de 2020.

EL FORO DEL MONITOR DE VÍCTIMAS LLAMADO “¿Qué derechos? Una aproximación a la violencia policial en Caracas” tuvo lugar la tarde de este jueves 19 de julio de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. de la UCAB (sede Montalbán). Todo en el marco de la inauguración de la exposición fotográfica “Código 62: Retratos contra la impunidad”, a cargo del fotoperiodista Gabriel Osorio.

Código 62 muestra los efectos “desgarradores e irreverentes de las políticas de mano dura sobre las familias venezolanas, en su mayoría de los sectores más vulnerables y excluidos. A través de retratos y relatos, esta exposición habla de una realidad que pretende ser ocultada por el mismo Estado responsable, pero también… es un homenaje a la valentía de Orfavideh –Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos-”.

La actividad, en consecuencia, responde a la iniciativa de Caracas Mi Convive, movimiento socio-cultural que busca generar y articular organización comunitaria para prevenir la violencia y construir una ciudad de convivencia. Todo bajo la dirección de Roberto Patiño —su cofundador, además miembro del partido Primero Justicia— en alianza con Orfavideh.

El evento contó con las intervenciones de Santiago García, coordinador de los proyectos “Vamos, Convive” y “Monitor de Víctimas”; Juan Francisco Mejías también de “Monitor de Víctimas”;  Verónica Zubillaga, socióloga experta en temas de violencia; y Lorena Meléndez, periodista de investigación de Runrunes.

La  profesora Zubillaga dio a conocer el estatus más reciente de los operativos militarizados en la era post Chávez; gracias a un trabajo de investigación que la ONG Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), donde ella funge como principal vocera, ha estado llevando a cabo de la mano con Caracas Mi Convive.

Los cimientos de este sondeo, según la profesora Zubillaga, datan del año 2017, cuando la entonces Fiscal General de la República (Luisa Ortega Diaz) denunció la ruptura del hilo constitucional; alegando que solo en el 2016 alrededor de 21 752 personas murieron de manera violenta. Y, de esa cifra, 4 667 cayeron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Lo que indica que este último, el Estado, fue responsable del 21% de las muertes, en un escenario donde los asesinatos se comenten, en 87% de los casos, con armas de fuego. Una de las proporciones más elevadas en América Latina, después de Puerto Rico.

Con relación a la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, la especialista expresó que, en principio, con la Comisión Nacional de la Reforma Policial lo que se buscaba era crear un cuerpo de seguridad que respetase los derechos humanos y se abstuviese al uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, y así lo hizo saber la socióloga, lo que se observa hoy es un cambio si se quiere hasta simbólico; porque pasaron de tener un uniforme beige a una vestimenta gris, de camuflaje, que deja entrever un conjunto de acciones criminales, de guerra. Esto, de acuerdo a lo dicho por la experta, está relacionado con un desplazamiento de la seguridad ciudadana por la imposición de un paradigma de la seguridad militar; donde precisamente los militares tienen un papel fundamental.

La profesora Zubillaga aclaró, además, que para comprender la violencia que se vive hoy es necesario señalar al Estado como un actor protagónico causante, por supuesto, del proceso de militarización de la seguridad ciudadana que se exacerbó con la llegada al poder del actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

La militarización es pues un mecanismo que garantiza la soberanía estatal en un contexto donde la escasez, la hiperinflación, la baja de los precios petroleros y un sinfín de precariedades están a la orden del día; sin dejar por fuera las históricas redadas policiales en los barrios, sucesos que se pueden comprender mejor si se clasifican en dos fases.

La primera puede denominarse “Punitivismo carcelario”, que inicia a partir del año 2010 con una nueva ronda de operativos militarizados que le dieron pie a las operaciones “Madrugonazo al Hampa” y “Patria Segura”. Y la segunda se cataloga “Matanza Sistemática”, que junto a data dura e información compilada de discursos que han dado funcionarios, así como estadísticas arrojadas por el Ministerio público y visitas a las comunidades afectadas por los operativos policiales, ha permitido entender la dinámica que rige el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Lorena Meléndez, por su parte, presentó el estudio “OLP: La Máscara del Terror en Venezuela”, que se alzó con el premio del Concurso de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela; y así explicó cómo funcionaban los operativos que contaban con la participación de policías y militares, quienes poseían en su haber carros blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y “máscaras de la muerte”.

La investigación, en ese sentido, arrojó que los “colectivos” eran quienes ejecutaban a los presuntos delincuentes, para tomar el control de determinados territorios. Y de esta manera, según Santiago García, liberarlos. “Se trata de una lógica muy básica: si los criminales están armados, nosotros tenemos que amarnos. Si los criminales son violentos, nosotros tenemos que ser violentos… Es la típica frase ´plomo al hampa´”, agregó García en aras de contextualizar a la audiencia presente.

Meléndez mencionó que las OLP actuaban de madrugada, en medio de la oscuridad; ingresaban forzosamente a la propiedad privada; sometían y aterrorizaban a los habitantes, con tratos crueles y degradantes; maltrataban a los familiares de las víctimas; y hasta robaban y destruían propiedades e inmuebles.

¿Pero cuál eran los objetivos de las OLP que la propaganda gubernamental difundió? La periodista señaló que, para el Estado, estas operaciones no solo tenían el fin último de combatir la delincuencia, sino también las acciones de aquellas organizaciones paramilitares que ellos relacionan con la oposición y —por extensión— vincularon con delitos que iban desde la extorsión hasta el contrabando de extracción.

Mélendez, así mismo, indicó que —por ejemplo— en algunos de estos operativos realizados en las Misiones Vivienda se llegaron a incautar alimentos; porque se consideraba que si una familia tenía más de cierto número de productos, incurría en actos contrabandistas. Es decir, eran unos “bachaqueros”.

Por lo que “estas operaciones lo que buscaban eran sembrar el terror en los ciudadanos de las zonas más pobres, porque eran operativos que se daban dentro de las zonas populares… de cada Estado”, acotó Meléndez. Además afirmó que en dos años las consecuencias de estos hechos se pueden traducir en 44 masacres, de las cuales solo se han registrado 4 funcionarios fallecidos. Lo que ha abierto, a la fecha, 1 074 investigaciones contra oficiales de seguridad.

La exposición fotográfica, valga acotar, permanecerá en el piso 3 del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. hasta el 30 de septiembre de este año; y Caracas Mi Convive continuará organizando actividades que no buscan más que una denuncia clara a la impunidad y a la violencia.