Este lunes, 27 de febrero, la ONG Cofavic denunció que a 35 años de los sucesos del Caracazo aún no hay un solo funcionario condenado por las muertes y lesiones causadas a cientos de civiles que se oponían a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
La ONG Cofavic, que desde 1989 se ha encargado de defender y acompañar a personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, denunció a través de su cuenta en X, antes Twitter, que «tal impunidad sigue amparando la violenta represión a civiles en Venezuela».
El Caracazo fue una serie de protestas, disturbios y saqueos que comenzaron en Guarenas y se extendieron a Caracas en los meses de febrero y marzo. Según cifras oficiales se reportaron 276 muertos; sin embargo, datos extraoficiales reportaron unos 3000 fallecidos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional.
En su cuenta en X, Cofavic destacó una vez más que, a pesar de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,ningún funcionario involucrado en estos sucesos ha sido condenado o juzgado.
A pesar de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no hay un solo funcionario condenado por las muertes/lesiones causadas en 1989 durante el #Caracazo. Tal impunidad sigue amparando la violenta represión a civiles en Venezuela #Cofavic35pic.twitter.com/HK0xfIdOQu
Cofavic recordó que lo que ocurrió durante el Caracazo (el uso desproporcionado de la fuerza pública contra civiles) es, precisamente, ·lo que hasta nuestros días ha seguido cobrando víctimas tanto en manifestaciones y marchas, como en operativos de seguridad ciudadana».
Lo que pasó durante el #Caracazo (el uso desproporcionado de la fuerza pública contra civiles) es, precisamente, lo que hasta nuestros días ha seguido cobrando víctimas tanto en manifestaciones y marchas, como en operativos de seguridad ciudadana.
Este mes 📌#Cofavic35pic.twitter.com/YmURo5ac1i
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional (AI), utilizó la misma red social para recordar que, a 35 años de los sucesos, los familiares de las víctimas aún esperan que se haga justicia. «No más impunidad», exigió.
«A 35 años del Caracazo, el gobierno aún mantiene deudas sin saldar, víctimas sin justicia y políticas sin transformaciones estructurales que garanticen los derechos humanos de todas las personas. Familiares y víctimas esperan por verdad, justicia y reparación», se lee en un video que acompaña la exigencia de Gómez.
35 años después de El Caracazo las familias de las victimas continúan esperando justicia
Por su parte, la ONG Provea también recordó otro aniversario del Caracazo y aseguró que en Venezuela continúan las violaciones a los derechos humanos y «sigue reinando la impunidad».
Hoy #27Feb se cumplen 35 años de “El Caracazo”, explosión social que dejó centenares de muertos, decenas de heridos y víctimas del terror de la represión del Estado venezolano.
A 35 años continúan las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
La evaluación cuantitativa, incluyen gobernanza irresponsable, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental
Venezuela integra el top 15 de los países con mayor impunidad en el mundo, según el ranking elaborado por el Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs.
El “Atlas de la Impunidad” ubica a Venezuela en el puesto 11 de entre 163 países con mayor impunidad en todo el mundo. Solamente superada por Chad, Congo, Burundi, Irak, Sudán, República Centroafricana, Birmania, Yemen, Siria y Afganistán.
La evaluación cuantitativa, incluyen gobernanza irresponsable, abuso de los derechos humanos, conflicto y violencia, explotación económica y degradación ambiental.
“La impunidad es el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte, en su forma más descarnada, en la comisión de delitos sin castigo. En pocas palabras, la impunidad es la idea de que ‘la ley es para los tontos’, una noción que los líderes de derechos humanos temen que esté en aumento en las instituciones políticas de todo el mundo”, explican los creadores del Atlas.
Los países con la mejor evaluación, es decir con menos impunidad, son Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Alemania.
A través de varios videos difundidos por las redes sociales, Jonathan Pernía exige que la muerte de la niña no quede impune
Este martes, 6 de diciembre, Jonathan Pernía, padre de Michel Pernía Sánchez, la menor que falleció porque la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió el paso a Colombia en la ambulancia que la trasladaba, exigió que se investigue el caso.
«Han pasado 6 días desde la muerte de mi hija y nadie nos ha llamado. Ni el fiscal, ni el CICPC, ni el Alcalde, ni el gobernador Freddy Bernal. Aquí no investigan nada», dijo Pernía.
A través de varios videos difundidos por las redes sociales, Jonathan Pernía exige que la muerte de la niña no quede impune.
«Le pido al señor Freddy Bernal que me reciba y me dé respuestas sobre el caso. Señor Gobernador, aspiro y espero que me reciba», dijo.
Habla el padre de Michel Sarahí Pernía Sánchez (5), la niña fallecida en el puente Unión de Boca de Grita: "Han pasado 6 días desde la muerte de mi hija y nadie nos ha llamado. Ni el fiscal, ni el CICPC, ni el Alcalde, ni el gobernador Freddy Bernal. Aquí no investigan nada". pic.twitter.com/spKWaoXIrM
IMPUNIDAD EN LA MUERTE DE NIÑA DE 5 AÑOS? hoy hablé con Jonathan Pernía Daza, el padre de Michel Sarahí Pernía Sánchez (5) quién murió el 30/11/22 en el puente internacional Unión en Boca de Grita, estado Táchira, luego que la GNB no dejara pasar la ambulancia hacia Colombia. pic.twitter.com/nTyKPOzpoX
Jonathan Pernía comentó que su esposa, con la niña y una cuñada, arribaron en la ambulancia al Punto de Control del puente La Unión, Boca de Grita, municipio García de Hevia, en la madrugada del 30 de noviembre.
«En ese momento fue cuando el guardia le dijo que no podían pasar la ambulancia para aquel lado, hacia Colombia, porque no tenían la orden», contó el padre.
Por la negativa de la GNB, los familiares decidieron desconectar a la niña, bajarla de la ambulancia y trasladarla en una carretilla de madera.
«Cómo la van a dejar pasar… En una carrucha, como dice la gente, como un bulto de papa… Eso era innecesario», criticó el padre.
Asimismo, dijo que ya habían cruzado el puente cuando la niña falleció por falta de oxígeno: «Llegamos al puesto de salud cuando la doctora la revisó y me dijo que la niña ya no tenía signos vitales».
«Entonces, mi esposa se regresó con mi cuñada con la niña montada en la carretilla hasta Boca de Grita», relató Pernía Daza.
Freddy Bernal: era sentido común dejar pasar la ambulancia
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó este 6 de diciembre que se abrirá una investigación sobre el caso.
“Se está abriendo una investigación para saber qué pasó. Yo sé que no está regularizado el paso, pero según mi opinión, hay cosas de sentido común. Estoy seguro que si hubiesen pedido el permiso, lo hubiésemos autorizado”, dijo Bernal en rueda de prensa.
Bernal indicó que, al tratarse de una emergencia, más allá de la formalidad, los militares del puesto fronterizo debieron llamar para solicitar la autorización.
“Hay que hacer, incluso, más allá de la formalidad. Y, desde ese puesto fronterizo, no les costaba nada informar al general Rosales, que estoy seguro me hubiese informado a mí, y hubiésemos autorizado el paso. Este tipo de cosas no pueden volver a pasar”, comentó.
En lo que va de 2022 se han registrado un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato
Este miércoles, 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) recordó que en Venezuela las agresiones contra los periodistas están signadas por la impunidad.
El Ipys señaló que los periodistas en ejercicio de su profesión están expuestos a vulneraciones como los ataques y las agresiones, las amenazas y los hostigamientos, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos.
«Un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato se documentaron en Venezuela entre enero y el 27 de octubre de 2022″, resaltó el informe.
Al momento de mencionar a los principales victimarios de las vulneraciones ocurridas en el país en lo que va de año, destacan los simpatizantes oficialistas (con 20 casos), los cuerpos de seguridad del Estado (14), las alcaldías y dependencias (10), desconocidos (10) y el Legislativo nacional (07).
El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas se honra desde 2013. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de ese año para subrayar la relevancia que tiene el hacer justicia en casos en los que comunicadores sociales se vieron afectados.
Tamara Taraciuk instó a los líderes latinoamericanos a que independientemente de dónde se ubiquen en el espectro ideológico, deben unirse para lograr la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela
Este jueves, 25 de agosto, Tamara Taraciuk Broner, subdirector para las Américas de Human Rights Watch aseguró en un artículo de opinión para Americas Quarterlyque no es el momento de que la comunidad internacional reduzca el escrutinio del gobierno de Maduro.
La subdirectora de HRW hace referencia específicamente a la presión externa que debe ejercerse por parte de los organismos defensores de los derechos humanos especialmente en los casos de presos políticos venezolanos.
«Las autoridades venezolanas continúan hostigando y enjuiciando a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para abordar las emergencias humanitarias y de derechos humanos», aseguró Taraciuk.
La subdirectora de HRW afirmó que en Venezuela la impunidad es la norma, por lo que la responsabilidad internacional sigue siendo tan importante en estos casos. Taraciuk señaló como un gran acontecimiento la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en noviembre pasado, de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«Por primera vez, las víctimas pudieron ver progresos para que sus abusadores rindieran cuentas por sus delitos. No es sorprendente que las autoridades venezolanas le pidieran que pospusiera su investigación, alegando ′voluntad genuina′ de investigar los abusos ellos mismos. Pero el fiscal quiere rechazar la solicitud y seguir adelante con su investigación», indicó.
Renovación de la Misión
Según explica Taraciuk, las autoridades venezolanas han emprendido una estrategia de «compromiso aparente, pero no genuino», con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos, como lo hicieron durante la renovación del mandato anterior, intentando demostrar que la misión es innecesaria.
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM), designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, concluyó en dos informes condenatorios que había motivos suficientes para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
La Misión presentará su tercer informe en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 12 de septiembre. Este será su informe final, a menos que el consejo extienda el mandato con una mayoría de votos.
«Deberían repetir su liderazgo porque las autoridades venezolanas solo cederán terreno si persiste el escrutinio internacional. La renovación del mandato de la misión permitirá a los expertos continuar con un trabajo crucial, complementando el trabajo de la CPI y otros mecanismos internacionales», afirmó la subsecretaria.
Elecciones presidenciales
Sobre las venideras elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2024, Taraciuk aseguró que la represión podría aumentar a medida que avanza la temporada de campaña.
«La misión puede desempeñar un papel esencial de alerta temprana y evitar nuevas restricciones en el espacio cívico, la libertad de expresión o asociación y la represión de la disidencia», dijo.
La subdirectora de HRW instó a los líderes latinoamericanos a que independientemente de dónde se ubiquen en el espectro ideológico, deben unirse para lograr la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está asesinando a mansalva su presente
Venezuela se ha caracterizado históricamente por la implementación de operativos policiales que buscan abordar la violencia y que progresivamente resultan en violaciones de derechos humanos.
La “Operación Vanguardia” en el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974); el “Plan Unión” en la presidencia de Luis Herrera Campíns (1981); el “Acto Seguridad 84” implementado en la gestión de Jaime Lusinchi (1984-1989) o la creación, en los años 90, de los grupos de la Policía Metropolitana, conocidos como “Pantanero” y “Fénix”. Todos fueron planes de seguridad donde, en teoría, se buscaba prevenir y disminuir la violencia. Pero existieron denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a civiles, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza letal.
Durante esos años, según cifras del Ministerio Público y otras fuentes, hubo una tasa promedio de letalidad policial que se mantuvo por debajo de 4 asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad por cada 100.000 habitantes.
Estas cifras se elevarían de formas alarmantes luego de 1999, con la elección presidencial de Hugo Chávez: luego de su toma de poder, el país empezaría un proceso de cambios estructurales a nivel institucional, político y socioeconómico. En el marco de la prevención y reducción de violencia, el foco del gobierno de Chávez fue, en los primeros años, brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables y limpiar a los cuerpos policiales de las creencias colectivas de represión y abuso que arrastraban de décadas pasadas, resultando en una limitación de funciones y capacidades de actuación de estos (Briceño León, 2007).
Letalidad policial como política de Estado
Esto resultó en un ascenso de los índices de impunidad y de violencia homicida en el país −en específico en los años 2005 y 2006−: mientras que para 1998 por cada 100 homicidios había 118 arrestos, entre 2006 y 2009 hubo 8 arrestos por cada 100 homicidios. Naturalmente, se pensaría que estas limitaciones resultarían en instituciones policiales menos violentas y más mesuradas en términos de fuerza letal. Paradójicamente, la realidad fue que para el año 2003 hubo un aumento significativo en las tasas de letalidad policial (9 homicidios de la policía por cada 100.000 habitantes) y que, si bien en años posteriores disminuirían, Venezuela empezó a figurar entre los países con mayores índices de violencia policial de la región.
Ante esto, la respuesta de las autoridades de justicia fue la creación, en 2006, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL). Esta iniciativa buscaba proponer una reforma integral de la legislación en materia de seguridad y establecer la preservación y protección de la vida como objetivo fundamental. Sin embargo, ni los altos cargos de gobierno ni los cuerpos policiales adoptaron dichas recomendaciones, por lo que su implementación no tuvo el impacto esperado.
En el año 2008, el expresidente Chávez −a través de leyes habilitantes− realizó un decreto con rango valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, marcando así el nacimiento del nuevo modelo policial basado en la reforma. Para ese año, PROVEA registraría un aumento de 146 % en el número de personas asesinadas por policías o militares con respecto al 2007.
Posterior a la primera década del siglo XXI, caracterizada por el intento de reforma y los aumentos de las cifras de letalidad policial, en el año 2010 se implantaría un nuevo operativo policial con la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), el cual iniciaría un proceso de encarcelamiento masivo, dejando como consecuencia un incremento significativo en la población carcelaria que pasaría entre los años 2009 y 2011 de 30.483 reclusos a más de 50.000; la mayoría de los casos siendo jóvenes de sectores vulnerables entre 18 y 29 años arrestados por crímenes menores como consumo o microtráfico de drogas.
La saña de las OLP
El año 2015 se caracterizaría por el inicio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuales eran operativos policiales compuestos por diferentes instituciones policiales que, en teoría, buscaban luchar contra el crimen y las guerrillas, pero en la práctica incursionaban en sectores populares y cometían violaciones de derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza traducido en ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Las OLP se diferenciaron de otros operativos policiales antes implementados en términos de letalidad policial, superando a todos en cifras y extensión. Esta transformación de una política dedicada a encarcelar masivamente a una donde la letalidad policial aumentó de forma dramática está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder (Zubillaga y Hanson, 2018)
La letalidad policial está relacionada directamente con la necesidad de preservar la hegemonía del grupo de poder.
Y llegan las FAES
Según investigaciones del Ministerio Público de aquel momento, las OLP dejaron un saldo de 505 homicidios entre julio del 2015 y marzo del 2017. Si bien las denuncias de múltiples organismos internacionales y ONG locales obligaron a la administración de Maduro a desmantelar las OLP, el gobierno mantuvo la misma dinámica de represión y coacción a través de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad denominado como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en abril del 2016 y presentado en julio 2017 por el presidente Nicolás Maduro.
Según cifras de Monitor de Víctimas, desde al año 2017 −año de creación de las FAES− hasta el 2021 se han registrado un total de 1513 casos de letalidad policial en el Área Metropolitana de Caracas, lo que supone el 36 % del total de homicidios en esos 4 años. De estos, 708 corresponden al accionar de las FAES.
Las cifras de letalidad policial en Venezuela no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión.
Este uso excesivo de la fuerza en operativos policiales es una práctica que se remonta a décadas pasadas de la historia del país. Sin embargo, las cifras actuales no tienen precedentes en términos de cantidad y extensión. El deterioro institucional, las limitaciones formativas y las políticas de intimidación han configurado un contexto donde parece que la violencia policial la única forma de contención para la delincuencia y la seguridad en el país, afectando directamente a los jóvenes de las zonas más populares de la ciudad, privándolos del progreso y libre desenvolvimiento, quitándoles las posibilidades y creando un contexto de miedo permanente en las comunidades.
El poder del miedo
La actual crisis de seguridad en el país, caracterizada por las múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no es más que el reflejo de una política de seguridad ciudadana que busca sedimentar, a través del miedo y el silencio, el control del gobierno de forma prolongada.
Si bien en décadas pasadas ya existía la presencia de operativos policiales que violaban derechos humanos, las cifras se han incrementado de forma dramática, sin mayor pena o vergüenza, con el fin social de coaccionar y erradicar las expectativas de las poblaciones más vulnerables del país.
Que los jóvenes sean las principales víctimas y los policías los principales victimarios establece un contexto donde los jóvenes de zonas populares crecen con el miedo de ser ejecutados de forma espontánea por la policía. Esto crea un sentimiento de desconfianza generalizado y promueve estrategias de resguardo, como emigrar a temprana edad sin estudios que los respalden o la inclusión en organizaciones criminales que les hagan frente.
Está comprobado que las políticas de “mano dura” no previenen ni reducen la violencia de forma efectiva. Más bien sedimentan los ciclos de violencia, creando una narrativa colectiva de desconfianza en las instituciones de justicia del país. El abordaje de la violencia debe ser coherente, tomando en cuenta los factores estructurales que promueven el involucramiento de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, en actividades delictivas.
La falta de oportunidades, los pocos incentivos a estudiar y las limitaciones de ingreso que padece la gran mayoría de las familias venezolanas, son algunas de esas limitaciones; un país sin oportunidades, que asesina a sus jóvenes y que crea un sentimiento generalizado de desconfianza en las instituciones, es un país que está condicionando negativamente su futuro y asesinando a mansalva su presente.
Según IPYS, la impunidad en los crímenes contra periodistas también se ha impuesto
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) que, entre que enero y octubre de este año, se han registrado 110 agresiones y ataques contra trabajadores de la prensa en el país.
Así lo informaron a propósito de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Brindar seguridad y protección a los periodistas en el desempeño se sus funciones se ha vuelto un tema relevante en los últimos años.
De acuerdo con el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco, más de 1.200 trabajadores de la prensa perdieron la vida en todo el mundo entre 2006 y 2020. La instancia agrega que 9 de cada 10 de estos casos de homicidios continúan impunes.
En el caso de Venezuela, según IPYS, la impunidad en los crímenes contra la prensa venezolana también se ha impuesto.
Entre enero y octubre de 2021, la organización contabilizó 110 violaciones por hechos vinculados a agresiones y ataques contra trabajadores de la prensa, 64 por discurso estigmatizante, 11 detenciones arbitrarias, y tres desapariciones forzadas.
Además, señalan que en el año 2020, se documentaron 338 violaciones que estuvieron enmarcadas en la categoría de agresiones y ataques hacia periodistas y medios de comunicación.
Durante ese periodo, también se evidenciaron evidenciaron 48 detenciones arbitrarias y tres desapariciones forzadas.
Asimismo, señalan que en el país han sido asesinados 18 trabajadores de la prensa desde 2002. Los casos más recientes fueron los de José Carmelo Bislick Acosta, quien fue asesinado el 18 de agosto de 2020 en Sucre; y Andrés Eloy Nieves Zacarías, quien perdió la vida el 21 de agosto de ese mismo año en Zulia.
Mi 27F del 89 comenzó al bajarme de un carrito de la ruta Prados del Este Chacaíto. Ya se había desatado en Guarenas y estaba por llegar a Caracas.
Por entonces, no había comenzado la universidad y con un par de amigos habíamos salido a buscar algo que hacer, algún trabajo.
Ese carrito lo tomamos de regreso del cc Concresa, adonde nuestros cuerpos vagabundos habían ido a parar esa mañana del lunes.
Pensábamos los tres que podíamos encontrar colocación en algún lugar, o algo por el estilo. Pero no recuerdo de quién fue la idea de ir a parar hasta allá. Tal vez, alguno de los tres, tenía un recorte de prensa en el que se solicitaban empleados para una tienda de artículos deportivos (creo que Puma Sports).
Hicimos de todo en esos pasillos del Concresa. Y todo fue un caminar dando vueltas, diciéndonos lo que nos podríamos comprar y lo que no (y nada podíamos comprar con esos bolsillos tan flacos que teníamos), esos zapatos, aquella chaqueta, los discos que sonaban al pasar por las discotiendas, las hamburguesas, los helados. Aún no éramos amigos del licor así que no nos atacaba la sed de una cerveza. Una lata de Coca-Cola era suficiente para recuperarse.
Al regreso, en la tarde, un embotellamiento descomunal en la autopista hizo que muchos se bajaran de los transportes públicos y comenzaran a caminar hasta la zona más próxima con estación de metro. Así lo hicimos nosotros también, hasta Chacaíto, donde el desespero y la agitación había comenzado, aunque no se sabía muy bien por qué.
Había un ruido raro, como un estruendo continuado que era producido por todo el corre corre que mostraba la gente. Sonaban cornetas de vehículos, sonaban sirenas, sonaban las santamarías que se cerraban con violencia. Era una estampida general. Y nosotros tres nos veíamos a la cara como preguntándonos «qué coño pasa».
Logramos montarnos en el metro, cada uno para su casa. Estaba anocheciendo y lo que ocurrió durante las siguientes horas ha quedado hasta hoy como un negro álbum de imágenes, de sacudidas congeladas en el tiempo, de desastre.
Fueron dos días de desorden y fiesta (duró hasta el 29 cuando suspendieron las garantías y comenzaron los disparos y persecuciones que intentaron aplacar el asalto a los comercios) en los que entendí qué significaban las palabras Disturbio, Conmoción, Saqueo.
Nunca después sentí la calle como esa vez. Nunca había visto ese animal sin cabeza que es una turba (otra palabra de ese día), de gente dando coletazos.
Era entonces un muchacho de 17 años, con toda una vida por delante.
