Para el primer trimestre del año 2013, el sector privado venezolano representaba el 57 % del total del PIB. Para el mismo período, pero del año 2019 (el BCV no ha actualizado las cifras desde ese trimestre), el peso del sector privado en la economía había descendido al 47 %. Cuando comparamos el tamaño de la economía venezolana entre esos trimestres, vemos cómo el PIB se contrajo en un 58 %, pero mientras el PIB público lo hacía en un 36 %, el PIB privado se redujo en un 67% (2/3 del total).
Pero también hay que decirlo: la sociedad venezolana no la apoyó cuando desde esos gobiernos iniciaron las confiscaciones, expropiaciones, controles, amenazas y señalamientos de ser responsables de una “guerra económica” en contra de la población.
Todavía está fresca en la memoria la alegría de muchos cuando se nacionalizaron empresas de servicios públicos (cobraban muy caro, ahora tenemos costosos servicios públicos de muy baja calidad), las cementeras, las azucareras, Agroisleña (abusaba en su posición de dominio, por eso había que hacerla pública, aunque eso con el tiempo afectó de manera importante la agroindustria en el país). Las famosas expropiaciones en el centro de Caracas, empresas de servicios petroleros, etc.
Para recuperar la colapsada economía venezolana es necesario revertir buena parte de la situación actual, creando poderosos incentivos para que el sector privado crezca, invierta y con esto contribuya a generar crecimiento económico sostenible (aumenten los puestos de trabajo y los salarios).
Uno puede entender que buena parte de la sociedad venezolana se sienta molesta por la disminución en su calidad de vida. Que protesten en redes sociales ante unos precios que les son inalcanzables para acceder a servicios que en otras oportunidades eran fáciles de pagar. Pero luego de ser testigos de los enormes efectos dañinos que genera la intromisión gubernamental en el sector privado, ¿no se ha aprendido la lección?
Es alarmante observar cómo se utiliza el mismo discurso oficial socialista (especulador, usurero, exigir su estructura de costos, imponer margen de ganancia, etc.) para atacar a la empresa privada nacional y obligarla a bajar de precios.
Resulta todo un desafío explicarles a algunos que no existe eso llamado precio justo. Que la formación de precios en Venezuela es (y debe ser) muy diferente a la de España, Colombia o Estados Unidos. Hay una manía por creer que los precios deben ser iguales en todo el mundo, como si desarrollar una actividad económica en Venezuela fuera igual de sencilla, que hacerla en cualquier otro país del mundo con instituciones serias, con acceso al financiamiento bancario, con reglas del juego claras, con paquetes de ayuda financiera ante los embates de la covid-19, sin hiperinflación, etc.
Que los servicios públicos no tienen por qué ser regalados. Que una empresa privada no tiene obligación de estar mostrándole su estructura de costos o sus márgenes de ganancia. Y que al final si usted no puede pagar por un bien o servicio, tan sencillo como que puede buscar sustitutos pero no creerse con el derecho a presionar para que el precio se ajuste a su bolsillo. Una economía de mercado no es imponerle tu voluntad al mercado.
Si Directv hubiera estado ganando mucho dinero, nunca se hubiera ido del país, pero entre las presiones por las sanciones y el $1-$2 que cobraba por cada suscriptor, la salida fue fácil.
La lección es clara, no culpemos al privado de la crisis, tampoco nos debemos comportar como lo que tanto daño le ha hecho al país.
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