Se trata de la misma causa por la que fue investigado el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió cuando estaba bajo custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
En 2019, el gobierno de Nicolás Maduro fue prolijo en las denuncias sobre presuntas conspiraciones, una de las cuales fue la que el Ejecutivo bautizó como la Operación Vuelvan Caras, denunciada en el mes de junio. En este caso, la acusación recayó sobre el general retirado Ramón Lozada Saavedra; el general Miguel Sisco Mora: el coronel Miguel Castillo Cedeño; el mayor retirado Pedro Caraballo; el primer teniente Carlos Eduardo Lozada Saavedra, y los comisarios José Valladares Mejías y Miguel Ibarreto.
Ocho meses después, este grupo de detenidos espera que la Corte Marcial ratifique el sobreseimiento de dos de los delitos de los que fueron acusados: traición a la patria y rebelión militar, para cada uno de los cuales se prevé pena de 30 años de prisión. La exculpación de los delitos fue decidida por el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Maikel Amézquita Pión, y objetada por la Fiscalía mediante un recurso de apelación.
La abogada Yasnaía Villalobos, defensora del general Ramón Lozada Saavedra y del primer teniente Carlos Lozada Saavedra, señaló que los delitos que quedaron fijados fueron Instigación a la rebelión y, para el primer teniente, el de desobediencia militar. Añadió que persiste la persecución penal para juicio por el delito de instigación a la rebelión, el cual conlleva una pena de 5 a 10 años de prisión.
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