Miles de personas empezaron este domingo a concentrarse en el centro de Barcelona para mostrar su voluntad de seguir en España apenas dos días después de que el parlamento de Cataluña proclamara la independencia.

La marcha, convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana con el apoyo de los principales partidos no separatistas, busca responder a las concentraciones de júbilo que hicieron los independentistas el viernes para celebrar el nacimiento del “nuevo país”.

Desde primera hora de la mañana, ciudadanos con banderas de Cataluña, España y la Unión Europea empezaron a concentrarse en el elegante paseo de Gracia de Barcelona para participar en esta marcha tras la cabecera “¡Todos somos Cataluña!”, acompañada por las palabras “convivencia” y “sensatez”.

Los independentistas “viven en un mundo paralelo, un poco surrealista. Tengo rabia de que hablen por todos los catalanes, cuando no somos todos”, lamentaba Silvia Alarcón, oficinista de 35 años.

Y es que a pesar de las fuertes movilizaciones por la independencia de los últimos años de escalada entre esta región y el poder central, la sociedad catalana se mantiene dividida a partes iguales sobre la conveniencia de separarse del reino de España.

El conficto alcanzó su punto álgido el viernes cuando el parlamento catalán declaró la independencia y el gobierno español respondió destituyendo al ejecutivo catalán de Carles Puigdemont y tomando el control de la región.

“Hemos llegado a una declaración unilateral de independencia de manera ilegal e ilegítima, con 47% de votos en el parlemento de Cataluña”, el procentaje obtenido por los separatistas en las últimas elecciones en 2015, recordaba Álex Ramos, vicepresidente de SCC.

“Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio”, añadió.

A su alrededor, numerosos manifestantes gritaban “¡Puigdemont a prisión!”, deseosos de más mano dura por parte del gobierno español de Mariano Rajoy.

“Nos han tomado por tontos. Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado completamente”, decía Miguel Ángel García, un jubilado de 70 años.

“Me da rabia por lo que le hacen al país que han hecho mis abuelos para separarlo y complicar las cosas”, lamenta Marina Fernández, una estudiante de 19 años de Girona, uno de los feudos independentistas en Cataluña, dirigida hasta 2016 por Carles Puigdemont.

Oficialmente su gobierno está destituido y el parlamento regional disuelto a la espera de elecciones regionales el 21 de diciembre, convocadas por Mariano Rajoy, aunque es una incógnita si los independentistas la acatarán.

El líder separatista catalán Carles Puigdemont llama a los catalanes a oponerse pacíficamente a la intervención de España, en una aparición preparada aparentemente para emitir el mensaje de que rechaza su destitución por las autoridades centrales.

El gobierno chileno dijo este viernes 27 de octubre que no reconocerá la declaración de independencia de Cataluña, decidida por el parlamento catalán, en coincidencia con lo expresado por la comunidad internacional.

«Ante la decisión adoptada por el parlamento de Cataluña, el gobierno de Chile reitera lo ya expresado en su anterior declaración del pasado 13 de octubre en cuanto a que no reconocerá ningún acto o decisión independentista unilateral», señaló en un documento.

El comunicado agrega que «el gobierno de Chile expresa su pleno respaldo a la unidad e integridad territorial de España, al respeto al estado de derecho y al orden democrático y constitucional español, marco en el cual puede existir espacio para el diálogo institucional y el ejercicio de los derechos y libertades de todos los españoles».

El parlamento de Cataluña votó a favor la declaración unilateral de independencia este viernes en la mañana.

El gobierno español encabezado por Mariano Rajoy reaccionó suspendiendo las competencias del gobierno catalán y anunciando elecciones para el 21 de diciembre

 El Consejo de Ministros español aprobó hoy la disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de elecciones en la región de Cataluña para el 21 de diciembre próximo, anunció hoy el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Se trata de “dar voz” a los catalanes lo antes posible después de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de esa región, añadió Rajoy.

El Consejo de Ministros español aprobó hoy el cese del gobierno catalán tras la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de esa región, en el marco de las medidas para restablecer la legalidad constitucional, informó.

En una comparecencia tras la reunión de su Gobierno, el jefe del Ejecutivo aseguró que los ministerios darán seguimiento a los asuntos y competencias hasta ahora ejercidas por la administración regional catalana.

Decenas de miles de independentistas concentrados este viernes cerca del Parlamento de Cataluña, en Barcelona, recibieron con un estallido de júbilo la declaración de independencia del parlamento de esta región del resto de España, constató la AFP.

La sesión parlamentaria fue retransmitida en directo en pantallas gigantes, en dos amplias vías repletas de personas en las afueras del parque de la Ciudadela, en el centro de la capital catalana.

Los manifestantes lanzaron hurras, aplausos y gritos de “independencia”, justo en el momento en que la mayoría separatista del parlamento catalán aprobó la resolución que declaró “la República catalana, como Estado independiente y soberano”.

Descorchando botellas de cava y con los brazos entrelazados, los manifestantes entonaron con fervor el himno de Cataluña, muchos con el puño en alto.

“Nos ha costado tanto llegar a este momento”, dijo Judith Rodríguez, una trabajadora social de 38 años con lágrimas en los ojos.

“Estoy muy emocionada, muy contenta, de por fin ir hacia adelante y construir una república, un país nuevo, a partir de cero”.

Vestida con una camiseta que dice “fem pais” (hacemos país, en catalán), dijo no temer la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central de Mariano Rajoy, para poner a Cataluña bajo tutela de Madrid.

El marido de Judith, José Ligero, gestor inmobiliario de 43 años, afirmó: “Entiendo que hemos ido por un camino que no está bien visto por otras partes del mundo, pero no tuvimos elección. Esto no lo han llevado los políticos, esto salió de la calle”.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó este jueves convocar elecciones y frenar sus planes de independencia, lo que acerca una toma de control regional por parte del gobierno central, con el riesgo de fuertes protestas en Cataluña.

En una jornada de montaña rusa política en Cataluña, Puigdemont delegó en el parlamento la respuesta a la anunciada suspensión de facto de la autonomía regional. Su coalición advirtió que esta tomará forma de declaración de independencia.

«He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad», dijo Puigdemont en un solemne discurso en la sede del gobierno regional, retrasado varias veces durante la jornada.

Pero «no hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones», añadió, cerrando la ventana a una solución a la peor crisis de los últimos años en este país.

Poco después, en una comisión en el Senado, el gobierno español de Mariano Rajoy justificaba la intervención de la autonomía para frenar la espiral independentista en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza nacional.

“Queremos abrir una nueva etapa en la que la ley se respete”, afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ante los senadores, que deben dar su autorización el viernes a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El artículo, nunca usado desde la reinstauración de la democracia en España, permite la intervención de la región por parte del poder central.

Bajo su amparo, el ejecutivo busca destituir al gobierno de Puigdemont, supervisar la actividad del parlamento catalán o tomar control de la policía o los medios de comunicación públicos regionales.

Esto puede desatar fuertes protestas en Cataluña, cuya sociedad está muy orgullosa del autogobierno regional recuperado tras la muerte del dictador Francisco Franco (1939-1975).

Todavía está a tiempo

Por otro lado, en el parlamento regional, la oposición imploró a Puigdemont que convoque elecciones regionales .

“Todavía está a tiempo de volver a la legalidad y convocar elecciones”, declaró Inés Arrimadas, dirigente de Ciudadanos, principal partido de la oposición.

“Mañana (viernes) propondremos que la respuesta a esta agresión sea continuar el mandato del pueblo de Cataluña en el referéndum del 1 de octubre”, advirtió no obstante Lluís Corominas, el portavoz de la coalición de gobierno, Juntos por el Sí.

La sesión quedó suspendida tres horas después sin que Puigdemont interviniera. Los grupos parlamentarios deben preparar ahora sus resoluciones, que serán debatidas a partir del mediodía  del viernes.

Entre estas resoluciones podría haber una que declare la independencia, explicaron a la AFP fuentes parlamentarias y del gobierno regional.

Los independentistas se sienten legitimados por el referéndum inconstitucional celebrado el 1 de octubre, ganado ampliamente por los separatistas, pero con una participación del 43% y celebrado sin apenas garantías.

En la variopinta alianza de partidos separatistas, la mayoría exigía proclamar una república independiente pero dentro del partido conservador de Puigdemont, PDeCAT, existían presiones para no hacerlo, según una fuente del gobierno regional.

En los últimos días se multiplicaron las mediaciones entre Puigdemont, Rajoy e incluso la Casa Real para evitar el choque frontal entre ambas instituciones, explicaron fuentes envueltas en esta interlocución.

“Estoy radicalmente en contra de alguien que quiere hacer una patria pequeñita, teniendo una tan grande. Los mayores males que ha sufrido Europa han sido por culpa de los nacionalismos. Esto no es como lo están vendiendo, y se lee en la prensa extranjera que es Cataluña contra España. Es Cataluña contra Cataluña. El siglo XXI es el siglo de borrar fronteras, y no de construirlas”. Fueron las expresiones del cantante Español Joaquín Sabina, quien a sus 68 años y con una carrera artística muy exitosa, se permite decir verdades que pocos expresan y muchos callan.

Es la ambición de unos pocos, que lanza los “papelillos del falso nacionalismo” para que los sentimientos afloren y borren esas dosis de racionalidad y pragmatismo en sus ciudadanos, y no vean la ineficiencia de sus respectivas gestiones.

Veo mucho ruido, y poca altura humana. Veo las masas un poco ciegas. Veo poco sosiego y mucho insulto. Veo a personas jugando frívolamente con las esperanzas de las masas. Pero también veo a un Gobierno indeciso, titubeante, con miedo al costo político ¡Esto no debería pasar! Después del pasado que tuvo España.

Esa ambición de unos pocos no reconoce límites, y mucho menos las consecuencias, y continúan corroyendo las bases de un edificio llamado España, mientras el gobierno español lleva tiempo permitiéndolo. Si el Gobierno y sus Cortes hubieran cumplido con su obligación hace dos años, cuando el parlamento de Cataluña aprobó un plan separatista e ilegal, y hubiese aplicado en ese momento el artículo 155 de la Constitución, no estarían en esta tragicomedia actual.

Hoy, la mayoría de los españoles está esperando que la legalidad vuelva a proteger a los ciudadanos, a las empresas catalanas, y a las empresas españolas. Por eso, el Estado está obligado a reestablecer cuanto antes el orden legal en Cataluña, porque cuanto más se demore, mayor será el costo para Cataluña y también para España.

El Estado Democrático Español fue una conquista que ha costado mucho sufrimiento y mucha sangre, y está protegida por una Constitución, un ordenamiento jurídico, y unos poderes públicos. No son los diputados, ni los ministros, ni los líderes políticos, ni un colectivo, quienes deciden lo que se debe o no se debe hacer, son todos los ciudadanos que habitan en un edificio llamado España.

Como habitantes de ese edificio, hay derechos pero también obligaciones. Se puede hacer política, se pueden hacer cambios, incluyendo la ley; pero eso sí: ¡Siempre dentro de la ley! Caer en la tentación de pactar que la ley no se aplique para evitar supuestos malos mayores, y cediendo al chantaje, únicamente estaría permitiendo que el cáncer se siga extendiendo, y llegará el momento en que ya habrá hecho metástasis, y la única alternativa que quedará será morir con el menor dolor posible, pero sin esperanzas de vivir.

En ambos casos ya hay un precio a pagar, ya no va a salir gratis, pero al menos se debe limitar el coste. Enviando el mensaje de que algunos pueden beneficiar sus deseos personales, saltándose la ley, y un Estado permitiéndoselo y no haciendo cumplirla; lo único que están haciendo es que ese edificio “llamado España” termine cayéndose irremediablemente, y en ese momento dejarán de ser ciudadanos y una sociedad, para convertirse en sanguinarios y en tribus.

Si eso sucediera los culpables no sólo serán los que irresponsablemente activaron la bomba, sino también los que no quisieron desactivarla.

cdoradof@hotmail.com

El tenso equilibrio que mantienen desde hace semanas Madrid y Barcelona por el desafío secesionista en Cataluña, se romperá definitivamente mañana, cuando venza el plazo fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy al presidente regional, Carles Puigdemont, para explicar si declaró la independencia.

Todo indica que Puigdemont eludirá esa respuesta e insistirá en pedir diálogo, como hizo ya el lunes cuando venció el primer plazo de Madrid. En ese caso, Rajoy avanzará con la intervención del Estado central en Cataluña, lo que constituye un paso inédito en 40 años de democracia en España que abriría un escenario nuevo e impredecible en la crisis, destacó DPA.

«Va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar», reconoció el mandatario conservador en el Congreso tras lanzar un último pedido a los diputados de la formación de Puigdemont, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) para que convenzan al líder independentista de volver a la legalidad.

La opción en la que Puigdemont niegue haber declarado la independencia y ponga freno a su plan de ruptura con España, parece improbable. «El Govern no se moverá», adelantó el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull. Puigdemont descartó también de plano convocar a elecciones, lo que evitaría la intervención de Madrid en la región.

Desde el polémico referendo independentista ilegal celebrado el 1 de octubre en Cataluña, la peor crisis institucional de las últimas décadas en España se convirtió en una compleja partida estratégica entre Madrid y Barcelona, con cada parte intentando evitar ser la que da el paso definitivo al abismo.

Mientras que Puigdemont suspendió la proclamación de una república catalana segundos después de anunciarla, consciente de que carecería de apoyo internacional y cargaría de razones al Gobierno para una respuesta contundente, Rajoy evitó hasta último momento intervenir Cataluña por temor al impacto político incalculable de esa medida. 

Su propio ultimátum, sin embargo, podría forzar al mandatario a activar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para que una región vuelva a cumplir sus obligaciones. Un paso que apoyan tanto los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, como los liberales de Ciudadanos. 

Sería la primera vez en la historia que España activa ese artículo, comparado con una bomba atómica, dicho por fuentes del Tribunal Constitucional citadas en el diario El Mundo. «Está ahí como amenaza, pero a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza que se tenga que aplicar».

En el caso de Cataluña, todo apunta a que el Gobierno de Rajoy usará el 155 para una intervención gradual de la autonomía que pase por reemplazar parte del Gobierno de Puigdemont o autoridades puntuales (como la Policía de la región) con el objetivo final de convocar elecciones anticipadas.

Madrid tendrá que detallar las medidas concretas para someterlas a aprobación del Senado donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta, y posiblemente lo haga la semana próxima. El golpe de autoridad pondría fin a un capítulo de la crisis, pero no está claro que vaya a cerrarla del todo.

La intervención podría incluso ser contraproducente para Madrid y dar oxígeno al golpeado plan de Puigdemont alimentando sus dos nuevos ejes. La movilización callejera y la ofensiva propagandística por vender al mundo la imagen de una Cataluña sometida a un Estado supuestamente opresor.

El partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) que apoya a Puigdemont en el Parlament catalán y los otros sectores más radicales del secesionismo catalán, llamaron  a la desobediencia masiva no violenta en las calles, una perspectiva preocupante para el Gobierno en Madrid.

En este contexto, lo único seguro es que el 19 de octubre, marcará un hito en la grave crisis política, social y económica desatada por el desafío independentista de Cataluña. La dirección que tome el conflicto y el tiempo que pase hasta resolverse del todo, por el contrario, siguen siendo un interrogante.