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Radiografía del Arco Minero según Bachelet
El informe que la oficina de la ONU presentó esta semana, alerta sobre las pésimas condiciones de vida que llevan quienes habitan los pueblos mineros asediados por la criminalidad y los yacimientos de oro que han dejado cientos de hectáreas deforestadas

 @loremelendez

@boonbar

 

Violencia a manos de bandas criminales, explotación laboral, corrupción, explotación sexual, abuso de niños y contaminación del ambiente son algunas de las violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco que registra el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado el pasado 15 de julio en la 44a edición del Consejo de DDHH de la ONU.

Por primera vez, la ONU reconoce que “gran parte de la actividad minera tanto dentro como fuera del Arco Minero está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”. Destaca también el elevado nivel de la explotación de la mano de obra, el tráfico de personas y la violencia como consecuencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de las bandas criminales que controlan las minas y que pagan a los jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales. 

También da un vistazo a las condiciones de vida de la población que habita el territorio del Arco Minero, la vulnerabilidad de mujeres, niños y pueblos indígenas, la migración interna hacia los yacimientos y el empeoramiento de la salud de quienes viven en un ambiente destruido por el extractivismo. Se trata de un documento que confirma y analiza cada una de las denuncias que durante años han hechos desde organizaciones de derechos humanos hasta medios de comunicación que se han dedicado a la cobertura del tema. 

 

Corrupción 

Lo primero que destaca la ONU es que la opacidad de la administración de Nicolás Maduro sobre el funcionamiento del Arco Minero del Orinoco ha impedido al organismo determinar en qué medida se ha regularizado la actividad minera y frenado la extracción ilegal de oro en esa zona. Recuerda que no hay cifras ni información relacionada al tema, proveniente de las instituciones responsables como Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico o el Banco Central de Venezuela. Ninguno ha presentado estudios de impacto ambiental y sociocultural, señalado cuáles y cuántas son las empresas con las que se alió el Ejecutivo, aportado datos sobre el Registro Único Minero o anunciado la cantidad de oro y otros minerales que reporta Minerven o los metales que exporta el Estado.

 

Violencia

El documento constata que la actividad extractivista en Venezuela está controlada por grupos delictivos organizados y armados conocidos como “sindicatos”, cuya presencia se hizo más visible desde 2011, cuando Hugo Chávez sacó a las empresas extranjeras de la zona, y aumentó en 2015 cuando se incrementaron los precios internacionales del oro. “Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, apunta el informe. 

La ONU recalca que estos grupos pagan a los militares para mantenerse en el negocio, ya que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la que tiene, por decreto, “la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener las actividades de las industrias estratégicas ubicadas en el Arco Minero. Por esa razón, hay más de 25 alcabalas de los uniformados a lo largo de la carretera que atraviesa la zona minera del estado Bolívar. 

Internamente, las bandas criminales reproducen el modelo del “pranato” que existe en las cárceles venezolanas, ya que son conducidos por un “jefe o pran que impone brutalmente sus órdenes” y controla todas las actividades en los yacimientos. La oficina de Bachelet también advierte que en época reciente hay “elementos irregulares armados” que han tomado el control de minas en el centro y oriente de Bolívar. Se refiere así, aunque no los menciona, a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han apoderado de la zona con el aval de Maduro.

En vista de que la violencia es el arma utilizada para mantener la zona bajo control, quienes hacen vida en el Arco Minero son víctimas constantes de los grupos criminales. “Según el Gobierno, en 2019, en el estado de Bolívar se registraron 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; en cambio, para la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la cifra fue de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Gobierno, los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente”, aseveran desde la oficina de Bachelet. Añaden que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas son objeto de castigos corporales y hasta de asesinatos.

Las desapariciones son también mencionadas en el informe. La oficina de Bachelet documentó cinco casos de mineros desaparecidos entre 2016 y 2020, y tiene reportes que señalan que es frecuente que los cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas. 

“Los familiares que buscan a los desaparecidos denunciaron la falta de apoyo de las autoridades, incluidas las agencias de investigación, en sus esfuerzos por descubrir la verdad y obtener justicia”, resalta. 

Como consecuencia de la violencia por el control de las minas, el informe señala que entre marzo de 2016 y 2020 se registraron 16 enfrentamientos armados entre bandas criminales y guerrilleros que dejaron muertos a 140 hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales. “Según la información recopilada, en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta”, señala. 

 

Migración interna y explotación laboral

El desempleo y la crisis económica por la que atraviesa el país ha traído como consecuencia una creciente migración interna hacia la región minera de mano de obra que no tiene ninguna experiencia en el sector. Los empleados abandonan sus puestos, incluso en el sector educativo o de la salud, para irse a las minas a practicar un trabajo informal y sin ningún contrato. 

En el Arco Minero, “el trabajo se organiza en cuadrillas de cuatro o cinco mineros, que realizan turnos diurnos y nocturnos de aproximadamente 12 horas”, indica el informe. Los riesgos laborales son altos, no solo por la exposición de los obreros ante los grupos criminales, sino porque los accidentes y deslizamientos de tierra son habituales y han dejado sepultados bajo tierra a decenas de mineros.

El documento habla de la identificación de “un patrón de explotación laboral”, según el cual los mineros “se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas”. La ONU pudo comprobar que los trabajadores deben entregar entre 10% y 20% del mineral extraído a los pranes o guerrilleros que controlan el yacimiento, y además pagar entre 15% y 30% al propietario del molino que procesa el material aurífero que sacan. De paso, cancelan altos precios por comida, agua y cualquier servicio a los vendedores que hacen vida en la mina, quienes a su vez deben dar un tributo a los grupos criminales. En esta cadena, los compradores de oro pagan precios 25% inferiores a los que se aplican a nivel internacional. 

 

Mujeres y niños vulnerables

Las mujeres también se van a trabajar en las minas y se dedican a diversas tareas que van desde la extracción hasta la venta informal y la cocina. Sin embargo, dice el informe, desde 2016 aumentó la prostitución en la zona, además de la explotación sexual y la trata no solo de mujeres sino también de adolescentes. 

“La prostitución se organiza ya sea en pueblos cercanos o dentro de las zonas mineras en las llamadas ‘currutelas’, que son barracones construidos con tablones de madera cuyos propietarios abonan una tarifa a los grupos criminales para poder organizar su actividad”, subraya el documento.

La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos fue informada sobre la presencia de niños y niñas de hasta 7 años, sin compañía alguna, que son explotados en la zona minera. Pequeños de 9 y 10 años ya trabajan en los yacimientos.

 

Salud

El informe cita a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para destacar que, según esta organización, los municipios mineros de Bolívar “son la principal fuente del aumento de los casos de paludismo” en Venezuela desde 2015. 

Tanto esta como afecciones como la diarrea y enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión, u otras que atacan las vías respiratorias, proliferan no solo entre los mineros sino entre comunidades indígenas que no tienen acceso a los tratamientos, lo que los deja a la deriva y expuestos a “desenlaces fatales”.

La situación empeora debido a la contaminación con mercurio presente en el área, a pesar de que está prohibido su uso en el tratamiento de los metales.

“Una vez que se ha formado la aleación del mercurio con el oro, esta es quemada, el mercurio se volatiliza y las partículas en suspensión son respiradas por los mineros y los habitantes de la zona minera. El mercurio también se vierte en el suelo y luego es arrastrado a los ríos por el agua de lluvia. Como consecuencia, se han detectado altos niveles de mercurio en las comunidades indígenas que viven en las partes bajas de los ríos del Arco Minero. La contaminación por mercurio de las vías fluviales tiene un impacto desproporcionado en las mujeres que pasan gran parte de su tiempo en contacto directo con el agua”, señala el documento.

Asamblea Nacional
Asamblea Nacional

 

Pueblos indígenas

El documento de la oficina de Bachelet tiene un apartado dedicado a la afectación de la minería, y del decreto del Arco Minero del Orinoco, sobre los territorios indígenas. Detalla que en esta área geográfica hay 16 grupos indígenas que viven en 197 comunidades y que los daños del extractivismo van mucho más allá de la zona minera.

“La minería tiene distintas repercusiones para los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, principalmente debido a la presencia y la actuación de los grupos armados y al daño ambiental. Una de tales consecuencias es la pérdida de control de los territorios tradicionales y los recursos naturales, lo cual incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”, afirma el documento. 

Desde hace al menos dos años, dice el informe, los indígenas han denunciado ser víctimas de abusos contra los derechos humanos, actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual contra las mujeres no solo por parte de las bandas criminales y guerrilleros sino también de militares. Los casos recientes de la masacre de Ikabarú y del ataque a las comunidades que hacen vida en el río Caura son una muestra de ello.

Las comunidades indígenas también reclamaron ante los representantes de la oficina de la ONU que los grupos criminales les “imponían un pago en oro para obtener bienes y servicios esenciales, como combustible y medicamentos”. 

La destrucción del medio ambiente, que fue la preocupación más recurrente de los entrevistados por la ONU, ha traído como consecuencia la deforestación de sus territorios, contaminación de las vías fluviales y fauna, así como brotes de enfermedades infecciosas. Todo esto menoscaba la capacidad productiva de tierras y recursos indígenas, afecta sus dietas tradicionales y coarta su derecho a la salud. 

El equipo de Bachelet menciona en el informe el decreto dictado por Maduro en abril pasado, que permite la explotación minera en seis ríos de Bolívar y áreas geográficas protegidas, las cuales sirven como fuentes de agua potable y alimentos a varias etnias de la zona. Tanto indígenas como expertos indicaron que la medida se ejecutó sin la realización de consultas ni de estudios de impactos ambientales. “Los pueblos Ye’kwana y Sanema de la cuenca del río Caura estiman que dentro de cinco años este espacio fluvial estará contaminado, eventualidad que es sumamente preocupante para el futuro de sus habitantes”, resalta.

El documento también subraya que los indígenas afirmaron que haberse visto obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir debido a la situación económica del país. “La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural coarta su derecho a la autodeterminación”, sentencia.

 

Recomendaciones

La ONU recomendó a Maduro que garantizara que toda actividad minera en el país se practique en apego a los derechos humanos, estudios de impacto socio-cultural y ambiental y en el cumplimiento de normas ambientales nacionales e internacionales. Además, exigió la publicación de informes sobre el Arco Minero que ofrezcan datos socioeconómicos de la población de la zona, la violencia e indicadores económicos de la minería.

Pidió que se lleven a cabo “investigaciones efectivas y transparentes y operaciones de aplicación de la ley” que desmantelen las bandas criminales que controlan las minas, acaben con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas; y combatan la corrupción y enjuicien a los responsables de la violencia y la violación de derechos humanos en la zona.

Abogó por la realización de “consultas adecuadas y representativas” ante los pueblos indígenas que puedan verse afectados por medidas gubernamentales vinculadas con la minería, para que estos puedan desarrollar y tener control de sus tierras, territorios y recursos. Insistió en que se les dé reparación a las comunidades que ya han sufrido las consecuencias de la actividad extractivista.

Exigió que se revoque la Resolución 0010, dictada el pasado 8 de abril, y relacionada con la explotación del oro en ríos de Bolívar.

Reportan saqueos en Upata por escasez de alimentos y gasolina
Los comerciantes de la zona pidieron apoyo a los cuerpos de seguridad para que controlaran la situación

 

Habitantes de la localidad de Upata, en el estado Bolívar salieron a la calle a protestar en rechazo a la escasez de alimentos y gasolina. Reportes de usuarios en la red social Twitter confirman que varios locales fueron saqueados. Este hecho se produce en medio de la pandemia del coronavirus. 

La Cámara de Comercio del municipio Piar, la organización que agrupa a los empresarios de la zona confirmó que los asaltos masivos fueron ejecutados por pobladores que estaban en el casco central de la población. 

“Hubo saqueos a varios negocios y estamos esperando para cuantificar cuáles fueron los daños”, dijo Magnolia Lanz, presidenta del organismo empresarial.

Residentes de Upata dijeron que los disturbios se generaron en las zonas del centro y cerca del mercado, uno de los sectores con mayor concentración de personas, incluso en medio del confinamiento por la cuarentena decretada por Nicolás Maduro.

La manifestación que inició en los alrededores del Mercado Municipal obligó a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y los policías de Piar a dispersar a la gente para controlar la situación. Hasta los momentos se desconoce la cantidad de locales afectados. 

Américo De Grazia, diputado de la AN por el estado Bolívar, indicó que “el hambre se apoderó de la gente”. 

“Incontenible la presión social. Lastima que las víctimas sean Inocentes de esta tragedia inducida por la narco dictadura”, denunció el diputado en Twitter.

El periodista de sucesos, Eleazar Urbáez confirmó que al menos 10 personas fueron detenidas. 

Una situación similar se registró este miércoles en Cumanacoa, estado Sucre, en donde varios locales comerciales fueron saqueados y, según reportes en las redes sociales, varias personas resultaron heridas. 

 

 

*Con información de El Pitazo y El Nacional

Malaria: una lucha que se está perdiendo en el estado Bolívar
La minería ilegal contribuye significativamente con el repunte de la enfermedad 
51% de los casos de malaria en América durante el año 2018 se registraron en Venezuela

 

En la década de los 60, Venezuela era reconocida como uno de los principales países de América del Sur líder en la batalla contra la malaria, pero en los últimos años la enfermedad ha reaparecido con más fuerza y Bolívar es el estado donde más casos se han registrado debido al auge de la minería ilegal, la deforestación, la crisis económica, la escasez de medicinas y el bajo control epidemiológico por parte del Gobierno Nacional. 

Según los últimos datos aportados por la OMS en 2018, Venezuela registró un incremento de 53% en la cantidad de casos de malaria en toda la región. Cifras de la Organización Médicos sin Fronteras (MSF) afirman que en 2019 Venezuela fue la nación más afectada de Latinoamérica con más de 320.000 casos diagnosticados.

 

En el año 1961 la Organización Mundial de la Salud (OMS) certificó que Venezuela fue el primero en eliminar la enfermedad en un territorio mayor a 400.000 kilómetros cuadrados, antes que Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética.

 

Hoy todo ha cambiado. En sus 22 años de vida, Zulay Lozano aseguró que se ha enfermado de malaria unas 40 veces y que su hermano pequeño la ha sufrido unas 10. Ella es oriunda de Ciudad Bolívar, pero junto a sus padres se mudó hace un tiempo a Las Claritas, un pueblo minero al sur del estado Bolívar. Fue la única forma que hallaron de trabajar y sobrevivir, según contó a Médicos sin Fronteras, organización que desde 2016 instaló en Bolívar varios puntos de diagnóstico y ayuda con la provisión del tratamiento a los pacientes infectados de la enfermedad.

“Todos hemos tenido malaria por aquí (…) Es algo normal para nosotros, solo intentamos prevenirla cuando podemos y tratarla cuando nos da”, comenta la joven, cuya jornada diaria comienza a las 6:00 de la mañana, en una habitación compartida hecha de láminas de plástico, donde prepara el desayuno para su padre, hermanos y primos que deben irse temprano a trabajar en las minas. Durante el resto del día se dedica junto a su madre a los quehaceres del hogar y al cuidado de los más pequeños. 

 

 

Zulay explica que en Las Claritas todo se paga en oro: un mosquitero para prevenir que el mosquito transmisor de la malaria la infecte puede valer 0.8 gramos del preciado metal y, aunque todo es caro, afirma que le gusta vivir allí porque tanto ella como su familia se sienten seguros -aunque esa seguridad se deba al control que ejercen pranes y bandas criminales que controlan la zona e imponen sus leyes- y gozan de una mejor situación económica.

La malaria o paludismo es una enfermedad infecciosa transmitida por el mosquito Anopheles. Cuando el animal infectado pica, inocula en la sangre de la persona el parásito Plasmodium, este viaja a través del torrente sanguíneo y llega al hígado infectando los glóbulos rojos, los encargados de transportar el oxígeno a la sangre. 

El periodo de incubación del parásito de la malaria es de 7 a 14 días. Fiebre alta, dolor de cabeza, inapetencia, vómitos, náuseas y dolores musculares y articulares, dolor abdominal por la inflamación que se produce en el bazo y en el hígado, son algunos de los síntomas que genera esta enfermedad que, si no es tratada a tiempo, puede ser mortal. 

 

Desde 2008 hasta 2017, el número de casos de malaria en Venezuela aumentó 1.185%, según las estadísticas publicadas por la OMS.

 

La malaria de la mano con la minería

Con una extensión territorial de 242.801 kilómetros cuadrados, Bolívar es el estado más grande de Venezuela. Se caracteriza por sus extensas selvas húmedas con temperaturas de 24 a 26 grados centígrados, ideales para que el mosquito Anopheles prolifere, además de grandes montañas que al ser deforestadas para extraer oro y otros metales fomentan los criaderos de larvas y parásito. Posee espectaculares paisajes y un gran potencial minero. 

Este último ha ocasionado que junto a la pobreza, el deterioro de la economía, la escasez de medicinas y el desplazamiento de personas hacia las zonas mineras sin las mínimas condiciones de salubridad, Bolívar sea un caldo de cultivo perfecto para la malaria. 

Miguel Escalona también ha padecido la enfermedad. Tiene 19 años, nació en Ciudad Bolívar pero ahora vive en una mina llamada Piedra Dura. Comentó a Médicos sin Fronteras que decidió mudarse cuando tenía 15 años y abandonar sus estudios por ir a trabajar para ayudar a sus padres y a sus 13 hermanos. Miguel afirmó que ha tenido malaria seis veces y que aprendió a reconocer los síntomas por el dolor de cabeza y huesos. Asegura sentirse agotado y dice que cuando encuentre suficiente oro intentará regresar a su ciudad para compartir con su familia. 

En el informe anual de la OMS sobre la incidencia de la enfermedad en el mundo, la organización indicó que  51% de los casos de malaria en América durante el año 2018 se registraron en Venezuela y que la mayoría provenía de Bolívar. En total, el país reportó 471.000 enfermos y 423 muertes, cifras similares a las de 2017 pero que se cuadruplicaron en cinco años. 

“Cuando la crisis económica golpeó a Venezuela, también afectó mucho a la gente en Sifontes, un municipio minero de Bolívar. Al principio, comenzamos a tener cada vez menos medicamentos en nuestro stock. Pronto tuvimos que elegir a quién dar los pocos que teníamos, y tuvimos que enfocarnos solo en casos severos. Y fue la misma situación en otros ambulatorios y puntos de diagnóstico… He estado trabajando en esta área durante los últimos 12 años. He visto los altibajos de este lugar. Pero este período fue extremadamente difícil para nosotros”, afirma Yorvis Ascanio, un inspector de salud pública que trabaja para el programa Nacional de Malaria en Bolívar.

José Nonato, promotor de salud de MSF, explicó que la organización también ayuda con el control y erradicación de la enfermedad. “Fumigamos casas y distribuimos mosquiteros a la población, para disminuir el riesgo de infección. Mi trabajo es explicar a las personas cómo identificar los síntomas de la malaria y qué hacer cuando comienzan a sentirse enfermas, para asegurarnos de que puedan ser tratadas antes de que la enfermedad se vuelva demasiado grave”, dijo. 

 

 

En 1936, el Congreso venezolano aprobó la Ley de Defensa contra el Paludismo, la ley vigente más antigua del país.

 

Poco acceso a insumos médicos 

Jordan Pantoja tiene 27 años y relata que ha padecido malaria unas ocho o nueve veces. “La última vez el dolor de cabeza, huesos y estómago fueron muy fuertes. Sabía que tenía malaria apenas me empecé a sentir mal”, dijo. 

Pantoja afirmó que llegar al centro de salud más cercano para hacerse la prueba de la malaria y recibir el tratamiento le toma cerca de cuatro horas. Si no le hubiesen donado las medicinas, no hubiese podido comprarlas en el mercado negro por su alto valor. Aunque Jordan se ha enfermado varias veces, asegura que seguirá trabajando en las minas porque es la única forma que tiene para sobrevivir. 

En diciembre de 2019, la asociación civil Convite en su más reciente boletín aseguró que la mejora en la disponibilidad de medicinas no se ha traducido en un mejor acceso. 

Según Convite, a finales de 2019, el índice general de escasez de medicamentos se ubicó en 56,4% en todo el país. 

La cifra supone una disminución de desabastecimiento de fármacos de 26,5% con respecto a diciembre de 2018 cuando la escasez de medicinas se ubicaba en 82,8%. De acuerdo con Convite, la mejora en la disponibilidad de medicinas no se ha traducido en un mejor acceso, pues aunque se consigue el producto, su precio es muy elevado. 

El director de la ONG, Francisco Cabezas, aclaró que aunque el boletín mensual no incluye tratamiento para las epidemias activas -como malaria y tuberculosis- la muestra sirve para comprender la situación de abastecimiento ante la omisión oficial.

“La malaria se mantiene como una epidemia, la tuberculosis aumenta aunque no se publiquen cifras. Las infecciones respiratorias agudas están desbordadas por la quema de basura, las diarreas también han incrementado por mala calidad del agua”, señaló.

El pasado 24 de enero en rueda de prensa, el exministro de Salud José Félix Oletta afirmó que más de 20 estados de Venezuela presentan casos de malaria. Estimó que en 2019 se registraron 887.129 casos de la enfermedad. 

“Hay un abandono del gobierno con las obligaciones para poder mejorar la situación de malaria en el país. Ahora requerimos ayuda externa”, aseguró Oletta.

Codehciu alerta sobre nuevas cifras de muertes potencialmente ilícitas y hace un llamado de atención al Estado ante la falta de garantía de los derechos humanos  a la vida y a la integridad física

 

En el último reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), ONG defensora de derechos humanos, se evidencia que el año 2019 registró más de doscientas víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar.

El mes con más asesinatos en manos de funcionarios del Estado fue marzo, con 35 muertes, le siguen agosto con 31, abril con 24 y julio con 22. Mientras que el mes con menos víctimas fue junio con 9.

Este Monitoreo de Ejecuciones Extrajudiciales de Codehciu adopta elementos importantes de los principios del Protocolo de Minnesota, documento internacional que tiene el objetivo de proteger el derecho a la vida y la promoción de la justicia e investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita.

El año pasado, cuando el monitoreo cumplió 12 meses en ejecución, entre abril de 2018 y abril de 2019 Codehciu registró 140 víctimas. Pero desde enero 2019 a diciembre del mismo año, se han registrado 218.

En el contexto violento del Estado Bolívar también abunda la impunidad y la negligencia ante estos hechos. Durante el segundo semestre del 2019, Codehciu registró 113 muertes potencialmente ilícitas, en manos de cuerpos policiales que usan la fuerza de manera desproporcionada, e incumplen las normas que establecen los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Durante el mismo semestre, 5 personas murieron estando bajo la protección del Estado, hombres que se encontraban recluidos en centros penitenciarios; 4 de estos en los Calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, y el quinto en los Calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Ciudad Bolívar.

Estas muertes, según lo indicado en el Protocolo de Minnesota, también se consideran como potencialmente ilícitas porque:

La muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”.

 

 

*Prensa Codehciu

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN), denunció este viernes otra masacre en zonas mineras del estado Bolívar. De Grazia indicó que el hecho se registró en el sector El Manteco y hasta los momentos se contabilizan ocho muertos.

“Ocho muertos en El Manteco. Desafortunadamente se registra una nueva masacre en las zonas mineras. Enfrentamiento por el control del oro de sangre entre el ELN (los pata ‘e goma) y los pranes (el sistema). Se presume que hay más de 20 muertos hasta ahora”, escribió el parlamentario a través de su cuenta en Twitter. 

De Grazia acusó directamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de servir de cómplice de los guerrilleros. Además, señaló al régimen de Nicolás Maduro de entregar las minas de oro al ELN para compartir los dividendos del oro, diamante y coltán.

Afirmó que en el Parque Nacional Canaima se encuentra un material estratégico llamado Torio, usado para la construcción de misiles. Dicho material es usado por los soldados rusos y por el Hezbolá en Irán.

 

*Con información de EN

Los estados más violentos de Venezuela durante este año fueron Miranda, Bolívar, Aragua, Guárico y el Distrito Capital
Se registraron 24 homicidios por cada 100.000 habitantes en manos de delincuentes

 

Más de 16 mil fallecidos por muertes violentas se registraron en el país durante el 2019, dijo este viernes 27 de diciembre el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) durante la emisión de su informe anual.

“Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos por muertes violentas, con una tasa de 60.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes”, dijo el director de la organización, Roberto Briceño León, al tiempo que recalcó que ha diferencia de años anteriores la cifra disminuyó, pero que todavía está muy por encima de Colombia donde se contabilizaron 25 muertes por cada 100.000 habitantes.

Asimismo detalló que de los 16.506 asesinatos, 6.588 fueron por responsabilidad de delincuentes, lo que representa 24 homicidios por cada 100.000 habitantes en manos de antisociales. Mientras que 5.282 fueron víctimas al resistirse a los cuerpos de seguridad, lo que significa que asesinaron a 19 personas por cada 100.000 habitantes.

De igual manera, indicaron que además de la capital, los estados más violentos de Venezuela son Miranda, Bolívar, Aragua y Guárico.

 

La mayor crisis social de la historia

En el año 2019 Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia por la destrucción de la economía, la pérdida de capital humano por la migración, el deterioro del estado de derecho y el incremento de la desigualdad social. 

En ese contexto de destrucción institucional, la violencia y la criminalidad han sufrido cambios importantes, pues la criminalidad acompaña los cambios en las sociedades, y procura adaptarse a las oportunidades que le ofrece el mejoramiento o empeoramiento de las condiciones de vida en esa sociedad.

El año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. 

Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina.

 

 

Letalidad policial

Las muertes provocadas por los policías se mantienen en un niveles extremadamente alto, registrándose en 2019 un promedio de 14,5 personas muertas cada día del año.

La acción de represión del delito por parte del Estado se ha reducido al exterminio de los delincuentes. No existe ninguna política sostenida de de aplicar los castigos previstos en las leyes, ni programas de prevención del delito, sino de eliminación de los presuntos delincuentes.

La reducción de la letalidad en algunos estados puede tener su explicación no en la disminución de la acción policial violenta, sino en una nueva modalidad que tortura y amenaza de muerte a los presuntos delincuentes con el propósito de forzarlos a emigrar del país.

 

Ikabarú en claves: De bloque especial del Arco Minero a escenario de una masacre
Ocho personas fueron asesinadas en el pueblo minero, próximo a la frontera con Brasil. Mientras Nicolás Maduro mantiene silencio sobre la matanza, los habitantes de la zona piensan que fue perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado que actuaron encubiertas. Runrun.es reúne datos sobre las víctimas, presuntos victimarios y circunstancias que rodean el tercer hecho de sangre ocurrido en el municipio Gran Sabana en menos de un año

@loremelendez

(Nota actualizada el 6 de diciembre de 2019)

¿Qué pasó?

La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, entre las 7:00 y 8:00 pm, un grupo de hombres armados y vestidos de negro arribó al pueblo de Ikabarú, en el Sector 7 del Territorio Pemón, y asesinó al menos a ocho personas a balazos y dejó herida a una más.

Ikabarú está a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Para llegar por tierra hasta esta zona, hay que tomar un desvío en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, y conducir durante cuatro o cinco horas (pese a los cálculos de Google Maps) a través de una carretera nacional. Se trata de un área que desde hace décadas se dedica a la minería de oro. Entre los años 80 y 90 se instalaron allí sedes de empresas de procesamiento de minerales.

De acuerdo con la versión oficial, la masacre fue perpetrada supuestamente por integrantes de la banda “El Ciego”, el pran las zonas mineras de La Paragua y El Manteco, a más de 900 kilómetros de distancia del lugar de la matanza. Con el paso de los días, lugareños sospechan que, en realidad, se trató de una operación comandada por cuerpos de seguridad del Estado que pretenden militarizar los territorios indígenas para apropiarse de estos y sus recursos.

Las víctimas

Dos semanas después de la masacre no se había publicado ninguna lista oficial de víctimas. A los 13 días posteriores, el Ministerio Público confirmó la información que se había filtrado a través de reportes de activistas y líderes indígenas: se consiguieron ocho cadáveres. De acuerdo con imágenes de los cuerpos difundidas a través de servicios de mensajería y redes sociales, la mayoría recibió disparos en la cabeza.

Uno de los muertos fue un sargento retirado de la Guardia Nacional llamado Antonio José Perera Flores, de 46 años. En la zona era una de las personas más conocidas y respetadas porque fue durante años instructor de Instrucción Premilitar en el Liceo Nicolás Mesa, el principal centro educativo del municipio Gran Sabana.Cursó una licenciatura en Letras, mención Portugués – Español, en la Universidad Federal de Roraima, producto de un convenio educativo entre Brasil y Venezuela. Cada viernes, se iba a las minas de Ikabarú para ganar algo de dinero. Una fuente de la zona contó que le dispararon cuando tomaba fotografías de los victimarios. Lo enterraron sin hacerle autopsia.

Entre las víctimas reportadas por periodistas de la zona también está Máximo Jeremy Muñoz Solano, de 17 años, apodado como “Coquito”, el único menor de edad reportado muerto hasta ahora; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años; Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años y Edison Ramón Soto Suárez, de 46 años, conocido por el apodo de “Báquiro”, quien era el único indígena del grupo.

Durante la mañana del lunes 25 de noviembre se hallaron otros dos cadáveres en la mina La Sabanita, cercana al pueblo de Ikabarú. Según los pobladores, eran los de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios. A este último era supuestamente a quien buscaban los victimarios antes de comenzar a disparar.

Cristóbal Ruiz Barrios y su hermano llevaban varios años en Ikabarú. Ambos provenían de Santa Elena de Uairén, de donde se fueron para trabajar como mineros. Quienes conocieron a Cristóbal, lo describen como un hombre poderoso en el negocio aurífero de la zona. Otros, en cambio, se refieren a él como un joven de clase media, hijo de un tornero, que se fue a las minas por necesidad. Ricardo Delgado indicó que a algunos de los vecinos de los hermanos asesinados les sorprendió la forma súbita en la que se enriquecieron tras comenzar a trabajar con el oro.

En el suceso también hubo un herido: Johnny López, de 25 años.

Los victimarios

La versión oficial sobre los hechos apuntó que los autores de la masacre habían sido los miembros de la banda de “El Ciego”, cuyo líder es un hombre de 32 años llamado Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, quien durante el último lustro se convirtió en uno de los “pranes” del oro más poderosos del estado Bolívar. Su mote es uno de los más mencionados en las zonas donde se explota el mineral en esa entidad.

El Ministerio Público informó que Murgueytio Bastardo no había sido capturado aunque tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, otras ocho personas fueron detenidas por la matanza: Braunis González Miranda, Jhonny Youseth López Marcano fueron los primeros en ser presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

Durante la segunda semana posterior a la masacre, se llevaron a cabo más aprehensiones: a Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña) se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

“El Ciego” había sido integrante de la banda de Wilmer José Brizuela Vera, conocido como “Wilmito” o el “pran de pranes”, quien fue asesinado el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón). Ambos se aliaron mientras estuvieron recluidos en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, o cárcel de Vista Hermosa, donde el supuesto autor de la masacre de Ikabarú estuvo preso por un robo cometido en 2009.

De su poder da fe el informe sobre la masacre de Tumeremo que elaboró la comisión especial de la Asamblea Nacional designada para investigar el suceso. El grupo, conformado por los diputados Américo De Grazia, Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, incluyó en los antecedentes de la matanza un documento, con fecha de enero de 2016, que el entonces comisario jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama Gómez, remitió a su superior: el director de ese cuerpo de inteligencia, Gustavo González López. Allí señalaba que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a través de su director policial, Julio César Fuentes Manzulli, otorgaba credenciales policiales y armamento a bandas delictivas que, a su vez, tenían la “responsabilidad de control” de diversos yacimientos. Entre los beneficiados estaba “El Ciego”, que era el encargado de las minas de El Manteco y La Paragua, además de controlar la capital: Ciudad Bolívar.

Desde 2017, “El Ciego” estaba en la mira del Cicpc. Este año cayeron varios de los integrantes de la banda en un par de operaciones policiales en El Manteco y Puerto Ordaz. En enero fue detenido, junto a otras cuatro personas, Charle David Lazo Pérez, quien supuestamente era el tercero al mando del grupo criminal. En agosto pasado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se enfrentó a Yelitza Romero Salmerón, José Gregorio Contreras y un hombre no identificado, cuando presuntamente mantenían secuestrado a un comerciante dentro de su carro. Los tres murieron y fueron señalados como miembros como secuaces de “El Ciego”

La motivación de la banda para cometer la masacre sería la de desplazar a los actuales jefes mineros y tomar el mando de la zona. Pero una fuente en Santa Elena insiste en la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado como responsables. “Aquí todos somos víctimas del terror después del 22 y 23 de febrero, pero nadie ni siquiera menciona a ‘El Ciego’”, dice.

El líder indígena y ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, sigue esa misma corriente y asegura que la operación fue ejecutada por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Muchos testigos dicen que ellos (los victimarios) salieron por la parte de atrás de la Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, asevera Delgado.

Los hombres armados, según el ex alcalde, se trasladaron en vehículos Toyota “chasis largo” y sin placas, que son comúnmente usados por organismos de seguridad venezolanos.

Para Delgado, las detenciones anunciadas por el Ministerio Público son un montaje hecho por el gobierno. Afirmó que a cada uno de los capturados lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

El exalcalde  aseveró que uno de los arrestados, Jhonny Youseth López Marcano,  fue herido durante la masacre. El gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado antes de pasar la frontera.

El líder indígena tiene también otra versión sobre la detención de José Ángel Morales, quien iba a bordo de una moto desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

“Pasan cosas que advierten que va a ocurrir otro desastre allí”, recalca Delgado, quien cuenta que días antes de la tragedia, el gobierno había movilizado hasta Santa Elena de Uairén varios autobuses, cargados de presuntos miembros de “colectivos” chavistas, para amedrentar a quienes asistieran a la manifestación del sábado 16 de noviembre, convocada por el presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Se presume que parte de ese contingente participó en la masacre.

Esas movilizaciones de personas, sostiene Delgado, suelen suceder en medio de coyunturas políticas. “Son un patrón”, alerta, y recuerda que la masacre de Guasipati (municipio Roscio del estado Bolívar) del 16 de mayo de 2018 –que dejó más de seis muertos y al menos una decena de heridos- se ejecutó cuando el gobierno trasladó hasta Ciudad Guayana a cientos de mineros a propósito del cierre de campaña presidencial. En el mitin estaría Nicolás Maduro, entonces candidato a la reelección, quien prometería a los trabajadores dejarlos seguir con la actividad extractivista. Según el diputado a la AN, Américo De Grazia, esa circunstancia fue aprovechada por las bandas criminales de la zona minera para enfrentarse al Ejército y a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que custodiaban los yacimientos.

Delgado también advierte que, antes de la masacre, miembros de la seguridad pemón reconocieron en un punto de control a agentes de la DGCIM dentro de un grupo que se dirigía hacia Ikabarú. Una fuente en Santa Elena de Uairén, consultada por Runrun.es, apuntó que semanas atrás había corrido el rumor por el pueblo de que sucedería una tragedia similar a la de Kumarakapay. 

Esa alarma se había comunicado a la Guardia Nacional y al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, organización que se define como defensora de los derechos de los indígenas y que fue creada a raíz del auge minero. Pero ninguna instancia tomó medida alguna para resguardar a la población.

Desde Colombia, la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró tener pruebas que culpan de la matanza al gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y almirante William Serantes Pinto, quien desde julio pasado está al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.

Antecedentes

  • En 2013, a Ikabarú se le concedió un título de propiedad colectiva que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, se otorgó sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). No obstante, la entrega de documento permitió a las autoridades del sector la administración de sus tierras.

  • En febrero de 2016, durante el acto en el que Nicolás Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el gobernante mencionó que Ikabarú sería parte de un Bloque Especial del proyecto aunque dentro del documento publicado en Gaceta Oficial tal disposición no aparece por ningún lado.
  • Tal anuncio, aunado a la agudización de la emergencia humanitaria, provocó que hacia esa zona arribaran miles de personas para trabajar en las minas. Los indígenas, entonces, tomaron medidas.

  • En septiembre de 2017, y en virtud de que el ingreso de personas foráneas a la zona había incrementado la inseguridad, así como de las amenazas de muerte que había recibido el capitán general del Sector 7, Juan Gabriel González, la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón suspendió la entrada de quienes no residieran ni trabajaran en el área.

  • En el municipio Gran Sabana han ocurrido otros dos ataques armados en menos de un año. En el sector Occidental del Parque Nacional Canaima, Sector 2 (Kamarata – Kanaimö) del territorio pemón, hubo una incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 8 de diciembre de 2018 que dejó un muerto y dos heridos. El gobierno justificó la acción al señalar que se trataba de la “Operación Tepuy Protector”, que había llegado para erradicar la minería dentro de la zona protegida. Runrun.es confirmó, meses después del episodio, que el extractivismo seguía practicándose en la zona.

    En febrero de 2019, en medio del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela exigido por Juan Guaidó, presidente de la República y de la Asamblea Nacional, el Ejército atacó la población de Kumarakapay, en el Sector Oriental de Canaima, y mató a tres indígenas. Al día siguiente, durante las protestas, la Guardia Nacional disparó contra la población y asesinó a otras cinco personas. Ambos hechos dejaron decenas de heridos y miles de desplazados, quienes se fueron de la zona por la militarización y persecución que se desató los días siguientes.

Reacciones

Foro Penal, a través de su coordinador de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, fue la primera ONG venezolana en confirmar los sucesos de Ikabarú el día sábado, horas después de que habían ocurrido.

Provea publicó ese mismo día un informe preliminar sobre la masacre, en el que destacó que existía “tolerancia de estas acciones por parte de organismos del Estado”.  La organización señaló a la GNB de no actuar pese a la alerta de la comunidad.

“Lo que ha ocurrido en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados ‘sindicatos’ se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para ‘explotación controlada’ (…) La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas (…) Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición”, se lee en el documento.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, emitió vía Twitter un comunicado sobre su preocupación por la noticia. “Tales hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. Un trabajo para la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU para Venezuela, pues la falta de independencia de los poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados”, indicó mediante un hilo de mensajes.

El sábado, Guaidó también condenó la masacre. “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir: hay que ejercer soberanía y hacer lo que sea necesario para defender a nuestra gente (…) El fondo de esta matanza a nuestros pueblos aborígenes y a la comunidad es el control de 8 toneladas de oro mensuales”, rechazó.

El lunes 25 de noviembre, el partido Primero Justicia (PJ), responsabilizó de la matanza a las mafias mineras del estado del sur del país. “El pueblo Pemón ha hecho su minería durante dos siglos de manera artesanal. El poblado de Ikabarú, como toda la Gran Sabana, era la zona de paz y tranquilidad de todo el estado Bolívar. Esta paz ha sido destruida por la fiebre del oro y por el arco minero, un arco destructivo del ecosistema, un arco voraz que busca y quiere tratar sin éxito de suplantar la renta petrolera por la renta del oro”, declaró el diputado Ángel Medina.

La comunidad de Parkupik, también del Sector 7 del territorio pemón, alertó a través de videos y audios sobre la posibilidad de que en la zona se repitiera un ataque como el de Ikabarú. Walter Torres, su capitán indígenas, advirtió que grupos armados merodeaban los alrededores y que la tarde del miércoles había arribado el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, con un decenas de militares. 

El 1 de diciembre, las autoridades del pueblo pemón del Sector VI emitieron un comunicado en el que exigieron una investigación sobre el suceso y anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales.

El martes 3 de diciembre, 13 días después de la masacre, se ofrecieron las primeras declaraciones oficiales sobre el suceso. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, habló desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos. Allí explicó que para aprehender a los presuntos autores materiales del hecho se aplicaron “maniobras de desgaste” a través de los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional. “Fue una operación no letal”, indicó.

El miércoles 4 se pronunció Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, para difundir las identidades de los arrestados.

En silencio permanece Nicolás Maduro, lo mismo que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, que se creó para defender los derechos de los indígenas.

“Nos sentimos bajo una amenaza. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir esta noche”, recalcó el capitán indígena de Parkupik

El capitán de la comunidad indígena pemón de Parkupik del sur estado Bolívar, Walter Torres, informó la noche de este martes, 26 de noviembre, que un grupo armado podría atacar a su pueblo tal como ocurrió hace cinco días en la localidad vecina de Ikabarú, donde se ejecutó una masacre que dejó al menos ocho muertos y un herido.

“No sabemos quién está detrás de todo esto, pero sí sabemos que hay un grupo armado que está tomando el control del Sector 7 (del Territorio Pemón, en el municipio Gran Sabana de Bolívar). Tengo entendido que están cerca de mi comunidad, en Fariñero”, advirtió Torres.  La distancia entre los presuntos atacantes y su pueblo, dijo a través de un audio que envió vía Whatsapp, es de dos kilómetros.

“Nos sentimos bajo una amenaza. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir esta noche”, recalcó.

El capitán indígena alertó que las comunidades deben “tomar posiciones” y aseguró que enfrentará la amenaza armada con diálogo. “Pero si ellos tienen otras medidas, no tendremos otra opción. Y esa opción es que no vamos a huir de la comunidad, negativo”, sentenció.

Torres llamó a otros capitanes indígenas a estar en guardia ante cualquier ataque. “Nuestro municipio está siendo azotado solamente para poder tomar el control de nuestro territorio”, señaló.

El lunes, Torres dijo en un video que su comunidad estaba amenazada por Justo Noguera Pietri, gobernador del estado Bolívar, y rechazó las “formas de proceder” de esta autoridad  regional en hechos anteriores, como el ataque en Canaima y las matanzas de febrero de 2019, cuando quedaron totalmente desprotegidos.

“Denunciamos públicamente al régimen de Venezuela, comandado por Nicolás Maduro Moros y el gobernador Justo Noguera, como único responsable de cualquier ataque que se le cause a nuestras comunidades indígenas, cuyo único interés es despojarnos de nuestras tierras para sus convenios con otros gobiernos”, insistió.

Desde que ocurrió la masacre, la comunidad de Ikabarú está incomunicada. “Tumbaron las torres de comunicación”, afirmó el ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, quien hoy está en el exilio.

Cinco días después de la matanza, presuntamente cometida por una banda armada que quiere tomar el control de los yacimientos de oro de la zona, ninguna autoridad regional o nacional se ha pronunciado sobre el asunto. A través de videos difundidos en redes sociales, se supo que el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, estuvo en la comunidad para calmar a los pobladores. En la zona se sospecha que el ataque, en realidad, lo hicieron oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que actuaron de forma encubierta, tal como lo hicieron en Canaima el pasado 8 de diciembre de 2018, cuando asesinaron a un pemón e hirieron a otros dos.