Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un comunicado este viernes en el que expresan su opinión sobre la situación del diálogo en Venezuela.

«Declaramos, nuestra convicción en cuanto a que el diálogo como formalidad y con propósitos de distracción prostituye la práctica de la democracia y su esencia, que no es ni puede ser otra que el fortalecimiento de la libertad: sea la libertad del pueblo para decidir soberanamente sobre su destino, sea la libertad de quienes son víctimas de persecuciones o prisión por sus ideas», expresa el informe.

Asimismo, en el documento piden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que provea un informe sobre el estado del diálogo en Venezuela y la «sugerencia de alternativas inmediatas que contribuyan al restablecimiento inmediato del hilo democrático en el país».

Comunicado de IDEA:

DECLARACIÓN SOBRE EL DIÁLOGO EN VENEZUELA

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) sobre Venezuela, saludamos a su pueblo con motivo de celebrar, el próximo 6 de diciembre, el primer año de haber expresado, mediante el voto, su insobornable voluntad de cambio en democracia y de otorgar un mandato claro, al efecto, a las fuerzas de oposición al régimen de Nicolás Maduro Moros representadas en la Asamblea Nacional elegida en memorable y similar día.

Tenemos presente, como lo manifestáramos preocupados en nuestra declaración del 13 de mayo pasado, el acuerdo luego dictado por la Asamblea Nacional electa y ya en ejercicio, adoptado el día 10 de mayo anterior, mediante el que denuncian ante el país y la comunidad internacional la sobrevenida “ruptura del orden constitucional y democrático”, al decidir el Presidente de la República gobernar por decreto, y en colusión con el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por éste, hacer declarar inconstitucionales todas las leyes aprobadas por dicha Asamblea para no ejecutarlas.

En declaración siguiente, de 31 de mayo de 2016, tomamos nota del Informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, narrativo de las alteraciones graves al orden constitucional y democrático ocurridas y de la severa crisis humanitaria – alimentaria y de salud – que hoy sufre toda la población venezolana; y previnimos a la opinión internacional sobre la iniciativa de diálogo planteada por el mismo gobierno responsable de tales situaciones con apoyo de la Secretaría de la UNASUR y el deliberado propósito de desacelerar la legítima protesta democrática y pacífica.

Entonces señalamos, categóricamente, que un diálogo sincero y democrático, “inexcusable para los demócratas, debe fundarse en la verdad, la justicia y el restablecimiento del Estado de Derecho”, lo que implica como condiciones previas “la liberación de los presos políticos, la garantía del derecho del pueblo a su participación democrática mediante referendos y el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía popular en toda democracia”.

Considerando.

Que la Asamblea Nacional de Venezuela, en acuerdo del 13 de octubre último desconoce, expresamente, “la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia” que han venido contrariando el orden constitucional y democrático y la soberanía popular que aquélla representa; tanto como urge al Poder Electoral disponer de las condiciones para que el pueblo venezolano, conforme a la Constitución, ejerza, según lo dispone la Constitución, su derecho al voto – al haberse suspendido por instrucciones del gobierno el ejercicio del referendo revocatorio y las elecciones de gobernadores – e insta a la Fuerza Armada para que haga respetar la voluntad del electorado y coadyuve “en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos”;

Que en el diálogo que realizaran el gobierno de Nicolás Maduro Moros y representantes de una parte de la Mesa de Unidad Democrática opositora, con la facilitación o acompañamiento del Vaticano, el reciente 11 de noviembre se anuncian unos acuerdos que, aparte de desfigurar las realidades antes descritas omiten lo sustantivo en cualquier democracia, a saber, el respeto de la soberanía popular y del derecho al voto como vía para la superación, en libertad, de los conflictos políticos y el logro de una paz sustentable con fundamento en la Justicia;

Que, al momento de debatirse en el Consejo Permanente de la OEA, el 16 de noviembre siguiente, el texto de una breve declaración de apoyo a dicho diálogo demandando de las partes “alcanzar resultados concretos en un plazo razonable para poner fin a la difícil situación que atraviesa Venezuela”, su adopción es protestada por el mismo gobierno venezolano;

Que los acuerdos citados, como la inmediata y efectiva liberación de los presos políticos, han sido palmariamente desconocidos por el gobierno mientras el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a la Asamblea Nacional debatir sobre la responsabilidad política del Presidente de la República y suspende el derecho a la protesta democrática, fracturándose el sentimiento del pueblo venezolano opositor y sufriente de la crisis;

Declaramos,
1.a) Nuestra convicción en cuanto a que el diálogo como formalidad y con propósitos de distracción prostituye la práctica de la democracia y su esencia, que no es ni puede ser otra que el fortalecimiento de la libertad: sea la libertad del pueblo para decidir soberanamente sobre su destino, sea – en el caso – la libertad de quienes son víctimas de persecuciones o prisión por sus ideas.
2.b) Nuestro deseo de que la Organización de los Estados Americanos y su Secretaria General provean, con la premura que demanda la violencia estructural que cada día cobra decenas de vidas en Venezuela y provoca la hambruna generalizada, un informe sobre el estado del diálogo en Venezuela y la sugerencia de alternativas inmediatas que contribuyan al restablecimiento inmediato del hilo democrático en el país.

24 de noviembre de 2016.

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Felipe Calderón H., México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

Vicente Fox, México

Eduardo Frei, Chile

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Luis Alberto Monge, Costa Rica

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Jefes de las Farc esperan el resultado del plebiscito del 02OCT16 arrellanados en el Club Habana en Cuba. Foto: @Alapepastorfarc

Juan Manuel Santos orientó su campaña publicitaria para el plebiscito como una falsa disyuntiva entre la paz y la guerra. El propio Comité Nobel de Noruega, que confirió a Santos el Nobel de la Paz el 07OCT16, argumentó en su veredicto que “el plebiscito no era una votación a favor o en contra de la paz”, sino una consulta sobre el “controversial” acuerdo alcanzado con las Farc.

*****

Los estrategas de la campaña oficialista en Colombia entendían que el único enemigo a vencer en el plebiscito era la abstención y su meta era lograr el umbral mínimo de votos requeridos por ley, dando como supuesto que el voto por el “no” sería minoritario. Pero el “si” al Acuerdo perdió el plebiscito porque el aparataje clientelar político nacional y, básicamente local, que buscó votos para Santos en las elecciones presidenciales de 2014, no se movió para acarrearle electores a las mesas en la consulta por la paz. Santos intentó validar políticamente su Acuerdo con las Farc mediante un mecanismo electoral el cual intentó ganar como si se tratara de una elección, fracasando en el intento. A favor del acuerdo sólo se pronunció el 18,27% del electorado mientras el 18,42% lo rechazó. El tema de las “Farc” la noche del 02OCT16 pasó nuevamente a ser un asunto a negociar entre las élites gobernantes en Colombia, cuyas contradicciones no logró resolver Santos en los seis años que lleva en conversaciones con las Farc.

Santos, al contrario de lo que expresa la propaganda en su contra, difícilmente puede calificarse como un agente “castrochavista”. Pero las Farc no es una organización legalista, democrática y pacifista como ahora pretende presentarse. Además, los resultados del plebiscito dejaron ver que las Farc y la izquierda legal colombiana poseen un peso electoral mínimo en la Colombia actual.

*****

Tras horas de evidente confusión e incertidumbre, la misma noche del 02OCT16 el gobierno colombiano arrancó un plan para salvar el proceso de paz con las Farc. Santos identificó a los expresidentes Alvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango como los voceros legítimos de quienes se opusieron al Acuerdo. El gobierno aceptó lo que rechazaba hasta ese momento: el Acuerdo con las Farc puede ser modificado. Tanto el uribismo como el Gobierno coinciden en que una eventual renegociación debe hacerse entre el Gobierno y las Farc sin participación de terceros. Pareciera que nadie en Colombia, gobierno, oposición y las Farc, desean convocar a una nueva consulta popular sobre un eventual futuro acuerdo modificado. El uribismo, que en 2015 había coqueteado con la idea de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ahora habría desechado esa ruta y considera que el Presidente posee facultades constitucionales para canalizar un acuerdo modificado. La vocería de las Farc insiste en que el Acuerdo firmado es un “tratado internacional” inmodificable y que puede ser puesto en vigencia por Santos sin atender a los resultados del plebiscito.

*****

Los negociadores de Santos y de las Farc, tras sostener largas conversaciones en Cuba posteriores al plebiscito, emitieron un comunicado que deja ver las tensiones existentes. Los jefes guerrilleros cómodamente residenciados en La Habana, se niegan a considerar cambios sustantivos en el Acuerdo. En el comunicado conjunto leído en el Hotel Palco de La Habana el 07OCT16, las Farc aceptan seguir “escuchando un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016”. La mención a esa sentencia indica que las Farc mantienen la posición de no renegociar el Acuerdo y exigir que sea puesto en vigencia independientemente del resultado del plebiscito. El comunicado se refiere a “ajustes y preocupaciones” que serán “discutidos” por el Gobierno y las Farc “para dar garantías a todos” y no a eventuales cambios de fondo.

Las reformas que la oposición está exigiendo al Acuerdo Santos-Farc son de fondo. La oposición rechaza la amnistía general implícita en el Acuerdo que cobijaría incluso a los altos mandos de las Farc, la creación de tribunales especiales, la no inhabilitación política de los guerrilleros procesados y su consecuente incorporación a la política. Todos ellos son aspectos centrales del Acuerdo y son impugnados por la oposición.

*****

La ejecución de los términos para la desmovilización acordados por el gobierno colombiano con las Farc no se ha paralizado. Tras la derrota en el plebiscito del 02OCT16, el gobierno Santos decidió continuar la aplicación de lo pactado con la guerrilla en lo atinente a la cesación del fuego y los preparativos para la movilización de guerrilleros hacia las denominadas zonas de concentración. La decisión de Santos cuenta con el apoyo de los opositores al Acuerdo, los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes igualmente se han pronunciado a favor de que la “comunidad internacional” continúe las tareas de monitoreo y verificación que ya parcialmente están cumpliendo. El general argentino Javier Pérez Aquino, designado como jefe de la misión de observadores de la ONU para Colombia, se encuentra cumpliendo funciones en el país al frente de un cuerpo que ya alcanzaría varias centenas de funcionarios internacionales. Se espera que la Secretaría General de la ONU apruebe la continuidad de la presencia de sus observadores a pesar de los resultados del plebiscito.

*****

El 04OCT16 el Ministro de la Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, emitió una Directiva normando el cese al fuego por parte de las tropas colombianas con vigencia hasta el 31OCT16. El anuncio fue entendido por diversos medios de prensa y hasta por las Farc, como un plazo para el reinicio del conflicto armado. Sin embargo la Directiva ministerial fue emitida para cubrir un vacío normativo sobre la actividad de los militares ante las Farc, organización que aún permanece armada y al margen de la ley. El cese al fuego oficial que arrancó el 29SEP16 fue establecido mediante el decreto suscrito el 26AGO16 por Santos el cual no contempla plazo final y que no ha sido derogado. El reinicio del conflicto armado es un escenario analizado por planificadores militares colombianos y de países vecinos, pero que oficialmente es negado tanto por el Gobierno Santos como por las Farc.

*****

Las fotografías que circuló la agencia AFP el 02OCT16 que mostraban al jefe de las Farc, Timoleón Jimenez Timochenko y a otros jefes guerrilleros arrellanados en grandes butacas, fumando habanos en una lujosa sala del exclusivo Club Habana, hacen dudar que la actual jefatura de las Farc, cuyas edades promedian los sesenta años y que han pasado cuatro en Cuba, regrese a las montañas de Colombia a retomar un conflicto armado en el cual han sido derrotados. Una eventual retomada del conflicto armado en Colombia sería con unas Farc dirigidas por nuevos jefes con el peso de la poderosa narcoeconomía globalizada que está estructurando una nueva geografía del narconegocio en Suramérica sediento de  combatientes propios.

*****

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien en su momento rechazara el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, visitó Brasilia el 06OCT16 siendo recibido no sólo por el canciller Jose Serra sino por el propio presidente Michel Temer. Durante la audiencia concedida por Temer a Almagro en el Palacio de Planalto fue tratado el tema “Venezuela” y la evidente decisión del gobierno de Nicolás Maduro de no realizar en 2016 el referendo revocatorio presidencial auspiciado por la Oposición. La tesis de suspender al gobierno Maduro  de la OEA, en aplicación a la Carta Democrática, fue analizada en la reunión ya que nuevamente comienza a cobrar cuerpo.

Tres días antes, el 03OCT16, Temer visitó Buenos Aires y Asunción, celebrando reuniones y firmando declaraciones con Mauricio Macri y Horacio Cartes, tanto sobre temas bilaterales como sobre gestiones específicas del Mercosur en las cuales omitieron totalmente al gobierno chavista. El Mercosur se está recomponiendo sin chavismo y a favor de resolver viejas trabas a los acuerdos comerciales que dieron razón de ser al mecanismo. Argentina, Brasil y Paraguay se han convertido en el epicentro de un grupo de gobiernos latinoamericanos que se consultan y actúan en conjunto sobre Venezuela, se disponen a retirar la condición de “miembro pleno” del Mercosur  a Venezuela, y están propugnando su suspensión del Mercosur y de la OEA por violación a las respectivas clausulas democráticas.

Michel Temer y Mauricio Macri reunidos en la residencia presidencial argentina Quinta de Olivos el 03OCT16. Foto: Presidencia Brasil

******

Evo Morales decidió normalizar sus relaciones con el gobierno brasileño abandonando la línea de Cuba y Venezuela que desconocen a Michel Temer como mandatario de Brasil. Morales en una rueda de prensa el 03OCT16 en La Paz, intentó explicar las razones por las cuales ahora sí reconoce a Temer como mandatario. “Si bien ha habido un golpe congresal, me he informado que es legal, que se han cumplido los procedimiento normativos, pero no tienen legitimidad, eso entiendo», dijo Morales.

La declaración del presidente y líder cocalero boliviano es un verdadero trabalenguas argumental que mantiene la tesis izquierdista según la cual el enjuiciamiento y destitución de Dilma Rousseff habría sido un “golpe”. Pero  Morales igualmente asegura que la presidencia de Temer es “legal” aunque “no tiene legitimidad”. Tras justificar su nueva evaluación del gobierno brasileño al cual ha repudiado hasta le fecha, Morales ordenó el regreso a Brasilia de su embajador   José Kinn. Con una ya sensible reducción de sus ingresos fiscales, para Morales resulta urgente concretar negociaciones de venta de gas a Brasil.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

Hace menos de 24 horas el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncio al país la firma de un “nuevo decreto de Estado de Excepción para enfrentar amenazas de golpe de Estado y guerra  económica por parte de la derecha en Venezuela y Estados Unidos”.

En la misma alocución, el mandatario igualmente afirmo que “tuvo que tomar la medida porque un grupo de opositores, junto al gobierno de Estados Unidos y al ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, apoyarían una intervención militar estadounidense a Venezuela. Factores extranjeros están pidiendo en Washington una intervención de un ejército en Venezuela».

Como era de esperarse, esta situación prendió nuevamente las alarmas, en un país que con solo encender un fosforo sería capaz de explotar. A partir de ese momento han sido innumerables las declaraciones, y mensajes que se han suscitado con tan aparente descabellada declaración, así como respecto a las consecuencias que para el país eventualmente podrían suscitarse con la aplicación de un Decreto de Estado de Excepción.

Lo primero que tendríamos que decir al respecto, es que realmente nadie conoce el contenido del famoso decreto como para tener una opinión clara respecto a las limitaciones que de su aplicación se derivarían, más aun cuando de acuerdo al texto constitucional, el documento debe de ser enviado a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Es evidente que cualquier medida que menoscabe los derechos fundamentales de los venezolanos, aun aquellas basadas en verdaderas amenazas de potencias extranjeras, si fuera el caso, como ha sugerido el Sr. Maduro, en cualquier circunstancia en que  fuere dictada, -más en un ambiente turbulento como el que se vive en Venezuela-, debe causar por lo menos preocupación.  Pero esa preocupación no puede convertir a quienes legítimamente la padecen, en instrumentos de un régimen que a estas alturas no tiene nada que perder.

Esta situación, en donde a cada acción ejecutada por el gobierno bolivariano se produce una reacción, indistintamente del derecho que asiste a cada cual a opinar libremente sobre lo que le parezca, nos lleva a hacer dos consideraciones. La primera se refiere a la realidad del país en la cual, sin necesidad de anunciar decreto alguno, los habitantes han estado viviendo un “Estado de Excepción” desde hace 16 años. Si nos dejamos llevar por lo que la Constitución bolivariana refiere sobre la definición de este,  las situaciones especiales que deben ser consideradas para tomar una decisión como la anunciada por el gobernante como la:   “…perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión, o cualquier otro peligro considerado muy grave”,  han venido existiendo desde hace mucho tiempo.  La invasión del país por fuerzas externas se ha producido en el territorio, por parte de las fuerzas cubanas  desde prácticamente los  inicios del régimen. El orden interno ha estado perturbado igualmente desde la misma época, debido a la destrucción paulatina del estado de derecho  por parte del Gobierno Nacional. La criminalidad se ha convertido en un instrumento de exterminio  de la población, sin que exista ninguna institución del Estado a la cual acudir en  auxilio. La escasez de los productos de primera necesidad, alimentos y medicinas, la pésima situación en la cual se encuentran los hospitales, por mencionar algunos casos, así como la inflación galopante,  han creado un clima tal, que no sería descartable la producción de una guerra civil, o por lo menos una revuelta popular.

De allí que antes de pensar en buscar culpables entre nosotros mismos, o denigrar de opiniones de personalidades extranjeras, deberíamos pensar lo mal que deben de estar  las fuerzas armadas venezolanas para que su Comandante en jefe tenga que reconocer que le asustan las declaraciones  de un ex presidente que carece de mando.

La segunda consideración se refiere a la constante mención del  mandatario venezolano, respecto a la inminente invasión al país por parte de las fuerzas militares estadounidenses.  Lo preocupante de esta situación, no es que el Presidente Maduro se las crea, sino que sean los propios venezolanos, que a falta de esperanza por una solución interna, se nieguen a entender que si hay algo en lo cual no tiene interés el país del norte es a la confrontación bélica con algún otro gobierno del mundo, más aun en pleno proceso preelectoral, y sobre todo cuando esta tan fresco el error que implico la invasión a Irak, con las consecuencias que debido a esto dieron origen a la creación del grupo yihadista, conocido como “Estado Islámico”.  Si a esto le unimos la política exterior del Presidente Obama, basada en aquel principio del “poder blando” creado por Joseph Nye, mediante el cual los Estados Unidos, en vez de exportar guerras prefiere exportar sus valores y cultura como medio de atracción, y cuyo mejor ejemplo para los incrédulos lo está viendo el mundo en el caso de Cuba, mal podríamos nosotros  seguir guardando esperanzas, aun las más ligeras, respecto a que serán otros, y no los venezolanos, los que irán a salvarnos.

Publicado en Notiminuto

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Las autoridades colombianas capturaron al hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe como presunto responsable de auspiciar en los años 90 la creación de grupos paramilitares al noroeste del país.

La determinación fue adoptada por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en contra de Santiago Uribe Vélez, quien supuestamente promovió la formación de un grupo de sicarios desde su finca «La Carolina», en el poblado de Yarumal, a 300 kilómetros al noroeste de Bogotá, dijo un vocero de la Fiscalía a The Associated Press cuya identidad se conserva en el anonimato por políticas de la entidad.

La fiscalía precisó que Santiago Uribe Vélez fue cobijado con una medida de detención preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y concierto para delinquir, como se conoce técnicamente al pacto entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.

El caso se basa, principalmente, en testimonios entre los que se encuentra el de Juan Carlos Meneses, un mayor retirado de la policía colombiana quien en mayo de 2010, ante el Nobel de Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, acusó a Santiago Uribe Vélez de haber impulsado en ese poblado un grupo de «limpieza social» conocido como «los 12 Apóstoles».

El hermano del ex presidente, que fue arrestado el lunes en Medellín, siempre ha alegado su inocencia y ha dicho ser víctima de un complot por ser hermano del ex presidente, cuyo período presidencial comprende desde 2002 a 2010.

«Los testigos son falsos son un par de mitómanos», ha dicho en varias oportunidades a la AP Jaime Granados, abogado de Santiago Uribe Vélez en relación con las personas que sindican a su cliente.

Según la Fiscalía, entre las víctimas de ese escuadrón de la muerte habría estado, hace 21 años, un conductor de autobús llamado Camilo Barrientos Durán.

En concepto de los fiscales del caso, el homicidio de Barrientos «se presentó porque varios miembros de la Policía tendrían en la época del crimen una lista de personas susceptibles de ser asesinadas», según había informado la fiscalía en el pasado.

Para los investigadores, Meneses habría participado en ese homicidio junto con otros miembros de la Policía y que, de acuerdo con la misma declaración del mencionado ex policía, contó con la colaboración de Santiago Uribe Vélez.

Meneses y el agente Alexander de Jesús Amaya, según había informado la Fiscalía, recibieron a Barrientos y a otros ciudadanos en el comando de la Policía y les aseguraron que los protegerían. Sin embargo, después ellos mismos, los habrían asesinado, según la fiscalía.

«El crimen de Barrientos hizo parte de la estrategia establecida por un grupo de personas, conocidas posteriormente en el mundo del crimen como ‘los 12 Apóstoles’, que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar a varios ciudadanos a los que consideraban miembros de la guerrilla», había informado la Fiscalía en el pasado.

Meneses dice que Santiago Uribe Vélez le pidió que colaborara con un grupo paramilitar que él tenía en la zona y que se dedicaba a asesinar a atracadores, consumidores de drogas y cuatreros, a cambio de un pago mensual de entre 600 y 750 dólares.

«Yo lo único que hacía era colaborarle al grupo y a Santiago, pero yo nunca participé (en el crimen de Barrientos)», dijo Meneses porque su función «era colaborarles» al dejar operar a los paramilitares y sin actuar en contra de ellos.

También dijo que el escuadrón de la muerte fue conocido con el nombre de «los 12 Apóstoles» y al que se sindica de la comisión de más de 50 asesinatos y que no conoció al ex presidente Uribe ni tenía información que lo comprometiera con el caso de su hermano. También entonces informó que solicitó el retiro voluntario de la Policía.

Meneses dijo que supo de las actividades ilegales de Santiago Uribe Vélez porque él mismo recibió pagos mensuales para ser permisivo con el accionar de este grupo armado ilegal, dijo a la AP el 24 de mayo de 2010.

Aún se desconoce el sitio de reclusión que le será asignado al hermano del presidente, un reconocido ganadero y experto en la cría de toros de lidia. El ex jefe de Estado aún no se ha pronunciado sobre la detención de su hermano de 58 años.

Según Meneses en 1994 llegó como comandante de la policía a Yarumal y conoció a Santiago Uribe Vélez, quien era uno de los copropietarios de una hacienda.

Meneses se entregó a la justicia colombiana en enero de 2014.

El ex mandatario siempre ha defendido a su hermano y en el pasado sostuvo enfrentamientos públicos con el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien había sugerido en los medios de comunicación el arresto de Santiago Uribe.