Este 23 de enero se celebra un año más de la salida del último dictador oficial que tuviera Venezuela, el general Marcos Pérez Jiménez, a cuyo efecto la oposición política ha organizado una marcha en rechazo a la dramática situación política que vive el país.

Tal y como es por todos conocidos, la oposición venezolana ha venido organizándose desde prácticamente el principio del primer gobierno del entonces Presidente Hugo Chávez, para enfrentarse a lo que considera la antítesis de un gobierno democrático. Es así que inicialmente fue creada la Coordinadora Democrática y posteriormente lo que vemos en el presente, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En ambos casos, como hemos escuchado recientemente como eslogan para invitar a la población a participar en la referida marcha, se ha hecho mención a la necesidad de “unidad” como elemento fundamental de lucha.

Efectivamente, que la unidad es uno de los elementos más importantes a la hora de establecer estrategias para materializar objetivos y metas concretas de cualquier naturaleza, particularmente porque esta nos permite ahorrar esfuerzos y evitar duplicidad de funciones que pueden producir efectos contrarios en determinado momento. No obstante, unidad no puede interpretarse como ausencia de pensamiento, o anulación de ideas, como ha abogado desde hace años el gobierno bolivariano al presentar sus propuestas del “hombre nuevo”, en donde ha dirigido sus esfuerzos hacia el pensamiento único, evitando cualquier tipo de disidencia.

El planeta en general enfrenta infinidad de retos, no solo de naturaleza política. Los pueblos del mundo padecen, aparte de malos gobiernos en muchos casos, hambrunas, guerras, problemas raciales, desempleo, pobreza, consecuencias dramáticas del cambio climático, y en fin, toda serie de males que merman a  la población y destruyen la fe y la esperanza de los ciudadanos.

Cada uno de esos males ha ameritado la atención no solo de los respectivos gobiernos, sino de instituciones y organizaciones privadas y de la colectividad en general. Para ello la participación de la sociedad civil ha sido fundamental. De allí que nos atrevamos a concluir que frente al llamado a la unidad, como instrumento de acción, se contrapone uno mucho más eficiente, democrático, y por consiguiente más sano: la necesidad de participación de la sociedad como un colectivo, representada en partidos políticos, academias, asociaciones gremiales, organizaciones vecinales, entre muchas otras, en donde cada uno de sus miembros tenga la posibilidad de opinar y de disentir de las ideas de los demás componentes, sin que esto se vea como una afrenta al liderazgo de alguien en particular.

Tal y como hemos venido mencionándole a nuestros lectores por mucho tiempo, el eje central de nuestros análisis ha sido el tratar de transmitir la imperiosa necesidad de actuar de manera diferente a aquellos a los que criticamos, o adversamos, siendo precisamente el llamado al liderazgo colectivo, hoy en boga en todo el mundo,  un elemento a considerar si de cambios políticos y sociales se trata. El liderazgo colectivo no puede entenderse como desaparición del líder individual, sino como madurez de este para interpretar que  no posee la capacidad exclusiva de manejar la verdad, ni mucho menos de interpretar y guiar a toda una sociedad con visiones distintas de la vida. Liderazgo colectivo no es anarquía, todo lo contrario. Liderazgo colectivo es entender que no somos imprescindibles, y que si bien sería deseable que duráramos toda la vida, las circunstancias de esta nos exige, tanto física, como intelectual e incluso profesionalmente, a veces darle paso a otros actores que por ley natural serán mucho más eficientes que aquellos que estuvieron en el pasado,  buscando no anular a la sociedad civil, sino apuntalarla en la cúspide de las decisiones y por supuesto de la acción.

Esto que mencionamos en el día de hoy no es mera retórica. Indistintamente de la calificación que cada uno pueda darle a nuestra participación, hoy nos toca decir hasta luego. Por esas cosas del destino, hemos tenido el privilegio de regresar de nuevo a la casa que nos recibió en los Estados Unidos, cuando armada por la espada de los sueños por una Venezuela mejor, fui designada como embajadora, representante permanente del país más maravilloso del mundo,  ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Muchos no han entendido lo que significa la responsabilidad y la dicha de poder representar a nuestro país, en cualquier posición que nos corresponda. Otros tampoco han querido comprender las esperanzas que existían para muchos venezolanos en aquella época de 1999, en la reconstrucción de un país que para ese momento estaba sumido en el individualismo, en donde dos partidos políticos dominaban la esfera política, protagonizando lamentables espectáculos de abuso de poder y corrupción.

Tal y como lo ha reflejado la historia, lamentablemente esas esperanzas se fueron al traste al apreciarse que precisamente, en vez de permitírsele al pueblo el ejercicio de ese liderazgo colectivo al cual hacía mención el líder máximo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, al referirse a la llamada “democracia participativa y protagónica”,  la vida política en Venezuela se transformó en la opinión y en la decisión de uno solo.

A partir de ahora trabajare como funcionaria de la OEA en una actividad producto precisamente de ese liderazgo colectivo, de ese llamado de la sociedad de un país que ha vivido intensos momentos políticos, como lo es Honduras. Es así, que en vista de la terrible situación de corrupción y de resquebrajamiento de las instituciones que vivió ese país debido a la impunidad, su pueblo solicito la participación del organismo hemisférico para luchar en contra de estos flagelos que minan las democracias y son capaces de pervertir a los más calificados personajes.

Como consecuencia de tales requerimientos la OEA no se hizo esperar, dando origen a lo que hoy en día se conoce internacionalmente como la MACCIH, o Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, en donde he sido designada como coordinadora del área de seguridad pública, teniendo bajo mi responsabilidad el reforzamiento de los sistemas policial y penitenciario.

Como muchos entenderán, esta responsabilidad de pertenecer oficialmente a un organismo como la OEA, implica una actitud muy prudente a la hora de opinar respecto a infinidad de situaciones, que si bien pueden estar alejadas de nuestra competencia en la OEA, pudieran comprometer al funcionamiento y la imagen del organismo.

Por supuesto que como ciudadanos del mundo, jamás dejaremos de analizar y de preocuparnos por los problemas que nos aquejan, mucho menos en el caso de Venezuela, cuyo futuro dependerá de la acción mancomunada y desinteresada de todos nosotros.

A quienes se han sentido acompañados por nuestras opiniones semanales, gracias por su apoyo, y para aquellos que han disentido de nuestros escritos, gracias por permitirme comprobar que solo con la disidencia se puede llegar a la verdad. ¡Hasta pronto a todos!

Notiminuto

 

A raíz del reinicio del dialogo entre el Gobierno de Venezuela y la agrupación opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han surgido una serie de interrogantes imposibles de obviar. Estas, además de haber trascendido a la opinión pública internacional, se han convertido en factor de duda y de discordia entre quienes abogan por el dialogo y sus detractores.

Una de las características de las sociedades democráticas es precisamente la discusión, y hasta las críticas en relación con cualquier aspecto que comprometa los intereses de sus miembros. Proviniendo las acciones de seres humanos, y recordando que estos no son infalibles, es obvio que al no existir soluciones perfectas la duda y las críticas no solo deban de existir, sino que deberían ser bienvenidas. En el caso de Venezuela no ha sido así, llegándose hasta al extremo de que ciudadanos se ataquen entre sí, acusándose los unos a los otros de pretender crear desunión dentro de la agrupación, y hasta de recibir dinero de parte del gobierno para lograrlo.

Si bien es entendible el efecto que ha venido produciendo el dialogo debido a la tremenda crisis política y económica que se vive en Venezuela, -circunstancia que ha crispado los ánimos de todos sus habitantes-, no es menos cierto que de continuarse por ese camino de descalificación y de sordera ante la posibilidad de corregir algún error en la conducción del mismo, las consecuencias las pagarán todos los venezolanos. De allí que se haga necesario la búsqueda de algún sistema de evaluación, capaz de demostrar objetivamente, tanto a los participantes del dialogo, como a sus defensores y detractores, su efectividad o no.

Uno de los mecanismos que pueden contribuir a resolver la situación creada está contenido en el “Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los resultados de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. Si bien dicho manual hace referencia a la gestión de proyectos, y al desarrollo de verdaderos programas, el mismo establece una serie de parámetros que resultan de utilidad para conocer la efectividad de las estrategias desarrolladas en infinidad de actividades, siendo el dialogo y la negociación unas de ellas.

Empecemos por recordar que este diálogo ha sido generado como consecuencia de la ingobernabilidad del país. De no haber sido así, organismos como la UNASUR, e instituciones como el Vaticano, jamás se hubieran involucrado. Entendiendo entonces al diálogo Gobierno-MUD como el proyecto de paz del país, se hace fundamental realizar su seguimiento a fin de evaluar hasta qué punto este resulta constructivo, así como establecer los cambios necesarios para mejorarlo si fuera el caso.

En materia de gestión de proyectos, el primer paso para su evaluación es el comparar entre los cambios generados por el proyecto en la actualidad y aquellos que estaban previstos en el momento de su planificación. En el caso del diálogo en Venezuela, debemos conocer cuáles fueron los objetivos planteados por las partes a su inicio, y compararlos con la materialización de esos objetivos hasta el presente. Debido a la controversia surgida en el seno de la oposición venezolana, haremos referencia únicamente a los objetivos planteados por la MUD, a cuyo efecto lo denominaremos “Proyecto Dialogo”.

Así tenemos que al inicio de la activación del dialogo,  la máxima autoridad de la MUD  señalo como objetivos, lo siguiente: “El temario es claro: Solución electoral, libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional (AN)…”

Los aspectos antes señalados corresponden, de acuerdo al manual del PNUD, a lo que se denomina “el panorama de temas prioritarios”. En otras palabras, la MUD reinicio el diálogo porque deseaba resolver la situación del país buscando una solución electoral. Exigía la liberación de los “presos políticos”, requería del gobierno la atención a la crisis por falta de insumos de primera necesidad; y por último, buscaba se respetara la competencia de la AN.

Reunidas las partes en conflicto, fue presentado un documento oficial (octubre 30, 2016), en el cual se estableció el resultado de la reunión celebrada entre ellos, de donde, entre otros, se produjeron los siguientes acuerdos: “…Revisión de la situación de personas privadas de libertad; caso de los diputados del Estado Amazonas; cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución; funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales; compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas y explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes…”

Continuando con la ejecución del proyecto diálogo, en una tercera reunión (noviembre 12, 2016) la  MUD, señaló los acuerdos siguientes: “Elecciones en Amazonas; respeto a la autonomía de la AN; elección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); liberación de personas detenidas; permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas; y adelantar políticas para que los sectores público y privado acuerden mecanismos para importar y distribuir mercancías e insumos”.

De lo antes expuesto, al comparar los objetivos iniciales del dialogo, con los resultados hasta ahora obtenidos, veremos que en cuanto a la “solución electoral” sugerida (que inicialmente se hacía ver como una solución nacional, y no a nivel de alguna localidad), se acordó la repetición de las elecciones en el Estado Amazonas, cuyos diputados habían sido ordenados desincorporar anteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es de recordar que con esta repetición de elecciones y la desincorporación de los diputados de ese Estado, La MUD dentro de la Asamblea Nacional perdió la mayoría calificada que requería para tomar decisiones trascendentales para el funcionamiento de los poderes públicos. En relación con la “libertad de los presos políticos”, se transformó la denominación presos políticos por privados de libertad, sin mayor otra consideración que permita la evaluación de los casos más relevantes e injustos. Respecto a la atención a las víctimas de la crisis humanitaria, se acordó permitir el ingreso al país de alimentos y medicinas y la posibilidad de importarlos por parte de la empresa privada.

Por último, en relación con el objetivo inicial de “respeto a la AN” nada fue desarrollado, si bien paralelamente a estas discusiones fueron tomadas ciertas decisiones por parte del TSJ, vinculadas a la competencia de aquella. Entre estas decisiones podemos mencionar las siguientes: ordenó a la AN abstenerse de continuar el  juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro (iniciado por la AN y suspendido por esta al inicio del dialogo); declaró sin lugar el recurso de amparo interpuesto para reanudar la recolección del 20% de firmas que permitirían continuar con el proceso del referéndum revocatorio; y ordenó suspender los efectos de la investigación iniciada por la AN en relación a supuestas irregularidades ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. , presumiblemente por parte del ex presidente de dicha institución, Rafael Ramírez, así como también suspendió investigar todos los actos derivados de esa o de cualquier otra investigación.

Existen muchos otros aspectos en el referido manual, vinculados con la evaluación de una gestión. Circunstancias como la “pertinencia de un proyecto”, en donde debe respetarse la congruencia entre los objetivos planteados en el mismo y los intereses de la población e instituciones (consenso social). Sobre esto recordemos que en la discusión se están involucrando áreas, como la soberanía popular, y los derechos humanos, cuya negociación y/o renuncia están prohibidas por la Constitución de la República y por los Tratados internacionales suscritos por esta.

Otras exigencias están incluidas en el manual, de donde podemos mencionar la necesidad de evaluar la efectividad del proyecto, a fin de verificar hasta qué punto en el espacio, en el tiempo y económicamente este es viable; y en fin, una serie de elementos que garanticen que el resultado de las estrategias obedece al fin deseado, y que ese fin este acorde con los intereses de la colectividad y no de grupos económicos o políticos en particular.

Antes de seguir discutiendo, ¿Cuál es la evaluación que usted le da a los resultados del dialogo?

 

*Abogada, especialista en seguridad y defensa, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos

Notiminuto

 

El continente vive uno de sus momentos políticos más interesantes de las últimas décadas, en donde resaltan dos procesos electorales inminentes e inéditos. Por un lado las elecciones a celebrarse hoy domingo en Nicaragua, cuyo Presidente participara como candidato para una segunda reelección consecutiva junto con su esposa como candidata a vicepresidente. Estas elecciones se realizarán sin observación electoral independiente, y sin la participación de la oposición. Esto último debido a que la coalición que existía como la segunda fuerza política del país, fue ilegalizada  y excluida de los comicios.

El segundo proceso electoral, de evidente mayor relevancia, se desarrollara el próximo martes en los Estados Unidos de Norte América. Allí los estadounidenses tendrán que escoger entre la primera mujer en presentarse como candidata presidencial de ese país (demócrata), la ex primera dama, Hillary Clinton,  y el millonario Donald Trump (republicano). A pesar que a nivel nacional la Sra. Clinton continua liderando las encuestas, la diferencia de votos potenciales cada vez se acortan más entre los dos candidatos, haciendo presumir un final de infarto.

Ambos procesos electorales, respetando sus distancias, han estado rodeados de particularidades las cuales han perturbado en muchos casos la tranquilidad de los ciudadanos. De allí que nos hubiera gustado desarrollar con profundidad dichos casos, como ejemplos contrapuestos de lo que representa la mayor expresión de soberanía popular de un país. A pesar de su importancia, la situación de Venezuela y las consecuencias que para este país latinoamericano representan las últimas medidas tomadas por sus actores políticos, así como la inclusión de un nuevo actor internacional como mediador en la situación, como lo es el Vaticano, hace necesario comentar los últimos acontecimientos allí producidos.

Mucho se ha discutido sobre la viabilidad o no de un dialogo entre el Gobierno y la oposición de ese país, particularmente porque las experiencias de diálogos anteriores entre ambos han resultado en un absoluto fracaso, demostrando a los venezolanos que dichos diálogos para lo que han servido es para elevar los egos de algunos de sus participantes, en vez de hacer valer las necesidades de los ciudadanos. En el presente, aun con la aparición de un mediador de excepción, la discusión sobre el dialogo aún permanece vigente, particularmente porque los días transcurren sin indicios de que las partes vayan a llegar a una solución satisfactoria para el país.

Analizar la diferencia entre diálogo y negociación y la improcedencia de realizar concesiones cuando aquel está incipiente, resultaría intrascendente en un país en donde ya existen posiciones tomadas y en donde muchos se han declarado expertos en la materia. Por ende, hemos escogido resaltar los aspectos acordados oficialmente por las partes, señalando la relación o no de estos con la realidad existente, a fin de que sea el propio lector el que pueda llegar a las conclusiones respecto a la viabilidad o no del mismo.

Tal y como lo señaló públicamente la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el dialogo-acuerdo contiene los siguientes particulares, citamos:

“Compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento de los venezolanos; revisión de la situación de personas privadas de su libertad; caso de los diputados del Estado Amazonas; cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución; funcionamiento y autonomía de los poderes públicos  y respeto de sus respectivas competencias constitucionales; compromiso conjunto para mejorar las condiciones  de abastecimiento y medicinas y explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes(sic)”.

Como consecuencia de estos aspectos, las partes acordaron el establecimiento de los siguientes “Ejes temáticos: 1. Paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía nacional; 2. Verdad, Justicia,  Derechos Humanos, Reparación de Victimas; 3. Económico y 4. Generación de confianza y cronograma electoral (sic)”.

En este sentido, al conjugar ambos apartes, podremos apreciar que el mismo se basa en aspectos deimposible ejecución para alguna de las partes, toda vez que los mismos representan la razón de ser del gobierno bolivariano.  Así tenemos que  en el caso del eje relativo a “Paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía nacional”, vinculado a los aspectos inicialmente transcritos, debemos recordar que tal y como es del conocimiento público, los eventos electorales como manifestación de la soberanía popular que eventualmente se realizarían en el presente año, elecciones regionales y referéndum revocatorio (RR), fueron pospuestos. El primero para el próximo año, y el segundo murió antes de nacer en vista del establecimiento de requisitos inconstitucionales por parte del CNE, así como por la anulación por parte de tribunales penales del 1 % de las firmas recabadas en algunos Estados. ¿Existe la posibilidad de realizar elecciones o de ejecutar el RR este año?

En relación con el funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y el respeto a las competencias institucionales, la pregunta que los ciudadanos se hacen es: ¿existe viabilidad alguna de que el Ejecutivo Nacional pueda admitir la existencia de una Asamblea Nacional (AN) con competencia para controlar las actuaciones de los poderes públicos como lo establece la Constitución de la Republica (C.R), enjuiciar al propio mandatario nacional, sustituir y sancionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como designar, entre otros, a los miembros del CNE con mandatos vencidos?

Respecto al aspecto  temático: “Verdad, Justicia,  Derechos Humanos, Reparación de Victimas”, el mundo se cuestiona: ¿esa justicia a la que se refiere el documento será la aplicada por los tribunales del país sumisos a las órdenes del presidente de la Republica?  ¿Los derechos humanos allí referidos incluirán a todos aquellos perseguidos injustamente, a los fallecidos como consecuencia de la falta de alimentos, medicinas, tratamiento médico, ataques de los colectivos y círculos bolivarianos, o simplemente del hampa desbordada? ¿Serán excarcelados todos aquellos dirigentes políticos presos como consecuencia de disentir de las políticas del Gobierno Nacional?

Referido a la temática económica habría que analizar: ¿puede la oposición venezolana comprometerse a apoyar alguna solución, cuando es el caso que la razón de la crisis económica del país obedece a la aplicación de un sistema político de ideología marxista que elimina la empresa privada, y sustituye la economía de mercado por una dirigida directamente por el Estado? ¿Renunciara el gobierno a este tipo de sistema?

Por último, en relación con el eje denominado: “Generación de confianza y cronograma electoral”, ¿puede lograrse confianza cuando se sustituyen los poderes públicos, se amenaza con encarcelar a los grupos opositores al gobierno, o incluso se establece un dialogo a espaldas de los propios ciudadanos del país?

La respuesta a estas interrogantes, derivadas del acuerdo-dialogo, pareciera haber llegado rápidamente por lo menos a uno de los participantes del evento. Es así que el propio secretario general de la UNASUR, organismo regional promotor del dialogo en Venezuela, ha declarado públicamente que: “Invito al gobierno y la MUD a no crear falsas expectativas sobre los resultados del diálogo en el plazo inicial acordado hasta el 11 de noviembre”. Mejor mensaje, imposible.

Como contraprestación al inicio del dialogo, ambos sectores han hecho concesiones. Del lado del Gobierno la excarcelación de 5, de los más de 140 presos políticos existentes en el país, así como la declaración del Presidente Maduro en su programa de televisión semanal respecto a que “aspiro a que los tribunales tomen cartas en el asunto ante los llamados terroristas de este grupo (referido al partido “Voluntad Popular” que ha manifestado su desacuerdo con el dialogo)… y como Jefe de Estado apoyaré todas las decisiones para que pague con la justicia este grupo terrorista”. Del lado de la oposición, la contraprestación ha sido más generosa: la suspensión del juicio político iniciado en contra del mandatario, y la suspensión de la marcha pautada para el propio palacio presidencial el pasado 3 de noviembre.

“El principito” (Antoine de Saint-Exupéry, 1943), ha sido considerado uno de los libros más vendidos en el mundo. Allí, un niño (el principito) –deseoso de ver una puesta de sol- le pide a un rey, quien se decía todopoderoso, que le regalara una. A lo que el rey le respondió: “Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina y el general no ejecutase la orden recibida ¿de quién sería la culpa, mía o de él?”. “La culpa sería de usted”, le dijo el principito.

“Exactamente, respondió el rey.  Sólo hay que pedir a cada uno, lo que cada uno puede dar. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables”.

¿Serán razonables los compromisos del dialogo?

 

Publicado en NotiMinuto 

El pasado 20 de octubre cinco tribunales penales de Venezuela decidieron anular el 1% de las firmas recolectadas en sus respectivas jurisdicciones por la organización opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), exigidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de los requisitos para celebrarse el referéndum revocatorio (RR) en Venezuela. Las medidas dictadas por estos tribunales obedecieron a las acciones judiciales iniciadas por sectores oficialistas, los cuales denunciaron la comisión de un fraude en las mencionadas firmas.

Como consecuencia de tales medidas, el CNE ordeno posponer hasta nuevo aviso la continuación del proceso de recolección del 20% de las firmas que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre, el cual forma parte de la segunda etapa de requisitos (Inconstitucionales) exigidos por el organismo.

La reacción de la colectividad venezolana y de la comunidad internacional como reflejo de la medida judicial, no se hizo esperar. Particularmente, por que por mucho que hubieran existido firmas fraudulentas, las mismas fueron recogidas en demasía. De hecho, debiéndose recoger casi 200 mil firmas, tal y como declaro el CNE en su oportunidad, fueron obtenidas 1.957.779, y de estas 1.352.052 fueron consideradas validas por el organismo electoral.

Esta nueva acción, ahora mediante el uso de la justicia en Venezuela, no debería sorprender a nadie. El proceso para activar el RR ha estado plagado de sabotaje desde el momento en que la oposición venezolana anuncio su interés en iniciarlo. De allí que, indistintamente de la facultad que le competa o no a unos tribunales penales, la cual ha sido puesta en duda por algunos especialistas, y del derecho que asista a cualquier ciudadano a interponer acciones ante aquellos, es obvio entender que las referidas medidas adoptadas por estos organismos jurisdiccionales obedecen a la continuación de esta macabra historia que ha representado la activación de un procedimiento establecido en la propia Constitución de la Republica.

La situación creada a raíz de estas medidas judiciales amerita unas consideraciones al respecto, las cuales debería hacernos reflexionar respecto a la realidad de los hechos y a la manera como los mismos están siendo enfrentados. Más aun cuando del análisis de los mismos, le corresponderá a la sociedad en su conjunto y no un grupo determinado, establecer no solo los correctivos frente a posibles errores cometidos, sino la estrategia a seguir para evitar cometer otros mayores.

Así tenemos que el pasado 21 de septiembre, la presidenta del organismo electoral informo oficialmente lo que el CNE denomino el “Cronograma para recolección del 20% de solicitudes para activar el referendo revocatorio”.

En esa presentación (http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3476), la mencionada funcionaria procedió a dar lectura a la decisión tomada por dicho organismo en relación con la continuación del proceso revocatorio, entre lo cual menciono, cito: “Una vez cumplidas todas las actividades posteriores a la recolección del 20% del registro electoral, el Consejo Nacional Electoral deberá emitir la declaratoria de procedencia o no procedencia, la cual se llevará a cabo a finales del mes de noviembre, por lo que de cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzara el quórum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principio de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017” (Subrayado nuestro). Igualmente, en esa misma fecha el ente electoral informo que había sido aprobada la recolección por circunscripción estadal del 20% de las firmas para activar el RR.

Tal y como puede apreciarse, el CNE en esa oportunidad notifico al país respecto a dos situaciones directamente vinculadas con el proceso revocatorio, la primera- y evidentemente la más grave porque impide la posibilidad de realizar elecciones presidenciales para sustituir al régimen autoritario imperante- fue la decisión de realizar, para el caso que se reunieran el 20 % de las firmas en tiempo hábil, el RR para “mediados del primer trimestre de 2017”.

El CNE en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, dejó abierta la posibilidad de que el mencionado referéndum pudiera eventualmente producirse en el presente año. No obstante, la reacción de la organización política que hizo la solicitud de activación del RR, secundada por los medios de comunicación, en vez de dirigir su atención a esta grave situación, hizo hincapié en la discusión respecto a su negativa a recoger dichas firmas a nivel estadal, llegando incluso a la conclusión de que indistintamente de lo que el CNE dijera, las mismas serian recabadas a nivel nacional.

Como consecuencia de tales circunstancias, la mayoría de los venezolanos (y por lo que estamos viendo de la reacción frente a la decisión judicial mencionada) del mundo entero, han creído equivocadamente que el RR en Venezuela se realizaría en el presente año. Líderes políticos, representantes de gremios, importantes personajes de la sociedad venezolana, medios de comunicaciones nacionales e internacionales, organismos multilaterales y hasta gobiernos, han venido haciendo referencia al derecho de los venezolanos a expresarse mediante el RR. Todos ellos bajo la falsa creencia que esa expresión se materializaría en un cambio de rumbo político en el país, cuando resulta que esto es absolutamente falso porque para que esto ocurriera es necesario, como lo establece la Constitución de la Republica, que el RR se realizara en el 2016.

¿Cuál podría haber sido la razón por la cual se le ha hecho creer al mundo de algo que no es verdad? Esto es algo que le competerá responder a quienes, consciente o inconscientemente, y quizás hasta llamados –equivocadamente- por la mejor buena voluntad, han dado pie a esta terrible confusión, en donde venezolanos de manera desgarradora, definen las actuales circunstancias como “la muerte del revocatorio”, cuando resulta que esta muerte ya estaba decretada y anunciada oficialmente desde hace un mes sin que nadie hubiera querido darse por enterado. Pareciera que, así como nadie quería reconocer que el rey estaba desnudo bajo pena de hacerse ver como tontos, en aquel famoso cuento de Christian Andersen, “el traje nuevo del emperador”, en Venezuela nadie quería que lo tomaran como el aguador de la fiesta.

A pesar de tales circunstancias, desde hace algún tiempo se han venido escuchando opiniones divergentes, de manera muy sólida, en relación a la manera como debe enfrentarse la situación del país. No es casualidad que organismos como la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela se hayan pronunciado recientemente sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto aprobada por el presidente de la Republica, a espaldas de la Asamblea Nacional. De igual forma, el gremio de abogados, representado por la Federación Nacional de Abogados, el Instituto de Previsión Social del Abogado, junto a 21 Colegios Nacionales, se declararon en «rebeldía» ante las decisiones emitidas en los últimos meses por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto sin contar la cantidad de personalidades del país que diariamente se están manifestando respecto a la impostergable necesidad de no seguir obedeciendo órdenes inconstitucionales, y aceptando manifiestas violaciones a los derechos humanos, a cuyo efecto hacen mención a la desobediencia civil establecida en el Artículo 350 de la Constitución de la Republica.

Lo peor que puede sucederle al país es mantenerse estático bajo la avalancha de abusos y violaciones a los derechos de los ciudadanos. De no actuarse con contundencia frente a lo que está sucediendo en el país, mañana no habrá medios de corregirlo. Cabe incluso la posibilidad de que por no actuar a tiempo no existiera siquiera un mañana.

 

El pasado 11 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) atendió la solicitud hecha por el presidente de la República respecto a la ampliación de una decisión dictada por el Máximo Tribunal sobre el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, y autorizó la presentación de la solicitud de aprobación del presupuesto nacional para el año 2017 ante el Alto organismo jurisdiccional. A los efectos de esta decisión, la competencia establecida a la Asamblea Nacional (AN) en el Artículo 187 de la Constitución de la República  (C.R) de  “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”, así como la de “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional” queda suspendida, pospuesta, o eliminada mientras dure la ejecución del referido decreto de emergencia.

Para quienes desconocen el contenido de dicha sentencia poco sentido tendría el comenzar a analizarla, toda vez que la misma ratifica lo que todo el mundo sabe y es que en Venezuela no existe ni democracia, ni mucho menos respeto al Estado de Derecho y que las formas que solía utilizar el entonces Presidente Hugo Chávez, de hacer parecer legal o constitucional lo que no lo era, han desaparecido.

Como consecuencia de la referida decisión, hace un par de días el Presidente Maduro  dirigió una asamblea popular con el objeto de aprobar dicho presupuesto a ser presentado ante el TSJ. En esa asamblea igualmente señalo que “todos los gobernadores y alcaldes deben firmar carta de acatamiento de la sentencia del TSJ», por cuanto que a quienes no lo hagan “no se les aprobarán recursos del situado constitucional”.  Esta imposición por parte del mandatario, si bien carece de asidero legal, evidencia un ejemplo más del poder absoluto que representa, así como un reto a los alcaldes y gobernadores que se dicen contrarios al régimen. Si firman la mencionada carta, aceptando lo que en todo caso ya es una decisión judicial y como tal debe cumplirse, actuaran en contra de la mayoría opositora del país, la cual ha manifestado su total rechazo a dicha sentencia. Por el contrario, de no firmar la absurda misiva se encontraran excluidos de recibir los referidos ingresos adicionales.

Mientras esto ocurría, la AN debatía en su recinto sobre el “rescate de la democracia y el respeto a la Constitución”. Dentro de las muchas opiniones que se escucharon en el debate hubo algunas que llamaron la atención de los analistas internacionales, las cuales nos proponemos resaltar.  La primera fue la realizada por el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  quien manifestó que «el derecho al voto no es del CNE, ni del TSJ, sino del pueblo, y lo haremos valer para resolver esta crisis”; señalando más adelante  que el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia «están fuera de la Constitución».

Por su parte el presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la AN advertía que el parlamento desconocería el presupuesto nacional aprobado por el presidente de la República y presentado al TSJ. A cuyo efecto señalo, que harían un “llamado a los organismos públicos, ejecutores de gasto, la tesorería nacional y demás entes públicos para que no ejecuten gastos basados en el presupuesto y también a las instituciones financieras para que se abstengan de hacer operaciones de crédito público».

Por último, el presidente de la A.N declaraba que “con todos los quebrantamientos del orden constitucional (…) Luego de la recolección del 20%, iremos a la OEA a ponerlos al día sobre Venezuela y pedir la aplicación de la Carta Democrática”.

Es evidente que  los más altos representantes del organismo legislativo, los cuales hacen vida política en el país, se encuentran conscientes del “quebrantamiento del orden constitucional” en el que se encuentra el gobierno. No obstante, el planteamiento que se hacen los ciudadanos y que repercute en los análisis que presentan los investigadores sobre el tema de Venezuela, no es la ausencia de constitucionalidad de los actos del poder público, sino la manera en que esto pretende enfrentarse.

¿Qué valor puede representar para los venezolanos el que se les diga que “el voto es del pueblo”, si no pueden ejercerlo? se preguntan algunos. ¿Qué importancia podrían darle los organismos del Estado a la advertencia respecto a que la Ley de Presupuesto es inconstitucional, y qué organismos públicos rechazaran la ejecución de dicha Ley? Señalan otros con sorna.

¿Cómo es eso que antes de cualquier acción en contra de tanto abuso de poder, la sociedad venezolana tendrá que esperar a “luego de la recolección del 20% de las firmas”?, se preguntan abrumadoramente los estudiosos. ¿Será que quienes así opinan no se han enterado que el propio organismo electoral ha establecido unos requisitos, tan inconstitucionales como la mencionada Ley de Presupuesto, que de ser cumplidos posponen el referéndum revocatorio para el próximo año?

Hay quienes  solemnemente anuncian la existencia de un golpe de Estado de parte del TSJ en contra de la AN.  Quienes afirman esto se equivocan. No existe ningún golpe de Estado en contra de la AN, lo que existe es un golpe contra la República, y este fue ejecutado hace más de 15 años. Los únicos que al parecer no lo han visto son los políticos, porque el pueblo, aquellos que no tienen inmunidad, a los que no les pagan dietas por participar en comisiones ni debates, los que no tienen carro, ni mucho menos chofer, hace años que ya se dieron cuenta.

Algunos han llegado a anunciar con seria preocupación la posibilidad de que  en los próximos días el TSJ podría publicar una sentencia en contra el referendo revocatorio (RR) presidencial. ¿A cuál RR se referirán?, porque el único RR pautado formalmente por el ente electoral ha sido fijado para el próximo año. ¿Será ese el revocatorio que persiguen, el que permitiría al Presidente Maduro salir del poder sin que nadie le exigiera cuentas por sus desmanes, porque quien lo sustituiría seria su Vicepresidente?

Los días pasan y la situación que padecen los venezolanos frente a la criminalidad desatada, la impresionante inflación, y la carencia de bienes de primera necesidad es absolutamente dramática. Ya ni los medios de comunicación lo reseñan con la gravedad que lo amerita, y es que toda esta tragedia se ha convertido en cotidiana, y lo cotidiano no atrae noticias.

Son dos países en uno, describiría Kafka en alguna mágica novela de esas en las que hacía de lo absurdo una realidad, en las que nada era lo que parecía ser. Dos Venezuelas que transitan en líneas paralelas en donde nadie escucha lo que no quiere escuchar, y otros miran para otro lado porque no quieren ver. ¿Inventaremos un país, o tendremos que esperar hasta las elecciones presidenciales del 2018 para darnos cuenta que estas también no las quitaron? ¿Lo dudan?

 

Publicado en Notiminuto

Virginia Contreras Abogada experta en seguridad

 

Hace un par de días el Consejo Nacional Electoral (CNE)  informo al país su decisión sobre la oportunidad en que el referéndum revocatorio (RR) solicitado por la agrupación política opositora venezolana, “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), se realizara. Entre otras cosas, el organismo señalo que el RR «pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017″. La decisión dictada por el ente electoral refleja una vez más su sumisión ante el gobierno revolucionario, razón por la cual no debería haber asombrado a nadie.

Desde principios de año el CNE ratifico una vez más su absoluta parcialidad a favor del Gobierno Nacional, así como continuo con su política obstruccionista frente a cualquier actividad desplegada no solo por la oposición política del país, sino por la propia Asamblea Nacional (AN). Tanto fue, que frente al proyecto de Ley Orgánica sobre referendos que en abril comenzó a discutir el poder legislativo, el cual había pasado la segunda discusión, el CNE (comunicación del 4/4/2016), le advirtió a la AN que debido a que el ente electoral poseía la iniciativa legislativa sobre Leyes electorales, el proyecto de Ley Orgánica de Referendo que estaba siendo tramitado allí se encontraba al margen de la Constitución por cuanto que el organismo electoral no había tenido la iniciativa sobre ese Proyecto.

Muy posiblemente haya quien se aburra cuando de leyes se trata, pero el caso es digno de mencionar, por cuanto que resultaba evidente que estando en mora el CNE para presentar un proyecto de Ley sobre referendos, jamás lo iba a hacer ante la AN ahora en manos opositoras. Así, si el organismo electoral se abstenía de presentar dicho proyecto, blindaba con esto las normas que con carácter provisional ha venido dictando sobre la materia, e impedía por supuesto que se establecieran disposiciones más concretas sobre RR, las cuales pudieran facilitar la coronación de los sueños de tantos ciudadanos.

Resulta ocioso repetir la cantidad de sinsabores que han padecido la mayoría de los venezolanos al apreciar las públicas patrañas que el CNE ha venido ejecutando para dilatar un proceso, que en tiempos de Hugo Chávez no hubiera durado más de dos meses. Esto que  decimos es tan cierto, que la propia presidenta del CNE, en una publicación inserta en la página web del organismo (www.cne.gob.ve) titulada “Solicitud de Referendo Revocatorio Presidencial. Exposición al país, Agosto 2016”, señala orgullosamente el poco tiempo que demoro el CNE en atender la solicitud del presidente de la Republica de entonces para ejecutar todo lo relacionado con el referéndum para aprobar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y para posteriormente aprobar la Constitución de la Republica, hechos estos que hay que reconocer que por su complejidad y por la cantidad de participantes, resultaban un verdadero reto en materia procedimental.

Todas estas circunstancias, de dilación del proceso, y obstruccionismo evidente, fueron conocidas por el grueso de las organizaciones políticas opositoras que hacen vida en la conocida MUD. Tanto así que algunos de sus miembros, viendo la amenaza de que no pudiera efectuarse el RR este año, sugirieron la posibilidad de que la recolección de firmas se realizara como un “plebiscito simbólico” en contra del Presidente Maduro.

Ahora, cuando el CNE señala oficialmente lo que ya resultaba más que evidente, lo que impresiona no es la decisión del organismo, sino la actitud de asombro que frente a una realidad por todos conocida demuestran líderes políticos y representantes de la antes mencionada organización opositora. La situación ha llegado a tal extremo, que todavía incluso hay quienes se atreven a sugerir que “solo la presión en la calle hará que el RR se realice este año”, pretendiendo tal vez con esto desconocer no solo una decisión, que injusta o no, inconstitucional o no, ilegal o no, y abusiva o no, emana de un organismo que posee no solo todo el apoyo del gobierno revolucionario, sino de su apéndice judicial, el Tribunal Supremo de Justicia.

¿Habrá alguien en su sano juicio capaz de creer que porque la semana que viene salgan a la calle un millón de manifestantes en contra de la decisión del CNE este cambie de opinión? ¿Puede alguien pensar que la Señora Presidenta del CNE dará una rueda de prensa manifestando su desaprobación con la decisión dictada por el organismo, y amenazando al gobierno con renunciar si el RR no se realiza en el 2016?

Es entendible que frente a una medida dictada por alguna autoridad, los ciudadanos tengan el derecho y hasta el deber de manifestar públicamente su contrariedad, pero de allí a hacerle creer a la población que su participación -a estas alturas en que la decisión está tomada, y sin ni siquiera haberse iniciado la recolección del 20 por ciento de las firmas- podrá cambiar la decisión, es una situación que no solo resulta fantasiosa, sino, con todo respeto: criminal.

La naturaleza humana suele ser muy dura frente a hechos adversos producidos como consecuencia de la acción de otros. Muy posiblemente en este caso sean muchos los que nieguen su responsabilidad en relación con una estrategia que por lo menos hasta el momento ha resultado equivocada. Pero aún bajo lo abrumadora que ha podido resultar para algunos la referida noticia, más grave que haberse equivocado en establecer una única estrategia sin considerar la ejecución de un “Plan B”, resulta el persistir en equivocarse a sabiendas que las consecuencias del error la están padeciendo 30 millones de venezolanos y no un partido político.

Más allá que la MUD desee por razones de dignidad, y hasta de previsión política, continuar con la segunda etapa del proceso revocatorio, y sin que esto signifique desmerecer muchos de sus logros, es obvio que no puede seguir actuando sorda, ciega y muda frente a lo que la sociedad y la comunidad internacional esperan. No basta con consultar a unas bases políticas para saber qué se va a hacer en las próximas semanas, o qué tipo de declaración en respuesta a tales hechos realizaran el lunes. Tales acciones no le interesan sino a los mismos integrantes de las organizaciones políticas. Lo que los venezolanos siguen esperando es que terminen de una vez por todas de olvidarse de intereses presidencialistas, y de costos políticos de estos para las próximas elecciones presidenciales. Lo que la gente está esperando oír no es el mea culpa del secretario general de la MUD, o del presidente de la Asamblea Nacional. Lo que la gente pide a gritos es que se incluyan todas las otras opciones que muchos venezolanos habían presentado hasta el momento y que inexplicablemente se dejaron a un lado. Lo que la gente quiere es que no solo se deje participar a esas repetidamente mencionadas “bases” señaladas por los líderes políticos, sino a la gente de bien, al que hace la cola para comprar comida, al que habla en la radio, a la madre que no sabe cómo alimentar a su bebe, y hasta al que recibe esas bolsas de miserias llamadas “Clap”. Si esto no es posible hacerlo, pues que lo hagan otros.

 

Publicado en Notiminuto

Virginia Contreras Abogada experta en seguridad

 

 

Las crisis que padecen los pueblos como consecuencia de las políticas desarrolladas por los gobiernos, son temas que cada día más atraen no solo a los políticos de oficio, sino a los estudiosos de otras ciencias, las cuales en el pasado hubieran resultado imposibles de digerir.

Si entendemos que la política (Polis) se refiere a la idea de ciudad, en la cual congenian diversidad de personas e intereses, tendremos que aceptar que esta es un tema que afecta a todos los ciudadanos del mundo.  Conceptos, como la diferencia entre el pasado y el futuro, que en principio podrían aplicarse a las ciencias naturales, son interpretados hoy en día dentro de una de las áreas que más influye en la conducta humana, y en el futuro de la humanidad: la política.

“Nada desevoluciona”, ha dicho uno de estos expertos paleontólogos, “y lo que decidamos que sea el futuro debe ser algo nuevo”. Estas ideas, que en principio han sido utilizadas para conocer el origen del hombre, son las que vienen siendo aplicadas por los analistas en temas internacionales, por cuanto que las decisiones políticas no solo afectan a quienes transitan en un lugar geográfico determinado, sino a todos los que conviven en el mundo.

De allí que no nos sorprenda que afirmaciones hechas por científicos, como Arsuaga (Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997), respecto a que “la solución a nuestros problemas no está en el pasado, sino en el futuro”, así como que “conociendo ese pasado hay lecciones que podemos aprender, pero cualquier esperanza de encontrar la solución en el retroceso, es en vano”, sean utilizadas actualmente por importantes grupos de pensamiento (Think Tank), analistas internacionales y hasta asesores gubernamentales.

Esto que desde afuera se ve tan sencillo, no lo es tanto cuando se aprecia bajo el prisma de la cotidianidad, llena de la monotonía que resulta de hacer las cosas de manera similar una y mil veces, sin que pareciera que algún cambio se haya llegado a producir. Esa monotonía es capaz de asesinar a sangre fría los sentimientos más profundos del ser humano, así como de fusilar las esperanzas por una vida mejor en cualquiera de las áreas a las que nos refiramos. En el campo político, han dicho algunos expertos, Venezuela es un grave ejemplo de esto.

Si apreciamos la situación que hoy en día enfrenta el país, entenderemos que si bien diariamente se han venido produciendo una serie de hechos cada vez más graves, esos hechos se han incrustado en las profundidades de la consciencia de muchos venezolanos, y sobre todo de infinidad de políticos, de tal manera que en vez de enfrentar la situación con ideas nuevas, permanecen estancados en las corrientes del pasado como si la vida no fuera cambiante, y como si Venezuela debiera ser el único país del planeta condenado a seguir produciendo sus mismos errores una y otra vez.

Así vemos que frente a la detención de ciudadanos por razones políticas en Venezuela, o al atropello de la población en general como consecuencia de alguna medida tomada por el Gobierno venezolano, la reacción sea la aparición de distintas empresas encuestadoras haciendo alusión a la posición que ocupan los líderes políticos respecto a una eventual contienda electoral. Igual vemos los dichos de estos líderes afianzando esas creencias, y las manifestaciones populares en donde a la sana intención de unir voluntades para no perder la esperanza en un mundo mejor-que claro que es posible obtenerse- se le unen los consabidos discursos politiqueros que desdicen en el mundo exterior sobre el conocimiento que sus voceros poseen sobre la realidad del país, y sobre la manera de enfrentarla.

¿A qué elecciones presidenciales se referirán esas encuestadoras?, se preguntan algunos. ¿Qué líderes han sido elegidos para representar a la mayoría de la sociedad venezolana en esa pretendida elección?, se preguntan otros; y ¿cuál es ese proyecto de país que pretenden presentar a la colectividad a fin de despertar los ánimos de los más dormidos, y enamorar a los ciudadanos más desafectos en esa nueva Venezuela?, insisten en consultarse algunos más.

Esta situación que enfrentan los venezolanos, en donde a la crisis de gobernabilidad se le une la crisis de soluciones, no es un aspecto que deba verse a la ligera. Por lo menos no es lo que aconsejan los veteranos especialistas en temas políticos. Y es que esa ausencia de respuestas viene dada por la poca visión de futuro, que según estos, existe respecto a la Venezuela que se vislumbra en la mente de los opositores al régimen bolivariano. Para ello, señalan, basta con un breve ejercicio de memoria política, en donde sin mucho esfuerzo recordaremos la crisis de representatividad y desprestigio que involucraba a los partidos políticos mayoritarios del país,  Acción Democrática (AD) y COPEI,  para la fecha en que por primera vez gana las elecciones el otrora candidato Hugo Chávez (1998).

Las denuncias de corrupción de sus gobiernos, los abusos de poder, y la discriminación entre venezolanos por la falta de un carnet político, entre otras cosas, conllevaron al país a la búsqueda de nuevos liderazgos basados en la mera imagen pública de sus personalidades. En contra de una bella” ex reina de belleza”, apoyada asombrosamente por líderes conservadores del partido COPEI, se presentaba como opción la imagen de un “mesías” que acababa prácticamente de salir de la cárcel por intentar derrocar al que para entonces, después del dictador Juan Vicente Gómez (1908-1935), había sido el hombre más poderosos del país, el Presidente Carlos Andrés Pérez.  Paralelamente se enfrentaba como candidato presidencial por AD, el  secretario general de su partido, el llamado “caudillo” Luis Alfaro Ucero, apoyado por los partidos URD, ORA y otras pequeñas  organizaciones políticas.

A pocos días para las elecciones presidenciales, y viendo que el candidato de AD no mejoraba en las encuestas, el Comité Directivo Nacional de dicho partido le retiró su apoyo para respaldar al ex Gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Römer, a quien consideraban el único capaz de derrotar a Hugo Chávez. Lo demás fue un hecho bochornoso que término de enlodar lo que quedaba medio sano de la política venezolana.  El candidato Alfaro no aceptó la decisión de su partido y termino siendo expulsado de la manera más grotesca posible por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Lo que vino después ya es conocido. Chávez ganó las elecciones presidenciales, con un 56,20%, sucediendo a Rafael Caldera, fundador del partido COPEI, y quien por pugnas internas en su partido había decidido autoexcluirse y fundar el partido “Convergencia”, con el cual ganaría las elecciones presidenciales en 1993.

A pesar de la proliferación de partidos y grupos políticos en Venezuela en el presente, los cuales mayoritariamente se encuentran bajo la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ninguno de estos ha considerado indispensable ni dar a conocer su ideología, ni mucho menos presentar un proyecto de país para demostrar a los venezolanos la Venezuela  a la que aspiran para los años venideros, así como la manera en que pretenden desarrollar dicho proyecto.

Con esto, concluyen los analistas, no solo desdicen de la poca importancia que le otorgan a la sociedad venezolana en la solución de sus problemas, sino que dan peligrosamente por sentado que de manera automática esos grandes porcentajes de rechazo a las políticas del régimen revolucionario, irían a fortalecer sus pretensiones electorales. La última experiencia vivida por  los venezolanos, cuyo origen fue la falla de los partidos políticos antes mencionados, todavía está latente. No solo porque dichos partidos, aun cuando sus adeptos hayan quedado numéricamente reducidos, siguen haciendo vida política, sino porque los partidos de nueva data persisten en copiar al máximo las características de aquellos: similar manera de comportarse, idénticas aspiraciones electorales, igual tratamiento a la sociedad venezolana, y peor aún: falta de ideología propia. ¿Será eso lo que emulan los venezolanos para su futuro?; ¿o merecerán algo mejor?

Abogada, especialista en seguridad y defensa, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos.*

Notiminuto

Las crisis que padecen los pueblos como consecuencia de las políticas desarrolladas por los gobiernos, son temas que cada día mas atraen no solo a los políticos de oficio, sino a los estudiosos de otras ciencias, las cuales en el pasado hubieran resultado imposibles de digerir.

Si entendemos que la política (Polis) se refiere a la idea de ciudad, en la cual congenian diversidad de personas e intereses, tendremos que aceptar que esta es un tema que afecta a todos los ciudadanos del mundo. Conceptos, como la diferencia entre el pasado y el futuro, que en principio podrían aplicarse a las ciencias naturales, son interpretados hoy en día dentro de una de las áreas que más influye en la conducta humana, y en el futuro de la humanidad: la política.

“Nada desevoluciona”, ha dicho uno de estos expertos paleontólogos, “y lo que decidamos que sea el futuro debe ser algo nuevo”. Estas ideas, que en principio han sido utilizadas para conocer el origen del hombre, son las que vienen siendo aplicadas por los analistas en temas internacionales, por cuanto que las decisiones políticas no solo afectan a quienes transitan en un lugar geográfico determinado, sino a todos los que conviven en el mundo.

De allí que no nos sorprenda que afirmaciones hechas por científicos, como Arsuaga (Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997), respecto a que “la solución a nuestros problemas no está en el pasado, sino en el futuro”, así como que “conociendo ese pasado hay lecciones que podemos aprender, pero cualquier esperanza de encontrar la solución en el retroceso, es en vano”, sean utilizadas actualmente por importantes grupos de pensamiento (Think Tank), analistas internacionales y hasta asesores gubernamentales.

Esto que desde afuera se ve tan sencillo, no lo es tanto cuando se aprecia bajo el prisma de la cotidianidad, llena de la monotonía que resulta de hacer las cosas de manera similar una y mil veces, sin que pareciera que algún cambio se haya llegado a producir. Esa monotonía es capaz de asesinar a sangre fría los sentimientos más profundos del ser humano, así como de fusilar las esperanzas por una vida mejor en cualquiera de las áreas a las que nos refiramos. En el campo político, han dicho algunos expertos, Venezuela es un grave ejemplo de esto.

Si apreciamos la situación que hoy en día enfrenta el país, entenderemos que si bien diariamente se han venido produciendo una serie de hechos cada vez más graves, esos hechos se han incrustado en las profundidades de la consciencia de muchos venezolanos, y sobre todo de infinidad de políticos, de tal manera que en vez de enfrentar la situación con ideas nuevas, permanecen estancados en las corrientes del pasado como si la vida no fuera cambiante, y como si Venezuela debiera ser el único país del planeta condenado a seguir produciendo sus mismos errores una y otra vez.

Así vemos que frente a la detención de ciudadanos por razones políticas en Venezuela, o al atropello de la población en general como consecuencia de alguna medida tomada por el Gobierno venezolano, la reacción sea la aparición de distintas empresas encuestadoras haciendo alusión a la posición que ocupan los líderes políticos respecto a una eventual contienda electoral. Igual vemos los dichos de estos líderes afianzando esas creencias, y las manifestaciones populares en donde a la sana intención de unir voluntades para no perder la esperanza en un mundo mejor-que claro que es posible obtenerse- se le unen los consabidos discursos politiqueros que desdicen en el mundo exterior sobre el conocimiento que sus voceros poseen sobre la realidad del país, y sobre la manera de enfrentarla.

¿A qué elecciones presidenciales se referirán esas encuestadoras?, se preguntan algunos. ¿Qué líderes han sido elegidos para representar a la mayoría de la sociedad venezolana en esa pretendida elección?, se preguntan otros; y ¿cuál es ese proyecto de país que pretenden presentar a la colectividad a fin de despertar los ánimos de los más dormidos, y enamorar a los ciudadanos más desafectos en esa nueva Venezuela?, insisten en consultarse algunos más.

Esta situación que enfrentan los venezolanos, en donde a la crisis de gobernabilidad se le une la crisis de soluciones, no es un aspecto que deba verse a la ligera. Por lo menos no es lo que aconsejan los veteranos especialistas en temas políticos. Y es que esa ausencia de respuestas viene dada por la poca visión de futuro, que según estos, existe respecto a la Venezuela que se vislumbra en la mente de los opositores al régimen bolivariano. Para ello, señalan, basta con un breve ejercicio de memoria política, en donde sin mucho esfuerzo recordaremos la crisis de representatividad y desprestigio que involucraba a los partidos políticos mayoritarios del país, Acción Democrática (AD) y COPEI, para la fecha en que por primera vez gana las elecciones el otrora candidato Hugo Chávez (1998).

Las denuncias de corrupción de sus gobiernos, los abusos de poder, y la discriminación entre venezolanos por la falta de un carnet político, entre otras cosas, conllevaron al país a la búsqueda de nuevos liderazgos basados en la mera imagen pública de sus personalidades. En contra de una bella” ex reina de belleza”, apoyada asombrosamente por líderes conservadores del partido COPEI, se presentaba como opción la imagen de un “mesías” que acababa prácticamente de salir de la cárcel por intentar derrocar al que para entonces, después del dictador Juan Vicente Gómez (1908-1935), había sido el hombre más poderosos del país, el Presidente Carlos Andrés Pérez. Paralelamente se enfrentaba como candidato presidencial por AD, el secretario general de su partido, el llamado “caudillo” Luis Alfaro Ucero, apoyado por los partidos URD, ORA y otras pequeñas organizaciones políticas.

A pocos días para las elecciones presidenciales, y viendo que el candidato de AD no mejoraba en las encuestas, el Comité Directivo Nacional de dicho partido le retiró su apoyo para respaldar al ex Gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Römer, a quien consideraban el único capaz de derrotar a Hugo Chávez. Lo demás fue un hecho bochornoso que término de enlodar lo que quedaba medio sano de la política venezolana. El candidato Alfaro no aceptó la decisión de su partido y termino siendo expulsado de la manera más grotesca posible por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Lo que vino después ya es conocido. Chávez ganó las elecciones presidenciales, con un 56,20%, sucediendo a Rafael Caldera, fundador del partido COPEI, y quien por pugnas internas en su partido había decidido autoexcluirse y fundar el partido “Convergencia”, con el cual ganaría las elecciones presidenciales en 1993.

A pesar de la proliferación de partidos y grupos políticos en Venezuela en el presente, los cuales mayoritariamente se encuentran bajo la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ninguno de estos ha considerado indispensable ni dar a conocer su ideología, ni mucho menos presentar un proyecto de país para demostrar a los venezolanos la Venezuela a la que aspiran para los años venideros, así como la manera en que pretenden desarrollar dicho proyecto.

Con esto, concluyen los analistas, no solo desdicen de la poca importancia que le otorgan a la sociedad venezolana en la solución de sus problemas, sino que dan peligrosamente por sentado que de manera automática esos grandes porcentajes de rechazo a las políticas del régimen revolucionario, irían a fortalecer sus pretensiones electorales. La última experiencia vivida por los venezolanos, cuyo origen fue la falla de los partidos políticos antes mencionados, todavía está latente. No solo porque dichos partidos, aun cuando sus adeptos hayan quedado numéricamente reducidos, siguen haciendo vida política, sino porque los partidos de nueva data persisten en copiar al máximo las características de aquellos: similar manera de comportarse, idénticas aspiraciones electorales, igual tratamiento a la sociedad venezolana, y peor aún: falta de ideología propia. ¿Sera eso lo que emulan los venezolanos para su futuro?; ¿o merecerán algo mejor?