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México: la CIDH denuncia obstáculos en investigación del caso de los 43 estudiantes de Iguala

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Activistas de derechos humanos que investigan el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, en el estado de Guerrero, México, dicen que no han podido entrevistar a personal militar.

En rueda de prensa celebrada este lunes en Ciudad de México, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que trabajan en el caso dijeron que los soldados que pudieron haber sido testigos de la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre del año pasado sólo pueden ser interrogados a través de un cuestionario escrito.

El equipo de la CIDH, organismo dependiente de la OEA, prefirió no hacerlo así.

El gobierno de México no ha respondido a los señalamientos.

Familiares portan fotografías de algunos de los 43 estudiantes durante una marcha tras 10 meses de la desaparición.

La delegación de la CIDH también señaló que videos de seguridad que contienen pruebas visuales de los hechos pueden haber sido destruidos.

El Ministerio del Interior de México declinó hacer comentarios sobre este punto y, en un comunicado, indicó que el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio, y los miembros de la CIDH tuvieron una reunión con las familias de las víctimas el viernes.

Ingestigación en marcha

Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron detenidos por la policía de la ciudad de Iguala y, según dice el gobierno de México, fueron entregados a un líder de un cartel que mandó que los mataran e incineraran sus cuerpos.

Hasta ahora sólo se ha logrado identificar los restos de uno de los estudiantes.

Los investigadores de la CIDH quieren interrogar a soldados del batallón de Iguala que acudió al lugar de los incidentes en el momento en que los estudiantes chocaron con la policía.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha generado indignación y un profundo malestar en México.

Los parientes de los desaparecidos creen que los soldados no actuaron como debían cuando la policía abrió fuego contra los estudiantes y posteriormente los subió a un autobús.

La CIDH investiga el caso a petición de las familias de las víctimas, con el consentimiento del gobierno.

El informe final de la Comisión se espera en septiembre.

México: Asesinan a activista que lideró la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos

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El coordinador y fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Miguel Ángel Jiménez, quien también era líder de la policía comunitaria de Xaltianguis, fue asesinado el sábado, de acuerdo a la información emitida por la Fiscalía General del Estado.

Miguel Ángel Jiménez, tenía 45 años, era taxista y luego de conocerse la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala, se convirtió en activista para encontrar el paradero o una respuesta con respecto a este caso.

La Fiscalía mexicana, indicó que fue hallado, sin vida, vehículo, “estacionado en la carretera que conecta a la Ciudad de México con el turístico puerto de Acapulco, a la altura del poblado de Xaltianguis”.
Miguel Ángel Jiménez, ayudó a organizar varios grupos de búsqueda, entre ellos: “Los otros desaparecidos de Iguala”.
Otros activistas mostraron su pena ante la pérdida del activista, quien no pudo conocer en vida, el paradero de los jóvenes.
*Con información de ÚN

 

Fiscal confirma

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MEXICO (AP) — El Procurador General de México dijo que decenas de confesiones y pruebas forenses practicadas muestran que los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre murieron y que fueron incinerados al día siguiente, en un basurero cercano a la población de Cocula, en el estado sureño de Guerrero.

En una larga exposición de los detalles de la investigación, Jesús Murillo Karam dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de una hoguera fue suficiente para incinerar a los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa sin que se hubieran dejado restos que permitieran su posterior identificación y reconocimiento.

A esta conclusión llegó el martes pese a que sólo se ha confirmado la identificación de uno de los estudiantes a través de una prueba de ADN, Alexander Mora Venancio, y con base en una declaración ofrecida por un laboratorio forense en Innsbruck, Austria, que dijo que era imposible identificar los demás restos con los que cuentan.

Murillo dijo que su conclusión se basó en 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos.

El procurador presentó el testimonio de quien habría sido jefe de los sicarios que los ejecutaron, detenido el 15 de enero, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, detenido tras ser deportado desde los Estados Unidos. También afirmó contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula que entregaron a los estudiantes a un grupo de sicarios y con el testimonio de al menos una decena de sicarios que interrogaron, ejecutaron, incineraron y lanzaron a un río los cuerpos de los jóvenes.

Valentín Cornelio Gonzalez, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación.

Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso.

El gobierno mexicano ha sido criticado por los padres de los estudiantes, expertos en incendios y otros por la inverosimilitud de la explicación oficial de lo sucedido. Los padres aún continúan protestando y buscando a sus hijos.

El procurador dijo que su conclusión se basó en 39 confesiones, 487 peritajes, que incluyeron pruebas de gasolina, diesel y rastros de acero de neumáticos encontrados en la escena del crimen, y agregó que tanto el calor despedido por el fuego como el lugar de la pira así como las horas que el fuego estuvo vivo y que las cenizas fueran trituradas, fueron suficientes para deshacer los cuerpos.

Los funcionarios de investigación dijeron que los cuerpos fueron quemados esa noche así como en los siguientes días y que los restos incinerados fueron empacados en varias bolsas y arrojados a un río cercano.

La escena de los hechos es un barranco de 800 metros que se asemejaba a un horno, dijo Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.

El procurador afirmó que “no existe una sola evidencia de participación del ejército” en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa vía de investigación.

También explicó que el móvil detrás de la desaparición y muerte de los estudiantes es la percepción por parte de la organización Guerreros Unidos de que entre los estudiantes venían “infiltrados” de los rojos, una organización criminal rival.

Según Murillo, el número de detenidos asciende a 99 y aseguró que aún quedan al menos seis detenciones pendientes más, los elementos de que se dispone la investigación son “suficientes” y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables.

 

Masiva protesta en México por la desaparición de los 43 estudiantes

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MEXICO (AP) — Cuando se cumplen cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur de México, en la capital se registran varias marchas de protesta convocadas por familiares y organizaciones sociales descontentos con la supuesta responsabilidad del estado en los hechos y lo que consideran como mala gestión de la investigación por parte de las autoridades.

El Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja con la fiscalía mexicana como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, informó el domingo a The Associated Press de que todavía no hay “evidencias suficientes” para vincular a los desaparecidos con el hallazgo de varias bolsas de plástico que aparecieron junto a un río y en las que había restos calcinados.

Los restos y el testimonio de varios sicarios detenidos ofrecen el sustento de la versión ofrecida por las autoridades mexicanas para explicar lo sucedido con los jóvenes, que desparecieron el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.

Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban recaudando fondos y secuestrando autobuses y conductores para desplazarse a una marcha de protesta en la ciudad de México, como habitualmente hacían, cuando la policía municipal intervino contra ellos por órdenes del alcalde José Luis Abarca.

Después de varios ataques policiales que ya habían provocado seis muertes y un tiroteo en el que participaron también miembros del crimen organizado, el informes oficial de los hechos es que la policía entregó a los estudiantes a los narcos, quienes los asesinaron y quemó sus restos en un basurero cercano antes de arrojarlos a un río en la cercana población de Colula. La versión es cuestionada por familiares y organizaciones sociales.

Las autoridades mexicanas enviaron los restos, muy dañados por el calor, a una universidad en Austria, donde comprobaron científicamente que entre los restos hallados se encuentra uno de los estudiantes.

Los resultados dan credibilidad al relato de los autores confesos y los análisis científicos, pero las organizaciones sociales opinan que no existen evidencias suficientes de que los 43 desaparecidos fueron calcinados en un basurero ni para saber cuál fue el destino de los 42 no identificados.

Que las pruebas de ADN sobre los restos hallados no tengan prácticamente ninguna posibilidad de ofrecer resultados debido a su mal estado, alimenta la desconfianza en el estado de quienes protestan.

Por ejemplo, Amnistía Internacional ha pedido que el estado investigue el papel del ejército en los hechos.

Según testimonios de los supervivientes, miembros del batallón 27 del ejército entraron en la clínica donde se refugiaban estudiantes e incluso hicieron salir a algunos heridos. Ellos sobrevivieron al secuestro y desaparición de sus compañeros.

El Procurador General de la República se ha mostrado siempre de acuerdo con el hecho de que el ejército no hubiera intervenido contra la policía para evitar consecuencias aún peores.

Amnistía Internacional también ha pedido que el gobierno de Enrique Peña Nieto haga un reconocimiento público de la crisis en materia de derechos humanos que vive el país así como un compromiso de que la respuesta a esta crisis se convierta en una prioridad de su administración.

Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón, predecesor de Peña Nieto, lanzara la llamada “guerra contra las drogas”, se han registrado más de 100.000 muertos y el Estado reconoce alrededor de 23.000 desaparecidos.

Para Amnistía Internacional, la situación actual de México es equiparable a la de algunos países en un conflicto abierto.

México: no fue posible la identificación genética de los restos de estudiantes desaparecidos

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MEXICO (AP) — Las autoridades mexicanas informaron el martes que los forenses austriacos que colaboran en la identificación de restos que podrían ser de algunos de los 42 estudiantes desaparecidos en septiembre no encontraron trazas de ADN en los restos analizados.

La Procuraduría General de la República explicó que el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, indicó que “un calor excesivo” dañó las muestras de ADN de los 17 fragmentos de huesos y dientes que recibió.

La universidad logró identificar en diciembre a sólo uno de los 43 desaparecidos entre los restos que las autoridades enviaron al país europeo.

Ahora intentará hacer una prueba más, denominada “secuenciación masivamente paralela” que utiliza un gran número de computadoras al mismo tiempo sobre el ADN, pero advirtió que el riesgo de destruir las muestras sin conseguir información adicional es alto. La fiscalía mexicana está a favor del intento, que según los científicos austríacos puede tomar alrededor de tres meses.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes, dijo que la posible destrucción de los restos “va a impactar en las creencias de los padres de familia”.

La mayor parte de las familias son de origen indígena y campesino y a través de su representante legal han protestado por la falta de comunicación por parte del gobierno.

“En las tradiciones campesinas el tema del duelo es muy simbólico, es muy importante”, dijo Rosales.

“Yo creo que antes de tomar la decisión, PGR (la Procuraduría General) debió consultar, debió pedir el parecer de los familiares, pero no se hizo”, añadió.

Según la versión oficial, los estudiantes fueron secuestrados cuando policías municipales de la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, requisaron los autobuses en los que los jóvenes viajaban para participar de una manifestación. Posteriormente y tras una orden del alcalde de Iguala José Luis Abarca, en prisión junto a su esposa, fueron entregados a un grupo de policías de Cocula, un municipio vecino.

Aún no se sabe cómo ni en qué momento los policías los pusieron en manos de un grupo de sicarios del cártel de los Guerreros Unidos que los trasladó a un basurero donde los interrogó y quemó sus cadáveres en una inmensa pira de madera, neumáticos y diésel antes de introducirlos en bolsas de plástico y tirarlos a un río.

El caso ha generado una gran controversia tanto en México como en el extranjero y ha sido el detonante de un fuerte cuestionamiento de los vínculos entre algunos grupos del crimen organizado, las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad.

Durante las investigaciones fueron detenidas más de 70 personas, la mayoría policías. El gobernador del estado de Guerrero dimitió por el caso.

 

Esposa de exalcalde de Iguala a la carcel por asesinato de 43 estudiantes de Ayotzinapa

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La esposa del exalcalde de Iguala, una ciudad del sur de México donde desaparecieron 43 estudiantes en el pasado mes de septiembre, fue encarcelada tras ser acusada de crimen organizado. La medida se toma luego de que la mujer permaneció dos meses bajo arresto provisional, informó este lunes la fiscalía general del país azteca.

Un juez libró orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (…) y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, dijo Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía.

La mujer fue trasladada de Ciudad de México a un penal de Nayarit (oeste) junto con diez policías de Iguala, arrestados hace unos días por el caso de los estudiantes, añadió el funcionario.

La noche del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados a balazos en la cercana Iguala por policías locales coludidos con narcotraficantes.

Tras la balacera, que dejó seis muertos, desaparecieron 43 de estos jóvenes. Según la fiscalía, los policías los entregaron a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado.

Hasta el momento sólo se han podido identificar los restos calcinados de uno de ellos. En total, unas 90 personas han sido detenidas por este caso, entre policías, narcotraficantes y funcionarios.

Con base en confesiones de algunos de los detenidos, la fiscalía había señalado a Pineda, hermana de tres narcotraficantes, como la principal operadora en Iguala del cártel Guerreros Unidos.

Estas confesiones señalan, además, al esposo de Pineda, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, como quien dio la orden de atacar a los estudiantes con el objetivo de evitar que boicotearan un acto público de su mujer.

El matrimonio, conocido en Iguala como “la pareja imperial” por el autoritarismo y la ostentación con que ejercía el poder, huyó de la ciudad varios días después de las desapariciones, pero fueron detenidos el 4 de noviembre en una casa abandonada en un populoso barrio de la capital del país.

El 15 de noviembre, un juez dictó formal prisión para Abarca, acusado de delincuencia organizada, así como de secuestro y homicidio calificado por un caso anterior al de los jóvenes.

El presidente Enrique Peña Nieto enfrenta la peor crisis desde que asumió la presidencia en diciembre del 2012 a raíz de esta masacre, que ha puesto de manifiesto la infiltración del crimen organizado en las instituciones de Estado.

Escándalos en México exponen a gobierno sin respuestas

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MÉXICO (AP) — En momentos en que viaja Washington a reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Enrique Peña Nieto deja atrás un año que difícilmente había imaginado.

El presidente de México y su equipo comenzaron el año con la aprobación de una gran cantidad de reformas, desde la eliminación de los monopolios en telecomunicaciones hasta abrir el sector energético, lo que le ganó aplausos internacionales, como la portada de la revista Time, con una foto suya encima del titular en inglés “Saving Mexico”.

Entonces recibió una seguidilla de tres golpes en tres escándalos: un grupo de soldados mató a 22 civiles en un dudoso “tiroteo”; el secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas a manos de funcionarios locales y la policía en componenda con un cartel del narcotráfico, y revelaciones de que Peña Nieto y su secretario de Hacienda vivían en mansiones lujosas construidas y financiadas por una empresa contratista favorita del gobierno.

Lo que se suponía que fuese “la hora de México”, una nueva era de transparencia y reformas, en realidad se sintió como la misma y eterna situación de violencia y corrupción de siempre.

Decenas de miles de personas se han lanzado a las calles desde que los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre. Instituciones como la Iglesia católica y la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos se han pronunciado y un joven mexicano interrumpió la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega, para atraer la atención sobre la tragedia.

“Las protestas son una expresión de que la gente está harta de la impunidad e indignada con la complicidad entre algunas autoridades y los criminales”, dijo recientemente Luis Raúl González, presidente de la Comisión, sentado cerca del presidente Peña Nieto.

Cuando Peña Nieto asumió la presidencia hace dos años, prometió que México vería un nuevo Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado el país durante 71 años, con frecuencia mediante el uso de la fuerza y la corrupción. Tras perder la presidencia en 2000, el PRI trató de presentar una imagen de arrepentimiento y de que ahora haría las cosas de otra manera.

Desilusionados con 12 años de gobierno por parte de un partido de oposición, muchos electores mexicanos regresaron al PRI sobre la base de la teoría de que al menos sabía cómo gobernar.

Pero el supuesto “nuevo PRI” ha resultado ser un partido integrado por políticos más jóvenes que operan con el mismo guión de siempre. Aunque sus líderes recibieron aplausos por aprobar las reformas, no tuvieron respuesta cuando la violencia echó abajo su mensaje de crecimiento económico.

Enviaron a la policía a reprimir a los manifestantes y calificaron las protestas de un plan para “desestabilizar” el gobierno y socavar las reformas.

Peña Nieto dijo al país que era hora de “dejar atrás” el caso de los 43 estudiantes pocas semanas después de su secuestro y demoró un mes en reunirse con los familiares de las víctimas.

El gobierno ha tratado de explicar la mansión de 7 millones de dólares del presidente diciendo que pertenece a su esposa, la ex actriz de telenovelas Angélica Rivera, y dijo que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, compró su casa antes de asumir el cargo, aunque era parte del equipo de transición de Peña Nieto.

Sin embargo, Peña Nieto enfrenta a un México muy cambiado en los años transcurridos desde que el PRI salió de la presidencia, cuando el país estaba en lo fundamental aislado, había pocos medios de comunicación que hicieran periodismo investigativo y no había ciudadanos preocupados armados con teléfonos celulares con cámaras, ni redes sociales.

Los mexicanos han reaccionado con irreverencia a la defensa esgrimida por Peña Nieto, que consideran arrogante y desvinculada de la realidad. Un letrero que llevaba un manifestante decía que no son las manifestaciones las que desestabilizan a México, sino “la corrupción de tu narcogobierno”.

Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, reconoció al diario español El País que el gobierno no tenía un plan adecuado para hacer frente a la inseguridad porque no había comprendido las dimensiones del problema. Sin embargo, dijo que la respuesta eran las reformas económicas.

Peña Nieto mantuvo esa misma estrategia el domingo por la noche durante su mensaje de año nuevo en el que reconoció “un año difícil”.

“Fue un año muy difícil para México, la violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país”, dijo el mandatario, añadiendo que México “no puede seguir igual”. Pero su respuesta es que 2015 será un año con facturas de gas, electricidad y teléfono más bajas gracias a las reformas.

La estrategia económica de Peña Nieto todavía no ha generado inversiones ni crecimiento, una de las principales razones por las que su índice de aprobación tocó recientemente el 38%, el más bajo de cualquier presidente mexicano desde la crisis del peso de hace 20 años. Los precios del petróleo se han desplomado justo cuando México abrió su sector energético a empresas extranjeras, y el empleo no ha aumentado.

La otrora favorable cobertura en los medios de prensa extranjeros se ha vuelto mordaz.

Al presionar a Videgaray en una entrevista, Michelle Caruso-Cabrera, corresponsal de CNBC, dijo: “si Barbara Bush viviera en una casa construida por Halliburton a su esposo le hubieran destituido en un juicio político”.

Todos los niveles de gobierno han salido manchados y se ha determinado que alcaldes y policías estatales están confabulados con el crimen organizado, y los fiscales están más interesados en solucionar problemas políticos que delitos.

Las fuerzas armadas, que lideraron los esfuerzos antinarcóticos, han salido manchadas por acusaciones de que soldados mataron a tiros a sospechosos que ya se habían rendido. El Ejército informó inicialmente que había matado a 22 sospechosos de ser narcopandilleros en un fuerte tiroteo en junio, y fiscales estatales apoyaron rápidamente esa versión. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, finalmente comenzó a investigar tres meses después, cuando medios noticiosos encontraron testigos que contradijeron la versión oficial.

La imagen de los principales partidos políticos de México es negativa, lo que deja pocas opciones a los que están decepcionados con Peña Nieto. Las autoridades municipales implicadas en el ataque a los estudiantes y los funcionarios estatales que realizaron la fallida investigación inicial eran respaldados por el izquierdista Partido dela Revolución Democrática (PRD), que libra desde hace mucho una cruzada contra la corrupción del PRI.

En su discurso del domingo, Peña Nieto se comprometió a ser un mejor oyente y a “combatir la corrupción y la impunidad, y fortalecer la transparencia”.

Pero, una vez más, lo hizo sin dar más detalles.

 

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México se está quedando sin lágrimas por Yoani Sánchez

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Cuando visité México por primera vez me impresionó su tremendo potencial y sus enormes problemas. Quedé impactada por una cultura cuyo calendario se pierde en el tiempo, sobre todo si la comparamos con la historia de una Cuba todavía adolescente. Sin embargo, lo más chocante resultó la frecuente advertencia y el consejo que me brindaron amigos y conocidos sobre la inseguridad y los peligros que podían aguardar en cada calle.

El testimonio más desgarrador de aquella visita, lo escuché de boca de Judith Torrea, periodista española radicada en Ciudad Juárez y que reunía historias de madres cuyas hijas adolescentes nunca volvieron de sus trabajos o de sus centros de estudios.

Me dolió comprobar cómo la muerte violenta se había vuelto algo cotidiano en diferentes zonas de ese hermoso país. La Catrina ya no sonreía, sino que sus cuencas vacías parecían una triste premonición de lo que le faltaba por vivir a México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha superado en horror lo que ya estaba padeciendo una sociedad donde la corrupción, la ineficacia jurídica y el brazo armado del narcotráfico campean por su respeto desde hace mucho tiempo. Como si a una población ya desgarrada por las pérdidas se le pudieran agregar nuevas heridas.

Cada uno de esos jóvenes desaparecidos tenía alrededor de la edad de mi hijo Teo, algunas fotos hasta me recuerdan su cara trigueña y sus ojos achinados. Él podría ser cualquiera de esos que un día salió de la escuela y decidió protestar contra el status quo. Todo apunta a que el poder político local, mezclado con los cárteles de la droga, terminó de manera violenta con la vida de quienes aún tenían lo mejor de su existencia por delante. Las últimas semanas los familiares han pasado de las lágrimas a la esperanza y nuevamente al dolor. Hasta que no se confirme el triste final, ninguno quiere darlo por hecho, pero los indicios apuntan al peor de los escenarios.

México se está quedando sin lágrimas. A América Latina le corresponde acompañar a esa nación entrañable en la búsqueda de respuestas a la desaparición de los estudiantes, pero también a la solución de los graves problemas sociales e institucionales que la han provocado. A los ciudadanos, por nuestra parte, nos toca la solidaridad, el compartir el dolor y la ira. Que nadie vuelva a mirar a su hijo a los ojos sin recordar a los que faltan.

@yoanisanchez

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