MÉXICO (AP) — En momentos en que viaja Washington a reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Enrique Peña Nieto deja atrás un año que difícilmente había imaginado.
El presidente de México y su equipo comenzaron el año con la aprobación de una gran cantidad de reformas, desde la eliminación de los monopolios en telecomunicaciones hasta abrir el sector energético, lo que le ganó aplausos internacionales, como la portada de la revista Time, con una foto suya encima del titular en inglés «Saving Mexico».
Entonces recibió una seguidilla de tres golpes en tres escándalos: un grupo de soldados mató a 22 civiles en un dudoso «tiroteo»; el secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas a manos de funcionarios locales y la policía en componenda con un cartel del narcotráfico, y revelaciones de que Peña Nieto y su secretario de Hacienda vivían en mansiones lujosas construidas y financiadas por una empresa contratista favorita del gobierno.
Lo que se suponía que fuese «la hora de México», una nueva era de transparencia y reformas, en realidad se sintió como la misma y eterna situación de violencia y corrupción de siempre.
Decenas de miles de personas se han lanzado a las calles desde que los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre. Instituciones como la Iglesia católica y la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos se han pronunciado y un joven mexicano interrumpió la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega, para atraer la atención sobre la tragedia.
«Las protestas son una expresión de que la gente está harta de la impunidad e indignada con la complicidad entre algunas autoridades y los criminales», dijo recientemente Luis Raúl González, presidente de la Comisión, sentado cerca del presidente Peña Nieto.
Cuando Peña Nieto asumió la presidencia hace dos años, prometió que México vería un nuevo Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado el país durante 71 años, con frecuencia mediante el uso de la fuerza y la corrupción. Tras perder la presidencia en 2000, el PRI trató de presentar una imagen de arrepentimiento y de que ahora haría las cosas de otra manera.
Desilusionados con 12 años de gobierno por parte de un partido de oposición, muchos electores mexicanos regresaron al PRI sobre la base de la teoría de que al menos sabía cómo gobernar.
Pero el supuesto «nuevo PRI» ha resultado ser un partido integrado por políticos más jóvenes que operan con el mismo guión de siempre. Aunque sus líderes recibieron aplausos por aprobar las reformas, no tuvieron respuesta cuando la violencia echó abajo su mensaje de crecimiento económico.
Enviaron a la policía a reprimir a los manifestantes y calificaron las protestas de un plan para «desestabilizar» el gobierno y socavar las reformas.
Peña Nieto dijo al país que era hora de «dejar atrás» el caso de los 43 estudiantes pocas semanas después de su secuestro y demoró un mes en reunirse con los familiares de las víctimas.
El gobierno ha tratado de explicar la mansión de 7 millones de dólares del presidente diciendo que pertenece a su esposa, la ex actriz de telenovelas Angélica Rivera, y dijo que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, compró su casa antes de asumir el cargo, aunque era parte del equipo de transición de Peña Nieto.
Sin embargo, Peña Nieto enfrenta a un México muy cambiado en los años transcurridos desde que el PRI salió de la presidencia, cuando el país estaba en lo fundamental aislado, había pocos medios de comunicación que hicieran periodismo investigativo y no había ciudadanos preocupados armados con teléfonos celulares con cámaras, ni redes sociales.
Los mexicanos han reaccionado con irreverencia a la defensa esgrimida por Peña Nieto, que consideran arrogante y desvinculada de la realidad. Un letrero que llevaba un manifestante decía que no son las manifestaciones las que desestabilizan a México, sino «la corrupción de tu narcogobierno».
Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, reconoció al diario español El País que el gobierno no tenía un plan adecuado para hacer frente a la inseguridad porque no había comprendido las dimensiones del problema. Sin embargo, dijo que la respuesta eran las reformas económicas.
Peña Nieto mantuvo esa misma estrategia el domingo por la noche durante su mensaje de año nuevo en el que reconoció «un año difícil».
«Fue un año muy difícil para México, la violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país», dijo el mandatario, añadiendo que México «no puede seguir igual». Pero su respuesta es que 2015 será un año con facturas de gas, electricidad y teléfono más bajas gracias a las reformas.
La estrategia económica de Peña Nieto todavía no ha generado inversiones ni crecimiento, una de las principales razones por las que su índice de aprobación tocó recientemente el 38%, el más bajo de cualquier presidente mexicano desde la crisis del peso de hace 20 años. Los precios del petróleo se han desplomado justo cuando México abrió su sector energético a empresas extranjeras, y el empleo no ha aumentado.
La otrora favorable cobertura en los medios de prensa extranjeros se ha vuelto mordaz.
Al presionar a Videgaray en una entrevista, Michelle Caruso-Cabrera, corresponsal de CNBC, dijo: «si Barbara Bush viviera en una casa construida por Halliburton a su esposo le hubieran destituido en un juicio político».
Todos los niveles de gobierno han salido manchados y se ha determinado que alcaldes y policías estatales están confabulados con el crimen organizado, y los fiscales están más interesados en solucionar problemas políticos que delitos.
Las fuerzas armadas, que lideraron los esfuerzos antinarcóticos, han salido manchadas por acusaciones de que soldados mataron a tiros a sospechosos que ya se habían rendido. El Ejército informó inicialmente que había matado a 22 sospechosos de ser narcopandilleros en un fuerte tiroteo en junio, y fiscales estatales apoyaron rápidamente esa versión. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, finalmente comenzó a investigar tres meses después, cuando medios noticiosos encontraron testigos que contradijeron la versión oficial.
La imagen de los principales partidos políticos de México es negativa, lo que deja pocas opciones a los que están decepcionados con Peña Nieto. Las autoridades municipales implicadas en el ataque a los estudiantes y los funcionarios estatales que realizaron la fallida investigación inicial eran respaldados por el izquierdista Partido dela Revolución Democrática (PRD), que libra desde hace mucho una cruzada contra la corrupción del PRI.
En su discurso del domingo, Peña Nieto se comprometió a ser un mejor oyente y a «combatir la corrupción y la impunidad, y fortalecer la transparencia».
Pero, una vez más, lo hizo sin dar más detalles.
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