Después del doblete sísmico que ocurrió en junio y ahora de frente al inicio del año escolar 2026-2027, la abogada Yumildre Castillo, profesora de la especialización en Derecho de Familia y del Niño de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y vinculada a la Clínica Jurídica, hizo un énfasis en que el Estado tiene el deber de asegurar que las escuelas no se conviertan en espacios de riesgo para los niños.
“La escuela debe ser el lugar más seguro después del hogar; si el espacio físico o emocional está comprometido, el retorno a las aulas en lugar de proteger, revictimiza”, afirmó Castillo sobre las exigencias para la reapertura de los planteles.
La especialista, con experiencia en el área judicial de niños, niñas y adolescentes, también planteó cinco puntos esenciales para poder garantizar un regreso a clases que no vaya a comprometer la integridad de los estudiantes, en un material difundido por El Ucabista.
Seguridad en las estructuras
La certificación de seguridad de las escuelas y los liceos llega a ser la primera prioridad en este proceso. La especialista indicó que ningún plantel debe de abrir sus puertas sin un veredicto de los ingenieros civiles que pueda certificar que la estructura es sismorresistente y segura. Sostuvo que no es suficiente con una revisión visual rápida sino con un aval que asegure que se puede evitar colapsos ante réplicas o emergencias nuevas.
Por otro lado, la abogada señaló la necesidad de desvincular las instituciones escolares de sus funciones como refugios temporales para las familias damnificadas antes de volver al ciclo escolar. Castillo detalló que si una escuela continúa como refugio no puede iniciar clases de forma simultánea sin poner en riesgo la protección de ambas poblaciones, y por eso mismo le pidió a las autoridades que se garanticen espacios alternativos y dignos para los afectados.
Como tercer punto importante, la experta advirtió sobre la urgencia de asegurar los servicios públicos básicos en los colegios para así evitar problemas de salud en el estudiantado y los docentes.
“Se debe garantizar agua potable continua, saneamiento ambiental adecuado y servicios básicos funcionales que eviten brotes epidemiológicos o condiciones indignas de permanencia durante la jornada escolar”, sostuvo la profesora de la UCAB.
Salud mental y protocolo de riesgos
Este punto enfatiza la estabilidad emocional de las comunidades estudiantiles porque los terremotos dejaron secuelas en la salud mental de niños, adolescentes y adultos así que por esto se deben de llevar a cabo programas de apoyo emocional y dotar al personal docente y administrativo de herramientas pedagógicas y capacitación en primeros auxilios físicos y psicológicos para identificar cuadros de ansiedad, estrés postraumático y acompañar el duelo infantil de la mejor forma posible.
Finalmente, la especialista explicó que se deberían de actualizar los protocolos de gestión de riesgo en cada institución, ya que la prevención de desastres debe convertirse en norma. Esto mismo debería de contar con un plan de evacuación, rutas de salida, puntos de encuentro seguros y la realización de simulacros desde el primer día de clases, advirtiendo que empezar el año escolar sin estas garantías puede traer un daño a futuro.
“Es completamente legítimo, es completamente válido que cualquier padre o cualquier madre manifieste sus dudas o sus inquietudes respecto a si sus hijos estarán seguros en el espacio educativo donde habrán de permanecer. Es cierto que el espacio educativo resultará favorecedor para los niños para que puedan socializar esa experiencia tan traumática por la cual atravesamos todos. Pero ese espacio de socialización tiene que ser un espacio seguro, un espacio que presente las garantías mínimas necesarias para que ni la integridad física ni psicológica ni emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes se vea afectada por él”, concluyó Castillo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Debido a una supuesta precariedad de su estado de salud, la defensa de Cilia Flores solicitó al tribunal en los Estados Unidos otorgarle libertad provisional mientras dure el proceso judicial.
Los abogados de la esposa del también encarcelado Nicolás Maduro pidieron arresto domiciliario con condiciones de vigilancia para la denominada primera combatiente, pero la Fiscalía se opuso al otorgamiento del beneficio.
De acuerdo con la defensa de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Floresd padece afecciones cardíacas “ha perdido más de 11 kilogramos, además de dos molares, y sufrido continuamente de reflujo y gastritis”, posteo en X el abogado Nizar El Fakih.
Según el texto del documento consignado por la defensa, que fue posteado en redes sociales por el corresponsal en la Casa Blanca, David Alandete, el episodio más grave lo habría experimentado Flores el pasado 29 de julio, cuando por espacio de media hora tuvo presión en el pecho y falta de oxígeno, algo que la defensa presume que podría haber sido un infarto leve. Además esto le generó una distorsión del sueño y según los abogados, duerme entre tres y cuatro horas diarias.
A juicio de los abogados de Flores, durante los primeros tres meses de su detención en la cárcel MDC en Nueva York, esta fue mantenida en confinamiento solitario y solo pudo comunicarse con ellos.
Al igual que el abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha, quien está sometido a casa por cárcel desde febrero de este año, la defensa propuso que Flores reciba casa por cárcel y sea monitoreada las 24 horas del día con un dispositivo GPS, además de cámaras, guardias armados, llamadas intervenidas, registros sorpresa y retiro de pasaporte.
Solo recibiría visitas autorizadas, conversaría con sus abogados y saldría con permiso y escolta en una vivienda con dirección reservada. La defensa incluso autoriza que los vigilantes usen la fuerza de ser necesario.
La solicitud incluye además un párrafo donde alegan como garantía de permanencia en territorio estadounidense el hecho de que Maduro esté preso y su supuesta voluntad de acompañarlo.
Así ha sido la estadía de Flores en la tierra del Tío Sam:
3 de enero de 2026 : Cilia Flores es capturada en Caracas junto a su esposo Nicolás Maduro durante una operación militar. Horas después se confirma su extracción y traslado bajo estrictas medidas de seguridad hacia Nueva York, quedando a disposición de la justicia federal.
5 de enero de 2026: Ambos comparecen con trajes de prisión ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En esta audiencia inicial se declaran “no culpables” de los cargos federales de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Quedan formalmente recluidos sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
26 de marzo de 2026: Se celebra la segunda sesión ante el juez Alvin Hellerstein. Sus defensores manifiestan que los acusados no disponen de acceso a fondos debido a las sanciones y se discute si se pueden usar bienes públicos venezolanos para costear el juicio. La defensa de Flores señala por primera vez problemas de salud y solicita la realización de un cardiograma.
Abril de 2026: El equipo legal de Flores y Maduro solicitó autorización formal para compartir evidencias con otros coacusados dentro del mismo expediente, moción que encontró férrea oposición por parte de la fiscalía estadounidense.
Julio de 2026: La defensa de Flores introduce documentos para sumarse a los recursos de Maduro que buscan desestimar los cargos, argumentando que las restricciones financieras de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) interfieren ilegalmente con su derecho a una defensa justa. Durante la tercera audiencia del juicio testigos describieron la relación visual y de interacción entre Maduro y Flores como inexistente, sin contacto ni gestos mutuos.
9 de septiembre de 2026: Los abogados de Flores solicitan formalmente la libertad bajo fianza antes del juicio debido a razones de salud (palpitaciones, dolor de pecho y afecciones cardíacas severas). La defensa propone un riguroso esquema de confinamiento domiciliario en Nueva York custodiado las 24 horas por la firma privada Guidepost Global, con sistemas de sensores, cámaras y monitoreo en tiempo real a disposición de las autoridades federales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 10 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo:la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Las ONG Clima21 y Provea expresaron su preocupación por los recientes acuerdos energéticos y las licencias operativas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para reactivar y expandir la industria de hidrocarburos, ante la falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que deberían acompañar estas decisiones.
Las organizaciones sostienen que la recuperación económica del país no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales y recuerdan que el derecho a un ambiente sano, seguro y sostenible es indispensable para garantizar otros derechos, como la salud, el acceso al agua y un nivel de vida adecuado.
El planteamiento se produce mientras persiste, según Clima21 y Provea, un modelo sustentado en la expansión del extractivismo petrolero y minero como respuesta a la crisis socioeconómica, pese a los problemas sociales y ambientales asociados con estas actividades.
«Las leyes aquí son muy bonitas, pero lamentablemente quienes están ejerciéndolas las hacen letra muerta. Entendemos que el fiscal que está ahorita no es el mismo que cuando ocurrieron las atrocidades y horrores que tienen esos expedientes, pero una vez que tomó el cargo podía iniciar una investigación», dijo Massiel Cordones, madre del teniente y preso político José Ángel Barreno, durante la protesta en Caracas por la liberación de los más de 380 presos políticos que aún están en Venezuela.
Dólar/Euro BCV
Lo que rompe en redes
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no visitará a Venezuela en su gira por Latinoamérica, pero tiene al país en su agenda: en su primera visita a Ecuador declaró que Venezuela tendrá elecciones “lo más pronto posible”, pero con condiciones. También mencionó la posibilidad de hablar con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebraría entre el 21 y el 25 de septiembre en Nueva York.
🇻🇪 Rubio respalda elecciones en Venezuela "lo más pronto posible", pero con condiciones
🗣️ El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que Venezuela necesita construir instituciones como una "Corte Suprema, un comité electoral nacional, maquinaria de votación, partidos… pic.twitter.com/w8L6ZNA6KT
Para abordar el tema que nos afecta hoy en nuestro país, debemos referirnos a sus antecedentes en nuestro continente. En cuanto al tutelaje, América Latina ha conocido dos periodos: el colonial, en el que el sistema de castas y el control de la Corona española sobre las Indias funcionaron bajo la idea de una tutela paternalista sobre los pueblos indígenas, considerados incapaces de autogobernarse; esta cuestión se resolvió con las guerras de independencia del siglo XIX, durante las cuales el Libertador Simón Bolívar y otros próceres del continente desalojaron definitivamente a los ejércitos españoles.
Dos siglos de tutelaje en la región
El segundo periodo tuvo su basamento en la Doctrina Monroe (1823): bajo el lema “América para los americanos”, Estados Unidos estableció una esfera de influencia que, con los años, justificó acciones políticas y económicas, las cuales se reconocieron en el siglo XX como notorias intervenciones en Cuba, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana.
Destacan los casos de un tutelaje extremo: Nicaragua, ocupada militarmente durante dos décadas (1912-1933), y Cuba, convertida desde su fundación, mediante la aplicación de la Enmienda Platt (1901-1933), en una república neocolonial controlada militarmente, así como en su capacidad financiera y en su política exterior, control que quedó inserto incluso en su Constitución.
De potencia libertadora a nación en ruinas
Por tanto, cuando nos adentramos en nuestra historia de 200 años sin tutelaje alguno, abordamos un pasado glorioso: una nación cuya acción en el siglo XIX liberó a cinco naciones, siendo su ejército libertador la insignia del Nuevo Mundo a nivel global, para luego convertirse, en el siglo XX, gracias al petróleo, en la principal fuente de energía mundial ante los conflictos del Medio Oriente. Al mismo tiempo, Venezuela era un oasis en una región plagada de dictaduras y de pobreza extrema, al cual migraban millones de desamparados al ver a nuestro país como la tierra prometida.
La historia nos tendió una emboscada, reconocida en las consecuencias de la gestión del régimen chavomadurista, cuyo perverso ejercicio derivó en un país en ruinas: prostituyó sus instituciones públicas, redujo su economía a un nivel de mera supervivencia y generó una precariedad extrema en la población, lo cual provocó la estampida de más de nueve millones de sus habitantes. De esta manera, esta nación inerme fue el caldo de cultivo del protectorado implantado hoy en la otrora tierra de gracia.
En tan solo nueve meses de tutelaje, resaltan las paradojas de un contexto que impone una nueva relación de mando, al decidirse desde Washington las fases de la reconstrucción nacional, incluso cuando habrá elecciones a los diferentes poderes públicos, aun cuando nuestra Constitución establece la soberanía del voto y el control de los bienes nacionales por el Estado.
Así también se negocia nuestro petróleo hasta por cien años con una compañía fantasma en nombre de la república, que le otorga gratuitamente el 35 % de las acciones al país interventor y le entrega el 20 % de la reserva petrolera nacional —de aproximadamente 65 000 millones de BD— al precio de costo, sin el cobro de regalías e impuestos, obsequiándole a la dictadura un balón de oxígeno aun cuando esta utilizó, a lo largo del siglo XXI, el petróleo entregando nuestra soberanía como ofrenda a regímenes dictatoriales.
Para colmo de males, nuestra patria refleja un país extraído del realismo mágico, donde a un presidente electo legalmente se le califica para apresarlo mediante carteles de “se busca” en aeropuertos nacionales, entre tanto quienes gobiernan están solicitados por la justicia norteamericana con recompensas de 25 millones de dólares, y quien usurpó la presidencia permanece preso en Brooklyn bajo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Legitimidad al revés, migrantes sin patria
En esa dirección, se reconoce como “respetable presidenta” a quien encarna la continuidad de una dictadura abominable y saqueadora y a quien no elegirían ni para una junta de condominio; entre tanto, se desconoce al ciudadano Edmundo González como presidente electo constitucionalmente en julio de 2024 y se le limita la presencia física a la líder de este proceso, en el caso de MCM.
Por otra parte, sus ciudadanos son perseguidos y deportados de EE. UU., aunque la situación ha empeorado en Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio, limitando al extremo las solicitudes de asilo y suspendiendo la permanencia legal con el TPS. Cabe destacar que hasta la oposición ha olvidado a estos migrantes, que los asimila a un daño colateral para mantener la relación amistosa con el protector.
Esta razia contra sus ciudadanos se extiende a otros países de América Latina, cuyos gobiernos discriminan a nuestros connacionales, aun cuando Venezuela recibió migrantes de todos estos países el siglo pasado, quienes acudían indefensos solicitando protección ante dictaduras en algunos países y por la extrema pobreza en otros.
El camino de vuelta a la soberanía
En definitiva, es una mancha, una humillación a nuestra historia de nación libertadora, que reclama el restablecimiento de nuestro orden constitucional y que se restaure nuestro poder soberano para decidir nuestro destino: ningún país en el mundo tiene la facultad de decidir por nosotros.
El restablecimiento del Estado de derecho comienza con el retorno del presidente electo Edmundo González y de MCM, a la cabeza de un gobierno de emergencia nacional, que organice la convocatoria inmediata a elecciones a la Asamblea Nacional y a la presidencia de la república.
No es el petróleo el problema, sino lo que sistemáticamente hicimos de él
La historia económica contemporánea de Venezuela se resume en petróleo, caudillismo, gasto público [insaciable y devorador], inversión [frustrada o confiscada], populismo, fragmentación y derroche. Historia recurrente de desmantelamiento republicano, acompañada de una borrachera de petrodólares.
El solo estudio de la proporción que representó la renta petrolera respecto al PIB y qué parte se transformó en capital físico [ahorro], inversión real [transferencia de tecnología] diversificación, infraestructura y talento humano, desnuda una evidencia alarmante: convirtieron en cenizas las bondades del crudo.
Petróleo en chorros
El Banco Mundial estima que la renta petrolera llegó a representar el 33,3 % del PIB [1974]; 35,9 % [1979]; 33,6 % [1980]; y 28,1 % [1990]. En el período chavista alcanzó el 28,1 % del PIB, en 2006; y 26,8 % en 2008. Aisladamente este factor no dice mucho. Pero históricamente revela un vicio muy poderoso: tanto hemos sido dependientes del petróleo, como poco ha servido para generar un Estado diversificado y próspero.
Noruega –con un aporte del petróleo del 23 % del PIB y 1.7 MBD– acumula ahorros por el orden de los 700 billones de dólares con solo 5 millones de habitantes. De ese monto, 550 billones están colocados en renta fija.
En otras palabras, Noruega convirtió el ingreso petrolero en patrimonio financiero internacional, mientras que nosotros lo convertimos en populismo, reparto, endeudamiento y corrupción.
Así será de “noble” el llamado minotauro que, con todo y su mal uso, ha becado familias enteras en el exterior [becas Gran Mariscal de Ayacucho], generado empresas básicas e importantes infraestructuras; urbanidad, educación, vivienda y vialidad, más generaciones enteras de inmigrantes felices. Pero una voracidad incontenible vació la tesorería y quebró los cimientos de un país portátil, rico y pobre.
Cuando el administrador de un recurso –que ha significado un tercio del PIB– es un Estado archipiélago y corsario, el crudo pasa de ser un milagro en tierra de gracia a excremento del diablo [Juan Pablo Pérez Alfonzo dixit]. Venezuela tuvo más de una época de extraordinaria renta petrolera. La diferencia estuvo en cómo se utilizó. Los acuerdos petroleros no son el punto crítico per se. Es el destino del recurso.
Entre 1958 y 1972, el PIB no-petrolero creció en promedio en 6,8 % anual y la manufactura –excluyendo refinación– en 7,8 %. El Banco Mundial atribuye parte de ese crecimiento a inversión extranjera y sustitución de importaciones. Sin embargo –como veremos más adelante con Pérez I [1974-79] – el crecimiento de industrialización no petrolera se dispara a en 122 % [empresas básicas]. Betancourt y Leoni, experimentaron crecimientos estables del 6 %, tanto en producción como en PIB no petrolero. Lectura: crecimiento sostenido con diversificación en el sector público, controlado por el Estado, pero poca inversión privada real.
Durante la gran bonanza de 1999–2013 [Chávez] aumentaron considerablemente las transferencias sociales y el consumo. La dependencia de importaciones y la utilización política de PDVSA fue a ritmo de caja chica. El PIB no petrolero se desplomó [exprópiese]. Un reparto social inagotable [de millardito en millardito], en medio de una política de confiscación e ideología, convirtieron la economía de azul efímero a roja, rojita.
El estancamiento industrial acumulado –no consolidado– en 15 años promedió en más del 2-3% anual, en medio de la mayor borrachera petrolera de nuestra historia. Ingresos por el orden de los 800 billones de dólares en la era Chávez [1999-2013], fueron dos veces y medio superiores a lo ingresado en 41 años de democracia [1958-1998].
Casi un trillón de dólares se consumió en misiones, tratados con Cuba, Alba y Petrocaribe [que le han costado a la nación al menos 75 billones de dólares]; desfalco, chatarra militar, subsidios, ideologización, obras inconclusas, viviendas desechabes, saqueo de oro y petróleo y milicias [de cualquier nacionalidad].
Con Maduro llegó el colapso total. 70 % de desindustrialización, caída del 80 % del PIB, pérdida del cono monetario [1$ =87 billones de bolívares anteriores], hambruna y desplazamiento, sin luz, agua o medicamentos.
La pregunta frente al acuerdo petrolero Trump-Venezuela sería: ¿la nueva inversión petrolera permitirá convertir renta en infraestructura, productividad [privada], capital humano y crecimiento per cápita o simplemente generará rentismo, populismo, corrupción, violencia y miseria?
De Gómez a Medina, Pérez Jiménez y la nacionalización
Cualquier comparación con la era Gómez no es relevante por tratarse de un país [Venezuela] muy distinto en población, vialidad, educación y modelo político. Hablamos de un país que era una hacienda más que un estado, que salía de un siglo de montoneras y de caudillos a caballo.
Entre 1927 y 1935 la producción petrolera [en un país de 3-4 millones de habitantes] creció en 146 % y el PIB en 66 %. Pero seguimos siendo un país rural e iletrado bajo la dictadura del sable y el grillete. Con Medina la producción baja al 43 % y el PIB no petrolero crece 60 % [registrando desarrollo y diversificación]. El país se desruralizó. Con Pérez Jiménez se repite la ecuación: auge urbano, importantes obras públicas e infraestructura.
Con Pérez I 1974-1979, decíamos, el aumento de los precios del petróleo no generó un incremento de la producción [decrece en 21 %: 2.3 MBD después de la nacionalización], pero aumenta en 122 % el proceso de industrialización no-petrolero. Chávez experimentó una caída de la producción [1999-2013] del 13 %, pero un crecimiento no petrolero del 57 % acumulado, no reflejado en obras públicas, sino en gasto social, rentismo y colaboración a tratados extranjeros [up supra]. La atrofia del Estado-Leviatán petrolero se acentuó.
Con Gómez cualquier comparable no mueve la aguja. Con Medina y Pérez Jiménez el crecimiento urbano y la movilización social es palmaria. Betancourt y Leoni establecieron importantes aportes de infraestructura, luz y agua. Carlos Andrés I, faraónico en términos de crecimiento no petrolero, embriagante en términos de botija. Lo común y sistémico: el petróleo, en el papel y en la Constitución, pertenece a todos los venezolanos, pero quien dispone, administra [o mal-administra] es solo el Estado convertido en un hombre. Surge una clase media fugaz, se acrecienta el culto al mesías. Un país rico termina en casas muertas.
Durante Juan Vicente Gómez Venezuela comenzó a transformarse estructuralmente de una economía agrícola en una economía petrolera. La explotación estuvo dominada por compañías extranjeras bajo régimen de concesiones. El Estado fue incrementando progresivamente su participación fiscal [15-16 %: 1920-1922]. Pero la escala poblacional era todavía corta. Venezuela tenía aproximadamente 3 millones de habitantes hacia 1930 y unos 6 millones al comenzar la década de 1950.
El petróleo permitió financiar carreteras, puertos, infraestructura urbana y administración pública, pero la cobertura social seguía siendo limitada. Privilegió el tamaño y las funciones del Estado antes de que Venezuela pudiera construir y consolidar un sistema universal de educación, salud, agua y electricidad. Llegamos al periodo 1958–73: democracia, industrialización y capitalización.
Después de 1958 comienza una etapa diferente. La población pasó de aproximadamente de 7 millones a 12,5 millones en 1973. El país crecía y se urbanizaba rápidamente. La política económica combinó petróleo, inversión pública, capital extranjero y sustitución de importaciones. En el periodo 1958-1972 las importaciones llegaron a representar solo alrededor del 3 % del consumo privado [1970] frente al 30 % a finales de los años cincuenta.
Con Chávez importamos 1 de cada 4 dólares del PIB [soberanía alimentaria ¿?]. En 2012 importamos 62.000 millones de dólares y exportamos 97.000 millones de dólares. ¿Cuánto de esas importaciones se fue por la cañería de CADIVI?: el monto es incalculable.
Justo subrayar que, durante los gobiernos de Caldera I, Luis Herrera y Lusinchi, se mantuvo un récord elevado de importaciones. Recadi fue otro pésimo recuerdo. Solo con Medina, Pérez Jiménez, Betancourt, Leoni y Pérez II registramos una política real de sustitución de importaciones y una brecha de exportación, amplia.
Esto es importante porque muestra que la Venezuela anterior al primer gran boom petrolero sí estaba construyendo una base productiva interna. La inversión pública se tradujo en obras concretas. En 1959 comenzó el aprovechamiento hidroeléctrico del Caroní con Macagua I. Se creó EDELCA. Se expandió CADAFE. Se desarrollaron sistemas de riego. En 1960 comenzó a operar SIDOR y se desarrolló la industria siderúrgica. También se expandieron las industrias del cemento, petroquímica, automóviles, fertilizantes, electricidad, telecomunicaciones y manufactura.
La educación superior se expandió rápidamente: UCV, ULA, LUZ, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente y, posteriormente, la Universidad Simón Bolívar ampliaron las carreras de ingeniería. La idea central de esta etapa no es que todo fuese eficiente. Es que la renta petrolera estaba financiando una infraestructura productiva que aumentaba la capacidad futura del país, pero sin vocación de diversificación ni ahorro. Y llega Carlos Andrés Pérez I: el salto petrolero y la expansión del Estado.
La guerra de Yom Kippur [1973] y el embargo petrolero árabe produjeron el primer gran salto moderno del precio del petróleo. La renta petrolera venezolana pasó a niveles extraordinarios. Los ingresos fiscales aumentaron abruptamente. El Departamento de Estado estadounidense estimaba que los ingresos petroleros del gobierno venezolano alcanzaron unos USD 9000 millones en 1974. Pertinente compararlo con la era Chávez: 89.000 millones en 2008 y 93 600 millones en 2012 [23 % y 16.4 % del PIB].
Con CAP I esos ingresos se reflejaron en el V plan de la Nación: industrialización pesada, expansión de la infraestructura, nacionalización del petróleo, diversificación y desarrollo regional. Con Chávez pasamos a una feroz distribución de la renta, llegando al colapso con Maduro por falta de auditoría fiscal, consumo indiscriminado de las reservas, endeudamiento y desfalco.
En otras palabras, en 41 años de democracia se recibieron unos 350 000 millones de dólares, y en la era Chávez-Maduro unos 900.000 millones de dólares. Aunque en ambos periodos la incidencia del ingreso petrolero en el PIB fue alta [del 9 % al 36 %] al aporte fiscal del petróleo al Estado promedió el 85 %, es decir, más de 3 de cada 4 dólares de los venezolanos era administrado, controlado, repartido (usufructuado y bebido) por sus gobernantes.
La población de los 70 era de unos 12,8 millones. Ahora llegan a unos 30 millones. En la era de “vacas gordas” de CAP I, el ingreso petrolero trajo inversión, control del déficit fiscal, moneda estable, tasas de interés reguladas, infraestructuras, sustitución de importaciones. Le faltó generar ahorro. Con el boom Chávez, se exacerba el gasto social, las políticas de consumo masivo [misiones], infraestructuras no culminadas, políticas expropiadoras, caída de la inversión, caída de la producción, endeudamiento descomunal, cero ahorro.
Las bonanzas petroleras en los tiempos de Gómez, Medina, Pérez Jiménez, CAP I y Chávez aparecieron y repercutieron en tiempos muy distintos, con consecuencias igualmente muy disimiles. En esencia, el problema no fueron las concesiones petroleras o los sistemas/acuerdos de reparto. Fuel el control petrolero por el Estado. Aquí reposa el estado de la cuestión: el justo medio entro lo público y lo privado.
El eterno problema fiscal
La expansión del gasto creó compromisos permanentes sobre los ingresos extraordinarios. El Banco Mundial estima que el windfall petrolero [1974–82] fue equivalente aproximadamente a dos años de PIB. Y llega Herrera Campins. Represa el gasto, favorece el desembolso de divisas (RECADI), devalúa la moneda por primera vez de 4,30 a 7,50 Bs/$ [Gómez=3,90 Bs/$], Pérez Jiménez [3.60 Bs/$] y Betancourt, Leoni, Caldera, Lusinchi [4,30 Bs/$].
Cuando murió Chávez llegamos a una tasa de cambio de 6,3 “Bolívares fuertes” o 6300 bolívares (si le ponemos los 3 ceros eliminados). Chávez recibió la tasa de cambio a 500 Bs/dólar, es decir, una devaluación de 12 veces respecto a la tasa de cambio recibida, con ingresos que significaron –hemos dicho– casi el triple de todo lo recibido en 41 años de democracia.
Con Maduro un dólar pasará a costar 80,7 billones de bolívares de la unidad anterior. El problema no fue explotar el petróleo, sino expoliar y convertir los ingresos extraordinarios en gasto y deuda permanente sin respaldo.
Regresemos al ejemplo de Noruega. Con una producción de 1.7 mbd, ha logrado un ahorro de casi un trillón de dólares. ¿Cuánto deberíamos atesorar hoy en nuestras arcas? ¿Dónde están nuestros dólares? ¿Quién ha sido el verdadero beneficiado? ¿Por qué? ¿Por un contrato, una concesión o una regalía? El petróleo no es problema, como no lo es el sofá.
No es un acuerdo leonino o “transparente” en términos de garantizar inversión lo que nos favorecerá. Es un manejo desconcentrado y diversificado del ingreso capaz de viabilizar una inversión distributiva real y aliviar la carga de los riesgos del inversionista. Menos Estado más ciudadanos. Chevron no invierte estrictamente por seguridad jurídica o de reservas reales [que igual lo valora]. Lo que realmente asegura su inversión es sentirse [o no] en capacidad de superar el riesgo político que significa el modelo del Estado concedente. En este sentido un Estado tutelado por EE. UU. [donde además es socio operativo] mueve la aguja.
La cifra “petróleo/PIB” oculta la verdadera enfermedad. El colapso no es el aporte petrolero al fisco, sino su estancamiento en manos del Estado. Noruega lo convirtió en un instrumento financiero de rentabilidad transparente. Esta es la claridad que necesitamos. Venezuela lo convirtió en un proyecto personal, oscuro y pesado.
Gasto social indiscriminado e inauditable [Chávez] vs. la inversión pública concentrada y faraónica [CAP I], comportan un hábito común letal: el petróleo en manos de un Estado que monopoliza el reparto. ¿Privatizar es la solución? Tampoco. Si no resolvemos la cultura del arpa o “todo para mí, donde el Estado soy yo”, privatizar será un pase de manos.
El problema no es nominal: Trump, Delcy o Betancourt; Chávez o Pérez; Gómez, Pérez Jiménez o Medina. Es un uso perverso y morboso por reservado, de un regalo de la naturaleza que “perteneciendo a los venezolanos” convierte el oro negro en excremento.
Cuando hubo menos dependencia y más inversión en infraestructura más producción de capital humano [becas Gran Mariscal], cuando hubo prosperidad y ascenso social [agua, luz, vivienda y educación, Medina, Gallegos, Pérez Jiménez, Betancourt, Leoni, CAP I] agotamos una etapa necesaria, pero prescindible.
Pero llegó el consumo populista, el subsidio embriagador, el gasto desmedido, con lo cual perdimos del cono monetario, la tierra, el rumbo y la vida misma.
Este es el verdadero atuendo que asalta la historia. No la reedición de un “Valladares”.
Porque las historias no se solapan, se tergiversan
[Continuará: “De Luis Herrera a nuestros días… lo que tiene que venir, llegará”.
@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Activista de DD. HH. / Abogado / Exembajador en Canadá.
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La más reciente encuesta de la empresa Meganálisis refleja cómo ha caído la popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre los venezolanos. Luego de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, esa cifra llegó a estar en 92,2%, per ocho meses después bajó a 9,7%.
El estudio hecho durante agosto de este año demuestra que la desaprobación de Trump, que estaba en un pírrico 6,3% en enero de este año, saltó a 20,8% a mediados de julio con el anuncio del diálogo entre miembros de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y la AN de 20, 5 liderada por Dinorah Figuera.
La cifra escaló a 69,2% con el anuncio de los acuerdos petroleros entre el gobierno del mandatario republicano y el venezolano, comandado por Delcy Rodríguez.
“La aprobación del presidente Trump en Venezuela, sufrió un severo deterioro del 82,5% entre el periodo de enero-agosto de este año. Esta pérdida de capital político responde a la brecha entre las expectativas de cambio proyectadas desde el 3 de enero, y la falta de resultados concretos, agravada por la incoherencia percibida ante los acercamientos retóricos y acuerdos económicos promovidos con la cúpula chavista”, expuso la investigación coordinada por el consultor, Ruben Chirino Leañez.
La encuesta también reveló que 70,1% de la población considera que la captura de Maduro y Flores se produjo para que Estados Unidos se adueñara del petróleo venezolano;8,9% piensa que fue para liberar al país; 5,6% cree que fue por las dos cosas y 15,6% no supo responder.
“La percepción de indiferencia ante las prioridades de la gente en Venezuela, y la falta de garantías sobre un compromiso real de su parte con la libertad del país, han erosionado gravemente su imagen en Venezuela”, puntualizó el estudio.
Desconfianza en el diálogo
82,4% de los encuestados por Meganálisis no cree que la mesa de negociación promovida por el gobierno estadounidense vaya a decantar en el bienestar de los venezolanos y apenas 9,2% piensa que el diálogo tendrá un efecto positivo.
“El decimoctavo proceso de diálogo, inició bajo un marcado patrón de opacidad y una suspicaz displicencia, respecto al abordaje de cronogramas electorales”, sentenció la investigación.
Una cifra parecida (85,4%) considera que políticos y empresarios apuestan al diálogo para “perder tiempo y robar a Venezuela”, mientras que 93,2% afirma que con Delcy Rodríguez en Miraflores apadrinada por Donald Trump el país ha empeorado económicamente y la calidad de vida ha descendido.
“Los apagones siguen, la economía familiar continúa golpeada y la calidad de vida está igual de difícil”, se desprende del análisis que acompaña a la investigación.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
A más de 70 días de los terremotos del pasado 24 de junio de este año, la opacidad sobre las fases asociadas a la emergencia sigue causando ruido en la opinión pública, de acuerdo con un informe de la ONG Un Mundo sin Mordaza.
La ONG destacó que la mayor opacidad gira en torno a la cifra de las personas desaparecidas. “Al cierre de este cuarto informe no se localizó una cifra nacional pública sobre desapariciones. La interrupción informativa impide conocer la evolución de la emergencia y fiscalizar si la reconstrucción responde a las necesidades reales”, expuso el informe.
“Un terremoto no constituye por sí mismo una violación de derechos humanos, pero las acciones y omisiones estatales antes, durante y después del evento sí pueden comprometer responsabilidad”, dijo Un Mundo sin Mordaza en el informe.
A continuación, un resumen del balance que hace Un Mundo sin Mordaza.
Al menos siete estados afectados
La organización presentó un balance de cifras relacionadas con las consecuencias de los sismos hasta el 20 de agosto.
Aunque La Guaira fue el epicentro principal de la destrucción, reportes humanitarios y periodísticos identificaron afectaciones también en Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. En Chacao se reportaron 62 personas fallecidas y 28 rescatadas, aunado a daños en los Altos Mirandinos, Guatire, Guarenas y los Valles del Tuy.
La ONG destacó que en Distrito Capital se reportaron colapsos y muertes en Los Palos Grandes, San Bernardino, El Paraíso y Pinto Salinas. En Aragua, las autoridades reportaron 15 muertos. En Carabobo se informó sobre 14 personas fallecidas, 67 heridas y al menos 46 viviendas dañadas. En Falcón, el colapso de un ala del complejo La Mar Suites, en Tucacas, dejó 12 personas fallecidas y dos sobrevivientes.
“El examen pertinente consiste en determinar si el Estado identificó los riesgos previsibles, protegió adecuadamente los albergues, mantuvo las redes eléctricas y de drenaje, difundió alertas accesibles, habilitó rutas de evacuación y distribuyó recursos de forma proporcional a la afectación territorial”, destaca Un Mundo sin Mordaza.
Respuesta tardía
Este informe también cita reportes de prensa que documentaron el lento despliegue militar de los primeros días tras los terremotos, lo que se atribuyó a “órdenes tardías, confusión en la cadena de mando, falta de vehículos, herramientas y aeronaves con capacidad nocturna”.
También refieren a organizaciones y trabajadores humanitarios, civiles y equipos internacionales que asumieron parte de las extracciones iniciales.The New Humanitarian documentó comunidades que realizaron búsquedas y extracciones con recursos propios durante los primeros dos días.
Según Transparencia Venezuela, la respuesta oficial fue de solo 12,6 % en las primeras 24 horas y 34,6 % en 48 horas. Por otro lado, la ONG Provea observó presencia armada de funcionarios de la Dgcim, Sebin y Conas en albergues y rutas de La Guaira que representaron obstáculos para ambulancias, voluntariado y cobertura periodística.
Aunado a ello, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que requisitos administrativos vinculados con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) dificultaron recibir y movilizar ayuda humanitaria.
El gobierno contra el “Topo”
Otro punto destacado en este balance fue la detención por 48 horas de Wilmer Antonio Cruz, conocido como el “Topo de La Guaira”, p, quien permaneció desaparecido después de criticar públicamente la falta de maquinaria y equipos para las labores de rescate. Luego de ser presentado ante un tribunal de control, Provea informó que fue excarcelado bajo una medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación.
En el programa de Venezolana de Televisión (VTV) Con el Mazo Dando, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó a Cruz como un “héroe de pies de barro”, aseguró que tenía problemas de drogadicción y afirmó que había sido captado por el partido Vente Venezuela en Naiguatá para sabotear las labores gubernamentales.
Cabello igualmente descalificó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) por las denuncias del gremio sobre amenazas y obstáculos durante la cobertura. Afirmó que la línea de los medios y periodistas críticos “tiene precio” y la catalogó como miserable.
Opacidad y restricciones para informar
La ONG Espacio Público registró ausencia de un registro público de personas desaparecidas y datos cambiantes sobre morgues, albergues y servicios. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) documentó nueve incidentes entre el 25 y el 30 de junio: cuatro impedimentos de cobertura, dos casos de hostigamiento, una amenaza, una detención arbitraria y la retención ilegal de una credencial de prensa.
Durante el fin de semana del 27 (día del periodista) y 28 de junio, el Ministerio de Comunicación citó a comunicadores sociales en la base aérea La Carlota en Caracas para registrar a quienes pretendían ir a La Guaira. De acuerdo con testimonios, les solicitaron números de pasaporte, credenciales de trabajo, tipo de sangre, números de contacto y correos electrónicos.
A los representantes de la prensa internacional les colocaron brazaletes de identificación que debían conservar durante su permanencia en el país. El 29 de junio, el Ministerio suspendió por 48 horas el traslado oficial de periodistas a La Guaira. Una fuente cercana al despacho alegó una “recomendación sanitaria” y la necesidad de reducir el ruido durante horas cruciales para el rescate.
“El equipo de Runrun.es informó que no pudo ingresar libremente a Carayaca porque la zona se encontraba bajo control militar y solo se permitía avanzar hasta el punto de recepción de donaciones. La directora del medio, Carmen Riera, señaló que el equipo alcanzó a observar la destrucción, pero no pudo continuar hacia el interior. ‘Esta limitación redujo la posibilidad de verificar de manera independiente las necesidades de una de las comunidades más afectadas”’, reza la investigación.
Desapariciones y demoliciones con cifras inexactas
La opacidad también alcanzó la cifra de desaparecidos y la de eventuales demoliciones. A principios de septiembre no había un registro nacional sobre personas desaparecidas. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que había recibido 1603 reportes de familiares de personas desaparecidas, mientras personas voluntarias todavía buscaban cuerpos entre los escombros.
Aunque se anunciaron entre 35 y 39 demoliciones, Un Mundo sin Mordaza recalcó que “es necesario publicar el calendario por inmueble, los expedientes técnicos, las actas de liberación de búsqueda forense y los procedimientos de recuperación de pertenencias”.
Se desconoce el real impacto sobre la niñez
Un Mundo sin Mordaza destacó que el oscurantismo con el que se ha manejado la tragedia hace que no haya una aproximación oficial sobre el impacto que tuvo sobre la niñez. Este balance ha corrido por cuenta de medios y organizaciones, pero no por parte de las autoridades.
“La investigación conjunta de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas verificó 603 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes dentro de una base de 2318 registros únicos, de los cuales 801 contaban con algún nivel de verificación”, reza el informe.
Por su parte, Cecodap totalizó 1405 casos de NNA afectados, entre ellos 221 fallecidos, 437 heridos, 273 desaparecidos y 233 desplazados hacia otros estados e identificó 32 casos de separación familiar bajo medidas institucionales o en entidades de atención.
Asimismo, UNICEF estimó que 680 000 niños y niñas requerían asistencia después de los terremotos, mientras la agencia PANA publicó una estimación de al menos 21950 estudiantes afectados en La Guaira. Se reportaron 1019 escuelas afectadas: 80 con daños severos y once colapsadas o en riesgo de colapso.
Estado ausente en asistencia a los amputados
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimó entre cien y doscientas personas amputadas vinculadas con los sismos. De acuerdo a evaluaciones, los precios de las prótesis rondan entre 3500 dólares y $25000.
El Fondo Humanitario 77, integrado por CIREC (Centro Integral de Rehabilitación de Colombia), la Fundación Juan Pablo Dos Santos y el Hospital Ortopédico Infantil se comprometieron a aportar $2 millones para quienes sufrieron mutilaciones. “El Estado debe financiar evaluación especializada, rehabilitación, dispositivos de apoyo, ajustes y mantenimiento, transporte accesible y acompañamiento psicosocial”, puntualizó el documento.
Represión no cesó en las cárceles
La ONG Foro Penal informó que no hubo daños graves en las cárceles de El Rodeo, Ramo Verde, Yare, INOF y Las Crisálidas, y faltaba información respecto a otras instalaciones. Posteriormente, Amnistía Internacional publicó denuncias de familiares según las cuales funcionarios habrían utilizado perdigones y gas lacrimógeno dentro del Rodeo I contra personas que esgrimieron exigencias frente a los daños de los terremotos.
Escasa rendición de cuentas
Un Mundo sin Mordaza destaca que Transparencia Venezuela ha encontrado escasos hallazgos de rendición de cuentas y ausencia de información provenientes de los 1300 millones de dólares donados por 65 países, 72 organizaciones internacionales, 21 empresas y 10 personas.
Entre los aportes se encuentra un fondo de reconstrucción de $1 millón de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y otro millón de dólares del Banco de Desarrollo del Caribe.
Meta de viviendas se ve lejana
La organización también se refirió a un reporte del pasado 6 de septiembre, en el que se especificó que 39 inmuebles deben ser demolidos en las próximas semanas y que las viviendas nuevas entregadas permanecían en 335, 8,4 % de la meta oficial de 4000 para el venidero diciembre.
También se refleja en la investigación que las lluvias del pasado 15 y 16 de agosto afectaron a 115 familias de OPP-10 de la Gran Misión Vivienda en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. “Las precipitaciones y ráfagas dañaron o anegaron sus carpas; también se documentaron afectaciones en Bulevar Panteón y, en La Guaira, en Mare Abajo y Playa Grande. Los daños ocurrieron mientras el Ejecutivo anunciaba 2100 módulos transitorios en Ciudad Caribia”.
Exigen información pública y auditable
La ONG Mundo sin Mordaza expuso que las brechas en agua, saneamiento, medicamentos, atención obstétrica, salud mental, privacidad, accesibilidad y protección infantil no desaparecieron con el cambio hacia la fase de reconstrucción.
La organización insiste en que se sigan presentando boletines periódicamente para conocer cómo avanza la situación.
“El Estado debe reanudar inmediatamente los boletines y restablecer todas las categorías omitidas desde agosto, además de garantizar campamentos, escuelas, hospitales y viviendas en general. También está obligado a adoptar una estrategia multiamenaza que articule riesgo sísmico, inundaciones, deslizamientos, fallas eléctricas, drenajes y seguridad de la infraestructura crítica”, concluyó el informe.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Clima21 y Provea expresaron su preocupación por los recientes acuerdos energéticos y las licencias operativas emitidas por los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para reactivar y expandir la industria de hidrocarburos, ante la falta de información pública sobre las medidas de protección ambiental que deberían acompañar estas decisiones.
Las organizaciones sostienen que la recuperación económica del país no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales y recuerdan que el derecho a un ambiente sano, seguro y sostenible es indispensable para garantizar otros derechos, como la salud, el acceso al agua y un nivel de vida adecuado.
El planteamiento se produce mientras persiste, según Clima21 y Provea, un modelo sustentado en la expansión del extractivismo petrolero y minero como respuesta a la crisis socioeconómica, pese a los problemas sociales y ambientales asociados con estas actividades.
Respeto a la Constitución
Alejandro Álvarez, director de Clima21, señaló que los acuerdos entre países pueden tener distintas naturalezas, pero sostuvo que los pactos de este tipo deben contar con una base legal.
“Este no tiene ninguna base legal. De hecho, no fue aprobado por la Asamblea”, afirmó en declaraciones a Runrun.es.
Insistió en que cualquier acuerdo que suscriba el Estado venezolano debe considerar las obligaciones establecidas en la Constitución venezolana en materia ambiental. incluso cuando estas no aparezcan expresamente señaladas.
“La Constitución señala que todos los acuerdos de la República implican la protección al ambiente, no importa incluso si no está expresado”, sostuvo.
A su juicio, el acuerdo debería expresar el cumplimiento de esas disposiciones constitucionales y contemplar las obligaciones ambientales correspondientes. Entre ellas, mencionó la realización de estudios de impacto ambiental y los procedimientos que deben continuar después de estos estudios. Por lo pronto, en lo poco que ha trascendido de los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos, se desconoce si esto se hará.
Álvarez comparó esta ausencia con lo ocurrido, según su planteamiento, con la Ley de Minas: “Igual pasó en ese caso, no se habla en absoluto de la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental”.
Cinco exigencias ante la expansión petrolera
En su comunicado, Clima21 y Provea plantearon cinco exigencias al Estado venezolano, así como a las empresas e instituciones internacionales involucradas en los acuerdos.
La primera es garantizar transparencia e información pública. Las organizaciones solicitan que se hagan públicos los mecanismos de protección ambiental incorporados en los acuerdos petroleros y que se garantice el acceso a la información ambiental como un derecho humano fundamental.
La segunda consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de derechos humanos. Para ello, plantean que los acuerdos incorporen mecanismos de debida diligencia y compromisos jurídicamente exigibles, de acuerdo con los estándares internacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
En este punto, Álvarez destacó la necesidad de que las empresas que participen en los proyectos asuman compromisos concretos en materia de derechos humanos.
“Lo otro que debería seguir ya a nivel internacional es un compromiso con el debido cumplimiento. Tiene que haber un compromiso de las empresas que participen en el proyecto con respecto a los derechos humanos, que incluyen derechos humanos ambientales, por supuesto”, afirmó.
La tercera exigencia se refiere a la protección y reparación de las comunidades. Clima21 y Provea plantean que las poblaciones afectadas por actividades extractivas dispongan de medidas efectivas de protección, asistencia y reparación frente a daños y pérdidas. También reclaman garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones que puedan afectarlos.
Pasivos ambientales y derrames
Las organizaciones también llaman la atención sobre los pasivos ambientales acumulados por la industria petrolera venezolana y la persistencia de derrames de hidrocarburos y daños en ecosistemas continentales y marinos.
Por ello, consideran que cualquier nuevo acuerdo debe incluir compromisos exigibles para atender los pasivos acumulados, controlar las contingencias existentes y restaurar los territorios degradados.
La preocupación se vincula con la advertencia más amplia de las organizaciones sobre los efectos que podría tener una nueva expansión de las actividades extractivas si no está acompañada de mecanismos efectivos de prevención, control, reparación y restauración ambiental.
Una transición hacia una Venezuela sostenible
La quinta exigencia apunta a una transición hacia una Venezuela sostenible y justa. Clima21 y Provea plantean que las actividades petroleras incorporen metas vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una transición energética justa que permita superar progresivamente la dependencia del modelo extractivista.
Las organizaciones sostienen que la reconstrucción del país debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible, participativo y justo, que respete los derechos humanos.
En ese sentido, resumieron su posición en una advertencia: “La reactivación económica no puede convertirse en una nueva fuente de daños ambientales e injusticia social”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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