A más de 70 días de los terremotos del pasado 24 de junio de este año, la opacidad hace tambalear a la opinión pública, de acuerdo a un informe de la ONG Un Mundo sin Mordaza.
En una investigación titulada, 74 días después Venezuela sigue sin saber toda la verdad sobre el terremoto, la organización expuso que el último boletín oficial data del 24 de agosto y registró 6509 personas fallecidas, 6462 rescatadas y 226696 atenciones hospitalarias.
De acuerdo a la ONG, la mayor opacidad gira en torno a la cifra de las personas desaparecidas. “Al cierre de este cuarto informe no se localizó una cifra nacional pública sobre desapariciones. La interrupción informativa impide conocer la evolución de la emergencia y fiscalizar si la reconstrucción responde a las necesidades reales”, expuso el informe.
La ONG expuso que el oscurantismo con el que se ha manejado la tragedia hace que no haya una aproximación sobre el impacto que tuvo sobre la niñez.
“La investigación conjunta de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas verificó 603 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes dentro de una base de 2.318 registros únicos, de los cuales 801 contaban con algún nivel de verificación”, reza el informe.
La organización indicó que un reporte del pasado 6 de septiembre identificó 39 inmuebles que deben ser demolidos en las próximas semanas y las viviendas nuevas entregadas permanecían en 335, 8,4 % de la meta oficial de 4000 para el venidero diciembre.
También se refleja en la investigación que las lluvias del pasado 15 y 16 de agosto afectaron a 115 familias de OPP-10 de la Gran Misión Vivienda en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. “Las precipitaciones y ráfagas dañaron o anegaron sus carpas; también se documentaron afectaciones en Bulevar Panteón y, en La Guaira, en Mare Abajo y Playa Grande. Los daños ocurrieron mientras el Ejecutivo anunciaba 2100 módulos transitorios en Ciudad Caribia”.
Informó además que la ONG Transparencia Venezuela identificó 147 donaciones internacionales por más de 1300 millones de dólares y vacíos sobre recepción, ejecución, contratos y entrega.
Por su parte, Cecodap y Redhnna advirtieron que el regreso a clases requiere información pública por escuela, certificación técnica y acompañamiento psicoemocional.
“Un terremoto no constituye por sí mismo una violación de derechos humanos, pero las acciones y omisiones estatales antes, durante y después del evento sí pueden comprometer responsabilidad”, dijo Un Mundo sin Mordaza en el informe.
–Al menos siete estados afectados: Aunque La Guaira fue el epicentro principal de la destrucción, reportes humanitarios y periodísticos identificaron afectaciones también en Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. En Chacao se reportaron 62 personas fallecidas y 28 rescatadas, aunado a daños en los Altos Mirandinos, Guatire, Guarenas y los Valles del Tuy. La ONG destacó que en Distrito Capital se reportaron colapsos y muertes en Los Palos Grandes, San Bernardino, El Paraíso y Pinto Salinas. En Aragua, las autoridades reportaron 15 muertos. En Carabobo se informó sobre 14 personas fallecidas, 67 heridas y al menos 46 viviendas dañadas. En Falcón, el colapso de un ala del complejo La Mar Suites, en Tucacas, dejó 12 personas fallecidas y dos sobrevivientes. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre 1796 eventos sísmicos acumulados hasta el 20 de agosto. “El examen pertinente consiste en determinar si el Estado identificó los riesgos previsibles, protegió adecuadamente los albergues, mantuvo las redes eléctricas y de drenaje, difundió alertas accesibles, habilitó rutas de evacuación y distribuyó recursos de forma proporcional a la afectación territorial”.
–Respuesta tardía: De acuerdo a la agencia Reuters, el lento despliegue militar de los primeros días se debió a órdenes tardías, confusión en la cadena de mando, falta de vehículos, herramientas y aeronaves con capacidad nocturna. Según testigos y trabajadores humanitarios, civiles y equipos internacionales asumieron parte de las extracciones iniciales. The New Humanitarian documentó comunidades que realizaron búsquedas y extracciones con recursos propios durante los primeros dos días. Según Transparencia Venezuela, la respuesta oficial fue de solo 12,6 % en las primeras 24 horas y 34,6 % en 48 horas. Por otro lado, la ONG Provea observó presencia armada de funcionarios de la Dgcim, Sebin y Conas en albergues y rutas de La Guaira que representaron obstáculos para ambulancias, voluntariado y cobertura periodística, aunado a esto, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron que requisitos administrativos vinculados con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) dificultaron recibir y movilizar ayuda humanitaria.
–Poca transparencia: La ONG Espacio Público registró ausencia de un registro público de personas desaparecidas y datos cambiantes sobre morgues, albergues y servicios. Por su parte, VE Sin Filtro registró 202 dominios bloqueados, de los cuales 65 corresponden a medios de comunicación. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) documentó nueve incidentes entre el 25 y el 30 de junio: cuatro impedimentos de cobertura, dos casos de hostigamiento, una amenaza, una detención arbitraria y la retención ilegal de una credencial de prensa. Durante el fin de semana del 27 (día del periodista) y 28 de junio, el Ministerio de Comunicación citó a comunicadores sociales en la base aérea La Carlota en Caracas, para registrar a quienes pretendían ir a La Guaira. De acuerdo con testimonios, les solicitaron números de pasaporte, credenciales de trabajo, tipo de sangre, números de contacto y correos electrónicos. A los representantes de la prensa internacional les colocaron brazaletes de identificación que debían conservar durante su permanencia en el país. El 29 de junio, el Ministerio suspendió por 48 horas el traslado oficial de periodistas a La Guaira. Una fuente cercana al despacho alegó una “recomendación sanitaria” y la necesidad de reducir el ruido durante horas cruciales para el rescate. “El equipo de Runrun.es informó que no pudo ingresar libremente a Carayaca porque la zona se encontraba bajo control militar y solo se permitía avanzar hasta el punto de recepción de donaciones. La directora del medio, Carmen Riera, señaló que el equipo alcanzó a observar la destrucción, pero no pudo continuar hacia el interior. Esta limitación redujo la posibilidad de verificar de manera independiente las necesidades de una de las comunidades más afectadas”, reza la investigación.
–El gobierno contra el “Topo”: Después de criticar públicamente la falta de maquinaria y equipos para las labores de rescate, Wilmer Antonio Cruz, conocido como el “Topo de La Guaira”, permaneció casi 48 horas desaparecido. Luego de ser presentado ante un tribunal de control, Provea informó que fue excarcelado bajo una medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación. En el programa de Venezolana de Televisión (VTV) Con el Mazo Dando, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, calificó a Cruz como un “héroe de pies de barro”, aseguró que tenía problemas de drogadicción y afirmó que había sido captado por el partido Vente Venezuela en Naiguatá para sabotear las labores gubernamentales. Cabello igualmente descalificó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) por las denuncias del gremio sobre amenazas y obstáculos durante la cobertura. Afirmó que la línea de los medios y periodistas críticos “tiene precio” y la catalogó como miserable.
-Desapariciones y demoliciones con cifras inexactas: La opacidad también alcanzó la cifra de desaparecidos y la de eventuales demoliciones. A principios de septiembre no había un registro nacional sobre personas desaparecidas. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que había recibido 1603 reportes de familiares de personas desaparecidas, mientras personas voluntarias todavía buscaban cuerpos entre los escombros. Aunque se anunciaron entre 35 y 39 demoliciones “es necesario publicar el calendario por inmueble, los expedientes técnicos, las actas de liberación de búsqueda forense y los procedimientos de recuperación de pertenencias”.
-Los niños perdidos: Una investigación conjunta de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas documentó 603 fallecimientos de niños, niñas y adolescentes (NNA) y 2.318 menores de edad afectados. Registró igualmente 23 menores en búsqueda con algún grado de verificación y 20 casos clasificados como “en búsqueda”. Por su parte, Cecodap registró 1405 casos de NNA afectados, entre ellos 221 fallecidos, 437 heridos, 273 desaparecidos y 233 desplazados hacia otros estados. Igualmente identificó 32 casos de separación familiar bajo medidas institucionales o en entidades de atención. Asimismo, UNICEF estimó que 680000 niños y niñas requerían asistencia después de los terremotos, mientras la agencia PANA publicó una estimación de al menos 21950 estudiantes afectados en La Guaira. Se reportaron 1019 escuelas afectadas: 80 con daños severos y once colapsadas o en riesgo de colapso.
-Embarazos monitoreados y amputaciones: El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reportó 36700 mujeres embarazadas afectadas y aproximadamente 4000 partos previstos durante el mes posterior a los terremotos. Por otra parte, estiman entre cien y doscientas personas amputadas vinculadas con los sismos. De acuerdo a evaluaciones, los precios de las prótesis rondan entre 3500 dólares y $25000. El Fondo Humanitario 77, integrado por CIREC (Centro Integral de Rehabilitación de Colombia), la Fundación Juan Pablo Dos Santos y el Hospital Ortopédico Infantil se comprometieron a aportar $2 millones para quienes sufrieron mutilaciones. “El Estado debe financiar evaluación especializada, rehabilitación, dispositivos de apoyo, ajustes y mantenimiento, transporte accesible y acompañamiento psicosocial”, puntualizó el documento.
-Situación en las cárceles: La ONG Foro Penal informó que no hubo lesiones graves en las cárceles de El Rodeo, Ramo Verde, Yare, INOF y Las Crisálidas, y faltaba información respecto a otras instalaciones. Posteriormente, Amnistía Internacional publicó denuncias de familiares según las cuales funcionarios habrían utilizado perdigones y gas lacrimógeno dentro del Rodeo I contra personas que esgrimieron exigencias frente a los daños de los terremotos.
–Poca rendición de cuentas: La ONG Transparencia Venezuela encontró escasos hallazgos de rendición de cuentas y ausencia de información provenientes de los 1300 millones de dólares de 65 países, 72 organizaciones internacionales, 21 empresas y 10 personas donados para las víctimas de los terremotos. Entre los aportes se encuentra un fondo de reconstrucción de $1 millón de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y otro millón de dólares del Banco de Desarrollo del Caribe.
–La gente necesita respuestas: La ONG Mundo sin Mordaza expuso que las brechas en agua, saneamiento, medicamentos, atención obstétrica, salud mental, privacidad, accesibilidad y protección infantil no desaparecieron con el cambio hacia la fase de reconstrucción. “El Estado debe reanudar inmediatamente los boletines y restablecer todas las categorías omitidas desde agosto, además de garantizar campamentos, escuelas, hospitales y viviendas en general. También está obligado a adoptar una estrategia multiamenaza que articule riesgo sísmico, inundaciones, deslizamientos, fallas eléctricas, drenajes y seguridad de la infraestructura crítica”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
