Después del doblete sísmico que ocurrió en junio y ahora de frente al inicio del año escolar 2026-2027, la abogada Yumildre Castillo, profesora de la especialización en Derecho de Familia y del Niño de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y vinculada a la Clínica Jurídica, hizo un énfasis en que el Estado tiene el deber de asegurar que las escuelas no se conviertan en espacios de riesgo para los niños.
“La escuela debe ser el lugar más seguro después del hogar; si el espacio físico o emocional está comprometido, el retorno a las aulas en lugar de proteger, revictimiza”, afirmó Castillo sobre las exigencias para la reapertura de los planteles.
La especialista, con experiencia en el área judicial de niños, niñas y adolescentes, también planteó cinco puntos esenciales para poder garantizar un regreso a clases que no vaya a comprometer la integridad de los estudiantes, en un material difundido por El Ucabista.
Seguridad en las estructuras
La certificación de seguridad de las escuelas y los liceos llega a ser la primera prioridad en este proceso. La especialista indicó que ningún plantel debe de abrir sus puertas sin un veredicto de los ingenieros civiles que pueda certificar que la estructura es sismorresistente y segura. Sostuvo que no es suficiente con una revisión visual rápida sino con un aval que asegure que se puede evitar colapsos ante réplicas o emergencias nuevas.
Por otro lado, la abogada señaló la necesidad de desvincular las instituciones escolares de sus funciones como refugios temporales para las familias damnificadas antes de volver al ciclo escolar. Castillo detalló que si una escuela continúa como refugio no puede iniciar clases de forma simultánea sin poner en riesgo la protección de ambas poblaciones, y por eso mismo le pidió a las autoridades que se garanticen espacios alternativos y dignos para los afectados.
Como tercer punto importante, la experta advirtió sobre la urgencia de asegurar los servicios públicos básicos en los colegios para así evitar problemas de salud en el estudiantado y los docentes.
“Se debe garantizar agua potable continua, saneamiento ambiental adecuado y servicios básicos funcionales que eviten brotes epidemiológicos o condiciones indignas de permanencia durante la jornada escolar”, sostuvo la profesora de la UCAB.
Salud mental y protocolo de riesgos
Este punto enfatiza la estabilidad emocional de las comunidades estudiantiles porque los terremotos dejaron secuelas en la salud mental de niños, adolescentes y adultos así que por esto se deben de llevar a cabo programas de apoyo emocional y dotar al personal docente y administrativo de herramientas pedagógicas y capacitación en primeros auxilios físicos y psicológicos para identificar cuadros de ansiedad, estrés postraumático y acompañar el duelo infantil de la mejor forma posible.
Finalmente, la especialista explicó que se deberían de actualizar los protocolos de gestión de riesgo en cada institución, ya que la prevención de desastres debe convertirse en norma. Esto mismo debería de contar con un plan de evacuación, rutas de salida, puntos de encuentro seguros y la realización de simulacros desde el primer día de clases, advirtiendo que empezar el año escolar sin estas garantías puede traer un daño a futuro.
“Es completamente legítimo, es completamente válido que cualquier padre o cualquier madre manifieste sus dudas o sus inquietudes respecto a si sus hijos estarán seguros en el espacio educativo donde habrán de permanecer. Es cierto que el espacio educativo resultará favorecedor para los niños para que puedan socializar esa experiencia tan traumática por la cual atravesamos todos. Pero ese espacio de socialización tiene que ser un espacio seguro, un espacio que presente las garantías mínimas necesarias para que ni la integridad física ni psicológica ni emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes se vea afectada por él”, concluyó Castillo.
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