La noche de este viernes, 21 de junio, fueron excarcelados Leonardo Azócar y Josué Tremaria, ambos sindicalistas de Guayana que estaban detenidos desde el 2023.
A través de la red social X (antes Twitter), el defensor de derechos humanos Emilio Negrín confirmó la excarcelación de ambos dirigentes, pero recordó que el sindicalista Daniel Romero sigue detenido y exigió su liberación.
“Nunca debieron estar presos. Pedimos que también sea liberado Daniel Romero, quien tiene la misma causa que Azócar. No hay razones para mantenerlo privado de libertad”, escribió Negrín en su publicación.
Leonardo Azócar fue detenido junto a Daniel Romero el 11 de junio de 2023. Ambos son trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y estuvieron en desaparición forzada mientras los llevaban a Caracas. Todo ocurrió en medio de de las protestas de los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Por su parte, Josué Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), fue detenido en julio del año pasado. Era investigado por el Ministerio Público desde el año 2021 por sus actividades sindicales.
De acuerdo con la periodista Francesca Díaz, los familiares de Azócar y Tremaría indicaron que ambos están en régimen de presentación a la espera de juicio y no fueron absueltos de los delitos imputados.
El coordinador general de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, recordó que “sin libertad sindical no hay democracia”, por lo que exigió el cese de “la persecución contra trabajadores que reclaman derechos”.
El pasado mes de mayo, el gobernante Nicolás Maduro emitió un decreto que establece un impuesto del 9% a las empresas privadas para la creación de un fondo de pensiones estatal y mejorar el ingreso de los pensionados.
De acuerdo con el decreto que se publicó en Gaceta Oficial, con fecha del 16 de mayo, a las empresas se les cobrará el 9% del monto total pagado a los empleados para ayudar a financiar las pensiones
A principios de junio, Maduro afirmó desde el estado Apure que las pensiones ahora llegarían con mejoras gracias a la nueva Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social.
“Si en los primeros cinco meses vemos esto, ese dinerito que entra se traduce en mejoría del ingreso indexado, de las pensiones, vamos a tener buenas noticias este mes de junio porque la nueva ley pegó más de lo que creíamos y van a ir a la mejoría”, dijo.
Llegado el 21 de junio y con ello, comenzado el pago de pensiones y bono de guerra económica, los pensionados pudieron evidenciar que el monto de las pensiones sigue siendo de 130 bolívares, o poco más de 3 dólares, porque están ancladas al salario mínimo.
Sin embargo, lo que tuvo una mejoría fue el bono de guerra económica, que se recibe a través del Sistema Patria. Según los abonos que recibieron los pensionados de este beneficio que otorga el gobierno de Nicolás Maduro, el bono pasó de 30 a 45 dólares (Bs. 1.640 a la tasa del Banco Central de Venezuela).
Las pensiones se mantienen invariables. La última vez que se ajustaron fue en marzo de 2022, junto con el salario mínimo, cuando equivalía a unos 30 dólares.
Dos años después, no se han hecho ajustes del salario mínimo, pues el gobierno solo se ha enfocado en el aumento del “ingreso mínimo integral”, que no genera pasivos laborales porque se mejora solamente el bono de guerra económica.
No podemos pasar por alto que el “reportaje” de Telesur señaló que todas esas flamantes camionetas último modelo llegaron al país “a pesar del bloqueo”. El mismo “bloqueo” que impide traer medicinas
Cuando Hugo Chávez se lanzó a la presidencia de Venezuela, el grueso de la extrema izquierda local, históricamente una parranda de bates quebrados electorales, se montó en su tren. Hubo algunas excepciones, como el otrora comandante guerrillero Douglas Bravo (cuyo peculiar ideario, que combinaba el pensamiento bolivariano con el marxismo, irónicamente influyó bastante en Chávez).
Para muchos de esos ñángaras, el chavismo no era un movimiento genuino de izquierda. Tomaron la decisión correcta de oponérsele, pero por razones equivocadas, pues siempre fue una necedad pretender que en el chavismo no había nada de socialismo extremo. Bueno, al menos hasta hace unos años, cuando la necesidad de buscarse un nuevo método para extraer riquezas y seguir en el poder obligó a la elite gobernante a despojarse de sus ropajes marxistoides.
Pero volvamos a la etapa de extrema izquierda en el chavismo. Como todo movimiento de inspiración marxista, el discurso de lucha de clases era un rasgo bastante común. Se utilizaba para polarizar a la sociedad, dividiéndola irreconciliablemente entre ricos y pobres. Los primeros, desde luego, eran los malos de la película. Los detestables burgueses. Los oligarcas. Los “sifrinitos”. El este de Caracas se volvió la geografía del privilegio ilegítimo. Las advertencias de los economistas sobre una hecatombe por las políticas del gobierno eran desestimadas como cosa de IESA boys “neoliberales” al servicio de esos intereses perversos.
Pues la catástrofe llegó y el resto es historia. Como de costumbre, la reacción propagandística de los responsables ha sido errática e incoherente. En un primer momento, en línea con el ideario chavista original, los empresarios fueron los señalados como culpables. Fue esta la etapa de denuncias de “guerra económica”, “especulación”, “acaparamiento” y demás. Luego hubo intentos de negar que la crisis existiera en primer lugar. ¿Recuerdan a Delcy Rodríguez proclamando alegremente que en Venezuela había suficiente comida para alimentar a muchos otros países?
Pero ahora, con la perestroika bananera en pleno desarrollo y la relación cordial entre Miraflores y Fedecámaras, otro gallo canta. Ciertamente no es el gallo rojo que en Venezuela simboliza el comunismo. Ahora, para comprobar que Venezuela es en realidad un país próspero donde casi todo el mundo está feliz, el chavismo hace fiesta exhibiendo todo aquello de lo que alguna vez denigró: capitalismo, consumismo, riqueza y exclusividad.
La primera muestra de esa hipocresía que pasó por mis desdichados ojos vino ni más ni menos que del periodista y otrora diputado Alberto Aranguibel, una de las voces más radicales y de izquierda trasnochada en el seno del chavismo (seno del cual fue execrado en diciembre del año pasado por unos comentarios apologistas del Tercer Reich, en medio de una rabieta anti-Israel por la guerra en Gaza). Pues bien, lo cierto es que algún tiempo antes el señor de marras se puso a celebrar las imágenes de alguno de esos nuevos locales en Caracas dedicados a la venta de artículos eléctricos para el hogar, lleno de gente. Si mal no recuerdo, por rebajas de Black Friday. Es decir, una orgía de consumo materialista importada de Estados Unidos. ¡Para lo que quedó la “descolonización del pensamiento”!
Hablando de importaciones, en Venezuela el gobierno trae para acá a propagandistas extranjeros. Dos de ellos hace poco se vinieron a la capital para grabar un “documental” para Telesur sobre cómo, citando a Bill Clinton, “todo está chévere en Caracas”. El dúo entre otras cosas muestra el éxito del Sambil La Candelaria y entre sonrisas bebe tragos de ron Santa Teresa. Fíjense ustedes. Aunque el credo oficial del gobierno sigue siendo el socialismo revolucionario y uno de los propagandistas es un entusiasta admirador de Fidel Castro, lo que exaltan de Venezuela es un producto de la empresa privada. Y, además, de los negocios de dos de las familias más ricas del país, los Cohen y los Vollmer. Ni por asomo dicen que ese centro comercial que tanto los deslumbra fue por años una ruina porque Chávez, en otro de sus caprichos, decidió estatizarlo.
Esta misma semana, Telesur volvió a una de las suyas, con un “reportaje” sobre cómo las ventas de vehículos nuevos en Venezuela subieron significativamente (un dato confirmado por la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, pero que no puede abstraerse del hecho de que es un rebote luego de una caída abismal).
Para probarlo, se visitó un concesionario con pinta de lujoso en un lugar no especificado de Caracas pero que, les puedo asegurar, no era La Vega ni el barrio Maca de Petare.
Quienes me conocen saben que me chocan las suposiciones de que cualquier propietario de comercios así, o cualquiera de sus clientes, tiene que ser un “enchufado”. Pero eso no niega que solo un porcentaje minúsculo de la población puede pagar decenas de miles de dólares por un carro de agencia nuevecito. Así que es absurdo tomar eso como demostración de una recuperación económica generalizada e inclusiva. ¡Ah! Y no podemos pasar por alto que el “reportaje” señaló que todas esas flamantes camionetas último modelo llegaron al país “a pesar del bloqueo”. El mismo “bloqueo” que impide traer medicinas. Asumamos por un momento que ambas premisas son certeras (no lo son). ¿Eso no deja acaso muy mal parado el orden de prioridades?
Noten que todos los ejemplos que refiero son en Caracas. Todos, menos el Sambil La Candelaria, en el este de Caracas. La ciudad que está mal, pero mucho mejor que el resto de Venezuela. La ciudad donde se concentra como nunca antes la riqueza nacional. Ni de broma hay documentales o reportajes sobre alguna aldea pemón donde nunca hay gasolina y la única escuela se cae a pedazos. O una localidad en la Sierra de Perijá donde se pasa ocho horas al día o más sin luz. A este paso, los muchachos de Telesur se restringirán a Las Mercedes y al corredor de La Castellana, Altamira y Los Palos Grandes.
Tanto satanizar el “sifrinismo” para luego abrazarlo. No será, claro, la primera vez ni la última. Sobran historias de izquierdistas revolucionarios que una vez en el poder, en lugar de impulsar a sus países hacia la utopía sin clases sociales, se enriquecen hasta más no poder y dejan al resto de la población en la miseria. En su crítica tanto del psicoanálisis como de la ortodoxia marxista, Deleuze y Guattari apuntan a un deseo inconsciente que puede truncar el “interés de clase” preconsciente, lo cual explicaría cómo es que tantas revoluciones terminan creando mamotretos autoritarios, burocráticos y creadores de privilegios para la nomenklatura. Pero lo que en otros casos fue más disimulado, en Venezuela se hace con desparpajo. ¡Viva la revolución! ¡Vivan los sifrinos!
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Aruba es el país que ha dado acogida al mayor número de refugiados en relación con su población nacional (1 de cada 5 personas) y Curazao el cuarto (1 de cada 13), según el último informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El reporte señala que a finales de 2023 había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, “debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos o acontecimientos que han alterado gravemente el orden público”. Este total representa 8,8 millones de personas más que las registradas en esta condición en 2022.
Por su parte, la Oficina Central de Estadísticas de Curazao reconoce “un incremento significativo entre los individuos nacidos en Venezuela”, mas apenas contabiliza 4.261 venezolanos en la isla, al tiempo que el número oficial en Aruba no llega a los 7 mil.
En septiembre de 2022, el entonces secretario de Estado de Justicia y Seguridad de Países Bajos, Eric van der Burg, reconoció que Aruba y Curazao “la están pasando mal” por la presión migratoria que produce el éxodo de venezolanos. En el marco de una gira por el Caribe Neerlandés, Van der Burg agregó: “Si se observa la cantidad de personas que están aquí en Aruba provenientes de Venezuela, es como si los Países Bajos recibiéramos a casi 2 millones de personas” en su territorio.
En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, Brian Nichols, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estados Unidos, opinó que todavía hay tiempo para que las elecciones presidenciales en Venezuela «sean competitivas» y, de ser así, el gobierno norteamericano estaría dispuesto a reconocer los resultados de los comicios del próximo 28 de julio si cumplen con unos «estándares mínimos», como la observación internacional y plural.
«Obviamente el campo de juego está inclinado a favor de Maduro, pero si nos fijamos en el tamaño de las manifestaciones de la oposición, vemos que hay mucho entusiasmo y la oposición es bastante optimista. Observaremos el proceso de cerca y esperamos que la presencia de observadores internacionales ayude a brindar mayores garantías al proceso», dijo Nichols en la entrevista publicada este 21 de junio.
A 37 días de las elecciones presidenciales venezolanas, el representante de EEUU consideró que «la comunidad internacional examinará el proceso y tratará de determinar si cumple o no los estándares (…), no lo decidirá Estados Unidos individualmente».
Ante la posibilidad de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela si llegara a ganar estos comicios, Nichols respondió que «dependerá de las circunstancias» del proceso electoral. «Todavía queda más de un mes para las elecciones y veremos qué ocurre hasta entonces», dijo.
Hasta ahora el madurismo lidera la represión
La ONG Laboratiorio de Paz y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunciaron que más de 30 activistas políticos han sido detenidos arbitrariamente o se encuentran refugiados por represalias del régimen de Maduro.
El 20 de junio se registraron al menos 12 denuncias sobre inhabilitaciones de alcaldes en los estados Trujillo, Táchira y Delta Amacuro por su presunta participación en los mitines políticos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal plancha política de oposición en estos comicios. Si bien la página web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) los catalogó como «inhabilitados para ejercer cargos públicos», ninguno de los intendentes municipales recibieron alguna notificación formal por la Contraloría general de la República (CGR) de alguna investigación en su contra.
Ese mismo 20 de junio, el gobernante Nicolás Maduro y otros siete candidatos acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) a firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados de cara a los comicios pero sin reconocer el Acuerdo de Barabdos, un documento firmado en octubre del año pasado entre miembros de la oposición y el chavismo para mantener unos estándares de veracidad y verificación electoral.
Maduro, Daniel Ceballos (Arepa), Benjamín Rausseo (Conde), José Brito (Primero Venezuela), Luis Eduardo Martínez (AD intervenida por el TSJ), Claudio Fermín (Soluciones) , Javier Bertucci (El Cambio) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) firmaron el nuevo acuerdo ante el CNE.
Los ausentes fueron el candidato Enrique Márquez y el aspirante por la PUD, Edmundo González Urrutia, quien aseguró horas antes que no fue invitado a la firma y dijo que un acuerdo de este tipo «nunca debe ser impuesto unilateralmente».
Entre los ocho puntos de ese acuerdo se destacó el levantamiento de las sanciones contra miembros específicos del chavismo que tienen cargos públicos, que, según las declaraciones del gabinete de Maduro, «impide» que se celebren unas elecciones libres.
El candidato a la presidencia de la República por el partido Centrados, Enrique Márquezcalificó este viernes el acuerdo suscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por ocho de los 10 aspirantes a la silla de Miraflores como inútil, redundante e incompleto.
Márquez sostuvo que se negó a acudir al CNE el jueves porque el acuerdo fue hecho de maneraunilateral y no pudo “opinar ni discutir su contenido”.
Al igual que Márquez, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, tampoco asistió porque dijo que ni siquiera fue invitado y además el gobierno ya ha irrespetado los acuerdos de Barbados.
“Hubiéramos firmado si hubiéramos podido opinar y discutir el contenido, pero eso no fue posible. Era una orden, venga usted a firmar. No tenemos por qué acatar órdenes políticas desde Miraflores“, dijo Márquez en referencia al acuerdo que fue propuesto por Nicolás Maduro y su entorno.
Agregó que es inconstitucional que suspendan su candidatura por negarse a firmar un acuerdo, puesto que no está violando normativa alguna.
“No veo ninguna sanción legal que se me pueda imponer por no firmarlo. Ahora, estamos claros que hay un sector del país, que es el que gobierna, que está acostumbrado a doblarla, a torcer la ley, para pasar factura. Estamos listos para cualquier factura que quieran pasar, no hemos violado nada”, indicó.
González Urrutia argumentó que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la PUD y el gobierno en octubre del año pasado, con acompañamiento y respaldo internacional.
El acuerdo que firmaron Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, José Brito y Luis Martínez, además del propio Maduro establece mantener un “clima de respeto, paz y participación democrática, para que, en la jornada electoral y los días posteriores no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”.
Amnistía Internacional (AI) recordó este jueves, Día Internacional de las Personas Refugiadas, que millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de un refugio seguro, huyendo de condiciones que amenazan su vida. Entre ellos, millones de venezolanos y venezolanas. Estas últimas enfrentan condiciones que las hacen más vulnerables.
En un webinar de YouTube, representantes de la ONG aseguraron que, en lo que va de 2024, las cifras son «muy preocupantes».
Adeline Neau, investigadora de la Oficina Internacional de las Américas de Amnistía Internacional, comentó que para finales de abril de 2024 más de 120 000 000 de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado, un 7% más que el año anterior.
La investigadora detalló que entre las poblaciones refugiadas más numerosas se encuentran Siria y Afganistán, representando un tercio del total mundial.
A esta cifra se suman unos 6 000 000 de refugiados ucranianos y 6 100 000 de venezolanos desplazados, víctimas de crímenes de lesa humanidad, persecución o la crisis hiperinflacionaria de Venezuela.
Mujeres refugiadas, doble vulnerabilidad
Las expertas, y miembros de AI, Nastassja Rojas, Rosario Grados y la ya mencionada Neau, abordaron en la situación particularmente vulnerable de las mujeres refugiadas.
Neau recordó que, entre 2021 y 2022, AI llevo a cabo una investigación con especial foco en las mujeres venezolanas. Los resultados fueron alarmantes: las refugiadas enfrentan una doble desprotección, al no ser reconocidas como tales en todos los países y al verse expuestas a altos niveles de violencia basada en género.
De los venezolanos refugiados más de 5 millones se encuentran actualmente en algún país de América Latina. Colombia y Perú han acogido al mayor número de personas refugiadas venezolanas: se calcula que en Colombia viven 1 840 000 de personas en Colombia y en Perú 1 290 000
Las mujeres representan el 50% de las personas refugiadas en Colombia y el 58% en el Perú. Las expertas apuntan que la falta de documentación las coloca en una situación aún más desfavorable y les dificulta el acceso a la protección y la justicia.
Llamado a la acción: actualizar marcos legales y fortalecer la protección
Nastassja Rojas, directora adjunta en Colombia para AI Venezuela y politóloga, explicó que las convenciones de Ginebra sobre refugiados y el tratado de Cartagena sobre refugiados, si bien han sido hitos importantes, «requieren ser adaptadas a un contexto global marcado por nuevas formas de violencia, persecución y riesgos para la vida y la dignidad humana»,
La directora adjunta mencionó que hay tres niveles de acción para los refugiados: internacional, regional y nacional. Reconoció los avances en el plano internacional, pero lamentó que «muchos estados todavía desconocen la problemática de refugiados de Venezuela».
Por lo cual hizo un llamado a «operacionalizar» esos acuerdos internacionales y trasladarlos a la práctica en los distintos Estados. «Hay una tensión para evitar llegar a esas garantías internacionales que deberían tener los refugiados», afirmó.
La politóloga enfatizó la importancia de actualizar e incluir nuevos factores de riesgo para los refugiados en los países de acogida, como los riesgos ambientales o digitales.
Falta de mecanismos regulatorios nacionales
Por su parte, Rosario Grados, politóloga responsable de proyectos de Amnistía Internacional Perú, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en Perú, donde hay más de 1.7 millones de venezolanos de acuerdo a la ONG.
«En Perú no tenemos un mecanismo para generar regulación a personas que entran por las fronteras. Se han desmantelado los mecanismos de protección», reconoció la representante de AI Perú, quien recordó que el año pasado aún se comentaba sobre medidas complementarias para atender esta situación.
Pero, de acuerdo a Grados, la criminalización de la migración irregular en territorio peruano, a través del decreto 13.50, que penaliza a las personas que ingresan al territorio de manera irregular, ha obstaculizado el acceso a la protección de refugiados.
El número de víctimas de trata se ha incrementado en el 100%, según las cifras del ministerio de la mujer de Perú. «Son víctimas de violencia de género e hipersexualización», comentó Grados.
Plan a 10 años para los refugiados en Latinoamérica
A pesar de los avances logrados en materia de protección internacional y regional, las expertas coincidieron en que aún queda un largo camino por recorrer antes del próximo Día Internacional de las Personas Refugiadas.
La responsable de proyectos de AI Perú adelantó que se trabajará en una medida a largo plazo, aunque no dio detalles respecto a las medidas que se implementarán.
«Los Estados se están reunión para hacer un plan a 10 años. Desde Amnistía llamamos implementar ese acuerdo en todas las personas. Para que se traduzca en realidad a las personas de la región que lo necesitan», comentó.
La operacionalización de las normas existentes, la implementación de herramientas diferenciadas para atender las necesidades específicas de los refugiados y la articulación efectiva entre las instituciones estatales son algunos de los desafíos pendientes para los países latinoamericanos.
«No retrocedamos. Los mecanismos de protección deben fortalecerse. No criminalicemos a personas refugiadas», sentenció Rojas.
Por medio de un comunicado, el Centro Carter informó este viernes 21 de junio que vendrá a Venezuela a observar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pero debido al tamaño y alcance limitado de la misión “no realizarán una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación”.
De acuerdo con un comunicado desplegado en su sitio web, “las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para unas elecciones democráticas”.
A diferencia de la Unión Europea, a la que el régimen de Nicolás Maduro retiró la invitación después de haberlo concretado en los Acuerdos de Barbados, el Centro Carter se mantiene en pie, pero ahora con una observación que será limitada.
Este jueves, Jennie Lincoln, asesora principal para América Latina y el Caribe, confirmó la asistencia de la organización en el proceso electoral.
Lo acordado es que una misión técnica llegue al país el 29 de junio para iniciar un proceso que incluirá evaluación de las campañas de los candidatos y organización de los centros de votación.
En anteriores oportunidades, el rector Conrado Pérez había confirmado la presencia del Centro Carter en Venezuela.
Raspados en anteriores elecciones
La última vez que el Centro Carter vino a Venezuela fue en las elecciones regionales de 2021, cuando según su misión técnica encontró injerencia política por parte del Estado y concluyó que los comicios no cumplieron con los estándares democráticos internacionales.
A la ausencia de la Unión Europea, a quien el presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso dijo que le retiraba la invitación por respaldar las sanciones internacionales, se suman las de Colombia y Brasil, países cuyas administraciones habían mostrado preocupación por el equilibrio democratico en Venezuela y las inhabilitaciones.
Este jueves, Maduro junto a otros candidatos supuestamente de oposición firmaron un acuerdo de reconocimiento elaborado por el CNE al que no asistieron Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática y Enrique Márquez de Centrados.