Las mujeres siguen teniendo una presencia muy limitada como voces expertas en los medios de comunicación. El informe 2025 del Proyecto Mundial de Monitoreo de Medios (GMMP) revela que solo el 26 % de las fuentes informativas a nivel mundial son mujeres. Una cifra que también se repite en América Latina y que apenas mejora en España, donde alcanza el 29 % en los medios tradicionales y desciende al 27 % en los digitales respecto al informe anterior.
Las mujeres siguen sin ser fuente ni sujeto predominante en la construcción de la actualidad informativa. Y esta ausencia no responde a una falta de preparación o experiencia. Pese a la existencia de mujeres cualificadas en todos los ámbitos profesionales, su presencia continúa siendo limitada en los espacios informativos, los paneles de debate, los espacios de poder y las estructuras donde se toman decisiones.
En este contexto, Visionarias Business presenta el Directorio de Expertas Visionarias 2026-2027, una publicación digital de acceso gratuito que reúne a 18 profesionales de España, México, Argentina, Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Francia e Israel.
Concebido como una herramienta de consulta profesional, el directorio facilita el acceso a mujeres con una trayectoria consolidada y criterios comunes de calidad para que medios de comunicación, empresas, universidades, asociaciones e instituciones incorporen más voces expertas en entrevistas, análisis, conferencias, formación, consultoría y proyectos de colaboración.
Una herramienta de consulta para medios, empresas e instituciones
El Directorio de Expertas Visionarias reúne perfiles especializados en desarrollo de negocio, emprendimiento, educación y formación, liderazgo, gobierno corporativo, compliance, comunicación, igualdad, inclusión y desarrollo organizacional, entre otras áreas.
Cada perfil incluye información sobre su especialidad, trayectoria profesional, servicios, modalidad de trabajo, alcance geográfico, reconocimientos y presencia en medios, con el objetivo de facilitar su participación en entrevistas, conferencias, acciones formativas, consultoría, mentorías o proyectos de colaboración.
El directorio está disponible en formato digital de acceso abierto y puede descargarse gratuitamente desde la web de Visionarias Business.
La desigualdad también se refleja en el papel que desempeñan las mujeres en las noticias
La infrarrepresentación femenina no solo incide en el número de mujeres que aparecen en los medios, sino también en el papel que desempeñan cuando forman parte de la información. Según el informe del GMMP, en España las mujeres representan el 36 % de las fuentes en Economía y el 35 % en Ciencia y Salud.
Además, cuando son consultadas en las noticias, participan con más frecuencia para relatar experiencias personales (48 %) que por su conocimiento como expertas (32 %), una diferencia que pone de manifiesto el camino que todavía queda por recorrer para lograr una representación más equilibrada.
“No faltan mujeres expertas; lo que muchas veces falta es que quienes las buscan sepan dónde encontrarlas. Este directorio nace precisamente para acortar esa distancia y hacer más fácil que sus voces formen parte de las conversaciones y decisiones que marcan la actualidad”, afirma Marita Seara, fundadora y directora de Visionarias Business.
El Directorio de Expertas forma parte de la Red de Expertas Visionarias, una comunidad internacional integrada por mujeres hispanohablantes de distintos países y sectores que forma parte del ecosistema Visionarias Business y trabaja para incrementar la presencia de mujeres expertas en los espacios donde se genera conocimiento, se construye opinión pública y se toman decisiones.
Acerca de Visionarias Business
Visionarias Business es un medio independiente nacido en España dedicado a visibilizar el talento femenino como motor de cambio económico y social. Desde esta misión nace la Red de Expertas Visionarias, un movimiento internacional de mujeres hispanohablantes de distintos países y sectores que lideran, inspiran y generan impacto real en sus comunidades y organizaciones.
Resulta paradójico que, en un mundo tan interconectado, hablar de nuestras emociones sea un tema complejo. Tenemos más herramientas para comunicarnos que nunca, pero seguimos encontrando dificultades para expresar lo que sentimos, especialmente cuando se trata del miedo.
Durante mucho tiempo se nos enseñó que sentir miedo era una señal de debilidad, cuando en realidad es una de las emociones más humanas que existen. El miedo no es el problema; el verdadero riesgo aparece cuando permitimos que nos paralice y condicione nuestras decisiones. Sentirlo es natural. Aprender a convivir con él es parte del crecimiento.
La Organización Mundial de la Salud estima que cientos de millones de personas en el mundo conviven con trastornos relacionados con la ansiedad y el miedo. Más allá de las cifras, este dato nos invita a reflexionar sobre la necesidad de dejar de ver la salud mental como un tema individual o privado para comenzar a asumirla como un desafío colectivo.
Vivimos rodeados de cambios, incertidumbre y conflictos. Cada uno de ellos nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a replantearnos aquello que creíamos seguro. Aunque estos procesos suelen generar temor, también representan oportunidades para transformarnos como personas desde el punto de vista emocional, mental e incluso espiritual.
Pedir ayuda no debería ser motivo de vergüenza. Por el contrario, reconocer que necesitamos apoyo es una muestra de fortaleza y de responsabilidad con nosotros mismos. No somos máquinas diseñadas para soportarlo todo en silencio. Somos seres humanos que sienten, que dudan y que, en ocasiones, necesitan ser escuchados.
Los acontecimientos vividos en Venezuela el pasado 24 de junio dejaron una huella emocional en miles de personas. Es comprensible que el miedo permanezca después de una experiencia de esa magnitud. Sin embargo, también es cierto que las adversidades nos ofrecen la posibilidad de descubrir nuevas formas de resiliencia y solidaridad. No se trata de olvidar lo vivido, sino de evitar que el miedo se convierta en el protagonista de nuestro futuro.
Como sociedad, tenemos el reto de construir espacios donde hablar de salud mental deje de ser un tabú. Necesitamos comprender que cuidar nuestro bienestar emocional también implica cuidar el de quienes nos rodean. La empatía, la escucha activa y el acompañamiento pueden convertirse en herramientas tan valiosas como cualquier tratamiento profesional.
El miedo a la vulnerabilidad probablemente siempre existirá. La diferencia está en aprender a gestionarlo en lugar de negarlo. Cuando entendemos nuestras emociones y les damos un lugar, descubrimos que pueden convertirse en aliadas para tomar mejores decisiones y afrontar los desafíos con mayor equilibrio.
Nadie dijo que vivir sería sencillo. Sin embargo, cada experiencia, incluso aquellas que despiertan temor, representa una oportunidad para aprender, crecer y encontrar un nuevo propósito. Hablar de nuestras emociones no nos hace más débiles; nos hace más humanos.
Tal vez el verdadero cambio que necesitamos como sociedad no sea dejar de sentir miedo, sino dejar de esconderlo. Solo cuando normalicemos las conversaciones sobre salud mental podremos construir comunidades más empáticas, transparentes y capaces de acompañarse mutuamente en los momentos más difíciles.
Tras los sismos del 24 de junio, en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran camiones con cargas enteras que se arrojan muy cerca de la orilla del mar. Se trata de placas, cabillas, columnas, vigas: los escombros de los edificios destruidos en La Guaira que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se elevan a 1,2 millones de toneladas. De inmediato, surgieron las críticas sobre estas acciones, mientras que el Ministerio de Ecosocialismo y los organismos regionales guardan silencio.
“Eso de los efectos de los escombros lanzados al mar hay que evaluarlo científicamente y no emocionalmente. Ninguna opción puede ser descartada. Se necesita consultar a expertos para, de allí, tomar las decisiones que haga falta”, advierte el oceanógrafo biológico y geológico, José Ramón Delgado, director de la Fundación Caribe Sur.
Delgado apunta que las consecuencias que estos materiales pueden tener sobre el medio ambiente marino deben tener en cuenta la capacidad de dilución del mar, el supuesto impacto en el pH y otras variables químicas en las aguas costeras.
“Quizás es más importante evaluar los fondos marinos (…) pero una cantidad de miles de toneladas de escombros creo que no causaría ningún efecto apreciable y, tal vez, sea la base estructural para comunidades marinas nuevas, por lo que es algo que no tiene que ser dañino”, añade.
El problema del desecho de escombros tras una tragedia no es nuevo en Venezuela. Tras los deslaves de Vargas, en 1999, la anarquía sobre cómo disponer de ellos causó problemas. “El gobernador del estado desplazaba maquinarias para mover tierra y escombros, y colocaba los desechos en zonas que habían sido previamente despejadas y que seguían un plan coordinado por la Autoridad Única de área del estado Vargas (AUAEV) con lo que dañaba el trabajo de despeje de vías y drenajes”, relató el ingeniero Carlos Genatios, quien era la autoridad única para ese momento, en la publicación “Vargas: desastre, proyecto y realidad. Veinte años después de las lluvias de 1999”.
Escombros en la “lista inversa”
Hay normativas internacionales que evitan que este tipo de materiales sea arrojado a las playas. El Protocolo de Londres de 1996 –que actualizó el Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972– prohíbe que se lleve cualquier tipo de desecho al mar, aunque incluye una “lista inversa” de elementos que sí podrían volcarse en el océano bajo condiciones excepcionales. En este listado están los escombros provenientes de construcciones.
Según el protocolo, los escombros están en la definición de objetos voluminosos, que incluye al hierro, acero, hormigón y similares. Estos podrían verterse en el mar solo si no existe ningún tipo de alternativa viable para su reutilización, reciclaje o eliminación en la tierra. Además, esta disposición podría hacerse únicamente en lugares específicos o cuando son generados en sitios aislados (como islas pequeñas) donde no hay alternativas terrestres para desecharlos.
La normativa también establece que, antes de hacer este vertido, los materiales deben pasar por una revisión exhaustiva y obtener un permiso especial que pueda garantizar que no dañarán el medio ambiente marino. Se les debe eliminar todo “el material susceptible de generar desechos flotantes” y no puede representar “un obstáculo grave para la pesca o la navegación”.
En Venezuela, el capítulo III de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) está dedicado al manejo especial de residuos y desechos voluminosos y tecnológicos, entre los que se incluyen los escombros, los cuales solo pueden llevarse al lugar dispuesto por el plan municipal o mancomunado del manejo de residuos sólidos. Está prohibido llevarlos a rellenos sanitarios.
Además, agrega que “los escombros y tierras provenientes de demolición y excavación se podrán disponer en terrenos que requieran nivelación o relleno de conformidad con la normativa ambiental”.
Ya en 1992, el decreto 2.216 que contiene las “Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos” detalla que los sitios de disposición de estos materiales no deben estar en lugares con fallas activas o riesgos geológicos potenciales, o con una frecuencia de inundación mayor de una vez cada cien años. Tampoco pueden estar dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), Parques Nacionales, pantanos o planicies inundables.
Pero nada se dice sobre qué hacer con las toneladas de escombros que provienen de una tragedia como la sucedida después de los terremotos. Aunque las leyes vigentes señalan que esta responsabilidad recae directamente sobre los municipios –los cuales deben autorizar administrativamente la ocupación de un territorio a donde se lleven estos desechos– son los órganos nacionales como el Ministerio de Ecosocialismo y el Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos quienes se encargan de la asesoría técnica que requiere cada jurisdicción y de vigilar que la norma se cumple.
Planear antes de la tragedia
Varios países coinciden en las directrices que se deben seguir al momento de desechar escombros. La más común de todas es la necesidad de clasificación, ya que en los escombros de una edificación no solo hay materiales de construcción, sino también muebles, cables, elementos metálicos, sustancias químicas, electrodomésticos, telas e incluso material orgánico.
En Estados Unidos se aplica la planificación avanzada de la gestión de escombros mucho antes de que ocurra una catástrofe, sea una inundación, deslave, huracán o terremoto. Este tipo de ejercicio permite que las comunidades se mantengan seguras y que la respuesta del Estado ante estos fenómenos sea rápida y eficiente.
La Asociación de Desechos Sólidos de Norteamérica (Swana, por sus siglas en inglés) afirma que es clave, entre otras consideraciones, que se informe a los residentes que cuáles serán los métodos que se usarán para recoger escombros (recolección en la acera, contenedores comunitarios para depositarlos), así como los sitios que servirán de almacenamiento temporal y final.
La organización también destaca la importancia de la clasificación de los residuos de construcción y demolición antes de que se recolecten, con la idea de aumentar su potencial de reutilización y reciclaje. Esta acción debe ir en consonancia con los programas de reciclaje que ya existen en la zona.
Los lineamientos mundiales comunes
Uno de los edificios que colapsó tras el terremoto y tsunami en Chile en 2010. Crédito: TN
El informe “Evaluación Rápida de Impacto Ambiental para Desastres Terremoto y Tsunami en Chile” –elaborado por WWF Chile, el Ministerio de Medio Ambiente chileno y Antofagasta Minerals tras los eventos ocurridos en 2010– concluyó que en ese país se hizo un manejo inadecuado de los escombros que, en parte, terminaron en “humedales, playas y otros lugares medioambientalmente frágiles” y se advirtió que su movilización, causada por vientos, inundaciones y olas, provocaría graves daños ambientales y afectaría a la pesca y al turismo.
Por eso, los especialistas recomendaron inventariar los sitios inapropiados de disposición y el stock de escombros desechados e implementar un programa especial para recolectar, limpiar, reciclar y disponer adecuadamente de los estos desechos, según las mejores prácticas internacionales.
Luego de los sismos que afectaron a México en 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de ese país publicó normas básicas para contribuir con la remoción de escombros.
El organismo estableció que los sitios de confinamiento (de depósito de escombros) estuviesen en un rango no mayor a 20 kilómetros del centro de la zona de desastre. También deben estar a una distancia mínima de 500 metros de ríos, arroyos, lagos y lagunas.
Al igual que en Venezuela, la Semarnat prohibió depositar estos desechos en zonas de áreas naturales protegidas y pantanos, y extendió la orden a barrancas, marismas, manglares, esteros, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o fallas geológicas.
Finalmente, insistió en que se revisen las posibilidades de reciclar y/o reutilizar todos los materiales pétreos en obras de infraestructura urbana, vial e hidráulica, de rellenos sanitarios y en la misma reconstrucción de las zonas de desastre.
Dos semanas después de los terremotos del 24 de junio, en La Guaira no hay instrucciones ni normas claras sobre cómo se van a desechar los escombros de la tragedia que, hasta el día de la publicación de esta nota, se cobró casi 4.000 vidas en Venezuela.
Un desastre natural no elimina automáticamente las posibles responsabilidades jurídicas del Estado, constructores, condominios y aseguradoras antes, durante y después del terremoto. En este sentido, las respuestas a los daños ocasionados por el sismo deben analizarse desde una perspectiva integral.
Esta fue una de las principales conclusiones del foro “Respuesta del sector asegurador ante sismos: aspectos legales y post 24-J”, realizado la tarde del 9 de julio de 2026, en el que especialistas revisaron los retos legales que deja una catástrofe de esta magnitud.
La profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) María Lidia Álvarez Chamosa sostuvo que las consecuencias del terremoto no pueden evaluarse únicamente a partir del evento ocurrido el 24 de junio, sino también considerando las actuaciones previas que pudieron influir en la magnitud de los daños.
Fases de análisis en medio de incertidumbre
Explicó que una primera etapa del análisis corresponde al Estado, especialmente en lo relacionado con el otorgamiento de permisos de construcción, la supervisión de las obras y la aplicación de sanciones cuando se verifican incumplimientos de la normativa urbanística.
También cuestionó la práctica de algunos funcionarios de justificar la ausencia de controles alegando el cumplimiento de órdenes superiores, y advirtió que ese argumento no exime de las responsabilidades administrativas o legales que puedan derivarse de sus actuaciones. Asimismo, mencionó que en algunos inmuebles se realizaron modificaciones internas, como la instalación de tanques u otras estructuras, sin los permisos correspondientes.
En una segunda fase del análisis, centrada en lo ocurrido durante el sismo, se abordó la posible responsabilidad penal y civil de los constructores. Álvarez planteó que el hecho de que se tratase de un evento catastrófico no basta por sí solo para exonerar de responsabilidades, por lo que cada caso requiere una evaluación técnica y jurídica que determine si las edificaciones fueron diseñadas y construidas conforme a las normas de resistencia sísmica.
Después del terremoto
En lo que se refiere a la etapa posterior al terremoto, la profesora destacó la importancia de la responsabilidad condominial, prevista en la Ley de Propiedad Horizontal. Señaló que el mantenimiento adecuado de los edificios puede convertirse en un elemento determinante para establecer responsabilidades cuando una estructura presenta daños severos.
El foro también sirvió para introducir el análisis sobre el papel del sector asegurador frente a este tipo de emergencias. El abogado Manuel Rodríguez Costa, especialista en Derecho Administrativo, abordó el funcionamiento de los seguros patrimoniales frente a riesgos catastróficos. Durante su intervención, explicó que los terremotos constituyen eventos de baja frecuencia, pero de altísima severidad, capaces de generar afectaciones simultáneas sobre un gran número de bienes asegurados, una característica que representa uno de los principales desafíos para la industria aseguradora al momento de responder contractualmente ante una catástrofe.
El encuentro concluyó con un llamado a fortalecer la resiliencia frente a los desastres naturales, al promover una mayor cultura de prevención, el cumplimiento de las normas y una respuesta coordinada entre las instituciones, el sector asegurador y la ciudadanía.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este jueves 9 de julio que la cifra de muertos por el doblete sísmico ascendió a 3889, un aumento de 78 víctimas en comparación con el reporte de ayer.
En un balance publicado en Telegram, informan que los equipos de búsqueda y rescate reportaron 6462 personas rescatadas, mientras que 86 794 familias han recibido algún tipo de atención humanitaria.
Según el parte oficial, la infraestructura también sufrió daños severos: 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo y dejaron a 17 907 personas sin vivienda.
El presidente de la AN precisó que actualmente funcionan 89 campamentos transitorios, donde permanecen 16 891 ciudadanos.
En materia de asistencia, el Gobierno informó la distribución de 9603 toneladas de alimentos y 12 126 298 litros de agua, además de la atención médica brindada a 28 836 pacientes.
El comunicado indica que el operativo de respuesta incluye 3931 rescatistas internacionales, 30 076 efectivos desplegados y 29 344 voluntarios, quienes continúan trabajando en zonas de difícil acceso.
Hasta la fecha, se han registrado 1142 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La comunidad internacional moviliza actualmente una respuesta masiva y coordinada para atender la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Tom Fletcher, Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, destacó que el despliegue de rescatistas de 30 naciones representa lo que significa “poner en práctica la solidaridad mundial”.
Más de 30 países enviaron equipos especializados de búsqueda y rescate que trabajan con perros adiestrados para localizar sobrevivientes bajo los escombros. Estos esfuerzos buscan asistir a los millones de ciudadanos que ya necesitaban ayuda humanitaria antes del desastre y que ahora enfrentan una crisis agravada.
Organismos internacionales en acción
Las Naciones Unidas activaron el Fondo Central de Respuesta a Emergencias con una asignación inicial de 15 millones de dólares para salvar vidas de forma inmediata. La organización presentó, además, un plan de respuesta que requiere 296 millones de dólares adicionales para atender a 1,3 millones de personas durante los próximos 6 meses.
Durante su visita a las zonas afectadas, Fletcher pidió a la comunidad internacional “transformar esta solidaridad en apoyo práctico” mediante recursos que lleguen directamente al terreno. El funcionario relató que, en lugares como La Guaira, los rescatistas detienen la maquinaria pesada y guardan silencio absoluto con la esperanza de escuchar “el más leve sonido bajo los escombros” que sea una señal de vida.
Asimismo, diversas agencias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos suministran atención médica primaria, protección infantil y asistencia alimentaria en las zonas más críticas. El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) amplía sus servicios de emergencia para enfrentar la crisis de salud pública y el colapso del sistema de agua en siete estados.
Nicole Kast, directora nacional del IRC en Venezuela, describió el panorama como “catastrófico” debido a que la población “ha perdido todo en cuestión de segundos”. Kast enfatizó que en las áreas más golpeadas la capacidad de respuesta civil es limitada y la gente puede quedar atrapada sin recibir auxilio oportuno. Sus equipos distribuyen kits de higiene y productos para purificar agua con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Iniciativas del sector privado
El sector privado también realiza aportes directos que ya superan los 32 millones de dólares para financiar las labores de recuperación. Estas empresas proporcionan maquinaria pesada indispensable para remover escombros y donan suministros básicos, como alimentos y bebidas, según datos de la ONU.
La tecnología también juega un papel crucial mediante el uso de información satelital digital para orientar las operaciones de los rescatistas en las zonas de desastre. En este sector, la compañía Starlink recibió una autorización provisional de Colombia para reorientar sus estaciones y llevar internet satelital a las regiones afectadas en Venezuela.
Sergio Sotomayor, presidente de la Agencia Nacional del Espectro en Colombia, explicó que el permiso se otorgó rápidamente porque se trata de “priorizar la protección a la vida humana”. Esta medida permite restablecer las comunicaciones en lugares como el estado La Guaira, donde la infraestructura terrestre quedó destruida.
Por su parte,en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amazon estableció un puente aéreo humanitario semanal desde Miami hasta Maiquetía para transportar suministros de emergencia sin costo para las organizaciones de ayuda. La ONG Airlink coordina esta logística determinando las necesidades prioritarias y verificando los envíos de las entidades sin fines de lucro.
Finalmente, el Consejo Mundial de Boxeo activó una campaña internacional para recaudar fondos y donativos en especie a través de la Cruz Roja y la Embajada de Venezuela en México. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, subrayó que su participación busca “dar certidumbre de que la ayuda de quien aporta algo llega a un destino seguro”.
Sulaimán reafirmó que siempre otorgarán “el mayor tipo de ayuda humanitaria posible”, y destacó que el deporte sirve para que la mente de los niños “se libere” en medio de la crisis.
El mundo del arte y el entretenimiento también suma esfuerzos para mitigar las consecuencias de la tragedia sísmica en territorio venezolano. Varias celebridades internacionales impulsan iniciativas propias para canalizar recursos hacia las poblaciones más vulnerables tras los terremotos.
La cantante colombiana Shakira utiliza su plataforma global para proteger el derecho a la educación de los niños afectados por los sismos. La artista anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, del cual es socia, destinará 500 000 dólares para apoyar a organizaciones que trabajan con menores cuya escolaridad quedó interrumpida.
También, la artista española Rosalía canaliza su ayuda a través de Unicef España para garantizar servicios básicos en las zonas de desastre. Su donación permite suministrar agua potable a 30 000 niños durante un mes y ofrecer atención médica a otras 25 000 personas por un trimestre. Este aporte, además, financia la creación de espacios seguros donde los infantes permanecen acompañados y protegidos.
Algunas bandas de rock legendarias, como Metallica y Pearl Jam, también activaron mecanismos de recaudación para la emergencia venezolana. La fundación All Within My Hands, creada por los integrantes de Metallica, informó una donación directa de 100 000 dólares para las tareas de auxilio. Por su parte, Pearl Jam subasta un póster autografiado con el fin de reunir fondos destinados específicamente a los damnificados por los sismos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El potente doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte del país el pasado 24 de junio ha dejado en evidencia que no afecta a todas las personas por igual. Las mujeres, niñas y adolescentes sufren un impacto doble y una carga adicional en estas situaciones, y se convierten en la población más expuesta a los riesgos que trae el colapso de servicios básicos y las aglomeraciones.
Los datos citados por la organización Cepaz, tomados de la Encuesta de Hogares 2025 de HumVenezuela, reflejan que más del 60 % de las mujeres y niñas ya enfrentaban serias dificultades para acceder a los servicios de salud en el país. Alrededor del 26,9 % de quienes sufrían problemas médicos no recibían atención ni medicinas, y los servicios de planificación familiar y anticonceptivos no alcanzaron ni al 4 % de la demanda total. A raíz de los sismos, la situación en los hospitales se ha agravado de forma drástica.
La salud materna
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) calcula que alrededor de 36 700 mujeres afectadas por los terremotos están embarazadas y, de esa cifra, aproximadamente 4000 darán a luz durante el próximo mes, en medio de un sistema de salud precario y presionado, con hospitales que también sufrieron daños materiales.
Adicionalmente, estiman que cerca de 789 000 mujeres en edad reproductiva están damnificadas y requieren acceso urgente a servicios especializados de salud. Para aligerar esta situación, el Unfpa ha instalado carpas de atención en refugios en La Guaira, como el Polideportivo Vargas, el César Nieves y el de playa Grande.
En estos lugares, un equipo de especialistas ofrece consultas prenatales que incluyen ecosonogramas. Aunque no se atienden partos de forma directa en estas instalaciones, el organismo mantiene una coordinación con el Ministerio de Salud para la dotación de instrumentos médicos e insumos a los hospitales. Esta iniciativa es conocida como “ruta materna” y busca garantizar que las mujeres de los campamentos sean trasladadas a espacios seguros para recibir la atención necesaria de manera limpia, digna y libre de riesgos.
El aglomeramiento y la falta de privacidad en los espacios compartidos pueden incrementar de manera significativa el peligro de agresiones físicas y sexuales. En los refugios en donde residen miles de personas, el Unfpa trabaja de forma activa en la disminución de los riesgos de violencia de género.
Las acciones inmediatas abarcan desde el diseño de los refugios, donde se promueven la separación y la iluminación suficiente en las zonas de los baños, hasta la entrega de linternas para que se puedan movilizar a horas de la noche con más seguridad.
Además, realizan talleres de sensibilización sobre la identificación de conductas de abuso, dirigidos a los habitantes de los refugios así como al personal a cargo. Las carpas especializadas del fondo cuentan con asistencia psicológica, asesoría legal y atención clínica de emergencia, que incluye paquetes médicos para evitar infecciones de transmisión sexual, VIH o embarazos no deseados por abusos.
También están distribuyendo “kits de dignidad” que contienen artículos de aseo e higiene personal indispensables. De esta forma buscan también resguardar la autoestima y el bienestar psicológico de las mujeres, niñas y adolescentes que lo han perdido todo, al permitirles mantener el cuidado de su imagen e integridad en medio de la situación.
La escala de la emergencia y la cantidad de personas desamparadas exigen una movilización de recursos constantes a nivel internacional. El Unfpa realizó un llamado público a las comunidades de donantes, pues necesitan fondos para financiar la asistencia psicosocial, operaciones médicas y mecanismos de protección de género, por lo menos para los primeros meses.
La meta final de estas organizaciones es alcanzar a más de 850 000 personas mediante sus servicios de salud sexual, y ayudar a cerca de 230 000 mujeres con los programas de prevención de la violencia. Intentan asegurarse de que ninguna mujer o niña deba enfrentar por su cuenta las consecuencias de los sismos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A dos semanas del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, La Guaira sigue suspendida en escombros y polvo, mucho polvo. El paisaje costero se convirtió en un inventario de ausencias: puntos fijos donde la gente aguarda por un milagro y escombros donde otros escarban, ya entrada la noche, para arrebatarles a las losas los cuerpos de sus familiares. Falta el agua, falta la luz; sobra el dolor.
El desastre se dosifica por zonas. En Pariata y Maiquetía el asfalto registra cierto movimiento comercial y vehicular, pero las aceras lucen solas. Los portones del liceo José María Vargas están clausurados. Al subir la pasarela vecina, se descubre el daño: el ala derecha de la estructura cedió por completo. En un terreno colindante, dos caballos giran en círculos, huérfanos de dueños, compartiendo la misma soledad de las aulas que hoy debieron albergar el bullicio y la celebración del fin del año escolar.
La Cinta Costera, antes espacio de esparcimiento, sigue convertida en un campamento base de rescatistas y clínicas de campaña, aunque algunos contingentes internacionales ya se están retirando. Más allá, en Macuto, una panadería que resistió en pie estaba abierta, en contraste con las santamarías cerradas de licorerías y locales no esenciales, que ahora solo despachan barras de hielo.
En el sector Las 15 Letras, los edificios colapsados flanquean la vía principal. Las estructuras aún en pie exhiben marcas de riesgo inminente, justo en el desvío por donde las autoridades canalizaban el tránsito en el momento del recorrido.
A las dos de la tarde, el sol es inclemente en Camurí Chico. En el mejor de los casos, las fachadas muestran grietas profundas y paredes reventadas que alternan con bloques que aguantaron estoicos la embestida de la tierra. Pero, al cruzar la avenida La Playa y entrar en Caraballeda, el panorama prescinde de matices. Las cuadrillas de maquinaria pesada se multiplican para despejar las vías y retirar toneladas de escombros, mientras los socorristas trepan por montañas de concreto que hace quince días eran hogares.
Espontáneamente, se forman filas de ciudadanos que caminan por la vía en procura de alguna donación. “A veces es agua, comida o helados”, comenta una de las mujeres en la cola formada a las 2:00 de la tarde frente a Bahía de los Niños. Estaba con sus hijos y tenía en la mano unos botellones que había llenado en alguno de los puntos de “Agua gratis” que distintas organizaciones han desplegado.
En Playa Coral no hay parejas mirando el mar, ni estudiantes pasando la tarde, tampoco algún caraqueño escapado furtivamente del estrés de la capital. El balneario está solo; el mar, tranquilo. Los toldos siguen tirados en desorden, como congelados en el minuto exacto de los sismos. Sentado en la arena, un hombre con un bolso tricolor contempla el horizonte inmenso, como buscando respuestas. Desde allí se observó un par de unidades de transporte público que recogían pasajeros por primera vez en las dos semanas de recorridos tras los terremotos.
Una piedra de las que dejó el deslave de 1999 es ahora testigo en este balneario de dos tragedias naturales en el mismo estado en menos de 30 años.
El dolor y la oscuridad de las zonas más golpeadas
En la urbanización Caribe, el antiguo pulmón financiero y comercial del este del litoral, la geografía es irreconocible. El centro comercial Costa del Sol, los hoteles, las pizzerías y los edificios residenciales de temporada quedaron reducidos a bloques triturados que las máquinas, con el paso de las horas, van convirtiendo en polvo gris. Algunos edificios conservan señales de vida en pasado, con ropa aún tendida en lo que antes fueron ventanas.
El McDonald’s local funciona ahora como el nodo central del hospital improvisado de campaña. No obstante, el registro periodístico en este bastión de voluntariado civil se ha vuelto restrictivo. “Por órdenes militares”, repiten los custodios, para impedir que las cámaras graben las operaciones de asistencia.
Durante la tarde del 8 de julio, la expectativa por tenues señales de vida detectadas por equipos de rescatistas en la OPP 33 mantenía la zona con un amplio despliegue militar, policial, de médicos, rescatistas, civiles y medios de comunicación. Las versiones eran contradictorias: “Hay cinco vivos”. “Los caninos no detectaron señales, pero los salvadoreños sí”. “Ahora vienen los brasileños”. En medio de la incertidumbre, un grupo de mujeres recorre el perímetro con un termo, y reparte café negro a los rescatistas.
Al caer el sol en la zona oeste, el dolor se confunde con la penumbra. El servicio eléctrico sigue suspendido en las áreas críticas. En lasadyacencias del Hotel Marriott de Playa Grande, la silueta destruida del edificio apenas se ve en la oscuridad, Unas calles más allá los focos de un par de excavadoras iluminan un área de búsqueda. A la izquierda, al margen del despliegue oficial, una joven y sus amigos remueven escombros por su cuenta. Lograron abrir un boquete en el cemento y retiran los bloques uno a uno. No tienen plantas eléctricas ni reflectores, solo las pantallas de sus teléfonos celulares y las luces de un par de vehículos de inspección que por allí pasaban. Busca el cuerpo de su madre y la noche no la va a detener.
Imágenes de recorrido nocturno en Playa Grande, Catia La Mar, el #8Jul, a dos semanas de los sismos que afectaron La Guaira. Aún de noche, personas y rescatistas intentan recuperar cuerpos. Algunos puntos tienen maquinaria pesada con jirafas de iluminación pic.twitter.com/LIylRZlXYf
A dos semanas del terremoto, *Luis sigue en La Llanada, Caraballeda. Su rutina diaria se transformó en un inventario de pérdidas. “Lo que queda es seguir recogiendo las cosas, escombros”, relata al describir su apartamento, donde los objetos cotidianos “se volvieron trizas” después del doblete sísmico del 24 de junio.
Aunque algunos vecinos han comenzado a regresar para intentar salvar lo que quedó en sus neveras y levantar lo que el piso devoró, la normalidad se siente lejana.
“Uno, tratando de volver a cierta normalidad, pero si me preguntas, no veo esa normalidad muy cerca... Están los recuerdos, el susto, la incertidumbre… Las cosas no están de lo mejor, pero con lo que podemos, estamos resolviendo”, afirma.
La precariedad de los servicios básicos marca el ritmo de la supervivencia. El tanque de la urbanización rebasa su capacidad con el agua que baja de los pozos del cerro El Ávila, pero que no llega a los hogares. El acueducto sufrió daños y ahora dependen de un sistema de bombeo manual. El servicio de gas también está suspendido. Durante el terremoto, el fuerte olor a gas alertó al vigilante, quien cerró las válvulas ante la sospecha de una tubería rota. Dos semanas después, la gran bombona sigue inactiva, porque las autoridades no han realizado la debida inspección de seguridad.
Para conseguir alimentos, Luis debe trasladarse hasta Maiquetía, a la casa de su padre, una zona donde la actividad económica en lugares como el centro comercial Planeta Sotavento ofrece un respiro de normalidad. Sin embargo, el plano laboral añade más incertidumbre.
Empleado de una institución pública en Caracas, el consultado aún no tiene fecha de reincorporación. En su oficina, los trabajadores exigen inspecciones estructurales, planes de evacuación y garantías reales de seguridad antes de retomar las actividades, planteamiento con el que coincide plenamente con sus compañeros: “Una vuelta forzada no creo que sea la mejor idea en esta situación, porque la gente tiene fresco el recuerdo”.
*Luis descansaba esedía librepor el 24 de junio. Estaba en su apartamento, ubicado en la urbanización Playa Humboldt, sector La Llanada, en Caraballeda. Afuera, la rutina de la costa transcurría con la normalidad de un día feriado: turistas disfrutando de las playas, los comercios de licores y snacks con frecuentes visitas. Adentro, su madre conversaba por teléfono con su sobrina.
De pronto, la luz se fue. Luis caminó con la intención de apagar el aire acondicionado para protegerlo de un cortocircuito. Pensó que podía ser “normal”, un apagón más dentro de la rutina de los ciudadanos en varios estados. Pero no llegó a tocar el aparato. El primer impacto sacudió el suelo.
“Está temblando”, alcanzó a advertirle a su madre. En su jaula, el loro comenzó a revolotear desesperado. Durante ese “primer golpe” pudieron estar de pie. Pero el segundo movimiento llegó de inmediato y anuló cualquier oportunidad de mantenerse estable.
“El apartamento entero parecía un columpio, se mecía de oeste a este”, narra. Su madre, a quien el sismo sorprendió en paños menores, entró en pánico. Luis intentó levantarse para sostenerla en medio de una secuencia vertiginosa: un pesado mueble de 50 kilos rodó varios centímetros, la nevera se movió de su sitio, los juguetes de su sobrino y las botellas de vino terminaron en el piso, y el agua de los tobos almacenados se desbordó por completo. Todo fue caótico y veloz. Al salir, una densa nube de polvo cubría el ambiente: la de los edificios cercanos que habían colapsado.
Al día siguiente, con las líneas de comunicación caídas, logró contactar a su padre en otra zona del estado. Decidió caminar por el sector Las 15 Letras bajo un sol inclemente, deshidratado y observando la gravedad de los daños. El panorama en Macuto era desolador: vio edificios enteros en el suelo.
La electricidad retornó el domingo posterior al sismo, 28 de junio.
A catorce días de los movimientos telúricos, los servicios básicos dependen exclusivamente de la organización vecinal debido a la falta de respuesta oportuna de las instituciones. El suministro de agua lo resuelven gracias a un tanque conectado directamente a los manantiales del Parque Nacional El Ávila, que, indica, cambiaron su patrón después del sismo y ahora desembocan en las quebradas.
Como las autoridades locales limitan la recolección de basura a las avenidas principales, un vecino utiliza su propia camioneta para trasladar los desechos de la comunidad hasta un relleno sanitario. Entre la autogestión y el recuerdo del temblor, los habitantes de Playa Humboldt II intentan recuperar la normalidad que el suelo les quitó.
Ayudar para sanar
La residencia de Jhoanna en el sector de La Llanada sufrió daños considerables. Ella y otros allegados se refugian en una casa familiar en Pariata. La joven comunicadora social perdió a una tía en la tragedia. Su dolor por la pérdida humana y material que sufrió en las últimas dos semanas lo ha volcado a trabajar como voluntaria de distintas causas en su Guaira natal.
En estos días ha asistido a rescatistas de El Salvador y ha trabajado con varias organizaciones en la distribución de alimentos, tanto en zonas afectadas por la tragedia como en otras más remotas de la entidad, que quedaron desabastecidas a causa de los sismos. Además, utiliza sus redes sociales para alertar a sus vecinos acerca de dónde pueden llenar sus botellones de agua, o recibir asistencia médica y psicológica.
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