Lucía*, de 16 años, fue detenida en Valencia, la noche del 29 de julio. Un día después de los cuestionados resultados electorales anunciados. Cuando iba camino a su casa, con su novio, dos encapuchados los detuvieron y le dijeron: “Hay un toque de queda, no puedes estar aquí”.  Sin escuchar ninguna explicación, se la llevaron”.

Pasó varias horas desaparecida. En casa, su mamá se preguntaba por qué no había llegado. Era costumbre de Lucía llegar a tiempo. A las 2:00 de la mañana, la llamaron. Escuchó una orden: “Venga a buscar a su hija, que está en Paramacay”. 

El Frente al Fuerte Paramacay en Naguanagua, estado Carabobo, es un centro de detención. Allí han recluido a niños luego de las elecciones presidenciales. Esto, a pesar de que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNNA), establece que los menores no pueden ser detenidos en centros para adultos. 

“No tenía cómo buscar a mi hija a esa hora y no pude hacerlo. Quizás, si hubiese tenido, estuviera conmigo”, expresa Jeni, de 41 años, y madre de Lucía. Desde su casa hasta el centro debe recorrer un trayecto que le tomaría 40 minutos. Salió a las 6:00 de la mañana a buscarla con desesperación, angustia y con el corazón roto. 

Tres largos días 

Jeni cuenta que cuando llegó a Paramacay negaron que su hija estuviera ahí. Ella explicó que, a las 2:00 de la mañana, había recibido una llamada en la que le decían que sí estaba ahí. 

“Yo sabía que sí estaba, entonces fingí que me iba y me quedé en los alrededores. Vi cuando llegaban otras mamás buscando a sus niños y me dije ‘no me puedo ir’”, menciona. Horas después, le confirmaron que su hija sí estaba ahí, pero no la pudo ver. 

Lucía permaneció tres días en Paramacay y sufrió torturas que nunca imaginó. Pasó tres días sin comer ni tomar agua. Esa primera noche, le quitaron sus pestañas postizas y le tomaron una foto, junto a otros 25 niños en la misma situación. 

Ese fue solo el inicio. Luego vinieron más agresiones. La  golpearon en las costillas, la insultaron y la obligaron a grabar un video. “Admite que María Corina te pagó $30 para que lanzaras piedra en el fuerte”, le decían. Ella lo negó una y otra vez. Intentó explicar -en varias ocasiones- que ella no sabía nada de política, que nunca participó en ninguna “guarimba”. Les suplicó que la dejaran, que ella solo había salido a comer con su novio. 

No accedió, en primera instancia, a grabar el video. Entonces, la escalada de tortura subió. Fueron a buscar a su novio y lo comenzaron a golpear delante de ella. Él le decía “no lo grabes, no grabes el video”, mientras recibía los golpes. 

“Agarraron al novio y le dieron patadas. Le dieron una paliza como de dos horas. Todas las patadas y los golpes eran en la cara. A ese muchacho le pusieron la cara como un monstruo. Ahí fue que ella grabó el video”, admite Jeni. 

Grabó el video, pero su situación no mejoró. A Lucía la pusieron a dormir en una cama de piedras y también fue acosada sexualmente por uno de los funcionarios de Paramacay. Le quitaron su teléfono y le encontraron unas fotos íntimas. 

“El guardia le enseñó las fotos íntimas de mi hija a todos los policías que estaban ahí. Eso me dijo mi hija y, además, le dijo que si se acostaba con él, la dejaría salir, la dejaría en libertad”, denuncia su madre. 

“Son unos delincuentes” 

Después de tres largos días, fue trasladada a otro centro en Valencia y comenzó a recibir mejor trato, lo cual representa “un alivio” para su mamá. 

“La cambiaron y se siente mejor. Me dice que la tratan bien y puedo verla los jueves. No es lo ideal, pero respiro mejor desde que está en el otro centro”, manifiesta. 

Se sintió más esperanzada. Pensó que después del traslado de centro, venía la libertad. Las madres guardaron silencio esperando la audiencia preliminar. “Pensábamos que ese día dejarían a nuestros hijos libres”. 

Después de 62 días de detención. Las madres se movieron para consignar todos los documentos ante la defensoría pública. En ellos, incluyeron, además de las cédulas de identidad, constancias de estudios y recomendaciones de buen comportamiento. 

“Pensamos que sería suficiente, pero en el Palacio de Justicia pasó lo que nunca imaginamos, llamaron a nuestros hijos delincuentes”, afirma Jeni. 

Nunca pensaron que el Tribunal 2 con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Keidimar Ramos Castillo, les presentaría una “oferta”: seis años de prisión con ocho meses, a cambio de declararse culpables. 

Ramos Castillo les advirtió que si no aceptaban la “oferta”, corrían el riesgo de ir a juicio y tendrían que cumplir 10 años, tiempo que pidió la fiscalía para los niños. 

Al escuchar eso, Jeni se desvaneció. Le comenzó a doler la cabeza, se le durmió parte de su cara y el desgano que sentía no se comparaba con nada: “Tenía personas a mi lado que me ayudaron, las otras mamás y una vecina. Pero es muy fuerte pensar en eso que pasó ahí”. 

Explicó que durante la audiencia  preliminar, Lucía intentó decirle a la jueza que la ayudara. “Jueza, yo quiero seguir estudiando”, le explicó, pero ella ignoró sus palabras y se limitó a decirle que “se comportara”.

Los menores no fueron escuchados en ningún momento, a pesar de que es un derecho. En el apartado 542 de la LOPNNA, se establece: “El adolescente tiene derecho a ser oído en la investigación, en el juicio y durante la ejecución de la sanción. Cada vez que deba oírsele se le explicará el precepto contenido en el artículo 60, ordinal 4° de la Constitución. Cuando no entienda el idioma castellano tendrá asistencia gratuita de intérprete”.

Algunas madres denunciaron que, durante la audiencia, la jueza afirmó que los menores no tenían ningún documento consignado. “Eso no es posible, porque nosotras nos movimos, para consignar todos los papeles, pero la defensora no hace nada”. 

Una defensora ausente 

Al igual que la Constitución, la LOPNNA habla de la presunción de inocencia. Un derecho que se les ha violado a los niños. 

En el artículo 540, esto queda claro: “Se presume la inocencia del adolescente, hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado, imponiendo una sanción”. 

Un hecho que le corresponde a la defensora pública sostener, pero, a cambio, los padres solo recibieron silencio. Durante la audiencia, Kelly Pérez, no pronunció ningún discurso significativo a favor de los niños y la jueza fue tajante: “La defensa no promovió nada”. 

Desde el primer momento, el debido proceso ha sido violentado. A las madres no les enseñaron “las pruebas”, a pesar de que la jueza aseguró que sí existían y la defensora pública entregó, como correspondía, los documentos que les solicitó a los padres. 

Otra irregularidad del proceso es la falta de expediente. No tienen acceso a los expedientes. Jeni explica que los han solicitado, pero no reciben respuestas. Un hecho que causa mucha más desesperación. 

“Mamá quiero dormir y no despertar” 

Jeni dice que cada vez visita a su hija es más difícil. “Mi hija es un alma pura y me duele escucharla decir que quiere dormir y no despertar”, confiesa. 

Cuando detuvieron a Lucía, Jeni tenía dos meses sin trabajo. Ella es madre de tres, pero sus hijas mayores están fuera de casa y se quedó a cargo de su hija menor. “Ella está estudiando, la semana pasada la inscribí en el liceo, con la esperanza que pueda estudiar. La directora de su escuela me escribe constantemente y me pregunta ‘¿todavía?’ No hay explicación”, cuenta. 

A veces, sus otras hijas la ayudan, algunos familiares y su marido. “Es difícil, porque hay ocasiones en las que no tengo para el pasaje. Otras me ayudan otras mamás, pero mi hija me pide frutas, chucherías y no puedo llevarle todo el tiempo, porque es dinero y no tengo”, reitera.  

Durante su estancia en el centro de mujeres, en Valencia, Lucía lee la biblia y le suplica a su mamá que le pida a Dios de rodillas. “En las cartas me dice que me ama, que, por favor, le pida a Dios de rodillas para que ella pueda salir y seguir estudiando. Ella quiere tener un buen futuro”, expresa. 

Lucía, junto a los otros menores, están a la espera del juicio. Los padres claman por su libertad y aseguran que no son terroristas. 

La niña, de 16 años, está siendo imputada por terrorismo, asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas. 

Cada 11 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas, organismo al que está adscrito Venezuela, conmemora el ‘Día de la Niña’. Este día persigue un objetivo: reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos a los que se enfrentan en todo el mundo. 

Sin embargo, el Estado no solo le está fallando a las niñas, también a los 70 niños detenidos, de acuerdo a lo contabilizado en el Foro Penal. Y, le falla, todos los días, a Lucía, quien solo quiere estudiar y tiene más de 70 días detenida sin conocer la razón y pensando que cometió el mayor pecado del mundo por ir a comer con su novio. 

Otras niñas detenidas 

En la ola de detenciones después de las elecciones presidenciales, otras niñas fueron detenidas. La historia de Lauriannys Valentina Cedeño Farías, de 17 años, es una de las más impactantes. 

La menor fue detenida después de enviar un mensaje en contra de los resultados electorales del 28 de julio. De acuerdo a la versión de los familiares, la cual circuló por redes sociales, una funcionaria de la Alcaldía de Carúpano la delató. 

Según Justicia, Encuentro y Perdón, una organización dedicada a los presos políticos, a la menor la sacaron de su casa, sin ninguna orden de aprehensión. 

“Producto del impacto, la joven sufrió un colapso que le causó daños cerebrales y requirió su traslado urgente a un centro de salud; aun así, fue procesada judicialmente sin derecho a la defensa por el delito de instigación al odio”, informó la ONG. 

A Lau, como la conocen sus allegados, la imputaron por instigación al odio y otros delitos como terrorismo. 

Al igual que Lau y Lucía, Victoria Morillo, de 16 años,  también fue detenida en el marco de las protestas, junto a su prima. Sus familiares informaron que el 29 de julio se las llevaron a Zona 7 en Boleíta y después la trasladaron a un centro desconocido. 

A Morillo la excarcelaron el 3 de septiembre, pero con medidas cautelares. Debe presentarse cada ocho días, durante 45 días, no puede salir del país y tampoco podrá asistir a ciertas reuniones. 

Aunque Victoria tiene una libertad “a medias”, quizás no olvide todos los días que pasó detenida. 

*El nombre de la niña fue cambiado por motivo de seguridad.