El Comando con Venezuela presentará el próximo martes 15 de octubre ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio
Por medio de sus redes sociales, el Comando con Venezuela resaltó que en audiencia con la OEA se presentarán las pruebas de la victoria del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
Sería la primera vez que la oposición ofrece un informe detallado ante un organismo internacional para exponer el por qué considera que González Urrutia fue el vencedor de los comicios del pasado mes de julio.
La plataforma unitaria digitalizó el 80% de las actas y las subió a un portal en internet.
Centro Carter en la OEA
Previamente, la asesora senior del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, Jennie Lincoln, dijo en la OEA que hubo falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Lincoln criticó la negativa del gobierno de Maduro de publicar resultados disgregados mesa por mesa o mostrar las actas de votación del 28 de julio.
Durante su participación en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el pasado 2 de octubre, Lincoln mostró varias actas físicas que le fueron enviadas por la coalición opositora.
“El sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSUV, los partidos políticos de oposición y todos los ciudadanos y testigos electorales de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial”, dijo Lincoln en la plenaria.
“No hubo ni una sola democracia en el mundo que reconociera la mamarrachada de Elvis Amoroso“, dijo la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado en una entrevista reciente.
“Permitir que Maduro siga en el poder es perder el enorme potencial energético de Venezuela, nadie, en sano juicio, va a traer inversiones petroleras mientras el régimen se mantenga en el poder. Todo el mundo sabe que Maduro es inviable en el corto, mediano y largo plazo económica, social y políticamente; y es allí donde nosotros tenemos que actuar”, agregó.
Las denuncias sobre detenciones arbitrarias ocurridas en medio de la represión postelectoral –que se desató cuando miles de venezolanos protestaron por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron la victoria a Nicolás Maduro– han sido una constante de los últimos dos meses. Y los políticos opositores están en la mira.
Desde el pasado 28 de julio, las fuerzas de seguridad del Estado han arrestado a más de 70 actores políticos. El grupo más afectado lo conforman los más cercanos a la líder de la oposición y de su partido Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, quienesse volvieron punto clave de la represión del Estado.
El 4 de octubre, la tolda azul denunció la detención del coordinador de Formación de VV en el estado Anzoátegui y director de campaña en El Tigre – Anzoátegui-, Renny Rodríguez. Tan solo un día antes, la organización hizo eco del arresto del coordinador de organización en la parroquia Nicolás Pulido, estado Barinas, Javier Ramírez, por funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana, cuando regresaba de su trabajo.
De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de VV, Ramírez fue presentado por presuntos delitos de terrorismo, sin notificar a sus familiares ni abogados privados.
En la misma semana, el 30 de septiembre, también reclamó la detención por cuerpos de seguridad de Julio Itriago, coordinador de Vente Venezuela en el municipio Anaco, estado Anzoátegui, y denunció el arresto arbitrario de Milciades Ávila, jefe del equipo de protección de Machado, y Edwin Moya, miembro de dicho equipo.
Ávila ya había sido detenido una primera vez el 17 de julio, 11 días antes de los comicios presidenciales, pero fue liberado el día siguiente con régimen de presentación cada 30 días.
Detenidos, aliados y exiliados de Vente Venezuela y aliados de María Corina Machado
Directiva nacional perseguida
La persecución de Machado y su equipo por parte del Estado venezolano inició mucho antes de las elecciones presidenciales, desde principios de 2024 con arrestos a militantes de VV, no mucho después de haber ganado las Elecciones primarias de la Plataforma Unitaria en octubre de 2023.
Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del Comando con Venezuela, y Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, fueron privados de libertad el mismo 20 de marzo, luego de que el fiscal general Tarek William Saab, ordenara la aprehensión de los nueve dirigentes del Comando Nacional de VV, a quienes vincularon con una supuesta conspiración contra el Estado.
Hernández padece de una urticaria crónica severa de origen desconocido y presenta angioedema. El 16 de septiembre, sus familiares pidieron al gobierno una medida humanitaria que le permita recibir tratamiento médico en casa y, el 8 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de VV exigió atención médica para ella.
Ambos políticos fueron recluidos en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, considerada como uno de los centros de tortura más grandes de América, según organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DDHH).
El resto de la directiva: Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del Comando y coordinador de asuntos internacionales de VV;Omar González Moreno, jefe del Comando en Anzoátegui y secretario político de VV; Humberto Villalobos, coordinador nacional electoral de VV;Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de VV; y Magallí Meda, jefa del comando nacional de Campaña, se mantienen refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. También está Fernando Martínez Mottola, ingeniero, experto en telecomunicaciones y una figura importante de la oposición.
Los seis se mantienen a la espera de que el gobierno de Maduro les otorgue el salvoconducto que los deje salir del país para asilarse en la nación sureña. Sin embargo, desde que Argentina y Venezuela cortaron relaciones –el presidente Javier Milei apoyó el supuesto triunfo del opositor Edmundo González– a la sede diplomática le han aplicado cortes de electricidad y agua, y hay una continua vigilancia de presuntos cuerpos de seguridad alrededor del recinto.
Ante esto, el presidente argentino, Javier Milei, exigió el respeto a la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”, un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático desde 1961.
Todo esto ocurrió incluso durante el lapso en el que Brasil asumió la custodia de la Embajada, entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre.
El vocero oficial del Comando de Campaña y abogado de Machado, Perkins Rocha fue el último de la directiva nacional en ser capturado y trasladado a El Helicoide el 27 de agosto. Su esposa, María Constanza Cipriani, denunció que no le permitieron visitarlo y que la secretaría del Tribunal Tercero de Control de Terrorismo negó su solicitud de asignar al abogado Omar Mora Tosta como defensor privado de Rocha, ”(…) lo que se traduce a una violación del artículo 127, parágrafo 3, del Código Orgánico Procesal Penal”, dijo en un tuit.
Coordinadores regionales tras las rejas
El jefe del Comando de Campaña de VV en Vargas, Juan Freites, fue capturado por presuntos agentes del Sebin a principios de 2024. Lo arrestaron el 23 de enero en el estado Vargas, cuando salía de casa para viajar a Caracas y participar en un evento político. Su madre, Graciela Martínez, declaró que al momento del arresto de su hijo, este sufría una crisis asmática.
El mismo día, fueron detenidos en Yaracuy y Trujillo, Luis Camacaro y Guillermo López, respectivamente, ambos jefes del Comando en sus estados.
Dos meses más tarde, el 8 de marzo fue aprehendido el coordinador regional de VV en Barinas, Emill Brandt, a quien el Ministerio Público (MP) le imputó presuntos delitos de conspiración, asociación para delinquir, violencia de género (física) y ultraje a funcionario. La detención de Brandt coincidió con la visita a Barinas de María Corina Machado.
Brandt volvió a ser visto el 20 de ese mes en un video difundido por la Fiscalía, cuando el coordinador regional confesó que ONG extranjeras financiaban a la líder opositora para generar actos de violencia y ”hacer cometer hechos de sangre”. Estas palabras fueron seguidas por la orden de arresto de la directiva nacional de VV.
▶️ El FGR @TarekWiliamSaab, hizo público un video con las declaraciones de Emil Brandt Ulloa, quien ofrece detalles de un plan para generar violencia en el país.
— Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) March 20, 2024
La líder de la tolda azul rechazó las acusaciones y las calificó como una mentira. ”El régimen quiere cerrar el camino al cambio, a la libertad en paz (…)”, dijo para luego reafirmar su confianza en Brandt por haber sido presuntamente torturado para declarar.
En su momento, la líder de la oposición aseveró que las detenciones y órdenes de captura contra miembros de su equipo buscaban aislarla.
Luego del 28 de julio, la persecución continuó. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) privaron de libertad el 6 de agosto a la joven abogada y coordinadora del Comando de campaña en Portuguesa, María Oropeza. Ingresaron a su propiedad en Guanare, Portuguesa, a la fuerza y sin orden judicial.
El hecho fue grabado por Oropeza en un live de Instagram donde los funcionarios forzaron la puerta a golpes. Tras 10 días de los eventos, se conoció que le imputaron presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio.
Actualmente, los cinco se encuentran recluidos en El Helicoide.
Miembros perseguidos y aprehendidos
Más de 40 miembros de VV han sido privados de libertad, incluidos coordinadores de Campaña en municipios y parroquias, miembros del equipo de comunicaciones, organización, activismo, coordinadores juveniles, entre otros.
Gabriel Ismael González, periodista del equipo de comunicaciones del Comando, fue capturado por el Sebin el 17 de junio en la plaza Altamira del municipio Chacao, Miranda. VV reclamó que el joven ”fue presentado a escondidas ante el Tribunal Segundo de Control, sin acceso a defensa privada”. Sus abogados argumentaron que ”cubrir periodísticamente un evento no es delito” y exigieron su liberación.
A Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Joven en Bolívar, lo arrestó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Lo presentaron en tribunales de Ciudad Bolívar y trasladaron a Caracas. No pudo asistir a su graduación y recibir su título de médico cirujano en la Universidad de Oriente (UDO). Sus padres recibieron la imposición de batas por él.
Y estos son solo algunos de los casos.
Círculo de confianza y otros dirigentes acorralados
Las detenciones no se limitaron al partido de Machado, sino que se extendieron a actores políticos clave de su círculo de apoyo más cercano. Ese es el caso de Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, a quien persiguieron y acorralaron, a plena luz del día, unos funcionarios encapuchados el 30 de julio en el este de Caracas.
A Superlano se lo llevaron junto a su sobrino, Renzo Salinas, y su transportista, Rafael Enrique García. Los dos jóvenes fueron liberados, pero el exdiputado continúa en El Helicoide mientras su esposa, hijas, familiares y abogados exigen una fe de vida.
El 8 de agosto se conoció la desaparición forzada de Américo de Grazia, exdiputado y exalcalde del municipio Piar, estado Bolívar, luego de salir hacia un hospital de Caracas por una infección en los pulmones. Su familia logró averiguar que se encontraba retenido en El Helicoide, junto a Carlos Chancellor, dirigente de La Causa R y exalcalde de Sifontes, estado Bolívar, arrestado el mismo día en Anzoátegui – por segunda vez en su vida- y traslado a esa sede del Sebin.
Un día más tarde, funcionarios no identificados secuestraron en una camioneta plateada a Williams Dávila Barrios, dirigente de Acción Democrática (AD) y exgobernador de Mérida, cuando salía de una vigilia por los presos políticos en la zona de Los Palos Grandes, estado Miranda. Se conoció que el 14 de agosto fue trasladado de emergencia a un hospital por su grave estado de salud, tras seis días de su detención.
Biaggio Pilieri, coordinador Nacional del partido Convergencia, sufrió el mismo destino junto a su hijo, Jesús Pilieri – más tarde liberado-, cuando cuerpos de seguridad del Estado lo persiguieron el 28 de agosto, tras la movilización ”Acta mata sentencia”, convocada por Machado.
A Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ), que también se encontraba en la mencionada movilización, lo persiguieron y logró escapar, pero a su hermano, Pedro Guanipa, vicepresidente de Primero Justicia en Zulia y jefe del despacho de la Alcaldía de Maracaibo, lo arrestaron arbitrariamente el 29 de septiembre, cuando se disponía sellar su pasaporte y trasladarse a la capital de Colombia, Bogotá.
La detención de Pedro es considerada por varios dirigentes políticos como un chantaje para que Juan Pablo, uno de los colaboradores más cercanos a Machado, se entregue a las autoridades. Se trata de la aplicación del Sippenhaft, una táctica de castigo nazi identificada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se arresta o amenaza a los familiares de una persona considerada un objetivo político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le concedió medidas cautelares – y amplió en dos casos- a los cinco dirigentes e incluyó a Guanipa en la lista el 9 de octubre.
El exilio
Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) salió de Venezuela el 7 de septiembre y fue asilado en España, en lo que consideran diversos países latinoamericanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) como un “exilio forzado” tras firmar un documento ”bajo coacción” donde reconocía la victoria de Maduro en los comicios.
En entrevista con Reuters, González Urrutia insistió en que “un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”.
Este 2 de octubre, el Centro Carter único organismo independiente que estuvo en las elecciones presidenciales- presentó ante el Consejo Permanente de la OEA las ”actas de votación originales”, documentos que representan de acuerdo a Machado ”la prueba física de la victoria de Edmundo González”, quien se posicionó por encima de Maduro con un 67% sobre 31% de votos.
El mismo mes, el periodista y videógrafo del equipo de Machado, Luis Gonzalo Pérez, escapó del país hacia Colombia tras recibir amenazas por parte de funcionarios del gobierno en contra de su integridad física, su libertad y la de su familia, así lo declaró en un video compartido en su cuenta de Instagram el 19 de septiembre. Se mantuvo en resguardo tras darle cobertura a las protestas postelectorales del 29 de julio para medios internacionales.
Hoy se mantiene en el exilio. ”Lamentándolo mucho, en Venezuela no existe la separación de poderes, no existe el debido proceso, no existe el respeto a los DDHH, no existe la institucionalidad. Hay más de dos mil detenidos en mi país (…), en el exilio postelectoral nos encontramos más de 18 profesionales de la prensa. Estamos atravesando una situación en donde no se respetan nuestros derechos (…)”.
Desde el 26 de agosto, cuando los detenidos en la represión poselectoral fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, sus familiares sólo han podido verlos una vez.
Un nutrido grupo decidió acudir todos los días a los alrededores de la cárcel de Tocuyito, la esperanza ahora, es que les permitan llevarles comida.
Hasta ahora todos van a juicio, ninguno aceptó la propuesta de declararse culpable de terrorismo, a cambio de una sentencia de 27 años sin beneficios.
Los familiares exigen que les permitan llevarles comida a los detenidos, quienes se encuentran desnutridos y en condiciones psicológicas de vulnerabilidad debido a la mala calidad de los alimentos, la mayoría con gusanos, algunos con pelos y casi todos descompuestos.
“Abuela no como porque esa es comida con gusanos. Eso es pellejo molido con gusanos, me ha subido la tensión“, dijo uno de los detenidos.
“Ya que ellos no pueden alimentarlos, ni darles una comida sana, que dejen que nosotros los alimentemos, aunque sea el almuerzo, y llevarles un garrafón de agua, aunque no los veamos. ¿Cuesta mucho hacer eso?”, dijo una de las abuelas de los detenidos.
Todos se quejan de lo mismo en Tocuyito
“Yo veo a mi hijo desnutrido. La comida que le están dando tiene gusanos, está mala. Les dan una arepa chiquita, con queso y gusanos, a las 4:00 de la mañana”, aseguró una de las madres de los aprehendidos luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara a Maduro ganador.
“A un señor le dio un preinfarto”, aseguró una señora, quien endosa el episodio a la mala alimentación y a un cuadro de desnutrición agudo.
“Algunos días solo les dan comida una vez. Hubo un día que no comieron porque estaba tan mala que tuvieron que botarla. El agua es tan sucia que los enferma“, agregar un familiar quien aseguró que la comida traía consigo patas de cucaracha.
Una de las madres dijo que su hijo le pidió con desesperación que lo sacase de la cárcel.
“Me dijo mami sácame de aquí porque me voy a morir de hambre, bebemos agua ya al final del día y contaminada. Pido por lo menos que nos dejen pasarles algo de comida a ellos, porque se van a morir de hambre”.
“Mi esposo pesaba 98 kilos y ahora pesa 65, está demasiado flaco y tiembla“, dijo una mujer.
“Mi hijo está demacrado y como ido. Nosotros los familiares necesitamos ayuda urgente, que nuestros hijos reciban comida e hidratación porque se están muriendo. ¿El día que se nos muera un muchacho quién va a responder?. De inanición también se muere la gente”, indicó otra.
Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible la solicitud de revisar la sentencia que convalidó la supuesta reelección de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio.
La solicitud de revisión fue introducidael pasado 25 de septiembre por el excandidato presidencial Enrique Márquez y contó con el respaldo de una veintena de dirigentes disidentes del chavismo, entre ellos Juan Barreto, y de la cúpula del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Según el TSJel peritaje hecho por la Sala Electoral del TSJ para convalidar la eventual reelección de Maduro “fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías”.
El proceso hecho por supuestos expertos fue llevado a cabo sin la presencia de representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Aunado a esto el Consejo Nacional Electoral (CNE) jamás publicó los resultados desagregados de las votaciones ni hizo las auditorías de rigor. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, alegó un supuesto ataque cibernético a la página web de la institución proveniente del exterior.
“Todo fue constatado por esta Sala Constitucional, reafirmando así que, a través del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024, quedó expresada la voluntad del pueblo venezolano”, subrayó la sentencia.
TSJ afecto al chavismo
El TSJ expresó que el material electoral consignado por el CNE está en resguardo de la Sala Constitucional constituida por magistrados afines al chavismo.
El CNE declaró a Maduro ganador de las elecciones con casi el 52% de los votos, pero nunca mostró los resultados por estado ni mesa por mesa, solo se limitó a leer un escueto resultado general la noche del 28J.
Mientras la oposición afirma tener en su poder el 83% de las actas recabadas por testigos y miembros de mesa que dan como ganador a Edmundo González Urrutia, quien luego de presiones debió abandonar el país para refugiarse en España.
Varios países han dicho que no reconocen a Maduro como mandatario debido a la falta de pruebas.
Tanto la ONG Provea como Justicia, Encuentro y Perdón denunciaron que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les ha imputado sin pruebas y sin garantías al debido proceso”.
De acuerdo a Provea “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal”.
La ONG denunció que para lograr los organismos de represión del Estado emplean métodos para lograr“el sometimiento a torturas y tratos crueles que incluyen golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”.
“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, señaló Provea.
La ONG recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que el “concepto de tortura y tratos, así como penas crueles, no se limita a prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, como casos de hacinamiento y malas condiciones de reclusión”.
La ONG informó que las denuncias provienen de las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Abuso de personas detenidas
“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el Gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como abuso crónico’de la legislación antiterrorista”, manifestó la organización.
El delito de terrorismo contempla según la legislación venezolana, penas de entre 25 a 30 años de prisión.
Según cifras del Ejecutivo, 2.400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas suscitadas luego de conocerse el resultado oficial que dio como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio a Nicolás Maduro, una victoria que no estuvo sustentada por publicación de datos detallados por parte del Consejo Nacional Electoral.
Aquí en los Estados Unidos el país se prepara para las grandes elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Se enfrentan los candidatos de los dos grandes partidos: Kamala Harris, por los demócratas; y Donald Trump, por los republicanos. Esta, según las encuestas, es una verdadera carrera con final de fotografía al estilo de aquel de George W. Bush y del que fuera el exvicepresidente de Bill Clinton, Al Gore.
Estas son unas elecciones muy importantes porque definirán al gran país del norte por los próximos años, y más allá los destinos de Latinoamérica.
Lo bueno es que no se cierran las escuelas, no hay Plan República y el país no se detiene por las elecciones, que se ven más como un evento democrático bajo la órbita de los ciudadanos.
Son los mismos norteamericanos quienes la realizan, los que votan y al final son los ciudadanos comunes y corrientes quienes dan los resultados.
No se necesita que las urnas electorales se las lleve un militar, “todo bajo resguardo” y nada de eso que se impone en Latinoamérica.
Ahora en las reñidas elecciones estadunidenses, dirigidas toda por civiles, los dos candidatos, Trump y Harris, muestran hasta este momento un empate y ambos buscan encontrar la forma de romper la paridad faltando pocos días para el evento electoral.
Ninguna de las empresas encuestadoras se atreven a mostrar con precisión sus investigaciones sobre el posible ganador.
El supuesto triunfo de Donald Trump se ha complicado con la irrupción de Kamala Harris y es un desafío que ha puesto en alerta máxima a su equipo de campaña.
Cada día salen nuevas encuestas, pero en ninguna Trump o Harris sacan ventaja. La diferencia de ambos es milimétrica y será suficiente para determinar él o la próxima presidente de los Estados Unidos.
Trump confía en su oferta electoral de controlar el costo de la vida situación que preocupa a los norteamericanos. Por su parte, Kamala Harris recuerda a los electores el carácter irritable y desgastado de su contrincante.
Los estudios de opinión señalan que las minorías negras e hispanas serán determinantes al momento de sumar votos y dar un ganador. Quedan solo semanas para las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos y el esfuerzo de Donald Trump y de Kamala Harris buscan desesperadamente el triunfo electoral.
La gente a la expectativa se pregunta ¿quién será el presidente o la presidenta de la nación más poderosa del mundo?
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De acuerdo con el informe mensual de la organización, la cifra equivale a un promedio de 10 protestas diarias y representa una disminución del 46% en comparación con el mismo mes del año 2023.
Durante septiembre, acotó el OVCS, el 50% de las protestas se relacionaron con los Derechos Civiles y Políticos (DCP), con 144 manifestaciones. A pesar de las medidas restrictivas del Estado, los venezolanos continuaron manifestándose pacíficamente, exigiendo el respeto a sus derechos”, señala el informe de la organización.
Además, durante este período, según acota la ONG, un número significativo de estas protestas fue protagonizado por opositores, quienes salieron a las calles para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Por otra parte, se documentaron 146 protestas relacionadas con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Las principales demandas incluyeron fallas en servicios básicos, reclamaciones salariales por parte de trabajadores jubilados y pensionados, y el rechazo al pago fraccionado de aguinaldos.
Los estados que lideran el índice de protestas son: Monagas (36), Carabobo (29), Sucre (28), Anzoátegui (25) y Bolívar (23),respectivamente. Los que menos registraron protestas fueron: Trujillo (0) Amazonas (1) Aragua y Guárico 3, respectivamente.
Mujeres en la primera línea de protesta
Según el informe del OVCS, las mujeres venezolanas participaron en el 98% de las protestas (283) en el país durante este mes.
Al respecto, se destaca que las madres, hermanas y esposas realizaron concentraciones exigiendo justicia y libertad de niños, jóvenes y adultos acusados de fascistas y terroristas, en las protestas poselectorales.
También denunciaron las torturas, tratos crueles y denigrantes que han provocado pensamientos suicidas en sus familiares.
Durante septiembre de 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social encontró nueve tipos de manifestaciones realizadas en todo el país.
Participación política: Por tercer mes consecutivo, figura como principal motivo de protesta a nivel nacional.
Servicios básicos: Segundo motivo de protesta a nivel nacional.
Justicia: Familiares de detenidos durante las protestas poselectorales continúan exigiendo justicia y libertad.
Salud: Trabajadores, pacientes y familiares exigen mejoras en infraestructuras hospitalarias, así como insumos y funcionamiento de equipos médicos que garanticen la atención, salud y vida.
Laborales: trabajadores protestan por mejoras salariales, pago de deudas y activación de contratos colectivos. Además, rechazan el pago fraccionado de aguinaldos.
Jubilados y pensionados protestaron ante el retraso en sus prestaciones sociales y beneficios de alimentación. También, rechazan el pago fraccionado de aguinaldos.
Educación: Docentes y personal administrativo y obrero rechazan la exigencia de acudir 5 días a la semana a colegios y liceos, alegando que solo imparten clases solo 2 o 3 días, pues es difícil cubrir transporte y alimentación con el sueldo que reciben actualmente.
Padres y representantes: Protestaron ante las condiciones de las infraestructuras para el inicio del nuevo año escolar.
Mujeres: Participaron en 98% de las manifestaciones, en la primera línea de protesta.
De acuerdo con el OVCS, las concentraciones continúan liderando las protestas registradas en septiembre, seguida de los pancartazos y cierres de calles. “En muchas ocasiones los manifestantes se concentraron rápidamente en pequeños grupos, para evitar acciones represivas, persecución o las detenciones arbitrarias”, acotó la organización.
Protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP)
El OVCS documentó 131 protestas por el derecho a la participación política protagonizadas principalmente por jóvenes, estudiantes universitarios y opositores al gobierno, con el objetivo de exigir al CNE transparencia y entrega de las actas sobre los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de este año.
Asimismo, se documentaron manifestaciones de afectos al gobierno llamando a respaldar y celebrar los resultados que anunciaron victorioso a Nicolás Maduro.
Por otra parte, se documentaron 68 protestas por justicia, por parte de trabajadores, políticos, defensores y principalmente familiares de víctimas de detenciones arbitrarias y criminalización.
El OVCS también registró 11 manifestaciones contra los cuerpos de seguridad del Estado, en 6 estados del país con el fin de denunciar los malos tratos, torturas, actos de corrupción y abuso de poder durante operativos policiales y control de manifestaciones pacíficas.
Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
Durante el mes de septiembre el OVCS documentó unas 70 protestas por el derecho a la vivienda. “El colapso de los servicios básicos continúa afectando la calidad de vida del venezolano, tanto en su hogar como en el trabajo, la escuela y en hospitales”, denunció el OVCS.
Asimismo, 24 protestas fueron por la canalización y tratamiento de las aguas servidas, 21 por fallas en el servicio eléctrico, 19 para exigir mejoras viales, 14 protestas por agua potable y 12 para exigir la recolección de desechos sólidos.
Derechos laborales y de salud
El OVCS registró 51 manifestaciones relacionadas con el derecho a la salud, en las que pacientes y sus familiares, junto a trabajadores del sector salud, exigieron mejoras en infraestructuras hospitalarias, así como insumos y funcionamiento de equipos médicos que garanticen la atención, salud y vida de los pacientes.
Finalmente, se documentaron 43 protestas vinculadas a la exigencia de derechos laborales.
El grito de auxilio de Dignora Hernández cuando fue secuestrada por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro el pasado 20 de marzo se escuchó en toda Venezuela.
“Auxilio, por favor”, gritó la integrante del partido Vente Venezuela liderado por María Corina Machado cuando fue aprehendida junto al también activista Henry Alviarez por miembros de la División de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la avenida Sucre de Los dos Caminos en Caracas.
🇻🇪 | “¡Auxilio, por favor!”: El grito de Dignora Hernández, integrante del equipo de campaña de la líder opositora María Corina Machado, ha conmocionado a Venezuela. La mujer fue detenida junto a Henry Alviarez este miércoles por fuerzas del régimen de Maduro. pic.twitter.com/IVfp7JXy96
A la fuerza fue montada Hernández en una camioneta y, siguiendo el patrón represivo, no se conoció inmediatamente su sitio de reclusión. Fue posteriormente que familiares, amigos y compañeros de partido se enteraron que estaba en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), junto a otros presos políticos.
Sin derecho a defensa privada y presentada arbitrariamente ante un tribunal, Hernández se dirige a cumplir siete meses detenida.
De acuerdo al fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, Hernández formaba parte de una supuesta conspiración para derrocar al gobierno madurista.
A raíz de su reclusión, Hernández ha desarrollado una condición de salud que mantiene en vilo a sus familiares y amigos.
“Hoy mi hermana tiene urticaria en todo el cuerpo, piernas, brazos y espalda. En el centro de reclusión le han dado atención médica, pero se trata de tratamientos paliativos, porque cuando pasa el efecto vuelve la crisis”, dijo Zulma Hernández.
Su vida está comprometida
María Laura Márquez, sobrina de Hernández, afirmó recientemente que la vida de su tía está comprometida.
“Mi tía Dignora está presentando un fuerte episodio de alergias severas, que si no es tratado correctamente puede terminar en un episodio de asfixia. Exigimos a las ONG a difundir esta información. Dignora necesita recibir atención médica de calidad en un sitio donde le brinden la solución de sus problemas”, dijo.
Machado igualmente apuntó que Hernández padece de otras complicaciones.
“Ella es hipertensa y desde hace días presenta un cuadro de alergias severas que se están agravando y puede derivar en una seria complicación respiratoria”, escribió en su cuenta de X.
Zulma Hernández indicó que la familia solo está solicitando que Dignora sea tratada por un médico calificado: “Para que continúe con los exámenes que fueron suspendidos por su aprehensión, Dignora cuando se la llevan detenida ya tenía la urticaria que le fue diagnosticada como crónica y severa”.
Para Hernández, el Helicoide no es el mejor sitio para tratar la condición de su hermana.
“Por eso, pedimos que le den una medida cautelar para que reciba atenciones y cuidados en su casa”, clamó.
Hernández suele visitar a su hermana una vez a la semana y afirma que, pese al encierro, se encuentra fuerte emocionalmente.
“Mi hermana, pese a lo que está viviendo, está de buen ánimo. Ella es una mujer inquebrantable, la admiro mucho, es una mujer muy fuerte, por supuesto que se frustra cuando tiene estos episodios de alergia, ella me dice que no se quiere enfermar más allí. Le preocupa saber la raíz de su problema, le inquieta pensar que sea una enfermedad que esté en desarrollo y que cuando la trate sea tarde”, relató.
Hernández indicó que, como cientos de presos políticos, su hermana se encuentra a la deriva.
“Nosotros como familia nos sentimos desprotegidos por el Estado, no sabemos dónde ni a quién acudir”, lamentó.
