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Preso político excarcelado en enero murió tras sufrir complicaciones de salud

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Yorman David León, un joven de 28 años que había sido detenido el 29 de julio en Naguanagua, estado Carabobo, murió el 4 de febrero. 

León fue detenido mientras se dirigía a surtir gasolina en su vehículo. Tras su arresto, fue trasladado a tres centros de reclusión diferentes hasta que, en enero de 2025, fue liberado bajo régimen de presentación cada 15 días. Sin embargo, su salud se deterioró gravemente debido a la falta de atención médica, las torturas y las pésimas condiciones carcelarias, lo que le impidió cumplir con las condiciones de su libertad condicional.

Rafael León, padre de Yorman, expresó su dolor y temor a represalias al diario Tal Cual: “Es suficiente con el dolor de la pérdida de mi muchacho”. Manifestó que su hijo, quien gozaba de buena salud antes de su detención, regresó a casa callado, distante y con evidentes secuelas físicas y emocionales.

Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló que muchos detenidos sufren enfermedades como consecuencia del encarcelamiento, incluyendo afecciones intestinales, renales e hipertensión. Además, los excarcelados suelen padecer ansiedad y ataques de pánico, lo que obliga a sus familias a buscar terapias para ayudarlos a superar los traumas vividos.

Detención arbitraria y condiciones inhumanas

Yorman David fue interceptado por efectivos de seguridad mientras se dirigía a una estación de servicio con su primo.

Aunque no portaban teléfonos móviles, ambos fueron llevados al Fuerte Paramacay, donde permanecieron incomunicados y sin visitas. Posteriormente, Yorman fue trasladado a la cárcel de Tocorón, en Aragua, donde las condiciones eran inhumanas: hacinamiento, falta de agua potable y comida en mal estado.

A pesar de ser liberado el 4 de enero junto a otros 94 presos, su salud ya estaba gravemente comprometida. Fue diagnosticado con dengue, presentaba obstrucción estomacal, hematomas y una fisura, posiblemente resultado de golpes y torturas. Su padre relató a Tal Cual que, en sus últimos días, Yorman le contó que le daban comida picante y agua filtrada con tapabocas.

La familia de Yorman optó por guardar silencio sobre su muerte por temor a represalias. Rafael León expresó su frustración: “¿Cómo hace uno para denunciar si no tienen ninguna validez? Para mí esto es injusto, que mi muchacho haya sido detenido injustamente”.

Otros casos 

Carlos Camacho, un paciente renal detenido tras las elecciones del 28 de julio, vio agravarse su salud durante su encarcelamiento en Tocorón. Actualmente, padece microlitiasis renal, hematuria y colonopatía inflamatoria, pero su familia no cuenta con los recursos para su tratamiento.

El periodista Víctor Ugas, detenido en Tocorón, también ha enfrentado complicaciones de salud, incluyendo graves episodios de asma debido a las condiciones del centro de reclusión. Su madre, Yris Azócar, denunció que su hijo necesita ambientes controlados para su condición, algo imposible en la cárcel.

Este artículo es original de Tal Cual, ingresa en este enlace para leer la noticia ampliada. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

“Nadie ganando se baja del ring”: Dirigente de UNT cree que se debe participar en legislativas y regionales

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Un dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) reiteró este jueves, 20 de febrero, la necesidad de participar en las elecciones regionales y legislativas del próximo 25 de mayo para defender en las urnas de votación la “mayoría” que construyó la oposición mayoritaria en los últimos años.

“Debemos participar y estamos obligados a participar, más cuando estamos diciendo que somos mayoría. Nadie que está ganando se baja del ring”, señaló el dirigente nacional de UNT Manuel Teixeira citado en una nota de prensa.

El dirigente político también sostuvo que es necesario luchar en los “tableros políticos establecidos en la Constitución”.

Además, dijo que es importante para la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), tener representantes en la Asamblea Nacional (AN), por ser la institución encargada de designar los representantes del resto de poderes en el país.

“La Asamblea Nacional nombra al Tribunal Supremo de Justicia, el CNE (Consejo Nacional Electoral) es quien juramenta al presidente por mandato constitucional. Además, existe la convocatoria clara a una reforma constitucional, por eso debemos votar, nuestra lucha es por defender la democracia y el voto tal como lo conocemos”, añadió.

El miércoles 19 de febrero, la PUD, de la cual forma parte UNT, supeditó su participación en los venideros comicios regionales y legislativos al cumplimiento de condiciones políticas y electorales, entre ellas el comienzo de una negociación basada en el “reconocimiento de la verdad” de las presidenciales de julio del año pasado.

La coalición indicó que para “considerar participar” en estos comicios es necesario comenzar una “negociación formal y transparente, basada en el reconocimiento de la verdad del 28 de julio”, en referencia a la denuncia de fraude en las votaciones presidenciales en las que el CNE proclamó a Nicolás Maduro como el ganador.

La PUD insiste en Edmundo González Urrutia fue el vencedor de esos comicios, para lo que publicó en una página web el “85,18 %” de las actas electorales que recabaron a través de testigos y miembros de votación el día de los comicios, que el chavismo tilda de falsas.

González Urrutia aseguró recientemente que la oposición que representa no participará en lo que considera “falsas elecciones” y advirtió que “solo habrá comicios legítimos cuando se respete” su reclamado triunfo en las presidenciales.

*Con información de EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Crisis del Catatumbo y la paradójica relación del gobierno venezolano con la guerrilla colombiana

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El mayor desplazamiento masivo del que se tiene registro en Colombia se desató en la región del Catatumbo, en el noreste del departamento de Norte de Santander, Colombia, debido a la violencia por los combates entre las guerrillas por el control de la zona, manifestó la Agencia de la Organización Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El conflicto dejó 63 muertes y casi 85.000 afectados para el 14 de febrero, según un reporte del Ministerio de Defensa colombiano publicado este martes 18 de febrero, así como un decreto del “estado de conmoción interior” en la zona de parte del gobierno del presidente de se país, Gustavo Petro. 

El 31 de enero, Nicolás Maduro anunció el inicio de “Relámpago del Catatumbo”, una operación militar coordinada con el gobierno colombiano en la frontera entre ambos países. Petro confirmó la información desde su cuenta en X y declaró: 

“Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, dijo en referencia a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control del Catatumbo, que han aterrorizado a la población.

El anuncio trajo una ola de rechazo en distintos actores políticos de ambos países, pues mientras el gobierno venezolano se alía a combatir contra estas organizaciones criminales en Colombia, las mismas residen y manejan negocios ilícitos en al menos 40 municipios de ocho estados de Venezuela – en el caso del ELN-, según la organización Insight Crime.

La excandidata presidencial colombiana, Íngrid Betancourt, calificó la unión como “muy grave”. “Perseguir al ELN en alianza con Maduro es entregarle el control de las fronteras colombianas a un dictador y narcotraficante enemigo de Colombia”, resaltó.

Una relación histórica

El ELN comenzó a tener presencia en la frontera colombo-venezolana en la década de los 80. En un inicio, los gobiernos venezolanos eran hostiles con la presencia del ELN, pero esto cambió con la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. 

En 2002, el arribo del exmandatario colombiano Álvaro Uribe y su ofensiva contra los guerrilleros del país, provocaron un repliegue de los guerrilleros hacia la Venezuela de Chávez, donde hallaron un clima más permisivo y afín a sus ideales, mientras el gobierno se percibía como neutral ante la presencia del grupo en su territorio, de acuerdo a Insight Crime.

La organización apuntó que los estados donde el ELN tiene mayor presencia son Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.

”SOS Orinoco ha documentado y demostrado que hay una gran complicidad que ha venido tejiéndose en los últimos 25 años entre los grupos guerrilleros, los grupos armados organizados y el chavismo. Primero bajo Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, y todo esto para explotar los negocios ilícitos, como el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de una cantidad de cosas”, manifestó la fundadora de la organización, Cristina Burelli. 

Un informe de la organización relata que de acuerdo a la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus), miembros de las FARC se establecieron desde 2012 en el municipio Autana​, uno de los siete que conforma el estado Amazonas y que se ubica en la frontera con Colombia.

Líderes de Oipus se reunieron en varias oportunidades con las FARC, y estas afirmaron que su presencia en la zona formaba parte de acuerdos con el gobierno nacional, reportaron a SOS Orinoco.

En poco tiempo, las FARC trajeron cambios en las dinámicas de las comunidades, negocios ilícitos, tráfico de combustible, drogas e iniciaron explotaciones mineras en la zona – actividad prohibida en todo el estado Amazonas según el Decreto Presidencial Número 269 aprobado en el año 1989 – que derivaron  en contaminación de los suelos y ríos, delincuencia, prostitución, trata de personas, y propagación enfermedades, de acuerdo con Oipus.

Los representantes indígenas siempre rechazaron la ”presencia de los invasores en sus territorios”, y sus peticiones de ayuda al gobierno venezolano para desalojar a los guerrilleros fueron ignoradas.

Por otro lado, en 2013, el ELN comenzó a tomar el control en los estados  Apure y Amazonas entre 2016 y 2017 consolidaron su presencia en Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo, Amazonas, donde han ”impuesto prácticas de control social, político y económico. Toman el control de los puertos y puntos fluviales, y controla el contrabando de droga, gasolina, alimentos y enseres, además de la seguridad, convirtiéndose en un para-estado”, indicó el informe.

Otro documento de SOS Orinoco, publicado en 2019, confirmó la presencia del ELN en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en la jurisdicción del municipio Atabapo de Amazonas, territorio que tiene 2.000 hectáreas de su superficie bajo explotación de oro “ecocida” y sirve como principal sustento financiero al grupo.

Insight Crime estima que de 6.000 miembros del ELN, alrededor de 1.000 estaban presentes en territorio venezolano para 2024. 

La supuesta lucha

Con la operación “Relámpago del Catatumbo”, el gobierno de Maduro ha desplegado alrededor de 60 operativos militares entre 2020 y 2024, con el objetivo de contrarrestar la acción de grupos armados irregulares (GAI) en zonas estratégicas del país, indicó la organización defensora de derechos humanos Fundaredes. 

Sin embargo, puntualizó que los operativos ”(…) no sólo fracasaron en erradicar estas amenazas, sino que ha intensificado la presencia y poder de estos grupos en las regiones”, y agregó: 

”Lamentablemente, los principales impactados por la acción de estos grupos y por la ejecución de las operaciones militares son la población civil de las comunidades que comparten territorio con los GAI, pues han sido múltiples los testimonios que dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos en el marco de estos operativos, donde se han ejecutado allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales (…)”.

A mediados de diciembre de 2022, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó la Operación Autana en el Parque Nacional Yapacana, que según indicó la vocería oficial del gobierno, tenía como objetivo expulsar del territorio a los mineros ilegales.

Para Burelli, llamó mucho la atención que dicha operación fuera tan mediática, pues el Comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, mostró en sus redes la expulsión de miles de mineros colombianos de la zona.

“Muchos de ellos eran guerrilleros (…) Y ahí en el ELN y la FARC nadie chistó, nadie dijo nada. Uno se esperaba que iba a haber algún tipo de resistencia a eso, porque los está sacando de un negocio (…) Para nosotros eso fue una demostración de que ahí había una especie de acuerdo”, apuntó Burelli.

A un año del operativo, SOS Orinoco manifestó a través de su cuenta de X que la operación Autana “fue solo un show” y señaló que las minas en Yapacana siguen operando bajo el marco ilegal, pero que esta vez son controladas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lugar de los grupos terroristas.

Una alianza

La fundadora analizó que la relación entre los actores es “muy pragmática”. “Esta relación entre las guerrillas y el gobierno es para beneficiar a los jerarcas del régimen. Y aquí está íntimamente entrelazado el crimen organizado con las autoridades más importantes del país, civiles y militares”, criticó.

Insight Crime afirma que el ELN ha demostrado ser importante para la administración de Maduro, ya que ha medida de que exhibió su ”disciplina y capacidad militar” en su expansión por cada estado, demostró su potencial como actor armado que garantiza la gobernanza en territorios estratégicos, poblaciones y economías ilícitas. 

El profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, manifestó para el medio internacional France 24 que, “especialmente el ELN, tiene un carácter paramilitar en Venezuela, ya que allá son grupos armados que ayudan al Gobierno, mientras que en Colombia son insurgencias que desafían y retan al Estado”.

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Tengan un grado de bondad”: Denuncian deterioro de la salud de presa política Mayra Castro

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A través de un mensaje publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Editson Quintero, hijo de Mayra Castro, de 47 años, —presa política desde el 2 de agosto de 2024—, denunció que su madre se encuentra recluida en condiciones inhumanas y que su vida corre peligro  cada día que pasa.

Castro fue detenida por poseer copias de las actas electorales de los comicios del 2015, con las que educaba a miembros de la comunidad de cara a los comicios del 28 de julio, elección que según el Centro Carter, no fue democrática y carece de credibilidad.

“Cada día que pasa, este proceso se vuelve más difícil. La detuvieron por pensar diferente, por ser una dirigente política de un partido opositor. Ella no merece estar allí; no es una criminal. Lo último que quisiera ver en vida es que mi madre muera en prisión o que me informen mañana que la persona a quien le debo la vida ha fallecido entre rejas”, expresó su hijo con profunda emoción.

Quintero hizo un llamado a las autoridades para que “tengan un grado de humanidad” y permitan que su madre recupere la libertad.

Mayra está detenida en la Policía Municipal de Urdaneta en Nueva Cúa y el 17 de febrero fue trasladada al Hospital Osio de Cúa, dicha situación mantiene a la familia en una incertidumbre.

Su familia ha denunciado antes que la dirigente de Primero Justicia (PJ) estaba durmiendo en el piso en una celda, sin posibilidad de ver la luz del sol y sin agua. 

La falta de iluminación la llevó a lesionarse un ojo y le diagnosticaron epiescleritis, una condición que consiste en la inflamación de una estructura membranosa situada en la porción anterior del globo ocular. 

Según las cifras de Foro Penal, 119 mujeres están detenidas por motivos políticos. Para las mujeres, la situación es más grave debido a que no existen médicos especialistas dentro de las prisiones venezolanas, tal como pudo documentar la Organización de las Naciones Unidas. Los detenidos por razones políticas además tienen limitaciones para recibir visitas. 

Los familiares han denunciado graves violaciones de derechos humanos a los presos políticos, afirmando que carecen de condiciones básicas como acceso a agua potable constante, alimentación e hidratación. 

Ruta por los presos políticos

Durante meses, familiares han encabezado protestas en diferentes organismos del Estado para exigir la liberación de sus seres queridos. Sin embargo, continúan sin obtener una respuesta oportuna. 

Por esa razón, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó una ruta por diferentes organismos con el objetivo de continuar exigiendo la libertad plena de sus allegados. 

La ruta iniciará el lunes, 24 de febrero, en el Palacio de Justicia, al día siguiente estarán en la Defensa Pública, después, en la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, acudirán al Ministerio de Servicios Penitenciarios y terminarán en el Ministerio Público. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gremios de la UCV exigieron a autoridades universitarias garantizar derechos a trabajadores y estudiantes

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Representantes de los distintos gremios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ejercieron este miércoles, 19 de febrero, un derecho de palabra ante el Consejo Universitario como parte de los acuerdos de la asamblea intergremial. 

El representante de los profesores ante la casa de estudios, José Gregorio Afonzo, instó al Consejo Universitario a dirigir una carta al Ministerio de Interior y Justicia para comunicar la inconstitucionalidad del “cerco policial” que se mantiene alrededor de la casa de estudios. 

Alfonso señaló que el cerco policial con más de 200 efectivos policiales resulta “inconstitucional, ilegal e inconveniente” e impide la libertad académica.

Por su parte, el representante de los estudiantes de la UCV, Miguelángel Suárez denunció que la comisión presidencial “usurpa las funciones de los obreros y administrativos de la universidad”.

Eduardo Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores, hizo por su parte un llamado al Consejo Universitario a unirse en una concentración para rechazar que llevan tres años sin gozar de un aumento salarial. 

Libertad para los profesores detenidos 

Durante el derecho de palabra, los distintos gremios exigieron también la libertad de los profesores Rocío San Miguel y Jesús Armas, detenidos en el marco de las elecciones presidenciales del pasado mes de julio.

Informaron que el próximo 24 de marzo habrá manifestaciones en todas las casas de estudios del país para exigir un aumento salarial.

Magaly Vásquez: El mensaje de la igualdad debe venir de arriba y debe demostrarse con hechos

En un mundo donde la violencia de género y la desigualdad siguen siendo desafíos persistentes, las instituciones educativas y empresas tienen un papel crucial en la transformación de estas realidades. 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es un ejemplo de cómo una institución puede tomar medidas concretas para prevenir el acoso, promover la equidad y fomentar una cultura de respeto y denuncia. 

Magaly Vásquez González, secretaria general de la UCAB, abogada y doctora en Derecho y quien en julio de 2024 se convirtió en la primera mujer penalista en ocupar un sillón en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, detalla en esta entrevista los avances y desafíos de la universidad en esta materia, al tiempo que recalca la importancia de que todas las organizaciones asuman similares compromisos.

Equidad de género en la UCAB: avances y desafíos

La UCAB ha logrado un equilibrio notable en cargos directivos y académicos. Aunque actualmente solo hay una mujer en el equipo rectoral, históricamente ha habido una presencia significativa de mujeres en posiciones de liderazgo. 

“Acá nunca ha habido alguna limitación por el hecho de ser mujer, ahorita soy la única mujer del equipo rectoral por una situación coyuntural, pero antes había dos mujeres, de un equipo de seis. En el equipo anterior teníamos la vicerrectora académica y la secretaria”, precisó Magaly Vásquez. Su caso es el mayor ejemplo de su aseveración, ya que en esta casa de estudios ha sido profesora, directora de la Escuela de Derecho, decana de la misma facultad y  directora general de posgrados. 

Hoy en día, en cinco decanatos de la UCAB  hay dos mujeres en los cargos directivos. Además,  hay más mujeres directoras de escuela que hombres directores (8 de 15): “En muchos momentos hemos estado a la par, puede ser que en algún momento haya un director más que una directora, pero en líneas generales, la universidad ha dado la oportunidad por el hecho de que tengas las competencias y capacidades y no por un tema de género”, subrayó la jurista. A esto se suma que, en carreras tradicionalmente masculinas, como Ingeniería Civil, las mujeres están ganando terreno.

La creación de la Cátedra Libre de Estudios de la Mujer Teresa de la Parra en 2024 es otro paso importante que ha dado la UCAB en este camino. Esta iniciativa alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5  busca visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y promover la igualdad a través de actividades académicas y culturales.

Además, se está trabajando en iniciativas para revisar el material bibliográfico en las distintas escuelas, pues a pesar de tener mujeres destacadas en el área los textos, los que se estudian son escritos por hombres.

“Hay un campo súper vasto para ir interviniendo en él. La UCAB tiene muchas iniciativas, la Encovi tiene una sección que aborda brecha salarial, trabajo doméstico, tenemos una colección de Estudios de la Mujer que lleva el nombre de Evangelina García Price, e inauguramos una sede en Guayana que lleva el nombre de Lucila Palacios. Hay varias cosas que están sensibilizando más sobre el tema y creemos que eso impactará de manera favorable el currículum. La idea es que se vaya incorporando en los diferentes planes de estudio y asignaturas. Nos interesa que sea un proceso gradual, no una imposición, que la gente asuma conciencia de que, efectivamente, todos los informes y estadísticas de organismos nacionales e internacionales indican que, en la medida en la que hay equidad o igualdad, las empresas funcionan mejor”. 

Prevención con efecto disuasivo y educación

El más reciente informe de la red de mujeres Constructoras de Paz (2024) encontró que dos de cada cinco venezolanas entrevistadas había sufrido algún tipo de violencia de género, así como también otro dato poco alentador: una de cada tres mujeres admitió no reconocer situaciones de violencia de género, incluso, cuando se trata de violencia física y sexual. Estas preocupantes cifras subrayan la necesidad de continuar educando y sensibilizando sobre el tema en todos los niveles. Y en el ámbito educativo esta formación resulta crucial. 

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) marcó un hito como la primera casa de estudios superiores de Venezuela -y de las pocas en Latinoamérica- en elaborar un protocolo para la prevención y atención en casos de acoso y violencia sexual.

El protocolo, que consta de siete capítulos y 27 artículos, y que entró en vigencia en septiembre de 2020, se desarrolló con el propósito de crear las condiciones necesarias para  “prevenir, atender, proteger, sancionar y erradicar todo tipo de violencia y de conductas de acoso por razón de sexo, género, identidad de género u orientación sexual, entre los miembros de la comunidad universitaria”, tanto en el ámbito estudiantil, académico, docente y laboral”.

Magaly Vásquez González -a quien le tocó coordinar la comisión que elaboró el protocolo luego de una denuncia de una exalumna de la extensión Guayana que se viralizó en redes sociales- enfatizó que aunque el protocolo va dirigido a toda la comunidad universitaria, “no importa si se trata de empleados, profesores y estudiantes, sean hombres o mujeres”, para nadie es un secreto que las víctimas de hostigamiento, acoso o abuso en estos casos “frecuentemente son mujeres, y en su mayoría, estudiantes”.

La abogada, quien también fue co-redactora del Código Orgánico Procesal Penal, comenta que la UCAB dio un “gran paso” en la aplicación del protocolo, que a su juicio, cumple una función “disuasiva”.

“Eso no quiere decir que la existencia de un protocolo evitará los actos, pero ya los posibles acosadores se lo piensan mejor. La primera aplicación del protocolo fue en pandemia, se sancionó a un profesor por actos de acoso en línea hacia una estudiante”, detalló

Desde su entrada en vigencia hasta el presente, dos profesores fueron sancionados formalmente, en los términos que establece el protocolo de principio a fin. Pero hubo otros casos en los que no fue necesario llegar a la sanción, porque los señalados se fueron voluntariamente de la universidad, lo que confirma el carácter disuasivo del instrumento. 

Pero, más allá de las sanciones, la universidad ha priorizado la formación y la prevención. “Más que sancionar, nos interesa prevenir, y para la prevención es clave lo educativo”, destaca la doctora en Derecho. 

Es por ello que la universidad ha desarrollado un programa que incluye capacitación para profesores, personal administrativo y estudiantes. En el último semestre de 2024, que culminó en enero, todos los estudiantes de primer semestre recibieron una formación virtual sobre aspectos relacionados con el protocolo.

“La información se ha homogeneizado y se ha consolidado para que todos la reciban en los mismos términos al iniciar la carrera (…) Hemos ido creando una cultura de formación en la universidad sobre esa materia, así como hay un aula de formación para estudiantes hay una para profesores y personal administrativo”, sumó.

Normalizando denunciar y ser intolerantes al acoso

Uno de los mayores retos que enfrenta la UCAB, y cualquier institución que aborde estos temas es fomentar la cultura de la denuncia. A pesar de ello, se reportan algunos avances: las estudiantes, en particular, son cada vez menos tolerantes ante situaciones de acoso o discriminación. 

Para facilitar el proceso, la universidad ofrece asesoría jurídica y psicológica a las víctimas, y les informa sobre sus derechos, incluyendo la posibilidad de acudir a los órganos de justicia para los casos que escapen del ámbito de aplicación del protocolo.

“El principal desafío es crear la cultura de la denuncia, eso sigue siendo difícil. Porque pasa en casos de acoso, o de profesores arbitrarios, los estudiantes no se quejan hasta que termina el semestre. Pero sí hemos visto cambios en la cultura de la universidad porque los, y sobre todo, las estudiantes, son menos tolerantes”, recalca la abogada, que participó como asesora en el  extinto Congreso en la elaboración de la primera ley contra la violencia de la mujer y la familia y quien también se desempeñó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cambiar la cultura: un costo necesario

Cuando se le pregunta a Magaly Vásquez que piensa sobre la frase  “lograr la igualdad y el empoderamiento femenino supone costos para una empresa o institución” no tarda en reflexionar que la implementación de políticas de equidad y la lucha contra la violencia de género no está exenta de desafíos. 

Vásquez considera que el principal “costo”, más que económico, tiene que ver con cambiar una cultura arraigada.  “No es fácil”, admite inicialmente, especialmente en un país como Venezuela, donde ciertos comportamientos contrarios a la erradicación de la violencia de género y a la promoción de la igualdad están tan normalizados.

“Es duro para las instituciones cambiar esos patrones culturales, el tema de la cultura de la denuncia, cómo convences de que no debes tolerar actos que califican como acoso o abuso en todo sentido, sexual, laboral… Y esos costos hay que ir poco a poco pagándolos, y es necesario no porque sea un ODS o porque esté de moda, es una realidad, y al final las instituciones deben hacer los esfuerzos. Hay que entender que estamos entrenados en una cultura de ese matriarcado del que se ha hablado siempre de Venezuela, lo tenemos muy acentuado, y a veces las mujeres somos las primeras machistas. A lo mejor estamos haciendo un esfuerzo en el plano educativo, y resulta ser que en casa es otra cosa”, abunda Vásquez. 

Para las instituciones que deseen emprender este camino, la abogada y secretaria de la UCAB enfatiza que los líderes deben estar convencidos de la igualdad y lo deben corroborar con hechos. “El mensaje desde arriba tiene que ser de igualdad”, afirma. Esto incluye evitar limitar a las mujeres por razones como el embarazo y garantizar que las oportunidades se otorguen por competencia, no por género.

“Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan aún, como que limiten a una mujer por estar embarazada. Hay que enviar esos mensajes, es muy importante y poderoso que una mujer pueda ver que promovieron a una embarazada. El tema de que la condición de una mujer no impida la contratación, no puedes preguntarle a las mujeres si tienen planes de embarazarse. Lo primero es que la alta directiva de la institución u organización esté convencida de eso, es clave, porque ese mensaje irradiará a toda la organización. Y que se demuestre además con hechos”, opinó.

Respecto al tema de las cuotas según género, tiene sus reservas: “No debe ser obligatorio un  50-50, porque a lo mejor puede ser que ese 50% de un lado o del otro no sea el más competente para estar en esas posiciones. Pero sí creo en que debe haber igual trato, igual oportunidad”, consideró.

La experiencia de la UCAB demuestra que, aunque el camino hacia la equidad y la erradicación de la violencia de género es complejo, es posible avanzar con compromiso y acciones concretas. Las instituciones tienen la responsabilidad de educar, prevenir y sancionar, pero también de liderar con el ejemplo. 

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El Mañanero del 20 de febrero: CNE cambia la fecha de los comicios regionales y legislativos

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En El Mañanero del 20 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: CNE pospone elecciones, la ruta por la libertad de los presos políticos, Trump evalúa revocar la licencia a Chevron y el 2024 es el año con más medidas cautelares aprobadas por la CIDH para venezolanos, son las noticias más importantes del momento.

 

Trump evalúa revocar licencias a Chevron para operar en Venezuela

EnchufaDÍN | Felicita a Ricardo Molina por su nuevo cargo

“Es necesario exponer para que no continúen los abusos, lamentablemente en Venezuela, básicamente por la actitud del Estado frente a cualquier decisión de organismos internacionales, son francamente inoperantes”, afirmó experto sobre las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

El secuestro de una embajada

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@ArmandoMartini

Un teatro del absurdo: la embajada argentina asediada, asilados convertidos en rehenes, el oficialismo jugando al desgaste y la comunidad internacional que finge estar ciega, sorda y muda. La misión argentina en Venezuela se ha convertido en un escenario de presión y hostigamiento, mientras la diplomacia, dada a pronunciamientos solemnes y oficios pomposos cuando le conviene, opta por mutismo selectivo y sordera inexplicable.

Los perseguidos políticos están atrapados en un limbo jurídico, mientras las autoridades locales despliegan su creatividad para hacerles la vida imposible sin que, parezca una violación flagrante de los tratados internacionales. 2024 transcurrió entre advertencias diplomáticas sin consecuencias y evasivas calculadas. 2025 inicia con la misma realidad insoportable, el recinto lleva un año acorralado, en clara contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Declaración de Caracas. Hostigamiento, vigilancia constante, un cerco que la convierte en prisión. Y lo más alarmante, un año de silencio internacional.

Hasta la hipocresía diplomática calla

La hipocresía diplomática, que no escatima en cartas protocolares enérgicas y declaraciones grandilocuentes, ha optado por débiles murmullos y frágiles susurros. Son venezolanos los recluidos en la embajada argentina, privados de su derecho al asilo por un régimen que se burla sin recato de la comunidad internacional. Las dictaduras no solo persiguen a sus opositores dentro de su territorio, ahora imponen su voluntad en las delegaciones extranjeras, confiadas que no enfrentarán consecuencias reales.

Este caso es un escándalo que debería sacudir a cualquier cancillería con un mínimo de pundonor por el derecho internacional. Sin embargo, la respuesta ha sido y aún es patética. Tímidos pronunciamientos, declaraciones vacías y ninguna acción concreta.

Inquietantes precedentes

No es la primera vez que una embajada es convertida en un campo de batalla por la impunidad de un régimen.

  • 1979: Irán toma por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán, reteniendo a 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días.
  • 2019: activistas toman la embajada de Venezuela en Washington, lo que generó una respuesta inmediata.
  • 1980: las fuerzas de seguridad británicas intervinieron para liberar a rehenes en la embajada de Irán en Londres tras un asalto de militantes armados.
  • 1996: en Perú, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru asaltó la residencia del embajador japonés en Lima, secuestrando a cientos de personas, lo que desencadenó un operativo militar sin precedentes.

En todos estos casos, la reacción internacional fue inmediata. ¿Por qué ahora el mundo elige callar?

¿Qué hace falta para que este atropello genere una respuesta firme? ¿Cuántos meses más deben pasar para que se reconozca lo evidente? No es un problema diplomático menor ni un incidente aislado. Es la confirmación de que, si el mundo cede ante la arbitrariedad, ilegalidad y atropello, el derecho internacional se reducirá a ficción decorativa.

Silencio obsceno, cómplice

Es hora de que las democracias actúen, exijan justicia y presionen hasta que se entienda que no pueden secuestrar un recinto diplomático sin consecuencias. Cada día que pasa sin respuesta contundente es una rendición. Y lo que está en juego no es solo la vida de los asilados, sino el principio mismo del derecho de asilo. Un año es demasiado. El silencio ya no es solo cobardía; es complicidad.

¿Será que la diplomacia ha descubierto placer en la discreción o hay causas que no merecen atención? El silencio es una forma de tomar partido. El sigilo y la mudez escandaliza, indigna y ofende. Este vergonzoso suceso no puede ni debe convertirse en precedente aceptable. Si se permite sin secuelas, se abre la puerta para que esta práctica se normalice en cualquier rincón del mundo, erosionando principios de la justicia universal y protección de los perseguidos políticos. Lo que hoy se tolera en Venezuela, mañana se replicará en otras latitudes.

La indignación en gotas homeopáticas

Si esto ocurriera en Europa, habrían retirado a los embajadores y la condena sería unánime. Pero cuando la víctima es una nación latinoamericana y el verdugo es un régimen aliado de otros autoritarios, la indignación se administra en dosis homeopáticas, sin que nadie se atreva a llamar las cosas por su nombre.

La embajada argentina, que es territorio inviolable según jurisprudencia reiterada, es convertida en una cárcel sin barrotes. Mientras la dictadura decide quién entra y quién sale, los guardianes de la legalidad internacional apenas pestañean. Argentina se queja, sus aliados susurran, murmurando en voz baja, midiendo cada palabra como si denunciar lo obvio pudiera desatar un cataclismo.

No hay eufemismos, esto es persecución, acoso diplomático. Y lo más grave, que las democracias lo permitan sin más respuesta que una tímida expresión de “preocupación”. ¿De qué sirven convenciones y tratados si quienes los firman lo utilizan como papel higiénico? Si el respeto a la soberanía significa dejar que el abuso se normalice, es hora de reescribir las reglas.

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