El proceso de postulaciones para escoger a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) iniciará el próximo miércoles 28 de octubre, informó el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), este viernes desde el Palacio Federal Legislativo.
Alessandrello, quien fue ratificado en el cargo de presidente del comité durante la instalación de la instancia; resaltó que en la primera reunión de trabajo fue aprobado, por unanimidad, el reglamento de funcionamiento interno y definieron el cronograma de actividades.
La instancia parlamentaria se encargará de seleccionar a los titulares de cargos conexos como la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura.
Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó y juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de la escogencia de los 32 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y sus suplentes, tras aprobar a los 12 representantes de la sociedad civil.
El diputado Alessandrello ha dicho que el listado final para llenar las salas del TSJ estaría listo para la primera semana de diciembre. Al presentar a los integrantes de la sociedad civil, el Consejo de Verificación de Credenciales se incorporará una vez culminada la fase de recepción para chequear, exhaustivamente, la documentación de los aspirantes, aseveró.
Luego de un lapso aproximado de 15 días establecido para las postulaciones y la publicación formal de los nombres, detalló el diputado, se abrirá un período de 15 días continuos para las impugnaciones ciudadanas.
La ponderación del mérito académico y otros criterios específicos se continuarán discutiendo en las próximas reuniones de trabajo, detalló. En cuanto a las pautas de evaluación, se elaborará de manera colectiva un baremo técnico para ponderar el mérito académico, la trayectoria laboral y las aptitudes profesionales de los candidatos.
Todas las actividades, avances y conclusiones del cronograma serán difundidos, periódicamente, para garantizar el control social y el conocimiento de la opinión pública. Recordó que, conforme a lo estipulado en la Constitución de la República, los magistrados titulares actuales no pueden volver a postularse para el mismo cargo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A las puertas de lo que debió haber sido un año escolar con aulas abiertas, la realidad de las parroquias en el oeste de Caracas evidencian un panorama distinto.En Propatria, al menos seis instituciones educativas quedaron marcadas con etiqueta roja a cuatro meses de los sismos, un veredicto técnico que prohíbe el ingreso de alumnos y mantiene las puertas cerradas bajo la advertencia de daños que pueden comprometer a la edificación.
Fuentes ligadas a la comunidad educativa de la zona informan que las pocas escuelas públicas que se mantienen en pie han sido destinadas a atender a los damnificados y afectados por el terremoto. “Están buscándole solución a esas personas para reubicarnos a nosotros mientras el Estado nos repara las escuelas”, afirmó Roxy Portillo, representante de la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas, ubicada en la avenida Principal de Propatria.
Algunos de los planteles afectados son la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco, Escuela Básica Sergio Medina, Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión” y la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas. La Escuela Técnica Industrial “Rafael Vegas” y el Colegio José Gervasio Artigas no prestan servicio como centro educativo, sino como campamento transitorio para los perjudicados por el sismo.
“Por los momentos, nos están mandando las actividades para la casa semanalmente”, expresó Portillo. Asimismo, aseguró que no se encuentran recibiendo clases de forma online, solo le son enviadas las asignaciones a los alumnos para que sean entregadas una semana después en los planteles educativos, lo que -considera- no garantiza un aprendizaje adecuado en los jóvenes.
Los padres de estos estudiantes han mostrado un desacuerdo total con la modalidad de contingencia impuesta por los centros educativos. El 17 de septiembre del 2026, a través de un video difundido en Tiktok por “La Venezolana 100%”, la comunidad educativa del Picón Salas hizo un llamado directo al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidiendo su intervención urgente para rescatar la infraestructura de los institutos afectados.
Ante la falta de respuestas, el pasado seis de octubre del 2026, el descontento escaló a las calles. Representantes y miembros de la comunidad protagonizaron una protesta frente a la institución Gustavo Ledo, tal como documentó en un video el usuario de TikTok “@yubisney.24”. Con pancartas y consignas, exigieron soluciones inmediatas para las instalaciones que no se encuentran óptimas para prestar servicio al público.
Representantes revelaron que esta institución implementó un sistema en el que los alumnos deben acudir tres días (semanalmente) al plantel, pero las actividades pedagógicas siguen siendo estrictamente online.
Adicionalmente, una representante de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión”, ubicado en la calle 12 de Propatria, aseguró que “en la primera inspección el instituto obtuvo una etiqueta roja, mientras que en su segunda inspección realizada el 30 de septiembre informaron que iban a hacer un cambio de etiqueta. Pero, hasta los momentos, no han dado respuestas. Los profesores responsablemente están mandando las tareas vía WhatsApp y después los estudiantes hacen entrega”.
Se intentó contactar a directivos de diversos planteles afectados en Propatria para conocer con mayor detalle la situación estructural y el número de estudiantes afectados, pero la negativa a declarar ha sido constante. Solo se limitan a responder que “no pueden precisar mayor información”. No obstante, una fuente interna vinculada a la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco informó que en esa institución había un aproximado de 1500 estudiantes matriculados que se ven afectados por la situación
La preocupación por un año escolar que no ha arrancado del todo no es un caso aislado en Propatria. El pasado cinco de octubre, el medio digital JunquitoNews difundió un audiovisual denunciando que planteles como la Escuela Básica Bolivariana Sabaneta, Unidad Educativa Nacional Sucre, Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera (que funciona como campamento transitorio), Escuela Carlos Lanz, Escuela Básica Nacional José Antonio Páez y la Unidad Educativa Nacional Augusto Pisuñer también arrastran la misma situación: etiquetas rojas, asistencia limitada a un solo día -lo que, representantes consideran “no es educación”- y preocupación de la comunidad educativa, que insisten en llamados al Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto.
Un trabajo de EFE reseñó que aproximadamente 200 000 niñas, niños y adolescentes quedaron fuera de las aulas después de los terremotos. En declaraciones a la agencia, el director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote Jesús ‘Txuo’ Rodríguez Villarroel, alertó que si los centros educativos no se recuperan de manera urgente, “muchos de esos 200 000 puede que no regresen a su escuela”.
“Con el doblete sísmico que hubo en el mes de junio, las escuelas se vieron lamentablemente más afectadas, porque se terminaron de debilitar las estructuras de los planteles educativos”, aseveró el secretario de Legislación Laboral Contratación y Conflicto del Sindicato Venezolano de Maestros, Raúl Parra, quien suministró información sobre otras zonas de Caracas que están viviendo una situación similar a la que ocurre en Propatria en el ámbito educativo, entre ellas, Antímano y el Paraíso.
Parra concretó que en la parroquia La Vega también hay un “número considerable” de planteles con diversas modalidades de estudio (en su gran mayoría online). Uno de los centros que se encuentra con etiqueta roja es la Escuela Básica Nacional Amanda de Schnell, cuyos alumnos “fueron reubicados en lo que antes era La Escuela Nacional La Vega”, donde dan clases tres horas a la semana (solo los jueves).
La parroquia de Caricuao también es otra de las zonas en donde los sismos golpearon fuertemente a las escuelas. Allí se encuentran 46 instituciones nacionales, cinco distritales, dos autónomas y 14 privadas. 39 de ellas tienen etiquetas amarillas y los estudiantes no están recibiendo clases de forma presencial. Algunos de los planteles deteriorados son la Unidad Educativa Valero Hostos y la Escuela Bolivariana Nacional Maestro Jorge Rodríguez.
En el Paraíso, en el Colegio Bicentenario de Bolívar, los estudiantes no están acudiendo a clases: “Solamente los viernes reciben a los representantes para entregarles y recibir las guías que ellos están preparando”, comentó Parra, quien enfatizó que esta es la realidad que están experimentando la mayoría de los planteles educativos en las ciudades afectadas por los sismos.
“Pero, para el ministro de Educación todo está normal y no es justo. Aparte de que los docentes están sufriendo con su situación de salario y de que no les alcanza el sueldo para sobrevivir, ahora tienen que ir obligados, porque si no a ellos los amenazan con una sanción”, denunció.
Las instituciones del sector privado también resultaron golpeadas y muchas esperan recursos para acometer las reparaciones. El director general del Consejo Educativo, Fausto Romeo Monte, indicó que en el estado La Guaira 11 instituciones privadas sufrieron daños mayores que las dejaron en la ruina. Señaló que el Estado brindó apoyo para la remoción de escombros, pero para la reconstrucción de las edificaciones se requiere el apoyo de organismos como Unicef, ONG o financiamiento privado.
Asimismo, Romeo Monte explicó que los terremotos afectaron la retención de estudiantes en el sector privado. Detalló que las familias viajan a otras ciudades por motivos ajenos a la institución, lo que obliga a los alumnos a acoplarse en otros lugares y planteles.
“Cambio de etiquetas” como solución improvisada
En algunas escuelas de la capital, ante la insistencia de los representantes porque se reparen los planteles y se retomen las actividades presenciales, se han planteado alternativas que podrían poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.
La Unidad Educativa Distrital Curacay de Macarao tiene etiqueta roja. El secretario filial de la Federación Venezolana de Maestros asegura que cercano al día nueve de septiembre, cuando iban a iniciar las clases, “le quisieron cambiar la etiqueta y los representantes se opusieron, debido a las condiciones en las que se encontraba la institución”.
De igual forma, relató que “cuando cambiaron la etiqueta, y la pusieron amarilla, el directivo pretendía atender tres días a la semana a los estudiantes. Los representantes se opusieron y dijeron que en esas condiciones no estaban dadas para eso, por lo que decidieron que las clases fueran vía online”.
Asimismo, un grupo de representantes del Instituto Mariano Picón Salas, ubicado en la avenida principal de Propatria, reveló que el pasado 15 de octubre se celebró una asamblea extraordinaria para discutir posibles soluciones para la reactivación de las actividades escolares. Las autoridades plantearon en el encuentro la realización de una inspección con el propósito de otorgar una “etiqueta verde” que permitiera el retorno a las aulas. Esta solicitud fue rechazada por padres y representantes, quienes alertaron que la infraestructura no se encuentra en buen estado.
Eñ presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Edgar Enrique Machado, informó que en Catia también había instituciones con etiqueta roja en donde había denuncias de que también querían retirarlas sin las debidas reparaciones: “Hemos estado monitoreando esa situación. Y, hasta los momentos, no las han quitado”, precisó Machado.
Cifras inconstantes desde el Estado
Un mes después del doblete sísmico, el gobierno emitió un balance de las estructuras educativas afectadas en el estado La Guaira, en el que detalló que 11 estructuras educativas colapsaron: cinco nacionales, cinco privadas y una estadal. Para esa fecha, de las 226 plantas físicas educativas que había en el estado, solo habían evaluado 167: 101 calificadas como habitables, 49 restringidas y seis en alto riesgo. Posteriormente, no ha habido un balance que presente semejante nivel de detalle precisando cuál es la situación.
La consultora Anova Research, por su parte, estimó en agosto que la afectación educativa en la entidad alcanzaba a 29 150 estudiantes y que al menos 62 colegios presentaban algún tipo de daño. 21 planteles resultaron colapsados o gravemente dañados y 16 de ellos pertenecían al Estado.
El Ministerio de Educación aseguró entretanto el pasado 21 de octubre que 121 infraestructuras educativas en La Guaira habían sido reparadas “integralmente” tras las afectaciones causadas por los eventos sísmicos. Asimismo, informaron sobre la reciente reapertura de la Escuela Básica Nacional El Pardillo, la Unidad Educativa Carmen Felicia Colón, la Unidad Educativa Estadal Jacinto Fombona Pachano y la Escuela Nacional Luis Castro, un conjunto de planteles que habría permitido que 1500 niños retornaran a la educación presencial.
El derecho a la educación es más que volver a clases
A ccuatro meses de los sismos, Carlos Trapani, abogado especialista en Derechos del Niño y coordinador general de Cecodap, propone medir la recuperación educativa más allá del número de escuelas abiertas. La pregunta, insiste, es en qué condiciones están aprendiendo los niños, cuántos días reciben clases, en qué espacios y con cuáles apoyos. “El inicio del año escolar no demuestra, por sí solo, que su derecho a la educación esté garantizado”, advierte.
El caso de la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera, en el kilómetro 12 de El Junquito, ilustra esa diferencia. Al menos 1980 estudiantes recibían clases presenciales un solo día a la semana, distribuidos en tres colegios privados, mientras su plantel continuaba funcionando como alojamiento para familias damnificadas. Los representantes reportaron jornadas de tres o cuatro horas y dificultades para trasladarse. Para Trapani, mantener el vínculo con la escuela no equivale a recibir una educación suficiente. La prolongación de estas condiciones puede provocar pérdidas de aprendizaje, debilitar la relación con el entorno escolar y aumentar el riesgo de abandono. También, deja a los estudiantes sin una rutina y una red de adultos que, especialmente después de una emergencia, pueden ayudarlos a identificar y atender sus necesidades emocionales.
Trapani dijo que aunque el Ministerio de Educación informó el 9 de octubre que más de 120 instituciones educativas estaban siendo rehabilitadas en La Guaira, el anuncio no permite determinar cuántas obras han concluido ni cuántos alumnos siguen sin clases presenciales regulares. Cecodap tampoco identificó en las fuentes oficiales consultadas un registro consolidado que precise cuántas escuelas permanecen sin reparar en Caracas y La Guaira y cuántos estudiantes están fuera de las aulas, reubicados o sometidos a horarios reducidos. Por eso, Trapani reclama información pública por plantel, con evaluaciones técnicas, daños, reparaciones pendientes, presupuesto, responsables y fechas de culminación.
El coordinador general de Cecodap también insiste en que la educación a distancia y las agendas semanales pueden ayudar a mantener el contacto durante una contingencia, pero su efectividad depende de que haya explicación, acompañamiento docente y retroalimentación. Entregar tareas para resolver en casa no garantiza el aprendizaje, y menos aún cuando las familias enfrentan problemas de vivienda, ingresos, electricidad, conexión o transporte. Por otra parte, agregó que la emergencia también tiene consecuencias emocionales: Unicef informó el 5 de octubre que 20 639 niños, adolescentes y cuidadores afectados por los terremotos habían recibido servicios comunitarios de salud mental y apoyo psicosocial. Esa cifra corresponde a personas atendidas, no a estudiantes que permanecen fuera de las aulas.
Sobre los intentos de modificar las etiquetas de riesgo de algunos planteles sin que se hayan realizado las reparaciones necesarias, Trapani advierte que “cambiar una etiqueta no repara una escuela”. Aclara, sin embargo, que una clasificación puede revisarse después de una nueva evaluación técnica y que no toda reclasificación implica una irregularidad. Lo indispensable es que exista un dictamen documentado, elaborado por profesionales competentes, que explique qué espacios son seguros, cuáles restricciones se mantienen y por qué puede autorizarse el retorno. “ Desde Cecodap defendemos un criterio claro: ningún niño debe entrar a un espacio cuya seguridad no esté técnicamente sustentada. Mientras se resuelve el problema, las autoridades deben garantizar una alternativa educativa segura y accesible”, sostiene.
El especialista en Derechos del Niño indicó que cuando una escuela funciona como alojamiento, la solución debe proteger tanto a las familias damnificadas como a su comunidad educativa: “Hace falta proporcionar alojamiento alternativo digno y seguro, recuperar las instalaciones y garantizar una opción educativa durante la transición. La respuesta no puede enfrentar a dos poblaciones que necesitan protección”.
Restablecer el derecho a la educación exige, según Cecodap, un plan público de recuperación con presupuesto, responsables, plazos y seguimiento. Esto supone reparar las escuelas y garantizar servicios básicos, ofrecer espacios temporales accesibles y transporte cuando sea necesario, localizar a quienes todavía no han regresado y recuperar los aprendizajes con apoyo pedagógico y emocional. También implica atender a los docentes, que han sufrido sus propias pérdidas y desplazamientos, y priorizar a los niños pequeños, estudiantes con discapacidad y familias con mayores dificultades para reincorporarse.
Para Trapani, la reconstrucción no puede limitarse a recuperar edificios ni a completar el calendario escolar. Debe garantizar que cada niño vuelva a aprender con seguridad, continuidad y acompañamiento. El derecho a la educación ya enfrentaba obstáculos antes de los sismos, y desde su perspectiva, la fase de la reconstrucción tras la emergencia debe servir para corregirlos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A pesar de que los actores políticos de 1999 bajaron la guardia y le dieron el beneficio de la duda a la entonces emergente revolución bolivariana, apoyada desde Caracas por la embajada norteamericana, el mismo pueblo que la elevó para dar lugar a la inédita experiencia de los autoritarismos competitivos del presente ―reales dictaduras del siglo XXI― nunca perdió su instinto de preservación. Me refiero a la preservación de su libertad, al punto que, incluso en las horas más aciagas y oscuras por este vividas hasta el presente, desde hace 27 años, no ha permitido que ceda su inédita capacidad de resistencia democrática. Esto sorprende a propios y extraños.
He repetido en otras oportunidades lo que me lo dijo Ramón J. Velasquez durante el génesis de este traumático proceso histórico, que hinca sus dientes sobre Venezuela en 1989: “La gente abandonó sus casas y se fue a la calle para no volver”. Lo que, al paso, trae a colación la enseñanza clásica de Jacques Maritain acerca de la democracia y sus antípodas: “Los hombres contaminados por el fascismo y el nazismo han hecho mucho más que mentir: han pervertido la función del lenguaje”. De donde, haciéndose de necesario “un trabajo de purificación”, cabe tener presente que la democracia posee “un sentido mucho más amplio que en los tratados clásicos de la ciencia gubernamental. Primeramente, ante todo, designa una filosofía general de la vida humana y de la vida política, y un estado del espíritu”.
Podría agregarse que la experiencia de la democracia resulta de una clara relación entre el tiempo y el espacio, por ser parte y esencia de la cultura, la cultura de la democracia. Como bien lo explica John Dewey (Democracy and Education, 1916), es esta “una modalidad de vida asociada y de experiencia comunicada”. Las costumbres, los hábitos, las creencias y las relaciones sociales, en efecto, condicionan la existencia y la continuidad de las instituciones democráticas, tal como lo enseña el teórico moderno de dicha experiencia, Alexis de Tocqueville (La democracia en América, 1835–1840).
Siendo así y si entendemos la democracia en los términos antes explicitados ―que desbordan la cuestión de las mayorías y minorías electorales, según lo advierte Norberto Bobbio― al hablar de ella, cuando se lo hace con sinceridad y se dejan de lado las manipulaciones de sus significantes y significados, mal cabe cosificarla como experiencia. Menos imaginarla como un producto susceptible de ser adquirido en el mercado u obsequiado por terceros. La democracia no es una dádiva que pueda prodigarle a la persona humana una casa de agiotistas, menos el tutor que duda sobre la capacidad o preparación de esta para gozar del bien de la libertad.
La democracia es una experiencia personal y de libertad, de discernimiento, de posibilidad como odre colectivo para el ejercicio individual y efectivo de nuestros derechos fundamentales ―de todos y por todos― y para alcanzar la garantía de estos; solo realizable cuando dichos derechos los ejercemos ante los otros y junto a los otros, que no frente a nuestros espejos, como suertes de narcisos. En dos de mis libros abordo esta temática crucial desde ángulos distintos (El derecho a la democracia, 2008, y Relectura de la democracia, 2024).
Entre el poder imperial y la república servil
Tras la circunstancia fatal del 3 de enero de 2026, cuando la Casa Blanca extrae por la fuerza, de forma unilateral, a las dos cabezas de la estructura narcoterrorista y criminal de Estado que se forja en Venezuela ―dos pasos adelante, uno atrás, como lo decía Hugo Chávez Frías― desde el 10 de agosto de 1999 y que USA, tardíamente, descubre como amenaza para la seguridad hemisférica, resulta erróneo deducir de tal hecho un propósito democratizador para beneficio de los venezolanos. ¡Que se hizo para devolvernos y para cuidar de la experiencia de libertad que nos diésemos durante el intersticio histórico que va desde 1959 hasta el 2 de febrero del año previamente mencionado, es agua de borrajas!
Se desprendió, sí, un proceso tutelar que, cambiando de manos y habiéndosele arrancado a los cubanos, rusos, chinos e iraníes promete la estabilización del país para luego seguir ―se afirma― con su recuperación económica, mientras se alcanza una postulada transición a la democracia. Restablecer la experiencia de la democracia no es, cabe decirlo sin ambages, una prioridad para el Departamento de Estado, pues queda sujeta al manejo de las realidades preferentes indicadas. El que se ponga un énfasis sobre este último aspecto y en sus dimensiones formales o institucionales, en el marco de una mesa de diálogo conformada por este a su arbitrio y cuyas partes, ambas, actúan bajo sus dictados, no pasa de ser una simulación.
Acaso pueda interesar esta a los actores políticos más preocupados por rescatar y conservar alguna cuota de poder partidario o preferentemente económico, o ganar espacios de impunidad dentro de la república imaginaria que les ocupa. Su andamiaje represor permanece intacto, acaso retraído, pero en manos de la misma estructura que lo ha venido detentando. De modo que, la reconfiguración de la república con ausencia del único soporte que podría purificarla y sostenerla en pie a mediano plazo, a saber, la nación, es por lo pronto un ejercicio, más que ilegítimo, banal y de perverso sincretismo de laboratorio.
A inicios del siglo XX, no se olvide, Estados Unidos buscó extraer por la fuerza al general Cipriano Castro, luego de su altercado con una empresa concesionaria de asfalto, la New York & Bermudez Co. No obstante, este viajó al exterior por razones de salud, pero luego se le impidió regresar al país. Seguidamente, su vicepresidente, Juan Vicente Gómez, asume el poder respaldado por los acorazados que su canciller solicita de Washington y acto seguido se firman, el 19 de febrero de 1909, los acuerdos con William I. Buchanan, alto comisionado y embajador especial enviado por Washington. Se le abrió senda, así, a las transnacionales estadunidenses e inglesas para la exploración del subsuelo venezolano, bajo contratos asegurados jurídicamente. Gómez muere en el ejercicio dictatorial del poder, en 1935.
Ocurre ahora, por lo demás, un proceso global de redistribución de espacios vitales entre las grandes potencias, tras el quiebre epocal de 1989 y con efectos derogatorios del orden mundial que nos legase la Segunda Gran Guerra del siglo XX, a partir de 1945. Atrás ha quedado el principio ordenador del respeto a la dignidad humana. La energía y las tierras raras: los 17 elementos químicos metálicos esenciales para la tecnología moderna y la transición energética representan esta vez el verdadero eje del poder político y lo preferente para el siglo de la IA que avanza. Tanques y cañones son piezas de museo.
En fin, visto que las amenazas reales a ese cosmos geopolítico emergente son el dominio y sobreposición del crimen trasnacional organizado, la gobernanza digital, o la migración sistémica de poblaciones con sus incidencias sobre la estabilidad social y la misma seguridad de las naciones, el transar sobre estos asuntos por encima del imperio de la libertad sitúa como prioridad geopolítica las alianzas militares y de inteligencia. He allí al Escudo de las Américas.
La resistencia de una nación que se niega a desaparecer
Mas media en el caso de Venezuela un elemento de ponderación que es vertebral a lo anterior y al conjunto de los desafíos que habrá de asumir la nación. Puede ser, probablemente, el ariete que le facilite catapultar la experiencia de una democracia no tutelada. Aquel no es otro que la fractura ocurrida en la columna vertebral, en la piedra angular de la república, fijada, esta, a raíz de una desviación histórica de factura bolivariana desde 1812, a saber, el dominio de lo militar, de las espadas.
Los militares han sido la instancia última de preservación institucional bajo la república militar y durante la república civil de partidos. Tanto es así que, Marco Tulio Bruni Celli, ilustre venezolano, en su libro El 24 de noviembre de 1948 (2021) escribe que “el mundo político-civil venezolano está obligado a reconocer, con propósitos de futura corrección, que hubo evidente y exagerada complacencia y hasta debilidad frente a las demandas y presiones indebidas, y en el reparto y entrega de las cuotas de poder exigidas por los militares a lo largo la historia, incluyendo las últimas cuatro décadas de democracia”.
Pues bien, el asunto es que los componentes militares dejaron de existir, paulatinamente, tras los hechos del 11 de abril de 2002, cuando sus fisuras anteriores ―las citadas complacencias, los amagos de golpes de los años 1983 y 1988, el juramento ante el Samán de Guere y la Noche de los Tanques respectivamente, los golpes militares de 1989― y el mismo fracaso en la deposición de Chávez Frías tras la masacre de Miraflores, los reveló ineficaces, prescindibles, irrelevantes.
En la actualidad, como lo confirman los mismos hechos del 3 de enero y el sucesivo doble terremoto del 24 de junio siguiente, los soldados venezolanos carecen de la fuerza histórica que los acompañó, sea para instalar como para derrocar gobiernos. Ha llegado a su final la elipse del dominio castrense inaugurado por Bolívar, tamizado por la república de José Antonio Páez, y exacerbado durante los largos gobiernos de Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, y Marcos Pérez Jiménez. Decir esto no es desatino o impertinencia sino la formulación de una tesis contrastada con la experiencia.
La homologación de los suboficiales técnicos con los oficiales profesionales, el sucesivo ascenso en masa de los militares rezagados en el historial de méritos de las academias, la transformación de los componentes tradicionales en una red celular e invertebrada ―regiones, zonas y áreas de defensa integral― y por lo demás desarmada, de suyo acabó con la pirámide institucional de la Fuerza Armada. Se la pulverizó y corrompió por consejo de La Habana y de sus comisarios. El desplazamiento de los uniformados hacia otras actividades preferentemente ilícitas, dentro del campo económico y de tráfico de bienes, los llevó a perder el control del monopolio de las armas que estos habían detentado en nombre de la república y para su defensa.
Carece Venezuela, en suma, de soportes de poder susceptibles de hacer valer su soberanía territorial. Por lo mismo, se la viene rematando en pública almoneda, sin que se escuche siquiera un disparo de salva en algún rincón del cuero seco que resume, metafóricamente, a lo que fue el asiento histórico de la nación y sus poderes constituidos.
Ante un ejército desarmado y neutralizado de 2000 generales con guerreras ocultas por las condecoraciones que ganaron en sus quijotescas e imaginarias guerras, sin tropas a las que mandar, sobrevino como sustituto y en el vacío, eso sí, una red paramilitar y narcocriminal bajo las órdenes de cada plagiario o raptor de la república para el ajuste de sus cuentas personales y sostenerse a través del miedo, la práctica de actos de tortura o la privación de libertad de todo aquel que le sirva para satisfacer su sevicia.
La única realidad que sobrevive en Venezuela, en suma, es su gente de a pie, las víctimas del terremoto, los carentes de electricidad, los presos políticos y sus familiares, las familias despedazadas por la diáspora. Y lo relevante es que quienes rematan o reconfiguran la república bajo dictado ajeno, les temen a esas gentes, a la nación que estas forman. Les sobrecoge el liderazgo de María Corina Machado, y por ello hacen caso omiso del custodio de la voluntad popular, Edmundo González Urrutia.
Lo que se palpa, en desafío de quienes asumen erróneamente que sus libertades pronto llegarán sobre el trineo de Santa Claus y bajo instrucciones de Washington, es que la resistencia democrática de los venezolanos ha forjado lo que se llama el sentimiento nacional y su voluntad, que es irrevocable. La democracia, decía Octavio Paz (Itinerario, 1993), “no es una dádiva, ni puede concederse; es menester que la gente, por sí misma y a través de la acción, la encuentre y, en cada caso, la invente“.
Desde que comenzó el año, las puertas del Centro de Arte La Estancia de Caracas permanecen cerradas. El público dejó de tener acceso a sus 10 hectáreas de jardines verdes y árboles monumentales y a aquella casona del siglo XVIII con caballerizas y patio de secado de café, que se había mantenido como espacio para conciertos y exposiciones. Hoy, sus instalaciones están reservadas a las actividades de la presidencia interina de Venezuela, que cuenta con el aval de Donald Trump. Delcy Rodríguez la convirtió en su Miraflores del este desde que asumió el cargo y, por eso, varios de sus actos televisados y sus videos en redes sociales tienen como sede el otrora espacio cultural que se le quitó a la capital venezolana.
El último acto público que sucedió en La Estancia fue el sábado 13 de diciembre de 2025. En su cuenta de Instagram, se reseñó un concierto navideño de los Niños Cantores de Venezuela y la Agrupación Afrovenezolana Núcleo Chacao del Sistema de Orquestas que despidió la agenda del mes. Desde entonces, su fachada casi pasa desapercibida en medio del paisaje urbano de la avenida Francisco de Miranda. El muro que la rodea, y que mostraba en colores la programación de cada mes, ahora está pintado de blanco, mientras que el portón principal negro, permanece clausurado.
Reseña del último concierto en La Estancia. Foto: Captura de pantalla del Instagram Pdvsa La Estancia
A los lados de esa entrada tampoco hay rastro de las letras en relieve que identificaban el lugar como PDVSA La Estancia, ni del pendón que exhibía las normas del espacio, ni de las señaléticas de prohibición sobre el uso de armas o que lo declaraba un lugar libre de humo. Todo deja claro que el nuevo despacho de Rodríguez no es provisional, ni que responde a una medida de seguridad posterremotos. Allí recibe desde a sus ministros como a miembros de la diplomacia, mientras se detiene a acariciar venados.
Las modificaciones al lugar comenzaron desde enero, poco después de que las fuerzas estadounidenses bombardearon Caracas y se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores rumbo a una cárcel en Nueva York. De eso supieron los vecinos de la urbanización La Floresta, donde está el lugar, porque los ruidos de las remodelaciones los atormentaron mientras dormían.
“Ellos toman posesión del espacio, lo trancan, y empezamos a ver los vecinos, con asombro, que estaban haciendo edificaciones”, aseguró *Magaly, una habitante de La Floresta que vive allí desde hace varios años.
La vecina recalcó que las construcciones se hacían de madrugada. “Se oían martillos, camiones, sacaron árboles, y las edificaciones tú las puedes ver en la avenida principal de La Floresta (…) Los vecinos han sido perjudicados de una manera insólita. Cuando las autoridades están aquí, en reuniones, están todas las policías… Hombres vestidos de negro, enmascarados, con fusiles. La paz de La Floresta se ha terminado”, subrayó Magaly.
Imágenes satelitales de Google Earth, extraídas y comparadas por Runrun.es, muestran cómo ha cambiado el lugar. Las modificaciones incluyen una renovada pista o caminería que fue ampliada y atraviesa toda la propiedad, la eliminación de árboles, el reemplazo de techos de la casona y una nueva construcción techada en la zona noroeste de La Estancia.
En la gráfica siguiente se aprecia que, en la imagen de 2026 (área superior izquierda), hay una nueva construcción de techo de tejas hacia la zona noroeste de La Estancia. Justo al lado derecho del tejado, en el lado superior de la foto, en lugar de un jardín con figuras geométricas hay una placa gris. El tejado blanco de 2024, también en el centro, desaparece en la gráfica de este año. Más abajo de este se ve una franja blanca vertical que conecta con la casona y se extiende hacia el lado derecho. Esa es la nueva caminería.
Aunque no gozaba del mismo verdor, las imágenes satelitales apuntan que la jardinera ubicada hacia la entrada de la avenida Francisco de Miranda fue eliminada. Foto: Facebook Gran Caracas Venezuela (2011)
En la parte sur del otrora centro cultural se ve el inicio de la nueva caminería desde el estacionamiento (a la izquierda de la fotografía), que conduce a la casona y atraviesa todo el lugar. Aunque ya existían tramos de esta, sus materiales no son los mismos: se reemplazó la laja grafito por un piso liso y blanco. También se eliminaron árboles (parte inferior izquierda) que colindaban con el muro externo que da hacia la avenida Santa Ana.
La caminería de laja fue reemplazada por una más amplia y larga hecha de un material liso y blanco. Foto: Facebook Gran Caracas Venezuela (2011)
En la casona hubo cambios en los techos que, de blancos, pasaron a tener tejas. También se observa continuación de la nueva caminería (lado superior derechos de la casona), para lo cual se eliminaron árboles. Eso mismo sucedió en la parte del frente de la casona (parte superior de la imagen de 2026), donde la caminería fue ampliada y despejada de ramas.
Fusiles, camionetas y excrementos
Fuera de los muros de La Estancia también han cambiado las cosas. En septiembre, un hombre vestido completamente de negro, y distraído con su teléfono, escoltaba el acceso trasero del centro cultural que conecta con la avenida Santa Ana de la urbanización La Floresta. En los alrededores de la zona, conos anaranjados delimitan el espacio para aparcar lujosas camionetas.
Ciudadanos que circulan y hacen vida en La Floresta comentaron a Runrun.es que, desde hace meses, en ese sector hay más presencia de policías y funcionarios de seguridad, así como restricciones para estacionar los vehículos en la calle. *Pedro, quien frecuenta el vecindario, afirmó que a mediados de año, mientras iba en su carro, se orilló para atender una llamada telefónica y de inmediato se le acercaron unos uniformados para preguntarle qué hacía allí.
“En estos días hicieron una primera comunión y como la gente no se puede estacionar cerca tuvieron que contratar un servicio de valet parking para que estacionaran en otro lado y los invitados pudieran llegar a la celebración”, contó.
Pedro dijo que vecinos de la zona se quejan de que el personal de seguridad del nuevo “palacio presidencial” hace sus necesidades en la calle. “Les pusieron unos pipotes para que echaran la basura ahí y no la echan… Son unos malandros”, sentenció.
Esa actitud motivó a algunos residentes a poner carteles para prohibir que se orine en la zona, pero los funcionarios los retiraron. Pedro recordó que la asociación de vecinos solía ser muy estricta con las normas de convivencia, pero que con ellos “son súper dóciles”.
Magaly, vecina del lugar, confirmó esa información. “Cuando están despachando desde ahí las autoridades encargadas, y viene ese contingente, en las calles se hacen pipí (…) Ellos están estacionados con los motores prendidos 24 horas y, cuando se van, la calle queda vacía, pero con orina, excremento, botellas”, afirmó la mujer. Aunque se ha reclamado la situación, no hay respuesta de las autoridades locales. Propuso que en el estacionamiento del Ministerio de Turismo (al lado de La Estancia) habiliten baños para que los funcionarios puedan ir hasta allí.
La situación afectó incluso a los pacientes que acuden al Instituto Médico La Floresta. “La clínica tiene un estacionamiento microscópico, la normalidad es que la gente de la clínica se estacione en los alrededores. Entonces ahora no te puedes estacionar por ahí, tienes que estacionar más lejos… Es un problema para los conductores, la gente que trabaja o va a la clínica. La gente que visita a los vecinos de la zona no se puede parar por ahí”, relató Pedro.
Magaly reforzó la afirmación. “Nadie, ni una emergencia, aunque alguien llegue muriéndose no se puede estacionar para dejar un paciente”, añadió. “Te contestan ‘esta es una zona de seguridad y aquí no se puede estacionar nadie’”. Según la vecina, la Alcaldía de Chacao dijo que no habían sido notificados sobre estos cambios en La Estancia.
Pedro agregó que quienes viven en la zona tienen miedo porque piensan que pudieran tener los teléfonos “pinchados” (intervenidos).
Adiós, centro cultural
Las reseñas de Pdvsa Centro de Arte La Estancia en Tripadvisor, sitio web que recomienda lugares para visitar en todo el mundo, lo califican con 4.4/5 puntos. Varios visitantes lo describen como un “oasis citadino” y valoran la belleza de sus áreas verdes.
“De los mejores jardines para visitar en Caracas (…) mantienen la movida artística de la ciudad con conciertos semanales y exposiciones de arte, esculturas, fotografías y pinturas en las que se puede recrear la vista y alegrar el alma ante la vista de tan hermosos jardines”, comentó el usuario Luis Roa. “Un sitio único y agradable en medio de la ciudad, solamente con entrar ya te sientes en otro lugar y sientes esa tranquilidad, relajación y una fresca brisa. Y no pueden faltar los pavos reales que están por ahí paseando que son hermosos”, acotó Elvis Guerrero en el mismo site.
La cartelera de La Estancia ofrecía de forma constante muestras escénicas de las tradiciones venezolanas. Eventos como el Carnaval, el Velorio de la Cruz de Mayo, los bailes en honor a San Antonio de Padua y San Pedro y las parrandas navideñas, eran parte de la programación cada año. Además, varias organizaciones ofrecían allí actividades gratuitas y al aire libre.
Una de estos grupos es la Universidad del Adulto Mayor en Venezuela (UNI3 Venezuela), que ofrece espacios de crecimiento y aprendizaje para la población de tercera edad en sitios como el parque del Este o el Parque Los Caobos. Su presidenta, Gladys Pérez, dijo a Runrun.es vía telefónica que dejó de hacer actividades en La Estancia porque el lugar estaba en remodelación desde 2025. Apuntó que, según lo que sabe, el proceso “va para largo”, aunque no tiene claro qué harán en ese lugar.
El perfil de Uni3 Venezuela indica que ofrecen talleres en La Estancia aunque durante este año no han hecho actividades allí. Foto: Captura de pantalla en Instagram
Otra de las actividades que se desarrollaba desde hace décadas en La Estancia eran las clases de yoga de Susana Ferrer. Al consultarle, vía WhatsApp, si continuaba con sus sesiones en el lugar, respondió: “La Estancia fue cerrada al público en enero de este año. Yo sigo dando clases en el parque del Este”.
En los años 50, debido a las presiones del crecimiento de la ciudad, los Sosa cedieron la mayor parte de los terrenos a la construcción de la urbanización La Floresta, pero se quedaron a cargo de la casona colonial de la hacienda y de sus jardines. A partir de allí, el lugar es conocido como La Estancia La Floresta.
Los Sosa vendieron este espacio a Pdvsa en 1988 y, aunque la petrolera tenía proyectado construir allí su nueva sede, con un gran edificio y un helipuerto, los vecinos de La Floresta se opusieron. Impulsaron una ordenanza para las Áreas en Estudio Especial en la cual se incluyó a La Estancia La Floresta, con la idea de preservar la casona del siglo XVIII.
Los jardines de La Estancia en su esplendor. Foto: Facebook Gran Caracas Venezuela (2011)
Posteriormente, la compañía encargó la restauración de la casona al arquitecto Ramón Paolini, con la intención de convertirla en un hospedaje especial para los visitantes más ilustres de la industria. Pero, en medio de las remodelaciones, Pdvsa accedió a convertir la propiedad en un centro cultural.
Una fuente que participó en el movimiento vecinal de la época contó a Runrun.es que, tras la aprobación de la ordenanza, los vecinos se reunieron con la directiva de Pdvsa para proponerle la creación de un espacio para conciertos y exposiciones en La Estancia, sin tocar la casona, y mantener los jardines para el disfrute de los caraqueños. “Así se logró lo de La Estancia. Y logramos luego que la decretaran Monumento Histórico de la Nación (15 de octubre de 1990). Fue un logro maravilloso. Para nosotros es un punto de honor sus árboles”, rememoró el entrevistado.
La Fundación Arquitectura y Ciudad detalló que en 1993 comenzó a impulsarse la idea de que La Estancia fuese un centro de arte dedicado al diseño gráfico, industrial y a la fotografía. Dos años más tarde abrió sus puertas bajo esa premisa, con innovadoras exposiciones que permitieron la fusión entre la antigüedad de la casona con las obras y objetos vanguardistas que se exhibieron.
Con la llegada del chavismo, el lugar pasó a albergar piezas del acervo cultural y representaciones de las tradiciones venezolanas. En 2005, se declaró a La Estancia como Bien Cultural de la Nación, por considerarse testimonio arquitectónico de la producción cafetalera de los siglos XVIII y XIX.
Pero a Delcy Rodríguez parece que la historia del lugar no le importó demasiado. Desde que tomó el lugar, no se ha dado explicación oficial alguna del por qué despacha desde allí. La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que rige sobre los Monumentos Históricos y Bienes Culturales de la Nación como La Estancia, establece es sus artículos 16 y 21 y 23 que solo el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) puede aprobar cualquier tipo de restauración o construcción que se haga en este espacio. Runrun.es envió una solicitud de información al IPC sobre este asunto, vía correo electrónico y a través de su perfil de Instagram, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no había sido respondida.
Los vecinos de La Floresta también han preguntado a las autoridades sobre estos cambios en La Estancia. “Nos dirigimos al Patrimonio Histórico de la Nación y nos dijeron que no tenían conocimiento de eso. Eso se convierte en un gran misterio pero siguen las edificaciones. Por las redes sociales nos enteramos de que la presidenta encargada está despachando varios días desde aquí. De hecho, vemos que el representante de los Estados Unidos viene a las conversaciones con la presidenta encargada. Los vemos paseando por La Estancia, tocando un venadito”, dijo una fuente vinculada al movimiento vecinal.
Aunque la institución responsable de La Estancia es Pdvsa, la Ley también indica en su artículo 43 que, tanto gobernaciones (la de Miranda) como municipalidades (como Chacao), podrían establecer servicios de protección y defensa de los bienes ubicados en sus territorios y también podrían destinar medidas para salvaguardarlos. Sin embargo, los vecinos de La Floresta dijeron que las autoridades locales les comunicaron no estar al tanto de las modificaciones del centro de arte. La Alcaldía de Chacao tampoco respondió a este medio sobre este tema cuando se le pidió información vía Whatsapp a su equipo de prensa.
“Lo que nos preocupa no es quién la ocupa. Es que no la han debido ocupar porque eso es un monumento histórico. Eso es un área para la ciudad de Caracas, que ya tiene pocos parques, pocas áreas verdes”, reclamó Magaly.
El criminólogo y abogado penalista Luis Izquiel considera que la eliminación de las alcabalas urbanas, anunciada verbalmente, no constituye una solución de fondo a los problemas de corrupción y extorsión atribuidos a funcionarios policiales.
A su juicio, la medida carece de respaldo legal conocido y podría revertirse en cualquier momento.
Izquiel advirtió también a Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que los puntos de control ubicados en las carreteras permanecen fuera del alcance de esa medida y que no está claro si la eliminación de las alcabalas se cumple en todas las ciudades del país.
Para el especialista, retirar estos puntos de control no garantiza que desaparezcan las prácticas irregulares, en vista que los funcionarios señalados de cometer delitos podrían ser reasignados a otras tareas sin que exista una depuración institucional.
“La solución es una depuración profunda de los cuerpos de policía, que en el corto plazo, pareciera no estar en agenda en Venezuela del gobierno venezolano”, sostuvo.
Funcionarios vinculados con delitos
Izquiel cuestionó los mecanismos de selección y supervisión de los cuerpos policiales, en particular de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Recordó que la legislación establece como requisito para ejercer funciones policiales no tener antecedentes penales, por lo que considera contradictorio que se recurra a revisiones posteriores para detectar posibles irregularidades.
Batiz mencionó el caso de Cristian Hernández, quien se desempeñó como comisionado antidrogas de la PNB en Anzoátegui y posteriormente fue trasladado a Caracas. Según el periodista Hernández fue vinculado con una investigación por narcotráfico relacionada con alcaldes del estado Zulia.
“Este es uno de los puntos principales problema en la policía, la falta de filtros para ingresar a los cuerpos de policía», afirmó Izquel.
Cantidad sobre la calidad
El abogado penalista sostuvo que el crecimiento de los cuerpos policiales durante los gobiernos de Nicolás Maduro estuvo marcado por una política de incorporación masiva de funcionarios, sin garantías suficientes sobre sus capacidades y antecedentes.
Según sus estimaciones, la PNB podría contar actualmente con unos 80 000 funcionarios, mientras que el total de efectivos policiales en Venezuela rondaría los 15 0000.
Izquiel señaló que el incremento de la nómina policial se hizo especialmente visible a partir de 2012 y que esta expansión no estuvo acompañada de una mejora equivalente en los mecanismos de selección y control.
“Se prefirió la masificación a la calidad”, sentenció.
Ausencia de cifras dificulta conocer criminalidad real
Izquiel advirtió que Venezuela atraviesa un prolongado período de opacidad en materia de estadísticas delictivas. Aseguró que las autoridades no ofrecen información suficiente para conocer la evolución de delitos como robos, secuestros y extorsiones, mientras que las cifras divulgadas sobre algunas reducciones generan dudas.
El criminólogo distinguió entre la criminalidad real, la registrada por las instituciones y la cifra negra u oculta, que comprende los delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades.
“Aquí hay un oscurantismo total desde hace muchísimos años con el tema de las cifras criminales”, afirmó.
También señaló que las encuestas de victimización, útiles para estimar los delitos que no se denuncian, no se realizan en el país desde 2009.
El criminólogo indicó que la desconfianza hacia los cuerpos policiales, la Fiscalía y el sistema de justicia contribuye a que muchas víctimas no acudan a las autoridades.
Control social
Izquiel planteó que el crecimiento de los efectivos policiales durante el gobierno de Maduro pudo responder, además de las necesidades de seguridad, a una estrategia de control social.
En su análisis, la expansión de la PNB no estuvo acompañada de una separación efectiva entre las funciones civiles y militares.
Señaló que distintos responsables de organismos policiales han sido militares activos o retirados, pese al carácter civil que establece la legislación del servicio de policía.
También recordó que las policías estadales de cinco gobernaciones ganadas por la oposición fueron intervenidas después de elecciones.
Crimen organizado puede obstaculizar inversiones
Izquiel advirtió que la presencia de organizaciones criminales en zonas estratégicas del país puede dificultar la llegada de capital extranjero, especialmente en los sectores petrolero y minero.
Mencionó el estado Bolívar, donde persisten grupos delictivos vinculados con la explotación minera ilegal, y el Zulia, donde señaló la presencia de bandas dedicadas a la extorsión y otras actividades criminales.
A propósito de la operación en Bolívar en la que fue abatido Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, indicó que algunos interpretaron el hecho como un posible paso previo a la reorganización de zonas mineras para futuras inversiones.
Sin embargo, advirtió que la presencia de otras bandas y grupos armados sigue representando un obstáculo.
“Eso tiene que ser controlado para que esas inversiones puedan venir acá y fluir sin inconvenientes”, sostuvo.
Posible retorno de migrantes plantea nuevos desafíos
Aunque cuestionó la confiabilidad de las estadísticas oficiales, Izquiel consideró que la criminalidad ha disminuido en los últimos años. A su juicio, entre los factores que podrían explicar esa tendencia, mencionó la migración venezolana, especialmente la salida de jóvenes de sectores populares.
El especialista advirtió que un eventual retorno de parte de esa población debería ser considerado por las autoridades al diseñar políticas de prevención, debido a la concentración de víctimas y victimarios de determinados delitos violentos en ese grupo demográfico.
Izquiel sostuvo que una transformación efectiva requiere mucho más que retirar alcabalas o aumentar el número de policías.
A su juicio, debe incluir la reestructuración de los cuerpos policiales, el Ministerio Público, los tribunales y las cárceles, además de políticas sociales orientadas a prevenir el delito.
También advirtió sobre las condiciones laborales y salariales de los funcionarios policiales, son poco favorables para atraer personal honesto y capacitado.
“Ninguna organización criminal puede contra un gobierno, contra un Estado decidido a ponerle fin a su actividad criminal”, afirmó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves, 23 de octubre, la designación de las 12 personas de la Sociedad Civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de desarrollar el proceso de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El grupo está integrado por médicos psiquiatras, politólogos, defensores de derechos humanos y juristas de dilatada trayectoria. Los mismos tendrán la responsabilidad de filtrar, evaluar y definir a los candidatos que ocuparán las sillas del TSJ, según el artículo 270 de la Constitución
A continuación revelamos las trayectorias, credenciales y rostros de quienes prometen rediseñar el mapa judicial venezolano.
Juan Domingo Alfonzo Paradisi
Es abogado especializado en materia de derecho administrativo. Postulado por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (Aveda). Alfonzo Paradisi es director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, director de la Cámara Venezolano-Británica de Comercio (Britcham), de la cual fue presidente de su Comité Legal durante el 2016; expresidente de la Cámara Venezolano-Colombiana (Cavecol) durante el período 2019-2021 y miembro del Consejo Consultivo, Árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (Cedca).
No se hallaron los vínculos políticos del abogado. No milita para el principal partido oficialista, según Transparencia Venezuela.
Rosmely del Valle Flores Parras
Es activista de derechos humanos en el ámbito de la neurodivergencia, comunicadora social y abogada. Ya fue antes designada integrante del Comité de Postulaciones Electorales 2023 en la AN de corte oficialista mediante Acuerdo de la Asamblea Nacional del 29 de junio de 2023, publicado en la Gaceta Oficial n.º 42.662 del 30/06/2023, en calidad de ciudadana.
Flores Parras es integrante del “Movimiento Azul” y respaldada por Mi Mundo Neurodivergente y mujeres de Miranda. De acuerdo con Transparencia Internacional, trabajó en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales desde el 27/06/2006y en la Asamblea Nacional desde el 29/03/2023 hasta el 31/12/2025, por lo que la clasifican como una de las integrantes que ha tenido vinculación con el oficialismo.
Clara Inés Casanova de Valecillos
Es abogada, especialista en Ciencia Penales, Criminalísticas y Derecho Procesal. Fue jueza en el estado Trujillo entre 1970 y 2000. Postulada por la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela. No aparece vinculada a ninguna organización política.
María Luisa Chacón de Aldana
Médica psiquiatra, docente y jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas desde el año 2017, postulada por la Asociación de Psiquiatría Venezolana. Es vicepresidenta de la Fundación Venezolana para el Avance de la Psicología de la Salud (Funvepssa).
En su perfil en Linkedin indica que es médico especialista en Psiquiatría en el Instituto Nacional de los servicios sociales (INASS GERIATRICO- Aragua) desde enero de 2012 y también detalla que trabaja en la Fundación Dr. Salvador Allende desde el 01/10/202
Nancy Clara Castro de Navarro
Se desempeña como especialista en Ciencias Penales. Es magíster en Instituciones Financieras y Derecho Bancario. Postulada por iniciativa propia, pero cuenta con el respaldo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que la distinguió por su “compromiso institucional, rigor académico, probidad y vocación de servicio”. Fue fiscal del Ministerio Público, antes y después de 1999.
El sitio web Macedonia del Norte indica que fue fiscal del Ministerio Público, antes y después de 1999 y que trabajó en la jurisdicción disciplinaria judicial (tribunal disciplinario de jueces). Se conoció que su postulación fue por iniciativa propia.
Mairim Girlens Ramos
Abogada litigante de libre ejercicio y jueza de protección de niños, niñas y adolescentes, postulada por iniciativa propia. En 2004 ejerció como jefa del servicio revisor en la Notaría Pública Primera del estado Vargas. Es también especialista en Derecho Laboral, Gerencia Municipal y Derecho Procesal Civil.
Abogada con especialización en docencia universitaria y ciencias penales, con actividad pedagógica en el área de las ciencias jurídicas. Postulada por iniciativa propia.
En los archivos históricos del TSJ se pudo encontrar un recurso contencioso electoral relacionado con la Caja de Ahorros del Personal del Ministerio Público, en el quePazos Grau figuró como parte recurrente y solicitante de pronunciamientos en causas que buscaban dirimir la legalidad de los comicios internos de dicha organización corporativa.
En otros expedientes del TSJ en los que figura su nombre entre los año 2010 y 2011 reflejan que su presencia se limitó al ejercicio del derecho procesal, interponiendo solicitudes de copias certificadas y peticiones de pronunciamiento oportuno en casos relacionados con la transparencia de elecciones internas de carácter civil y laboral.
Raquel Yadxani Sánchez Carrero
Es abogada con una maestría en Ciencias Jurídicas. Actualmente es coordinadora de la ONG Foro Penal en el estado Táchira. Ha denunciado hostigamiento y agresiones por su trabajo de defensa de los derechos humanos.
La revisión de fuentes no halló vínculos políticos de la coordinadora de la ONG Foro Penal.
Mauro Manuel Herrera Gutiérrez
Médico cardiólogo e intensivista, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Vargas, postulado por la Sociedad Médica del Urológico San Román. Herrera Gutiérrez (nacido el 21 de enero de 1955) y egresado en 1980 de la Universidad de los Andes (ULA) cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el sistema de salud venezolano y una sólida formación académica internacional.
Es abogado, fue el mejor promedio de su promoción de la Universidad Central de Venezuela, de la que sigue siendo profesor de Derecho Penal, Introducción al Derecho y Práctica Jurídica III (el proceso penal).
Fue juez de control en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y dirige la firma de abogados Pérez Negrón & Asociados. De acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas, en octubre de 2018, ingresó a la nómina de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Es especialista en Derecho Procesal, Ciencias Penales y Criminalística y cuenta con estudios de cuarto nivel avanzados (incluyendo estudios de doctorado) en Derecho Procesal Constitucional, además de poseer un Máster en Terrorismo y Corrupción.
En su perfil en Instagram se registran publicaciones de eventos en el Concejo Municipal Bolivariano de Libertador en los que ha participado como ponente, asì como también en distintos espacios universitarios y académicos.
Es politólogo, decano de la Universidad Metropolitana y doctor en Ciencias Políticas. Egresado de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Participó como suplente de la Comisión Nacional de Primarias de la oposición.
La investigación realizada por la ONG Transparencia Venezuela no halló vínculos políticos.
Guillermo José Guzmán Mirabal
Es historiador y abogado. Postulado por la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en Ciencias de la Administración por Boston University. Es fundador de la Red Historia Venezuela. Transparencia Venezuela, en una revisión de fuentes, no halló vínculos políticos.
Sobre la postulación de estas personas no se detallaron los criterios de selección. La página web de Trasparencia Venezuela, en un apartado especial sobre los miembros que se postularon, arrojó que solo dos de los 12 miembros tienen o tuvieron actividades ligadas al oficialismo.
Cabe destacar que, hasta el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el cronograma de trabajo del comité, las próximas etapas del proceso ni la fecha prevista para la eventual selección de los candidatos a magistrados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este es el primero de una serie de artículos derivados de mi reciente libro, Foreign Petroleum Companies and National Development in Venezuela, 1936–76 (*), en los que exploraré algunas de las lecciones que dejó la larga experiencia concesionaria de la industria petrolera venezolana y cómo pueden ayudarnos a pensar el regreso de la inversión privada y extranjera al sector. Se trata de identificar problemas que empresas, trabajadores y el Estado ya enfrentaron anteriormente y preguntarnos qué puede aprenderse de aquella experiencia.
La primera de esas lecciones tiene que ver con algo que trasciende contratos, impuestos y barriles producidos: la legitimidad necesaria para permanecer durante décadas en un país.
Venezuela vuelve a atraer compañías extranjeras hacia su industria petrolera. Nuevos contratos y planes de inversión sugieren que la pregunta ya no es solamente si habrá capital dispuesto a entrar al país, sino qué condiciones permitirán que esas inversiones prosperen y permanezcan durante décadas.
Una parte importante del desafío será física. La industria necesita recuperar pozos, reparar tuberías, rehabilitar instalaciones, garantizar electricidad confiable y mejorar carreteras y otras infraestructuras indispensables para aumentar la producción.
A diferencia de las empresas que llegaron hace casi un siglo, muchas de las compañías actuales no tendrán que construir desde cero. Venezuela ya posee una extensa infraestructura petrolera y eléctrica desarrollada durante generaciones. El problema es que parte de ella se encuentra envejecida, inoperativa o severamente deteriorada después de años de insuficiente inversión y mantenimiento.
Buena parte de la reconstrucción consistirá, por tanto, en recuperar lo que ya existe.
Esto plantea una pregunta que las compañías extranjeras ya tuvieron que responder durante el siglo XX: si una empresa necesita invertir en infraestructura para garantizar su propia operación, ¿puede utilizar parte de esa inversión para producir también beneficios económicos y sociales alrededor de ella?
La respuesta histórica de compañías como Creole Petroleum Corporation, Shell y Gulf terminó siendo afirmativa.
De producir petróleo a formar parte del país
Las primeras grandes compañías petroleras llegaron a regiones venezolanas donde carreteras, electricidad, agua potable y otros servicios eran escasos o inexistentes. Inicialmente, buena parte de la infraestructura que construyeron perseguía objetivos estrictamente operacionales: comunicar los campos, movilizar trabajadores, abastecer campamentos y garantizar el funcionamiento de las instalaciones.
Con el tiempo, algunos ejecutivos comenzaron a comprender que la frontera entre una inversión útil para la compañía y otra útil para la sociedad podía ser mucho menos rígida.
En 1939, por ejemplo, Standard Oil of Venezuela impulsó proyectos de carreteras asfaltadas hacia centros agrícolas del oriente del país. La lógica no se limitaba al transporte petrolero. Mejores vías podían conectar productores con mercados, estimular la producción agrícola y contribuir a reducir el costo de los alimentos en ciudades y campos petroleros. La compañía complementó estas iniciativas con asistencia técnica a agricultores y proyectos para mejorar la producción ganadera.
Las compañías participaron en proyectos relacionados con vialidad, agua y electricidad, aumentaron sus compras a proveedores venezolanos y financiaron iniciativas educativas, culturales y científicas. Sus empleados también se involucraron en cámaras de comercio, organizaciones cívicas y actividades comunitarias.
La empresa petrolera comenzaba a dejar de concebirse como un enclave dedicado únicamente a extraer un recurso para intentar convertirse en un actor integrado a la sociedad donde operaba. Ese cambio no ocurrió por altruismo ni espontáneamente.
Cuando el contrato dejó de ser suficiente
Durante los años treinta, muchas compañías estadounidenses y británicas confiaban fundamentalmente en sus contratos para proteger sus inversiones. La experiencia latinoamericana demostró los límites de esa estrategia.
Bolivia nacionalizó activos de Standard Oil en 1937. Un año después, México expropió su industria petrolera tras un prolongado conflicto entre compañías, trabajadores y Estado. En Venezuela, la huelga petrolera de 1936–1937 había revelado reclamos por salarios, vivienda, atención médica y oportunidades de progreso profesional.
La lección era incómoda: poseer una concesión jurídicamente válida no garantizaba la aceptación social ni la supervivencia política de una inversión. El dilema apareció con especial claridad durante las negociaciones que condujeron a la Ley de Hidrocarburos de 1943.
Dentro de las propias compañías existían posiciones encontradas. Algunos ejecutivos defendían rigurosamente la inviolabilidad de los contratos existentes. Renegociar el marco de hidrocarburos vigente y las concesiones ya otorgadas significaba, desde esa perspectiva, abrir una puerta peligrosa a nuevas exigencias. Otros comenzaron a pensar de manera diferente.
Wallace E. Pratt, una de las figuras más influyentes dentro de Standard Oil y participante directo de las negociaciones con el gobierno de Medina Angarita, había observado de cerca las consecuencias de los conflictos petroleros latinoamericanos. Su conclusión era pragmática: las compañías tenían que aprender a bend a little, ceder un poco cuando las circunstancias políticas y sociales lo justificaran.
No significaba abandonar la rentabilidad ni aceptar cualquier demanda gubernamental. Significaba distinguir entre proteger un derecho contractual inmediato y preservar una inversión durante décadas. La Ley de Hidrocarburos de 1943 reflejó ese intercambio.
Venezuela obtuvo mayores regalías e ingresos fiscales y avanzaría posteriormente hacia una distribución aproximadamente equitativa de las ganancias petroleras entre el Estado y las compañías. Las empresas asumieron además mayores compromisos con la refinación dentro del país.
A cambio, el gobierno reconoció derechos derivados de concesiones anteriores, extendió por cuarenta años buena parte de las concesiones existentes y poco después otorgó nuevos derechos de explotación.
Las compañías pagaron más por operar en Venezuela, pero obtuvieron algo extraordinariamente valioso para cualquier inversión intensiva en capital: un horizonte relativamente previsible para continuar haciendo negocios.
Esa combinación de rentabilidad, negociación y creciente legitimidad social contribuyó a que las principales compañías internacionales permanecieran en Venezuela durante varias décadas más.
Reconstruir lo existente
La Venezuela actual es profundamente distinta de aquella de 1939 o 1943. Posee más de un siglo de experiencia petrolera, profesionales especializados y una infraestructura que los primeros inversionistas extranjeros simplemente no encontraron cuando llegaron al país.
Precisamente por eso, el reto actual no consiste siempre en construir. Consiste también en reparar.
Pozos maduros deberán ser reacondicionados. Tuberías, estaciones e instalaciones necesitarán mantenimiento o sustitución. Refinerías y sistemas eléctricos requerirán importantes inversiones. La recuperación de la industria dependerá en buena medida de devolver operatividad a activos que Venezuela ya posee.
Esto crea una oportunidad.
Cuando una compañía tenga que invertir inevitablemente en energía, agua, vialidad, comunicaciones u otra infraestructura para garantizar su propia operación, debería preguntarse si esa inversión puede diseñarse de manera que sus beneficios se extiendan también fuera de sus instalaciones.
No significa convertir las empresas petroleras en sustitutos del Estado, sino reconocer que una infraestructura necesaria para producir petróleo genera externalidades positivas. Una carretera rehabilitada facilita la actividad de productores y proveedores. Una solución energética fortalece una zona industrial. La recuperación de instalaciones genera empleo, demanda para empresas venezolanas y nuevas capacidades técnicas.
El verdadero precio de hacer negocios
Existe una tentación de interpretar la responsabilidad social empresarial como un costo adicional que aparece después de calcular la rentabilidad de una inversión. La historia petrolera venezolana sugiere otra interpretación.
Para las compañías que operaron en Venezuela durante el siglo XX, invertir en trabajadores, comunidades, infraestructura y relaciones con el Estado terminó convirtiéndose en parte del costo de mantener una presencia empresarial sostenible. Ese fue, en buena medida, el verdadero precio de hacer negocios.
No todas estas iniciativas fueron altruistas. Tampoco eliminaron los conflictos entre Venezuela y las compañías extranjeras. Las empresas seguían buscando ganancias y el Estado continuó aumentando progresivamente su participación en la industria hasta llegar a la nacionalización de 1976.
Pero incluso ese desenlace merece un matiz.
La nacionalización venezolana no reprodujo las rupturas traumáticas que habían ocurrido décadas antes en otros países. Fue un proceso negociado. Las compañías recibieron compensaciones, muchos vínculos comerciales y tecnológicos sobrevivieron y buena parte de la estructura administrativa y profesional construida durante la etapa privada pasó a la nueva industria nacional.
La legitimidad empresarial no impidió el cambio político. Pero contribuyó a determinar la forma en que ese cambio ocurrió.
Las compañías que regresan hoy a Venezuela enfrentarán problemas muy distintos a los de Creole, Shell o Gulf. Sin embargo, una pregunta permanece sorprendentemente vigente:
¿Qué hace que una sociedad considere deseable que una inversión extranjera permanezca? Los contratos importan. La seguridad jurídica importa. La rentabilidad importa.
Pero una compañía que aspire a operar durante veinte, treinta o cuarenta años necesita algo más: trabajadores que encuentren oportunidades en ella, proveedores que crezcan junto a ella, comunidades que perciban beneficios de su presencia y gobiernos capaces de demostrar que la inversión extranjera produce algo más que barriles de petróleo.
Una licencia permite a una compañía operar. La legitimidad ayuda a que pueda permanecer.
Marcus Golding | marcus.golding.a@gmail.com | Dr. en Historia por la Universidad de Texas en Austin | Fundador de Red Historia Venezuela | Autor de Foreing Petroleum Companies and National Development in Venezuela, 1936-76 (*) 35 % de descuento en Bloomsbury con código GLR AT8).
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
La coalición de partidos políticos Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció este 23 de octubre la detención arbitraria de siete venezolanos que prestaron servicios de transporte y sonido durante la marcha para exigir elecciones presidenciales que se celebró el día anterior.
Aunque las siete personas fueron liberadas horas después de su retención, la PUD confirmó que sus equipos de trabajo fueron confiscados.
«Estos hechos no pueden verse como un episodio aislado. Constituyen patrones de persecución y amedrentamiento que los venezolanos hemos sufrido en el pasado y que se hicieron especialmente evidentes durante la campaña electoral de 2024», dijo la PUD en sus redes sociales.
La Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela identificó el pasado 17 de septiembreque el sistema autoritario y represivo que el PSUV ha creado sigue en el poder, pese a la extracción del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la toma de poder interina de Delcy Rodríguez, ambos hechos ocurridos bajo el aval del gobierno estadounidense de Donald Trump.
«Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, la devolución inmediata de los equipos retenidos, el respeto a la propiedad privada y el desmontaje definitivo del aparato represivo», denunció la PUD. «Venezuela necesita avanzar hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos y la convivencia, no regresar a prácticas de persecución que tanto daño han causado al país».
Las protestas celebradas en varias ciudades del país exigían las elecciones presidenciales, el ingreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela y la celeridad y transparencia en el proceso de diálogo entre el PSUV y una delegación de la oposición, ambos bajo el aval de Estados Unidos.
Mientras tanto, Delcy Rodríguez, tras reunirse en Miraflores con Dinorah Figuera, representante de la delegación opositora en la mesa de diálogo, arremetió contra de los manifestantes. Los acusó de«querer incendiar las calles» y desestabilizar el país.
“Todavía hay grupos muy, pero muy, muy pequeños, que se resisten y creen que pretendiendo incendiar el país y trancando calles es la vía para que Venezuela salga adelante. Yo reconozco a los venezolanos de bien que desde este diálogo impulsan cambios necesarios”, dijo la gobernante.
