A las puertas de lo que debió haber sido un año escolar con aulas abiertas, la realidad de las parroquias en el oeste de Caracas evidencian un panorama distinto. En Propatria, al menos seis instituciones educativas quedaron marcadas con etiqueta roja a cuatro meses de los sismos, un veredicto técnico que prohíbe el ingreso de alumnos y mantiene las puertas cerradas bajo la advertencia de daños que pueden comprometer a la edificación.
Fuentes ligadas a la comunidad educativa de la zona informan que las pocas escuelas públicas que se mantienen en pie han sido destinadas a atender a los damnificados y afectados por el terremoto. “Están buscándole solución a esas personas para reubicarnos a nosotros mientras el Estado nos repara las escuelas”, afirmó Roxy Portillo, representante de la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas, ubicada en la avenida Principal de Propatria.
Algunos de los planteles afectados son la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco, Escuela Básica Sergio Medina, Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión” y la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas. La Escuela Técnica Industrial “Rafael Vegas” y el Colegio José Gervasio Artigas no prestan servicio como centro educativo, sino como campamento transitorio para los perjudicados por el sismo.
“Por los momentos, nos están mandando las actividades para la casa semanalmente”, expresó Portillo. Asimismo, aseguró que no se encuentran recibiendo clases de forma online, solo le son enviadas las asignaciones a los alumnos para que sean entregadas una semana después en los planteles educativos, lo que -considera- no garantiza un aprendizaje adecuado en los jóvenes.
Los padres de estos estudiantes han mostrado un desacuerdo total con la modalidad de contingencia impuesta por los centros educativos. El 17 de septiembre del 2026, a través de un video difundido en Tiktok por “La Venezolana 100%”, la comunidad educativa del Picón Salas hizo un llamado directo al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidiendo su intervención urgente para rescatar la infraestructura de los institutos afectados.
Ante la falta de respuestas, el pasado seis de octubre del 2026, el descontento escaló a las calles. Representantes y miembros de la comunidad protagonizaron una protesta frente a la institución Gustavo Ledo, tal como documentó en un video el usuario de TikTok “@yubisney.24”. Con pancartas y consignas, exigieron soluciones inmediatas para las instalaciones que no se encuentran óptimas para prestar servicio al público.
Representantes revelaron que esta institución implementó un sistema en el que los alumnos deben acudir tres días (semanalmente) al plantel, pero las actividades pedagógicas siguen siendo estrictamente online.
Adicionalmente, una representante de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión”, ubicado en la calle 12 de Propatria, aseguró que “en la primera inspección el instituto obtuvo una etiqueta roja, mientras que en su segunda inspección realizada el 30 de septiembre informaron que iban a hacer un cambio de etiqueta. Pero, hasta los momentos, no han dado respuestas. Los profesores responsablemente están mandando las tareas vía WhatsApp y después los estudiantes hacen entrega”.
Se intentó contactar a directivos de diversos planteles afectados en Propatria para conocer con mayor detalle la situación estructural y el número de estudiantes afectados, pero la negativa a declarar ha sido constante. Solo se limitan a responder que “no pueden precisar mayor información”. No obstante, una fuente interna vinculada a la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco informó que en esa institución había un aproximado de 1500 estudiantes matriculados que se ven afectados por la situación
La preocupación por un año escolar que no ha arrancado del todo no es un caso aislado en Propatria. El pasado cinco de octubre, el medio digital JunquitoNews difundió un audiovisual denunciando que planteles como la Escuela Básica Bolivariana Sabaneta, Unidad Educativa Nacional Sucre, Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera (que funciona como campamento transitorio), Escuela Carlos Lanz, Escuela Básica Nacional José Antonio Páez y la Unidad Educativa Nacional Augusto Pisuñer también arrastran la misma situación: etiquetas rojas, asistencia limitada a un solo día -lo que, representantes consideran “no es educación”- y preocupación de la comunidad educativa, que insisten en llamados al Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto.
Sismos agudizaron la crisis educativa
Un trabajo de EFE reseñó que aproximadamente 200 000 niñas, niños y adolescentes quedaron fuera de las aulas después de los terremotos. En declaraciones a la agencia, el director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote Jesús ‘Txuo’ Rodríguez Villarroel, alertó que si los centros educativos no se recuperan de manera urgente, “muchos de esos 200 000 puede que no regresen a su escuela”.
“Con el doblete sísmico que hubo en el mes de junio, las escuelas se vieron lamentablemente más afectadas, porque se terminaron de debilitar las estructuras de los planteles educativos”, aseveró el secretario de Legislación Laboral Contratación y Conflicto del Sindicato Venezolano de Maestros, Raúl Parra, quien suministró información sobre otras zonas de Caracas que están viviendo una situación similar a la que ocurre en Propatria en el ámbito educativo, entre ellas, Antímano y el Paraíso.
Parra concretó que en la parroquia La Vega también hay un “número considerable” de planteles con diversas modalidades de estudio (en su gran mayoría online). Uno de los centros que se encuentra con etiqueta roja es la Escuela Básica Nacional Amanda de Schnell, cuyos alumnos “fueron reubicados en lo que antes era La Escuela Nacional La Vega”, donde dan clases tres horas a la semana (solo los jueves).
La parroquia de Caricuao también es otra de las zonas en donde los sismos golpearon fuertemente a las escuelas. Allí se encuentran 46 instituciones nacionales, cinco distritales, dos autónomas y 14 privadas. 39 de ellas tienen etiquetas amarillas y los estudiantes no están recibiendo clases de forma presencial. Algunos de los planteles deteriorados son la Unidad Educativa Valero Hostos y la Escuela Bolivariana Nacional Maestro Jorge Rodríguez.
En el Paraíso, en el Colegio Bicentenario de Bolívar, los estudiantes no están acudiendo a clases: “Solamente los viernes reciben a los representantes para entregarles y recibir las guías que ellos están preparando”, comentó Parra, quien enfatizó que esta es la realidad que están experimentando la mayoría de los planteles educativos en las ciudades afectadas por los sismos.
“Pero, para el ministro de Educación todo está normal y no es justo. Aparte de que los docentes están sufriendo con su situación de salario y de que no les alcanza el sueldo para sobrevivir, ahora tienen que ir obligados, porque si no a ellos los amenazan con una sanción”, denunció.
Las instituciones del sector privado también resultaron golpeadas y muchas esperan recursos para acometer las reparaciones. El director general del Consejo Educativo, Fausto Romeo Monte, indicó que en el estado La Guaira 11 instituciones privadas sufrieron daños mayores que las dejaron en la ruina. Señaló que el Estado brindó apoyo para la remoción de escombros, pero para la reconstrucción de las edificaciones se requiere el apoyo de organismos como Unicef, ONG o financiamiento privado.
Asimismo, Romeo Monte explicó que los terremotos afectaron la retención de estudiantes en el sector privado. Detalló que las familias viajan a otras ciudades por motivos ajenos a la institución, lo que obliga a los alumnos a acoplarse en otros lugares y planteles.
“Cambio de etiquetas” como solución improvisada
En algunas escuelas de la capital, ante la insistencia de los representantes porque se reparen los planteles y se retomen las actividades presenciales, se han planteado alternativas que podrían poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.
La Unidad Educativa Distrital Curacay de Macarao tiene etiqueta roja. El secretario filial de la Federación Venezolana de Maestros asegura que cercano al día nueve de septiembre, cuando iban a iniciar las clases, “le quisieron cambiar la etiqueta y los representantes se opusieron, debido a las condiciones en las que se encontraba la institución”.
De igual forma, relató que “cuando cambiaron la etiqueta, y la pusieron amarilla, el directivo pretendía atender tres días a la semana a los estudiantes. Los representantes se opusieron y dijeron que en esas condiciones no estaban dadas para eso, por lo que decidieron que las clases fueran vía online”.
Asimismo, un grupo de representantes del Instituto Mariano Picón Salas, ubicado en la avenida principal de Propatria, reveló que el pasado 15 de octubre se celebró una asamblea extraordinaria para discutir posibles soluciones para la reactivación de las actividades escolares. Las autoridades plantearon en el encuentro la realización de una inspección con el propósito de otorgar una “etiqueta verde” que permitiera el retorno a las aulas. Esta solicitud fue rechazada por padres y representantes, quienes alertaron que la infraestructura no se encuentra en buen estado.
Eñ presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Edgar Enrique Machado, informó que en Catia también había instituciones con etiqueta roja en donde había denuncias de que también querían retirarlas sin las debidas reparaciones: “Hemos estado monitoreando esa situación. Y, hasta los momentos, no las han quitado”, precisó Machado.
Cifras inconstantes desde el Estado
Un mes después del doblete sísmico, el gobierno emitió un balance de las estructuras educativas afectadas en el estado La Guaira, en el que detalló que 11 estructuras educativas colapsaron: cinco nacionales, cinco privadas y una estadal. Para esa fecha, de las 226 plantas físicas educativas que había en el estado, solo habían evaluado 167: 101 calificadas como habitables, 49 restringidas y seis en alto riesgo. Posteriormente, no ha habido un balance que presente semejante nivel de detalle precisando cuál es la situación.
La consultora Anova Research, por su parte, estimó en agosto que la afectación educativa en la entidad alcanzaba a 29 150 estudiantes y que al menos 62 colegios presentaban algún tipo de daño. 21 planteles resultaron colapsados o gravemente dañados y 16 de ellos pertenecían al Estado.
El Ministerio de Educación aseguró entretanto el pasado 21 de octubre que 121 infraestructuras educativas en La Guaira habían sido reparadas “integralmente” tras las afectaciones causadas por los eventos sísmicos. Asimismo, informaron sobre la reciente reapertura de la Escuela Básica Nacional El Pardillo, la Unidad Educativa Carmen Felicia Colón, la Unidad Educativa Estadal Jacinto Fombona Pachano y la Escuela Nacional Luis Castro, un conjunto de planteles que habría permitido que 1500 niños retornaran a la educación presencial.
El derecho a la educación es más que volver a clases
A ccuatro meses de los sismos, Carlos Trapani, abogado especialista en Derechos del Niño y coordinador general de Cecodap, propone medir la recuperación educativa más allá del número de escuelas abiertas. La pregunta, insiste, es en qué condiciones están aprendiendo los niños, cuántos días reciben clases, en qué espacios y con cuáles apoyos. “El inicio del año escolar no demuestra, por sí solo, que su derecho a la educación esté garantizado”, advierte.
El caso de la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera, en el kilómetro 12 de El Junquito, ilustra esa diferencia. Al menos 1980 estudiantes recibían clases presenciales un solo día a la semana, distribuidos en tres colegios privados, mientras su plantel continuaba funcionando como alojamiento para familias damnificadas. Los representantes reportaron jornadas de tres o cuatro horas y dificultades para trasladarse. Para Trapani, mantener el vínculo con la escuela no equivale a recibir una educación suficiente. La prolongación de estas condiciones puede provocar pérdidas de aprendizaje, debilitar la relación con el entorno escolar y aumentar el riesgo de abandono. También, deja a los estudiantes sin una rutina y una red de adultos que, especialmente después de una emergencia, pueden ayudarlos a identificar y atender sus necesidades emocionales.
Trapani dijo que aunque el Ministerio de Educación informó el 9 de octubre que más de 120 instituciones educativas estaban siendo rehabilitadas en La Guaira, el anuncio no permite determinar cuántas obras han concluido ni cuántos alumnos siguen sin clases presenciales regulares. Cecodap tampoco identificó en las fuentes oficiales consultadas un registro consolidado que precise cuántas escuelas permanecen sin reparar en Caracas y La Guaira y cuántos estudiantes están fuera de las aulas, reubicados o sometidos a horarios reducidos. Por eso, Trapani reclama información pública por plantel, con evaluaciones técnicas, daños, reparaciones pendientes, presupuesto, responsables y fechas de culminación.
El coordinador general de Cecodap también insiste en que la educación a distancia y las agendas semanales pueden ayudar a mantener el contacto durante una contingencia, pero su efectividad depende de que haya explicación, acompañamiento docente y retroalimentación. Entregar tareas para resolver en casa no garantiza el aprendizaje, y menos aún cuando las familias enfrentan problemas de vivienda, ingresos, electricidad, conexión o transporte. Por otra parte, agregó que la emergencia también tiene consecuencias emocionales: Unicef informó el 5 de octubre que 20 639 niños, adolescentes y cuidadores afectados por los terremotos habían recibido servicios comunitarios de salud mental y apoyo psicosocial. Esa cifra corresponde a personas atendidas, no a estudiantes que permanecen fuera de las aulas.
Sobre los intentos de modificar las etiquetas de riesgo de algunos planteles sin que se hayan realizado las reparaciones necesarias, Trapani advierte que “cambiar una etiqueta no repara una escuela”. Aclara, sin embargo, que una clasificación puede revisarse después de una nueva evaluación técnica y que no toda reclasificación implica una irregularidad. Lo indispensable es que exista un dictamen documentado, elaborado por profesionales competentes, que explique qué espacios son seguros, cuáles restricciones se mantienen y por qué puede autorizarse el retorno. “ Desde Cecodap defendemos un criterio claro: ningún niño debe entrar a un espacio cuya seguridad no esté técnicamente sustentada. Mientras se resuelve el problema, las autoridades deben garantizar una alternativa educativa segura y accesible”, sostiene.
El especialista en Derechos del Niño indicó que cuando una escuela funciona como alojamiento, la solución debe proteger tanto a las familias damnificadas como a su comunidad educativa: “Hace falta proporcionar alojamiento alternativo digno y seguro, recuperar las instalaciones y garantizar una opción educativa durante la transición. La respuesta no puede enfrentar a dos poblaciones que necesitan protección”.
Restablecer el derecho a la educación exige, según Cecodap, un plan público de recuperación con presupuesto, responsables, plazos y seguimiento. Esto supone reparar las escuelas y garantizar servicios básicos, ofrecer espacios temporales accesibles y transporte cuando sea necesario, localizar a quienes todavía no han regresado y recuperar los aprendizajes con apoyo pedagógico y emocional. También implica atender a los docentes, que han sufrido sus propias pérdidas y desplazamientos, y priorizar a los niños pequeños, estudiantes con discapacidad y familias con mayores dificultades para reincorporarse.
Para Trapani, la reconstrucción no puede limitarse a recuperar edificios ni a completar el calendario escolar. Debe garantizar que cada niño vuelva a aprender con seguridad, continuidad y acompañamiento. El derecho a la educación ya enfrentaba obstáculos antes de los sismos, y desde su perspectiva, la fase de la reconstrucción tras la emergencia debe servir para corregirlos.
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