En ocasión del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, que se celebrará el próximo 24 de junio de 2025, la Embajada del Reino Unido en Venezuela anuncia la cuarta edición de su concurso Embajadora por un día, una iniciativa del Gobierno británico para promover la participación de mujeres jóvenes en roles de liderazgo.
Celebrado en el país por primera vez en 2022, Embajadora por un día busca visibilizar los liderazgos de jóvenes venezolanas y promover su trabajo en diferentes áreas. Además, ofrece a las ganadoras la oportunidad de conocer y desarrollar redes de contacto para potenciar sus perfiles e ideas.
Las niñas y las jóvenes son fundamentales para la construcción de un mundo más justo, sostenible e igualitario. Sin embargo, los datos muestran que las mujeres están infrarrepresentadas en todos los niveles de toma de decisiones a nivel global.
Por eso, el jefe de Misión del Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, se complace en continuar y fortalecer esta iniciativa que ha sido un éxito en sus tres ediciones anteriores. “Es fundamental crear espacios para fortalecer el liderazgo de niñas y jóvenes. Esos liderazgos que nos permitirán acabar con las brechas de género y construir un mundo más justo, sostenible e igualitario”, explica.
En esta cuarta edición, la convocatoria de Embajadora por un día está abierta desde el lunes 28 de abril de 2025 y hasta las 11:59 p.m. (hora Venezuela) del domingo 11 de mayo de 2025.
Los requisitos de participación son:
1. Identificarse como mujer venezolana (cisgénero, transgénero, o persona binaria con pronombres femeninos).
2. Residir en la República Bolivariana de Venezuela;
3. Tener entre 18 y 23 años para el 24 de junio de 2025;
4. Tener interés comprobado en temas de género e igualdades como ejes transversales en diversas áreas de desarrollo. Esto incluye, pero no se limita a, la prevención y erradicación de la violencia de género, el empoderamiento económico, la salud y derechos sexuales y reproductivos, discapacidad e inclusión y educación, entre otros. Asimismo, para esta edición promovemos especialmente las aplicaciones de jóvenes con interés o experiencia en temas relacionados al cambio climático, la sostenibilidad, y la preservación de la naturaleza y la biodiversidad.
5. Tener la disponibilidad y capacidad para dedicar el 24 de junio de 2025 a las actividades del concurso.
6. Enviar curriculum vitae (máx. 1 página) al correo
ambassador4aday.caracas@fcdo.gov.uk
7. Completar un formulario de postulación disponible en las redes sociales de la Embajada del Reino Unido: @UKinVenezuela
8. Y enviar un video de máximo un minuto y medio de duración (90 segundos), siguiendo esta indicación: Escoger uno de los temas sugeridos en el cuarto punto y responder: ¿cuáles crees son los principales desafíos que enfrentan las jóvenes venezolanas con relación a ese tema en particular? El video debe ser grabado en español y en formato vertical (9:16).
Los resultados de la convocatoria serán anunciados la primera semana de junio de 2025 y las actividades del concurso, que se llevarán a cabo la semana del 23 de junio de 2025, incluirán una agenda variada que permitirá al grupo de jóvenes venezolanas seleccionadas:
• Acompañar al jefe de Misión del Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, en distintas actividades propias de una misión diplomática.
• Conocer el trabajo de la Embajada Británica en Caracas en sus distintas áreas.
• Participar en sesiones dedicadas a fortalecer tanto sus redes, como sus capacidades personales y profesionales.
• Grabar un mensaje que se difundirá a través de las redes sociales de la Embajada del Reino Unido en Venezuela.
Las ganadoras serán invitadas en el futuro a otros eventos diplomáticos de la Embajada Británica en Caracas; y tendrán acceso a la red de ganadoras previas de Embajadora por un día en Venezuela y Latinoamérica.
Testimonios inspiradores
• Para Roxana Sarmiento, una de las 10 ganadoras del concurso en 2024: “Ser Embajadora por un Día es más que solo una experiencia. Para mí, fue un momento donde trascendí como ser humano, porque desarrollé mis competencias profesionales y académicas, compartiendo con mujeres empoderadas y eso contribuyó a que mis raíces indígenas tuviesen incidencia en un espacio importante de la sociedad venezolana. ¡Seamos más poderosas, brillemos juntas desde la diversidad!”.
• Para Mariangel Carvajal, también ganadora de la edición previa del concurso: “Ser Embajadora por un día fue una experiencia transformadora e inolvidable que marcó un hito en mi vida. Este espacio enriquecedor me abrió las puertas al crecimiento, me regaló nuevas perspectivas y el privilegio de conocer mujeres extraordinarias que ampliaron mi visión del mundo. La calidez y la inspiración de esa jornada permanecerán conmigo siempre”.
• Para Ana Julia Núñez, ganadora de 2023, “haber sido Embajadora por un día fue una experiencia inolvidable y enriquecedora, tanto personal como profesionalmente. Es una oportunidad que pone en evidencia el gran liderazgo que existe en Venezuela. Espero que, como yo, más jóvenes venezolanas puedan ser parte de esta increíble experiencia, que transforma vidas”.
• Y para Jhoana Chirinos, ganadora de la primera edición de Embajadora por un día: “Este concurso promueve la construcción de sociedades más participativas, inclusivas y democráticas, a través del poder de la representación…impulsar a las mujeres y niñas del mundo a seguir sus sueños y ocupar espacios es fundamental para alcanzar la Igualdad de Género”.
Más información sobre el concurso a través de las redes sociales de la Embajada @UKinVenezuela en X (Twitter), Instagram y Facebook.
En El Mañanero del 2 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: llegó y se fue el 1 de mayo sin aumento del salario mínimo. Un modesto ajuste en las bonificaciones sigue dejando en condición de vulnerabilidad a los trabajadores venezolanos, quienes protestaron con neveras vacías en las calles. Informes de Human Rigths Watch y de Provea revelan el apagón de la democracia y la gravedad de las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.
“Y no, no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país”
Frente a todo pronóstico, trabajadores se concentran en Plaza Venezuela, Caracas, por el Día del Trabajador este jueves #1May por la defensa de los derechos laborales y contra los pagos de hambre. pic.twitter.com/BR0IkXb1BP
“Los anuncios del ciudadano presidente ayer causaron mucha tristeza y malestar porque se sigue vulnerando la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, la bonificación no incide en prestaciones sociales, ni en vacaciones, ni en bonos del fin de año, porque no es salario, viola el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dice que todo ingreso que sea continuo y mensual forma parte del salario, entonces vulnera lo que él mismo establece como ingreso”. Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Trabajadores venezolanos protestaron este 1 de mayo por reivindicaciones y contra el aumento de las bonificaciones sin incidencia salarial. Con cánticos como “no quiero bonos, no quiero CLAP, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás”, los trabajadores exigieron el aumento del salario mínimo, que permanece congelado en Bs.130 desde febrero de 2022.
“No quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás” #1May
Trabajadores alzan la voz y protestan contra los bonos de hambre y por salarios dignos en #Venezuela en el Día del Trabajador, Chacaíto, Caracas. pic.twitter.com/mmbhYA1j5i
Representantesde gremios sindicales, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y otros movimientos sociales protestaron en Caracas y otras ciudades principales contra la bonificación del salario. A la protesta del 1 de Mayo en Caracas se unieron también integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que han mantenido protestas en los últimos meses para exigir la liberación de sus familiares.
En declaraciones al medio aliado Tal Cual Pablo Zambrano, PabloZambrano, dirigente sindical y candidato lista a la Asamblea Nacional por el municipio Libertado denunció que la política del gobierno “ha llevado a la desaparición del salario”, lo que trae como consecuencia a su vez la desaparición de la contratación colectiva y de las prestaciones sociales.
Denunció también desde la manifestación que la noción de ingreso mínimo integral no está reconocida en la Constitución, y que la Carta Magna solo reconoce el salario mínimo como forma de remuneración.
“Si yo trabajo un día feriado, un domingo, una jornada nocturna, la ley dicta que debo recibir una compensación. Sin embargo, ni el sector privado ni el gobierno están cumpliendo con estas obligaciones (…) Yo no estoy de acuerdo con sanciones que golpeen al pueblo venezolano, pero no lo puedes agarrar de excusa para no aumentar el salario. Es una simple excusa, un gobierno en crisis construye medidas de austeridad y acá no se ven esas medidas por parte del gobierno, tú ves cómo viven, en los carros en los que andan (…) Acá no se le garantizan las pensiones ni las jubilaciones adecuadas a los trabajadores venezolanos”, denunció.
En el marco del Día Internacional del Trabajador, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud) y… pic.twitter.com/4cRGB0sdbu
Un nutrido piquete de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana impidió que la movilización de gremios y sindicatos autónomos en defensa del salario avanzara más allá de la sede del Consejo Nacional Electoral de Plaza Venezuela. Una situación similar se vivió en la protesta del año 2024.
Neveras vacías en las calles
En varias ciudades del país y también en España aparecieron varias neveras vacías, como sinónimo de protesta contra la precariedad de los ingresos que reciben los ciudadanos.
En Carabobo, Apure, Lara y Monagas se apreciaron varios de estos electrodomésticos, con carteles como “con promesas no se comen”, “sin comida no hay paz”, “basta de neveras vacías”, “el hambre también es represión” y “no es bloqueo, es corrupción”.
En la víspera del Día Internacional del Trabajador, cuando los venezolanos esperaban que el 1 de mayo resucitara el salario mínimo -que se mantiene en Bs. 130 desde 2022- el gobernante Nicolás Maduro lo mantuvo sepultado y anunció un discreto aumento de las bonificaciones, que no tienen incidencia en otros beneficios laborales del trabajador.
En lugar de aumentar el salario mínimo, el gobierno sigue ajustando las bonificaciones: el bono de guerra económica para trabajadores activos y jubilados pasará de 90$ a 120$ y no hubo ajuste en el monto de los cesta tickets, por lo que el “ingreso mínimo integral indexado” (una categoría que se ideó el gobierno) quedará en 160$ mensuales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En un informe de 111 páginas Human Rights Watch documentó las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a los comicios presidenciales del 28 de julio.
En el documento, titulado “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela“, se destaca que Nicolás Maduro fue declarado ganador “a pesar de evidencias sólidas de lo contrario” y que las autoridades venezolanas y colectivos “han cometido abusos generalizados” desde esa fecha icónica para el país.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido forzadamente a personas que buscaban un cambio democrático y muchas otras han huido del país”, denuncia Human Right Watch.
El informe se basó en más de 100 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como en el análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías. Las entrevistas tuvieron lugar entre entre julio de 2024 y abril de 2025.
A continuación, en formato claves, los hallazgos más representativos de este informe.
Un proceso plagado de irregularidades, resultados bajo sospecha
A juicio de HRW, las elecciones del 28 de julio de 2024 se celebraron en un entorno de represión previa, exclusión de candidatos opositores, intervención de partidos y restricción del voto en el extranjero. Se refirieron a la imposibilidad de que María Corina Machado compitiera debido a su inhabilitación, al bloqueo a la inscripción de la profesora Corina Yoris para que se presentara en su lugar y a la detención, entre el 1 y el 27 de julio de 2024, de 142 personas, según el Foro Penal.
Mencionaron que observadores internacionales como el Centro Carter y la ONU concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad y que aunque el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador “no divulgó, y aún no lo ha hecho, las actas de escrutinio de las elecciones, ni realizó las auditorías o procesos de verificación ciudadana que exige la ley”.
“La oposición afirma haber recogido alrededor del 85 % del total de las actas de escrutinio que, según el Centro Carter, pueden considerarse auténticas. El Centro Carter también aseguró que esas actas mostraban que González había ganado con aproximadamente el 67 % de los votos, y calificó los resultados anunciados por el CNE como ‘estadísticamente imposibles’” precisaron.
Al menos 25 muertes y represión de colectivos
La organización afirma haber recibido información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas poselectorales, la mayoría de ellos perpetrados durante el 29 y 30 de julio.
“Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos”.
A juicio de HRW, los “colectivos” desempeñaron un “rol clave en la represión de las manifestaciones”.
“Al principio, las fuerzas de seguridad intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones. Cuando las manifestaciones continuaban, miembros de los ‘colectivos’ llegaban al lugar, a menudo con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestantes”, describieron.
Detenciones, desapariciones forzadas y aislamiento
HRW resaltó que 2.000 personas fueron detenidas por participar en protestas o ser percibidas como opositoras en el marco de la represión poselectoral y que la mayoría enfrentó cargos de “terrorismo” o “incitación al odio”.
La mayoría de las detenciones ocurrió entre julio y agosto, pero también se reportaron al menos 50 casos en los días anteriores a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero.
HRW llama la atención sobre el hecho de que, a menudo, las autoridades negaron haber realizado dichas detenciones o se negaron a entregar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares y a otras personas, “lo según que el derecho internacional equivale a una desaparición forzada”.
“Durante días o semanas, los familiares buscaron a sus seres queridos desaparecidos en varios centros de detención e incluso en morgues. A menudo, el paradero de los detenidos solo se pudo confirmar por información transmitida por otros detenidos o porque los funcionarios de las prisiones recibían las pertenencias personales que las familias llevaban a los detenidos. Muchos consideraron esta recepción de las pertenencias como un reconocimiento tácito de que la persona estaba detenida en ese lugar. A principios de abril, Foro Penal señaló que aún había 62 personas cuyo paradero seguía sin conocerse”, especificaron.
De acuerdo con los cómputos de HRW, al menos 33 presos políticos de esta oleada de represión han permanecido en régimen de incomunicación durante días, semanas o incluso meses, “lo cual contradice estándares internacionales de derechos humanos”.
En prisión, se reportaron además “torturas, tratos crueles e incomunicación“. Las audiencias judiciales fueron irregulares, muchas sin defensores legales o mediante procedimientos virtuales grupales.
Violaciones al derecho a la defensa y juicios irregulares
El informe recoge patrones que han tenido que enfrentar los presos políticos poselectorales en los procesos a los que han sido sometidos, tales como negación a tener un abogado de confianza, imposición de defensores públicos inefectivos (en varios casos nunca tuvieron contacto con él) y negativa de acceder a sus expedientes judiciales.
Otro patrón identificado fue la celebración de audienciasgrupales y virtuales en las que los detenidos eran procesados en grupo, sin posibilidad de evaluar individualmente sus casos, lo que viola el derecho a un juicio justo. Además, aunque los casos eran de diferentes regiones, la mayoría de las audiencias se celebraban en Caracas.
Torturas comprobadas
El informe de HRW indica que Provea documentó 2.224 víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2024, lo que representa un aumento del 88,1 % respecto a 2023. Las prácticas incluyeron golpizas, privación de alimentos y falta de atención médica. La ONG venezolana también registró nueve casos de tortura que afectaron a 60 presos políticos en la cárcel Rodeo I.
Human Rights Watch, por su parte, verificó doce casos de malos tratos que constituyen tortura, con acciones como descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, palizas severas y aislamiento forzado.
En algunos casos, estos abusos fueron usados para obtener confesiones forzadas o información sobre supuestos vínculos con la oposición.
Uno de los testimonios graves recopilado fue el de un adolescente de 15 años que sufrió convulsiones luego de recibir descargas eléctricas.
”Human Rights Watch también documentó el uso de celdas de castigo. Cinco personas que estuvieron detenidas dijeron a Human Rights Watch que los guardias los encerraron (o amenazaron con encerrarlos) en celdas de castigo conocidas comúnmente como ‘tigritos’, que son son celdas pequeñas, hacinadas y oscuras donde los detenidos permanecen aislados durante horas o días. Un detenido dijo que tenía que dormir de pie, debido a la falta de espacio, pues permanecía con unas 30 personas en un área de 2 por 3 metros. Un detenido describió una celda conocida como ‘la cama de Adolfo” en la cárcel Tocorón como ‘una especie de cuartico de basura’ no más grande que ‘una caja de lavadora’. donde tenía que permanecer siempre agachado. ‘Es un hoyo’”, abundan en el informe.
Otros abusos físicos que relataron las víctimas fueron golpes que dejaron heridas visibles “como hematomas, huesos rotos y fracturas”. Algunos detenidos mencionaron haber presenciado el “mata chivo”, un golpe en la nuca que aturde o deja inconsciente a quién lo recibe, o puñetazos en la parte superior central del abdomen, justo debajo de la caja torácica.
Las inhumanas condiciones de reclusión también fueron denunciadas en el informe: hacinamiento, desnutrición y negligencia médica han sido la norma. En varias prisiones, se prohibió a las familias suministrar medicinas y no se informaba sobre el estado de salud de los presos.
Asimismo, en cárceles como Tocorón y Tocuyito, se reportaron situaciones de hacinamiento extremo, con menos de 1 m² por persona; en Tocuyito se reportó que solo entregaban dos vasos de agua al día y en ambas cárceles abundaron las denuncias de entrega de comida en mal estado.
En este contexto, HRW se refirió a que al menos cuatro personas murieron bajo custodia tras las protestas del 28 de julio, entre ellas dos miembros del partido Vente Venezuela, muertes atribuidas “a falta de atención médica y malos tratos“.
Excarcelaciones bajo condiciones coercitivas
HRW se refiere a la cifra de excarcelaciones que registraba Foro Penal hasta el 7 de abril de unos 896 presos políticos y también describe que luego de ser excarcelados, a los liberados les han impuesto medidas como presentación periódica, prohibición de salir del país y otras limitaciones.
Otros fueron obligados al “silencio forzado”, o a firmar documentos de confidencialidad y grabar videos donde afirmaban que sus derechos no fueron violados.
Destacan el punto de que, a pesar de la excarcelación, algunos continúan siendo investigados penalmente.
¿Centros de reclusión o de violación de derechos humanos?
El informe se pasea por las condiciones denunciadas de cada centro de reclusión en los que permanecen los presos políticos poselectorales.
Sobre la cárcel de Tocuyito en Carabobo, mencionan las situaciones extremas de hacinamiento y desnutrición y la falta de atención médica. En esa cárcel fallecieron dos miembros del partido Vente Venezuela.
En Tocorón o Centro Penitenciario de Aragua se denunció el uso de celdas de castigo como “la cama de Adolfo”, espacios minúsculos sin ventilación, donde los detenidos defecaban en el mismo sitio donde dormían.
En la cárcel de Rodeo I de Miranda se reportaron reclusiones en régimen de aislamiento casi total por 120 días, además de torturas psicológicas ejercida por guardias encapuchados, quienes usaban pseudónimos y gritaban a los detenidos. Además, a los familiares se les niegan visitas o son encapuchados durante estas.
Por otra parte, en la Zona 7 de Boleíta, en Caracas, se reportó la existencia de celdas sin ventilación, llenas de humedad y desechos humanos, con hasta 90 personas por celda, así como la reclusión de menores de edad junto a adulto
El informe también hace mención a la sede del Sebin del Heliocide, un centro denunciado internacionalmente como “lugar de tortura sistemática“, en donde los detenidos son mantenidos incomunicados durante meses, sin acceso a abogados o familiares.
La situación en la cárcel Yare III de Miranda también fue descrita. Se contabilizaron más de 300 personas en aislamiento, sin derecho a visitas por al menos dos meses, cambios arbitrarios en horarios de visitas y registros corporales abusivos a mujeres visitantes.
Detención de niñas, niños, adolescentes y otras víctima
Con base en las cifras de Foro Penal se revela que al menos 176 menores de 14 a 17 años fueron detenidos entre julio y diciembre de 2024, quienes sufrieron violencia física y tortura psicológica y muchos presentaron secuelas mentales graves: ataques de pánico, ansiedad, intento de suicidio y temor persistente.
Los familiares de al menos tres de estos menores relataron a HRW que las fuerzas de seguridad los golpearon y maltrataron durante la detención. Como resultado, tenían golpes en la cabeza y huesos rotos, incluyendo algunas costillas: “Lo golpearon tanto que incluso yo, su madre, casi no podía reconocerlo”, dijo una madre entrevistada por la organización.
Human Rights Watch también recibió “denuncias creíbles” sobre agentes de seguridad dentro de las cárceles que intentaron coaccionar a las niñas para que realizaran actos de naturaleza sexual a cambio de protección.
“Una adolescente de 17 años contó a Human Rights Watch que algunos policías varones, junto con sus colegas mujeres, le insinuaron a un grupo de adolescentes, detenidas en un lugar aparte de los adultos, que debían acostarse con ellos a cambio de favores o ayuda. La madre de otra niña nos dijo que un militar le pidió a su hija de 16 años que mantuvieran relaciones sexuales con él mientras estaba retenida en un recinto militar sin agua ni comida”, narran.
Asimismo, al menos 285 personas vinculadas a partidos opositores fueron arrestadas, la mayoría pertenecientes a Vente Venezuela. Muchos fueron acusados sin pruebas de “terrorismo” o “incitación al odio”. En algunos casos, las detenciones fueron seguidas de allanamientos ilegales y robos por parte de fuerzas de seguridad.
La represión poselectoral también incluyó la detención arbitraria y tortura a ciudadanos extranjeros, incluidos ciudadanos de Colombia y Estados Unidos.
Exilio forzado de críticos y activistas
El documento indica que la represión poselectoral obligó a cientos de funcionarios, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a huir del país y alertan que muchos enfrentan obstáculos en sistemas de asilo regionales.
Señalan además que el proceso de reasentamiento en Estados Unidos se ha visto afectado por el endurecimiento de políticas migratorias bajo la administración Trump.
La respuesta internacional: tibieza ante la crisis
El informe indica que a pesar de años de sanciones y presión diplomática, la comunidad internacional no ha logrado alterar el comportamiento represivo del régimen venezolano.
Consideran que Estados Unidos, bajo la actual administración Trump, ha priorizado acuerdos migratorios y la liberación de ciudadanos estadounidenses por encima de los derechos humanos, debilitando los esfuerzos multilaterales de presión.
Recomendaciones al mundo
Human Rights Watch hace un exhorto a los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos a presionar públicamente al gobierno de Maduro a cumplir normas internacionales sobre detención de menores (como separación de adultos y uso solo como último recurso), a cesar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, liberar a los detenidos arbitrariamente, informar sobre el paradero de los detenidos y garantizar sus derechos a defensa legal, visitas y acceso a expedientes y archivar causas judiciales basadas en leyes abusivas de “terrorismo” o “odio”.
Insisten en que también se debe cortar la asistencia internacional que refuerce la represión y apoyar el trabajo de la ONU y la Corte Penal Internacional para asegurar la rendición de cuentas.
Como petición específica al gobierno de EEUU piden reanudar el financiamiento humanitario y de derechos humanos, restablecer el TPS (Estatus de Protección Temporal) y programas de reasentamiento, mejorar procesos de asilo y protección internacional para exiliados venezolanos y suspender deportaciones a Venezuela hasta que no se garantice la seguridad de quienes hayan sido perseguidos políticos.
También, se hacen llamados específicos a la ONU y a organismos vinculados, en el sentido de 🇺🇳 A la ONU y organismos vinculados, como publicar el informe del panel electoral de la ONU sobre las elecciones de 2024, visiibilizar la crisis en sesiones formales, exigir el pleno restablecimiento de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, con acceso a centros de detención y procesos judiciales y no dejar de monitorear e informar sobre la represión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En la víspera del Día Internacional del Trabajador, cuando los venezolanos esperaban que el 1 de mayo resucitara el salario mínimo -que se mantiene en Bs. 130 desde 2022- el gobernante Nicolás Maduro lo mantuvo sepultado y anunció un discreto aumento de las bonificaciones, que no tienen incidencia en otros beneficios laborales del trabajador.
El artículo 91 de la Constitución establece que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado “un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica“. Pero ese monto no fue aumentado tampoco en esta ocasión y permanece en Bs 130, equivalente a apenas 1,4$ al cambio oficial para la fecha.
En lugar de aumentar el salario mínimo, el gobierno sigue ajustando las bonificaciones: el bono de guerra económica para trabajadores activos y jubilados pasará de 90$ a 120$ y no hubo ajuste en el monto de los cesta tickets, por lo que el “ingreso mínimo integral indexado” (una categoría que se ideó el gobierno) quedará en 160$ mensuales.
Los más perjudicados nuevamente serán los cinco millones de pensionados en el país. El bono que se les paga mensualmente apenas fue aumentado en 5$ (cobraban 45$ indexados mensualmente y ahora cobrarán 50$).
“Esto es un ajuste precioso, porque las últimas medidas de sanciones contra las empresas petroleras tenían el objetivo de quitarnos todos los ingresos. Les puedo decir a los imperialistas y a la criminal de la derecha fascista que fracasaron, hemos hecho nuestros esfuerzos para llevar el ingreso mínimo integral a 160$”, declaró Maduro en el acto en el que comunicó la noticia del ajuste de las bonificaciones.
También, reveló que activarán a través del Sistema Patria una “bono unificado de protección de la familia trabajadora” para cinco millones de familias, aunque no precisó ni la frecuencia ni el monto.
Precio al 1Mayo, Nicolás Maduro anuncia que el llamado “bono de guerra” pasa de 90 a 120$ y el cestaticket se mantiene en 40$. Señala qie el “ingreso mínimo integral indexado” será de 160$ y las pensiones en 50$… pic.twitter.com/Xah8TY6WuK
Las reacciones al anuncio que hizo Maduro no tardaron El Partido Centro Democrático de Venezuela lamentó en un comunicado “la muerte del salario mínimo, sepultado por la inflación y el abandono”.
“Hoy no alcanza ni para comer, y el gobierno guarda silencio. ¡Exigimos dignidad salarial ya!”, expresaron.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) recalcó que la “desaparición del salario decretada por el gobierno” en la víspera del #01May “destruye las contrataciones colectivas, los beneficios contractuales, la seguridad social, las cajas de ahorro, las prestaciones sociales, el ascenso y la experiencia. El trabajo vale y genera valor”.
Los profesores de la Universidad Simón Bolívar también repudiaron el anuncio: “Bono no es sueldo ni salario. Después de tres años, ¿es esta miseria lo que tienen para ofrecer como compensación?”. Denunciaron que estos ajustes inciden negativamente en la educación y el trabajo, “al vulnerar la meritocracia, la experiencia; bono extendido en su igualación, lejano de la canasta básica. Que limita la protección social que cobijan sueldos y salarios”.
El politólogo Walter Molina recordó que durante los últimos tres años de alivio de sanciones no se registraron aumentos reales para los trabajadores, “más allá de algunos bonos que apenas permiten un ingreso cercano a los 100 dólares, lo cual equivale a seis veces menos que el valor de la canasta básica” y denunció que los pensionados, por su parte, “recibirán apenas 50 dólares, una condena directa al hambre y la miseria”.
Desde la marcha por el Día del Trabajador, en Caracas, Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, declaró al medio aliado Tal Cual que no dejarían de luchar “por un salario justo y suficiente”: “Los anuncios del ciudadano presidente ayer causaron mucha tristeza y malestar porque se sigue vulnerando la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, la bonificación no incide en prestaciones sociales, ni en vacaciones, ni en bonos del fin de año, porque no es salario, viola el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dice que todo ingreso que sea continuo y mensual forma parte del salario, entonces vulnera lo que él mismo establece como ingreso”.
#EnVivo | Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela: "No vamos a dejar de seguir luchando por un salario justo y suficiente (…) los anuncios del señor presidente no inciden en bonificaciones salariales" #TalCual#ClaroyRaspaopic.twitter.com/PjtYsiIixG
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
“La represión que vivimos en 2024 rompió todos los récords”, dijo este 30 de abril el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, durante la presentación del informe de la organización correspondiente al año pasado, titulado “El apagón democrático.
A juicio de Murillo, el año pasado representó una página oscura para los derechos humanos en Venezuela.
“La respuesta del Estado a la manifestación democrática de los venezolanos en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fue la mayor represión que haya registrado Provea desde que está funcionando en 1988”, agregó Murillo, quien también recalcó que en 2024 se terminó de extinguir el Estado de derecho.
“Más de 20 muertos, más de 2000 detenidos sin juicio justo y abogado de confianza. No ha habido un año más terrible en lo que concierne al cercenamiento de los derechos humanos que 2024”, sentenció.
Lissete González, coordinadora de Investigación de Provea, indicó que existe un subregistro en el informe porque este se sustenta básicamente en reportes de prensa.
“Por supuesto, no podemos determinar el número real de atropellos y violaciones a los DDHH, solo aquellos que fueron documentados por los medios de comunicación”, precisó.
González indicó que la mayoría de las protestas poselectorales y de los detenidos provenían de sectores populares: “95% de los detenidos fueron aprehendidos en zonas populares. Vemos una criminalización de hombres jóvenes en estos sectores, donde lo frecuente es que cuando hay muertes siempre se atribuyen a enfrentamientos con organismos policiales y, por supuesto, quedan impunes porque no se investigan”.
Liga Bolívar, fundadora de Provea, aseveró que la mayoría de la veintena de personas asesinadas luego del 28J fueron víctimas de armas de fuego.
“La denominada operación tun tun trajo consigo allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones e irrespeto al principio de presunción de inocencia”, sostuvo.
La calle no se abandona
“El dolor aislado se convierte en resignación, en cambio el dolor compartido puede transformarse en una acción colectiva”, dijo Diego Casanova, vocero del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), quien también estuvo presente en la presentación del informe.
Casanova indicó que la organización de la que forma parte se cohesionó luego del 28J, pero surgió a raíz de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión en 2022 y posteriormente liberados producto de una negociación.
“Surgió como respuesta a la falta de respuesta estatal. No estamos dispuestos a normalizar las detenciones, la tortura, la desaparición forzada y el retardo procesal. Frente al silencio decidimos actuar”, expresó.
El activista manifestó que ante la “sordera” del gobierno han decidido acudir a protestar ante distintas embajadas en Caracas entre el 5 y el 9 de mayo.
“Nos hemos reunido en diversas actividades, nos consolamos entre lágrimas compartidas y un proceso silencioso. Resistir es una forma de amar”, dijo.
Casanova expuso que entre las demandas del Clippve están la libertad plena para todos los presos políticos, el cese inmediato de la represión, el fin de la tortura y el aislamiento prolongado, la restitución del derecho a las visitas y atención médica a los detenidos y la derogación de todas las leyes que criminalizan la protesta.
“Así como el Ministerio Público exige respeto a los DDHH de los venezolanos detenidos en El Salvador, así mismo pedimos garantías para los presos políticos en Venezuela. Apelamos por el principio de no repetición, que se puedan generar espacios de justicia transicional, vamos a seguir en las calles”, ratificó.
Sin garantías electorales
Bolívar sostuvo que el oficialismo intentó por diversas vías obstaculizar un cambio en el país el 28J y lo logró.
“Empezando por el desmantelamiento del CNE, el uso de la ‘Furia Bolivariana’, la elección de la fecha de nacimiento de Hugo Chávez para llevar a cabo el proceso, el asedio a la embajada de Argentina en Caracas, el anuncio de ganar las elecciones por las buenas o por las malas, el bloqueo al Registro Electoral, la persecución a quienes participaron en la campaña opositora y los obstáculos a las postulaciones María Corina Machado, Corina Yoris y la selección de Edmundo González Urrutia, el candidato que les era más potable”, dijo la fundadora de Provea.
Bolívar aseguró que no hay condiciones para unas elecciones limpias en el futuro.
“Para ello requerimos un CNE independiente, acompañamiento internacional, apertura del Registro Electoral, que no hayan políticos inhabilitados, cese de persecución a testigos y auditorías. El mayor bloqueo proviene de quienes detentan el poder de facto, no de las sanciones”.
No hay fotos de la miseria
A juicio de González, coordinadora de Investigación de Provea, aunque el 2024 estuvo ligado a la represión poselectoral, la precariedad social avanzó de forma abrumadora ante la indiferencia del gobierno madurista y la censura y autocensura de algunos medios de comunicación.
“No hay fotos de los niños que nacen con bajo peso, de las madres que no pueden dar de comer a sus hijos. Tenemos un salario mínimo de 130 bolívares desde marzo de 2022 con una inflación y devaluación que se agudizó a partir de octubre de 2024”, sostuvo la coordinadora de Investigación de Provea.
González informó que Venezuela es el país en América Latina con el salario mínimo más bajo.
“86,9% de los venezolanos padece de pobreza por ingreso y la inseguridad alimentaria afecta a la larga el desarrollo cognitivo de las personas. Se supone que el 9% de la nómina de las empresas se debe destinar a las pensiones, pero estos fondos no van al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sino que van al fisco nacional y con respecto a eso hay total opacidad”, explicó.
La secretaria general de la Asociación de Profesores Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (Apufat-UCV), Argelia Castillo, agregó que los 1142 días sin aumento salarial están generando un impacto importante en la familia venezolana.
“Hemos solicitado en reiteradas ocasiones la suspensión del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), que vulnera el artículo 89 de la Constitución. Que doten a nuestros profesionales de los recursos económicos que satisfagan sus necesidades, queremos mesas de discusión con legítimos representantes de los trabajadores, que se garantice un seguro médico, vacaciones, prestaciones sociales y la homologación salarial para pensionados, jubilados y sobrevivientes, además de libertad para los universitarios presos”, recordó.
Provea tiene un norte
Murillo expresó que el informe 36 de Provea refleja los abusos que querían revertir los venezolanos con su voto en 2024.
“Esa aspiración legítima nos permitió ahondar en temas álgidos como presos políticos, salud, seguridad social, jubilados y pensionados. Temas que han sido apartados y relegados por la coalición gobernante”, destacó.
Murillo sentenció que el 28J ocurrió un hecho grave que tuvo consecuencias nefastas.
“Hubo una ruptura del principio democrático que responde a una conducta arbitraria, sin embargo, el pueblo venezolano no está dispuesto a bajar los brazos. Nuestras acciones son cada vez más determinantes, contra la injusticia tenemos que levantar nuestra voz. La lucha por la libertad de Venezuela es necesaria y tenemos que seguir adelante”, concluyó.
Mientras que Raúl Cubas, fundador de Provea, está convencido de que el pueblo va a conseguir una transición auténtica: “No de cúpulas que son los que hoy tienen la iniciativa de dirigir al país, debemos construir una alternativa donde nuestro norte sea memoria, verdad y justicia”.
El informe en cifras
–24 personas fueron asesinadas y 93 heridas durante la represión poselectoral
– Se produjeron 2.400 detenciones arbitrarias
-Un promedio de 150 personas fueron detenidas a diario durante 16 días después del 28J, superando a 2014, cuando se registraron 28,8 cada día
–95% de los detenidos poselectorales provenían de sectores populares
–915 protestas se registraron 48 horas después que el CNE proclamara a Maduro ganador el 28J
–97% de los detenidos sufrieron vulneración al debido proceso
–2224 personas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, un aumento de 88,1% con respecto a 2023
-En 671% aumentaron las desapariciones forzadas
-Se registraron 72 allanamientos ilegales, un incremento de 300% con respecto al año anterior
–60 denuncias de víctimas de torturas
–2635 violaciones a la libertad personal, 94% en el marco de la represión post 28J, lo que representó un aumento de 1.347,8% con respecto a 2023
–522 personas fueron asesinadas durante 2024 por efectivos de la fuerza pública, 65% tenían entre 18 y 30 años, de los cuales 3,36% eran adolescentes
–29% de las muertes de 2024 se produjeron a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
–10.517 asesinatos a manos de la fuerza pública se han registrado desde 2013, 6.414 en los últimos cinco años
Voto
-De 5,5 millones de votantes en el exterior, apenas se registraron 69.189
–8.644 centros de votación contaron con apenas una mesa
-De 3,5millones posibles nuevos votantes solo 428 000 pudieron registrarse
–395 despidos se produjeron luego de las elecciones
Alimentación
–43% de la población enfrenta inseguridad alimentaria
–0,5% de la canasta alimentaria cubrió el sueldo mínimo
-El salario mínimo se ubica en 130 bolívares desde 2022. Suman 1.142 días sin incremento de sueldo
–92,89 dólares recibieron los beneficiarios del carnet de la patria por concepto de bonos en 2024
-En 30% cayó la producción agrícola entre 2007 y 2023
–43% disminuyó la superficie cultivada
Salud
–69,3% de la población no tuvo acceso a la salud pública
–8 de cada 10 centros de salud pública están inhabilitados
–75% del personal sanitario ha abandonado los hospitales por la precariedad de los sueldos
-Hay 74% de desabastecimiento en los centros de salud pública
–11,2 millones de personas con enfermedades crónicas o graves no tienen acceso a los tratamientos
-La ayuda humanitaria proveniente del exterior solo representó el 28% de lo requerido
–10% de los niños tienen bajo peso para su talla
–24% de las mujeres embarazadas en el país sufre anemia
–9% de los niños nacen con bajo peso
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luis López, un adulto mayor de 82 años, salió de su casa el 21 de enero con un pequeño panfleto que contenía los resultados electorales de su centro de votación de las presidenciales del pasado 28 de julio. También, llevaba consigo un ejemplar de la Constitución. Llegó hasta el peaje de Tapa Tapa en Maracay, estado Aragua, donde, sin ningún tipo de explicación, funcionarios policiales se lo llevaron detenido.
Tras llegar al lugar con el panfleto, un funcionario policial lo detuvo en el sitio y fue entregado al centro de resguardo de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) en la Urbanización Caña de Azúcar. Allí lo tuvieron varios días hasta que lo presentaron de forma telemática ante los tribunales. Le dictaron privativa de libertad el 27 de enero, día en que se le imputaron los cargos de instigación al odio y terrorismo.
Después de 12 días, el adulto mayor fue trasladado al centro de resguardo de La Morita. Según declaró una de sus hijas, allí estuvo detenido unos 26 días, hasta que lo trasladaron a Caracas sin ninguna notificación previa a sus familiares.
“Antes de trasladarlo pasaron por el Senamecf, que eso ha sido una piedra de tranca con esos benditos exámenes, porque el juez cuando le dio la privativa de libertad le mandó a hacer exámenes psiquiátricos y todos se los hicimos. Los exámenes nunca llegaron a Caracas”, denunció una de las hijas de López en entrevista exclusiva con Runrun.es.
Los familiares del señor López llegaron a la ciudad capital desorientados, pues cuando les informaron que lo trasladaron a la capital, solo les dijeron que estaba en Boleita, una zona que desconocen. Recorrieron todo el sector hasta que llegaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7. Una vez en el punto, les mostraron una foto del señor López para confirmar que estaba allí recluido.
“Cuando lo veo, mi papá venía llorando y temblando y me decía ‘no me vayan a dejar aquí’’. ¿Te imaginas el dolor inmenso que sintió mi corazón en ese momento, y yo haciéndome la que tenía mucha fuerza para que no se sintiera mal?”, contó la hija del señor López.
Condiciones precarias de reclusión
López fue recluido inicialmente en una celda con unas 60 personas en la Zona 7 de Boleíta. Su hija relató que allí no había siquiera espacio para la colchoneta que él utilizaba. “Dormía con la cabeza casi metida debajo de un televisor porque no había espacio”, dijo su hija.
López empezó a presentar problemas respiratorios, calambres y dolores en el pecho. A pesar de que siempre ha sido una persona sana, desde su reclusión, su salud se ha deteriorado.
“Como mi papá es un sobreviviente de COVID-19 estaba trancado, lo tuvieron que nebulizar. Tuve que conseguir un equipo prestado para llevárselo y que se nebulizara allá”, contó su hija.
A raíz de esos problemas de salud, López fue trasladado a otra celda donde solo había tres personas. La orden la dio el director del centro de reclusión, a quien ella agradece esta acción. “Hasta el sol de hoy está ahí metido con ellos, y como él es el más viejito de todo el penal, no nos podemos quejar porque dentro de todo lo han tratado bien”, contó la hija.
Sin embargo, sigue teniendo otros problemas de salud como artritis, incontinencia urinaria, dolores en el pecho y pérdida de la memoria.
“Me dice que tiene un dolor en el pecho permanente que no se le quita, en los pulmones, y debido a su mala circulación, que le quedó por el COVID-19, le dan muchos calambres. En estos días fui a visitarlo y de repente me asustó. Yo pensé que tenía un dolor en el pecho y se puso como un tomate rojo y era un calambre, pero que no lo dejaba ni hablar. Primera vez que veía a mi papá así”, relató su hija.
Una boleta de excarcelación que no se cumple
Como en la mayoría de estas detenciones arbitrarias, al señor López no se le permitió acceder a una defensa privada y se le asignó un defensor público. Inicialmente, le asignaron el caso a un defensor público de apellido Marcano quien, por problemas familiares, estuvo casi dos meses de permiso. Posteriormente, le asignaron otro, quien admite no entender por qué el adulto mayor sigue preso.
El 28 de febrero, recibieron una llamada en donde les notificaron que se otorgó una medida de excarcelación, pero su liberación aún no se ha ejecutado. Ese día la familia llegó a los tribunales, pero les indicaron que para poder excarcelar al señor López necesitan un correo institucional en el que envíen los resultados de los exámenes hechos en el Senamecf meses antes.
La familia de López se sintió engañada. Cuando iban de camino a Caracas, en la camioneta de uno de sus hijos lloraron y se arrodillaron dando gracias a Dios. Pero el señor Luis López no fue excarcelado. “Fue una burla. Yo siento que los de los tribunales se han burlado de nosotros como les ha dado la gana”, condenó su hija.
Más adelante, el pasado 8 de abril, López tenía que acudir al tribunal, pero debido al ahorro energético decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, esa audiencia no se pudo celebrar. La próxima está programada para el 6 de mayo. La familia está a la espera de una resolución del caso ese día.
“A mi papá le imputaron los cargos de instigación al odio y terrorismo. Yo le digo, ¿Terrorismo por qué? ¿Porque iba armado con la Constitución de Venezuela? Esa era la única arma que llevaba mi papá y el panfleto”, señaló su hija, quien condenó la mala atención que reciben en los tribunales. “Nosotros somos unos fastidiosos para ellos y no entiendo por qué. Si somos fastidiosos es porque todavía lo tienen preso ahí”, dijo.
Incluso, un día en el que la esposa del señor López fue a los tribunales la señora le preguntó a la secretaria del juez: “Ay, hija, ¿hasta cuándo me tienen a mi viejito encerrado? ¿Cuándo me lo van a mandar para mi casa?”. La hija de López lamentó la falta de sensibilidad de la secretaria ante el planteamiento de su madre y cuestionó: “La piedra de tranca han sido los tribunales. Ya mi papá no es un preso, mi papá es un secuestrado. Mi papá está secuestrado desde el 28 de febrero”.
Una familia severamente afectada
El señor Luis López tiene siete hijos, de los cuales cuatro ya son de la tercera edad. Él ya es un adulto mayor y se dedicaba a estar en su casa con sus nietos, especialmente con el más pequeño, muy apegado a él, a quien le dice que es “su asistente”.
Por otra parte, tiene más de seis décadas casado y su esposa es quien más afectada ha resultado por la reclusión del señor. La señora tiene 80 años y padece hipertensión, diabetes y problemas coronarios. Ha vivido meses de angustia. La separación forzada ha sido devastadora para ambos.
“Mi mamá ha rezado mucho, ahorita en Semana Santa la llevamos poco a poco a ver al Nazareno. Hace el rosario a las 3 de la tarde todos los días. Eso es un rosario a la misericordia divina, porque nosotros somos católicos”, relató la hija del señor López.
A pesar de que describe a su madre como una mujer sumamente fuerte, lamentó que todos los días llora esperando a que su esposo vuelva a casa. “Yo le digo: ‘Mamá, aférrate a Dios, que Dios tiene un propósito con mi papá, por algo mi papá está allí’”, expresó su hija.
La señora no quería verlo en la cárcel, pero el señor López ansiaba ver a su esposa. En la oportunidad en que la familia la llevó hasta la Zona 7 de la PNB en Boleíta, el ambiente fue sumamente conmovedor. “Cuando se vieron, se abrazaron de una manera en la que todo el mundo lloró y se besaron como si fueran unos noviecitos”, recordó su hija.
“Eso nos partió el corazón, de verdad que sí. Definitivamente, son 62 años viviendo juntos, casados por la iglesia y todo. Hace 63 años juraron amarse hasta que la muerte los separe. Y resulta que viene este gobierno por una estupidez a separarlos. Ya tienen 3 meses separados”, lamentó.
Día del matrimonio del señor Luis López / Foto suministrada por sus familiares a Runrun.es
La hija de Luis López describe a su padre como un “hombre demasiado ejemplar y correcto”, quien es muy respetado en su comunidad. Crió a todos sus hijos con valores. “Mi papá fue tan recto en su vida que le decía a mis hermanos que si ellos caían presos, que vieran cómo los sacaban porque él no estaba criando vagos. Nosotros somos siete hermanos y gracias a Dios ninguno agarramos el mal camino”.
Pero esta situación también ha causado estragos económicos en la familia. Han tenido que hacer rifas y recibir aportes de otros familiares para poder visitarlo y llevarle la comida. Tienen planeado ahora hacer una vendimia familiar, para recoger fondos.
El caso del señor Luis López no solo evidencia las fallas estructurales del sistema judicial venezolano, sino también el profundo impacto humano que una detención injusta puede generar en una familia. A sus 82 años, con una salud deteriorada y una boleta de excarcelación ignorada desde hace más de dos meses, este adulto mayor continúa privado de libertad sin justificación legal ni compasión institucional.
“No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada.
En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado”, establece el artículo Nº 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que está siendo ignorado en este caso.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Fabiola Rodríguez, de 52 años, trabaja como empleada de limpieza en un colegio público en el estado Miranda. Su sueldo es de 130 bolívares al mes, menos de dos dólares a la tasa de cambio oficial para la fecha de publicación de este trabajo, más el bono de guerra económica (90 dólares) y otros incentivos que ofrece el gobierno a través de la Plataforma Patria. Para Rodríguez, el 1 de mayo era una fecha que esperaba con gran entusiasmo, actualmente, perdió la fe en que haya un anuncio que le permita tener un ingreso con el que pueda satisfacer todas sus necesidades.
“Siempre he trabajado en la administración pública y cuando se acercaba el mes de mayo nos alegrábamos porque nos aumentaban el sueldo, ya no es así, todo cambió para mal, ahora sufrimos porque no aumentan el salario y nos alcanza cada vez menos”, dijo Rodríguez.
El tema del salario mínimo en Venezuela se ha convertido en una cuestión que marca la distancia entre las expectativas y la realidad de millones de trabajadores. Mientras la inflación galopante y la depreciación del bolívar continúan erosionando el poder adquisitivo de los venezolanos, el aumento del salario mínimo ya no se percibe como una solución tangible.
“Un aumento no cambia la realidad del país”
En los últimos años, los anuncios sobre ajustes al salario mínimo han sido vistos con escepticismo por muchos venezolanos, quienes sienten que cualquier incremento es insuficiente frente al costo de vida actual. Adicionalmente la bonificación del salario se ha convertido en la constante en los últimos años y el mayor componente del ahora llamado “ingreso mínimo integral” no tiene impacto en prestacioines sociales, bonos de fin de año, vacaciones ni en las pensiones de los trabajadores que están atadas al salario mínimo.
Es el caso de Julio Colmenares -nombre cambiado por temor a represalias-, quien tiene 43 años y trabaja desde hace 10 años para la estatal Corpoelec. A Julio, como a la mayoría de los venezolanos, no le alcanza el sueldo para suplir las necesidades de su familia. Afirmó que está consciente de la situación económica que atraviesa el país desde hace varios años, por lo que no cree factible que el anuncio de un aumento salarial cambie la situación.
“Si Maduro hace un aumento de 200 dólares eso no va a cambiar la situación del país ni va a mejorar la situación de los empleados públicos que percibimos 130 bolívares más los bonos. La situación es mucho más compleja para todos aquellos que dependemos de un salario”, explicó Colmenares.
En los últimos tres años, el salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares, equivalente a apenas dos dólares estadounidenses al tipo de cambio actual. Esto no sólo lo sitúa como uno de los más bajos del mundo, sino que además agrava la brecha entre lo que se percibe y lo que se necesita para subsistir.
Este término “ingreso mínimo integral” fue acuñado por la administración de Nicolás Maduro desde el año 2023 y supone la totalización del monto mínimo que debe recibir un empleado público por su trabajo y que se compone de una pequeña porción de salario más las bonificaciones de alimentación y el adicional conocido como “Bono de Guerra Económica”.
Según lo establecido en el Artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado “garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica” que, según cifras del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) para una familia de cinco personas en el mes de marzo se ubicó en $526,83.
De acuerdo a la organización, una familia necesitó de 17,5 dólares diarios para poder tener acceso a los 60 productos que componen la canasta alimentaria.
Años esperando un aumento real
Para Edgar Fernández, empleado en un reconocido supermercado desde hace siete años, el salario mínimo ya no es visto como un derecho garantizado para alcanzar una vida digna, sino como una “burla”.
“Los empleados venezolanos llevamos años esperando que el salario mínimo nos alcance para cubrir todas nuestras necesidades, es muy triste que no nos alcance ni para comprar un kilo de carne. Yo considero que un cambio de gobierno es la única solución a esta situación”, dijo Fernández.
La debacle del salario mínimo comenzó a acentuarse a partir del año 2013, momento en el que pasaron grandes acontecimientos como la muerte de Hugo Chávez, la caída de los precios del petróleo, el ascenso al poder de Nicolás Maduro y la implementación de políticas económicas que se tradujeron en hiperinflación y devaluación del bolívar.
Desde entonces, los ajustes salariales no han logrado compensar la pérdida del poder adquisitivo, y el salario mínimo ha ido disminuyendo drásticamente en términos reales, llegando a ser uno de los más bajos del mundo.
La depauperación de un anuncio
A continuación un repaso de cómo estaba el salario mínimo desde el año 2013 y como ha desmejorado con el paso del tiempo:
2013: El salario mínimo se incrementó cuatro veces durante el año, pasando de 2047,52 bolívares en febrero a 2973 bolívares en noviembre, unos 66,73 dólares calculados a la tasa oficial de ese momento.
2014: Hubo cuatro aumentos en el salario mínimo, cerrando el año en 4889,11 bolívares unos 40,32 dólares.
2015: El salario mínimo se ajustó en cuatro ocasiones, alcanzando 9648,18 bolívares en noviembre, unos 18.77 dólares al cambio del BCV.
2016: Se realizaron seis aumentos, llevando el salario mínimo a 27092,10 bolívares en noviembre, este monto equivalía a unos 20.01 dólares.
2017: El salario mínimo se ajustó en cinco ocasiones, cerrando el año en 177 507,44 bolívares en noviembre, unos 4.70 dólares.
2018: Este año estuvo marcado por la reconversión monetaria en agosto. El salario mínimo pasó de 3 000 000 de bolívares fuertes en junio a 30 bolívares soberanos tras la reconversión, aunque parecía mucho, el salario era equivalente a 6,19 dólares.
2019: Hubo tres ajustes salariales, cerrando el año en 150 000 bolívares soberanos que equivalía a 6.44 dólares para el mes de noviembre.
2020: El salario mínimo fue ajustado a 400.000 bolívares, junto con un aumento en el beneficio del cestaticket socialista. Sin embargo, este monto equivalía a menos de 2 dólares.
2021: El salario mínimo se incrementó a 7 000 000 de bolívares, A pesar del incremento, el salario seguía siendo extremadamente bajo, con un valor aproximado de 2,48 dólares al cambio oficial.
2022: El salario mínimo fue ajustado a 130 bolívares en marzo, equivalente a unos 30 dólares en ese momento. Y en ese bajo monto ha permanecido congelado.
2023-2025: Durante estos años, no se han decretado aumentos al salario mínimo. Actualmente, el monto sigue siendo de 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 1,5 dólares al mes en abril de 2025, sin contar los bonos de alimentación y guerra económica.
Lo que se sabe del 1 de mayo
Como todos los años, rumores y noticias falsas van y vienen. Lo que sí es cierto es que el diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional oficialista, Francisco Torrealba, defendió la indexación del salario mínimo y responsabilizó a los Estados Unidos de la situación económica.
“Conscientes como estamos de las complejidades que ha impuesto Estados Unidos con sus medidas coercitivas que han arreciado y que tienen un impacto en los ingresos y de estabilidad de nuestra economía (…) sabemos que el presidente Maduro cuando tiene medio, le da un real a los trabajadores (…) en la medida de las posibilidades, también incrementándose, esperemos los anuncios que hará el presidente”, dijo el pasado 21 de abril en entrevista con Unión Radio.
Torrealba aseguró que “la indexación salarial es una política que se debe mantener, ya que garantiza que no se produzca depreciación del ingreso real integral que perciben los trabajadores”.
Como todos los años, el gobernante Nicolás Maduro convocó a una marcha por el Día del Trabajador y durante su programa televisivo “Con Maduro +” del 28 de abril informó que la concentración se enfocará en exigir la liberación de una niña venezolana retenida en Estados Unidos.
“Vamos a convertir la marcha del 1 de mayo en la gran marcha por la libertad de la niña secuestrada, y por la libertad de todos los secuestrados en El Salvador. La gran marcha del 1 de mayo en Venezuela va a ser por la libertad de esa niña hermosa, que vamos a rescatar para que crezca en su patria y tenga su escuela”, declaró el mandatario, sin hacer ninguna otra referencia sobre el salario mínimo.
Por otra parte, los trabajadores y pensionados del país anunciaron que este 1 de mayo tomarán las calles para exigir un aumento salarial digno, la reanudación de las discusiones de contratos colectivos y la libertad sindical.
“Este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la clase obrera venezolana alza su voz en medio de una realidad económica que socava su dignidad y bienestar”, informó José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), a través de un comunicado.
