En un informe de 111 páginas Human Rights Watch documentó las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos durante las protestas y en los meses posteriores a los comicios presidenciales del 28 de julio.
En el documento, titulado “Castigados por buscar un cambio: Asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela“, se destaca que Nicolás Maduro fue declarado ganador “a pesar de evidencias sólidas de lo contrario” y que las autoridades venezolanas y colectivos “han cometido abusos generalizados” desde esa fecha icónica para el país.
“El gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido forzadamente a personas que buscaban un cambio democrático y muchas otras han huido del país”, denuncia Human Right Watch.
El informe se basó en más de 100 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como en el análisis y la verificación de más de 90 videos y fotografías. Las entrevistas tuvieron lugar entre entre julio de 2024 y abril de 2025.
A continuación, en formato claves, los hallazgos más representativos de este informe.
Un proceso plagado de irregularidades, resultados bajo sospecha
A juicio de HRW, las elecciones del 28 de julio de 2024 se celebraron en un entorno de represión previa, exclusión de candidatos opositores, intervención de partidos y restricción del voto en el extranjero. Se refirieron a la imposibilidad de que María Corina Machado compitiera debido a su inhabilitación, al bloqueo a la inscripción de la profesora Corina Yoris para que se presentara en su lugar y a la detención, entre el 1 y el 27 de julio de 2024, de 142 personas, según el Foro Penal.
Mencionaron que observadores internacionales como el Centro Carter y la ONU concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad y que aunque el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador “no divulgó, y aún no lo ha hecho, las actas de escrutinio de las elecciones, ni realizó las auditorías o procesos de verificación ciudadana que exige la ley”.
“La oposición afirma haber recogido alrededor del 85 % del total de las actas de escrutinio que, según el Centro Carter, pueden considerarse auténticas. El Centro Carter también aseguró que esas actas mostraban que González había ganado con aproximadamente el 67 % de los votos, y calificó los resultados anunciados por el CNE como ‘estadísticamente imposibles’” precisaron.
Al menos 25 muertes y represión de colectivos
La organización afirma haber recibido información creíble sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas poselectorales, la mayoría de ellos perpetrados durante el 29 y 30 de julio.
“Las víctimas, en su mayoría, eran menores de 40 años y procedían de barrios de escasos recursos. Human Rights Watch recopiló evidencia creíble que implica a las fuerzas de seguridad venezolanas en algunos de estos asesinatos”.
A juicio de HRW, los “colectivos” desempeñaron un “rol clave en la represión de las manifestaciones”.
“Al principio, las fuerzas de seguridad intentaron controlar o dispersar las protestas, usando barreras, lanzando gases lacrimógenos y llevando a cabo detenciones. Cuando las manifestaciones continuaban, miembros de los ‘colectivos’ llegaban al lugar, a menudo con armas de fuego, para intimidar o atacar a los manifestantes”, describieron.
Detenciones, desapariciones forzadas y aislamiento
HRW resaltó que 2.000 personas fueron detenidas por participar en protestas o ser percibidas como opositoras en el marco de la represión poselectoral y que la mayoría enfrentó cargos de “terrorismo” o “incitación al odio”.
La mayoría de las detenciones ocurrió entre julio y agosto, pero también se reportaron al menos 50 casos en los días anteriores a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero.
HRW llama la atención sobre el hecho de que, a menudo, las autoridades negaron haber realizado dichas detenciones o se negaron a entregar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares y a otras personas, “lo según que el derecho internacional equivale a una desaparición forzada”.
“Durante días o semanas, los familiares buscaron a sus seres queridos desaparecidos en varios centros de detención e incluso en morgues. A menudo, el paradero de los detenidos solo se pudo confirmar por información transmitida por otros detenidos o porque los funcionarios de las prisiones recibían las pertenencias personales que las familias llevaban a los detenidos. Muchos consideraron esta recepción de las pertenencias como un reconocimiento tácito de que la persona estaba detenida en ese lugar. A principios de abril, Foro Penal señaló que aún había 62 personas cuyo paradero seguía sin conocerse”, especificaron.
De acuerdo con los cómputos de HRW, al menos 33 presos políticos de esta oleada de represión han permanecido en régimen de incomunicación durante días, semanas o incluso meses, “lo cual contradice estándares internacionales de derechos humanos”.
En prisión, se reportaron además “torturas, tratos crueles e incomunicación“. Las audiencias judiciales fueron irregulares, muchas sin defensores legales o mediante procedimientos virtuales grupales.
Violaciones al derecho a la defensa y juicios irregulares
El informe recoge patrones que han tenido que enfrentar los presos políticos poselectorales en los procesos a los que han sido sometidos, tales como negación a tener un abogado de confianza, imposición de defensores públicos inefectivos (en varios casos nunca tuvieron contacto con él) y negativa de acceder a sus expedientes judiciales.
Otro patrón identificado fue la celebración de audiencias grupales y virtuales en las que los detenidos eran procesados en grupo, sin posibilidad de evaluar individualmente sus casos, lo que viola el derecho a un juicio justo. Además, aunque los casos eran de diferentes regiones, la mayoría de las audiencias se celebraban en Caracas.
Torturas comprobadas
El informe de HRW indica que Provea documentó 2.224 víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2024, lo que representa un aumento del 88,1 % respecto a 2023. Las prácticas incluyeron golpizas, privación de alimentos y falta de atención médica. La ONG venezolana también registró nueve casos de tortura que afectaron a 60 presos políticos en la cárcel Rodeo I.
Human Rights Watch, por su parte, verificó doce casos de malos tratos que constituyen tortura, con acciones como descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, palizas severas y aislamiento forzado.
En algunos casos, estos abusos fueron usados para obtener confesiones forzadas o información sobre supuestos vínculos con la oposición.
Uno de los testimonios graves recopilado fue el de un adolescente de 15 años que sufrió convulsiones luego de recibir descargas eléctricas.
”Human Rights Watch también documentó el uso de celdas de castigo. Cinco personas que estuvieron detenidas dijeron a Human Rights Watch que los guardias los encerraron (o amenazaron con encerrarlos) en celdas de castigo conocidas comúnmente como ‘tigritos’, que son son celdas pequeñas, hacinadas y oscuras donde los detenidos permanecen aislados durante horas o días. Un detenido dijo que tenía que dormir de pie, debido a la falta de espacio, pues permanecía con unas 30 personas en un área de 2 por 3 metros. Un detenido describió una celda conocida como ‘la cama de Adolfo” en la cárcel Tocorón como ‘una especie de cuartico de basura’ no más grande que ‘una caja de lavadora’. donde tenía que permanecer siempre agachado. ‘Es un hoyo’”, abundan en el informe.
Otros abusos físicos que relataron las víctimas fueron golpes que dejaron heridas visibles “como hematomas, huesos rotos y fracturas”. Algunos detenidos mencionaron haber presenciado el “mata chivo”, un golpe en la nuca que aturde o deja inconsciente a quién lo recibe, o puñetazos en la parte superior central del abdomen, justo debajo de la caja torácica.
Las inhumanas condiciones de reclusión también fueron denunciadas en el informe: hacinamiento, desnutrición y negligencia médica han sido la norma. En varias prisiones, se prohibió a las familias suministrar medicinas y no se informaba sobre el estado de salud de los presos.
Asimismo, en cárceles como Tocorón y Tocuyito, se reportaron situaciones de hacinamiento extremo, con menos de 1 m² por persona; en Tocuyito se reportó que solo entregaban dos vasos de agua al día y en ambas cárceles abundaron las denuncias de entrega de comida en mal estado.
En este contexto, HRW se refirió a que al menos cuatro personas murieron bajo custodia tras las protestas del 28 de julio, entre ellas dos miembros del partido Vente Venezuela, muertes atribuidas “a falta de atención médica y malos tratos“.
Excarcelaciones bajo condiciones coercitivas
HRW se refiere a la cifra de excarcelaciones que registraba Foro Penal hasta el 7 de abril de unos 896 presos políticos y también describe que luego de ser excarcelados, a los liberados les han impuesto medidas como presentación periódica, prohibición de salir del país y otras limitaciones.
Otros fueron obligados al “silencio forzado”, o a firmar documentos de confidencialidad y grabar videos donde afirmaban que sus derechos no fueron violados.
Destacan el punto de que, a pesar de la excarcelación, algunos continúan siendo investigados penalmente.
¿Centros de reclusión o de violación de derechos humanos?
El informe se pasea por las condiciones denunciadas de cada centro de reclusión en los que permanecen los presos políticos poselectorales.
Sobre la cárcel de Tocuyito en Carabobo, mencionan las situaciones extremas de hacinamiento y desnutrición y la falta de atención médica. En esa cárcel fallecieron dos miembros del partido Vente Venezuela.
En Tocorón o Centro Penitenciario de Aragua se denunció el uso de celdas de castigo como “la cama de Adolfo”, espacios minúsculos sin ventilación, donde los detenidos defecaban en el mismo sitio donde dormían.
En la cárcel de Rodeo I de Miranda se reportaron reclusiones en régimen de aislamiento casi total por 120 días, además de torturas psicológicas ejercida por guardias encapuchados, quienes usaban pseudónimos y gritaban a los detenidos. Además, a los familiares se les niegan visitas o son encapuchados durante estas.
Por otra parte, en la Zona 7 de Boleíta, en Caracas, se reportó la existencia de celdas sin ventilación, llenas de humedad y desechos humanos, con hasta 90 personas por celda, así como la reclusión de menores de edad junto a adulto
El informe también hace mención a la sede del Sebin del Heliocide, un centro denunciado internacionalmente como “lugar de tortura sistemática“, en donde los detenidos son mantenidos incomunicados durante meses, sin acceso a abogados o familiares.
La situación en la cárcel Yare III de Miranda también fue descrita. Se contabilizaron más de 300 personas en aislamiento, sin derecho a visitas por al menos dos meses, cambios arbitrarios en horarios de visitas y registros corporales abusivos a mujeres visitantes.
Detención de niñas, niños, adolescentes y otras víctima
Con base en las cifras de Foro Penal se revela que al menos 176 menores de 14 a 17 años fueron detenidos entre julio y diciembre de 2024, quienes sufrieron violencia física y tortura psicológica y muchos presentaron secuelas mentales graves: ataques de pánico, ansiedad, intento de suicidio y temor persistente.
Los familiares de al menos tres de estos menores relataron a HRW que las fuerzas de seguridad los golpearon y maltrataron durante la detención. Como resultado, tenían golpes en la cabeza y huesos rotos, incluyendo algunas costillas: “Lo golpearon tanto que incluso yo, su madre, casi no podía reconocerlo”, dijo una madre entrevistada por la organización.
Human Rights Watch también recibió “denuncias creíbles” sobre agentes de seguridad dentro de las cárceles que intentaron coaccionar a las niñas para que realizaran actos de naturaleza sexual a cambio de protección.
“Una adolescente de 17 años contó a Human Rights Watch que algunos policías varones, junto con sus colegas mujeres, le insinuaron a un grupo de adolescentes, detenidas en un lugar aparte de los adultos, que debían acostarse con ellos a cambio de favores o ayuda. La madre de otra niña nos dijo que un militar le pidió a su hija de 16 años que mantuvieran relaciones sexuales con él mientras estaba retenida en un recinto militar sin agua ni comida”, narran.
Asimismo, al menos 285 personas vinculadas a partidos opositores fueron arrestadas, la mayoría pertenecientes a Vente Venezuela. Muchos fueron acusados sin pruebas de “terrorismo” o “incitación al odio”. En algunos casos, las detenciones fueron seguidas de allanamientos ilegales y robos por parte de fuerzas de seguridad.
La represión poselectoral también incluyó la detención arbitraria y tortura a ciudadanos extranjeros, incluidos ciudadanos de Colombia y Estados Unidos.
Exilio forzado de críticos y activistas
El documento indica que la represión poselectoral obligó a cientos de funcionarios, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a huir del país y alertan que muchos enfrentan obstáculos en sistemas de asilo regionales.
Señalan además que el proceso de reasentamiento en Estados Unidos se ha visto afectado por el endurecimiento de políticas migratorias bajo la administración Trump.
La respuesta internacional: tibieza ante la crisis
El informe indica que a pesar de años de sanciones y presión diplomática, la comunidad internacional no ha logrado alterar el comportamiento represivo del régimen venezolano.
Consideran que Estados Unidos, bajo la actual administración Trump, ha priorizado acuerdos migratorios y la liberación de ciudadanos estadounidenses por encima de los derechos humanos, debilitando los esfuerzos multilaterales de presión.
Recomendaciones al mundo
Human Rights Watch hace un exhorto a los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos a presionar públicamente al gobierno de Maduro a cumplir normas internacionales sobre detención de menores (como separación de adultos y uso solo como último recurso), a cesar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, liberar a los detenidos arbitrariamente, informar sobre el paradero de los detenidos y garantizar sus derechos a defensa legal, visitas y acceso a expedientes y archivar causas judiciales basadas en leyes abusivas de “terrorismo” o “odio”.
Insisten en que también se debe cortar la asistencia internacional que refuerce la represión y apoyar el trabajo de la ONU y la Corte Penal Internacional para asegurar la rendición de cuentas.
Como petición específica al gobierno de EEUU piden reanudar el financiamiento humanitario y de derechos humanos, restablecer el TPS (Estatus de Protección Temporal) y programas de reasentamiento, mejorar procesos de asilo y protección internacional para exiliados venezolanos y suspender deportaciones a Venezuela hasta que no se garantice la seguridad de quienes hayan sido perseguidos políticos.
También, se hacen llamados específicos a la ONU y a organismos vinculados, en el sentido de 🇺🇳 A la ONU y organismos vinculados, como publicar el informe del panel electoral de la ONU sobre las elecciones de 2024, visiibilizar la crisis en sesiones formales, exigir el pleno restablecimiento de la oficina del Alto Comisionado en Venezuela, con acceso a centros de detención y procesos judiciales y no dejar de monitorear e informar sobre la represión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
