La impunidad y violaciones a los derechos humanos siguen reinando en Venezuela de acuerdo a la organización Amnistía Internacional (AI), especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“La impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada”, señaló AI, en un informe correspondiente al año 2024.
De acuerdo al informe, las manifestaciones luego de los comicios presidenciales fueron “reprimidas de forma violenta, con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales”.
Cientos de personas salieron a las calles, luego de que Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro como ganador el 28J sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.
“Se detuvo arbitrariamente a miles de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, incluidos centenares de menores de edad”, reza el informe.
AI precisa que entre el 28 de julio y el 1 de agosto al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental a las protestas contra el nombramiento Maduro.
“Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma violenta un policía. Todas las muertes, menos una, se produjeron por heridas de bala”, apuntó AI.
Agregó que organizaciones de derechos humanos responsabilizaron de estos hechos a cuerpos de seguridad del Estado y a grupos armados civiles progubernamentales.
Igualmente, expuso que se produjeron detenciones “sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales”.
Según el informe, en 2024 los periodistas “seguían corriendo peligro de detención arbitraria y hostigamiento, y el Gobierno persistió en sus intentos de dificultar la labor de los medios de comunicación independientes”.
Torturas a menores de edad
El documento se refirió a las denuncias de organizaciones de derechos humanos del país sobre el empleo de tortura y otros malos tratos en centros de detención, incluidas “palizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual contra las mujeres”. Indicaron que hubo registros en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, pues en videos que se viralizaron en agosto en redes sociales que habían sido grabados desde el exterior de ese centro de detención, “se podía oír a mujeres gritar que las estaban torturando”.
En este punto, resaltaron que algunas personas menores de edad detenidas arbitrariamente tras las elecciones “fueron torturadas para que se autoincriminaran mediante declaraciones grabadas en vídeo,admitiendo que habían participado en las protestas, según afirmaron sus familiares”.
Otra irregularidad en el caso de adolescentes detenidos que destacaron fue la reclusión de niños y niñas con personas adultas.
Pobreza, migración y derechos irrespetados
Amnistía Internacional también refirió que en febrero de 2024 el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación reportó que casi el 82 % de la población venezolana vivía en pobreza y el 53 % estaba expuesta “a la pobreza extrema, al carecer de ingresos suficientes para adquirir una canasta básica”
Otro dato que destacaron en su reporte es que, al término de 2024, más de 7,89 millones de venezolanos habían huido del país y se refirieron también a los derrames de petróleo en la refinería El Palito, y a las consecuencias “graves para la fauna marina” de estos eventos. Se enfatiza de igual modo que, pese a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, Venezuela siguió sin firmar su adhesión al Acuerdo de Escazú, “cuyo objetivo es garantizar el derecho a la información, la participación ciudadana y la justicia en cuestiones ambientales”.
Amnistía Internacional se refirió también a que durante el primer semestre de 2024, la ONG Centro de Justicia y Paz documentó 58 feminicidios y a la persistencia de la violencia contra las mujeres, así como también a que el aborto seguía estando penalizado.
Otras deudas pendientes en derechos humanos identificadas fueron la falta de garantías a los derechos de las personas LGBTI y los riesgos para los pueblos indígenas por la minería ilegal y la violencia en la zona del Arco Minero del Orinoco.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
