35 periodistas judicializados, de los cuales 15 están en prisión. Esa es la realidad que enfrenta Venezuela en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Así lo informó este sábado 3 de mayo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de un comunicado.
El SNTP expresó que de los 35 judicializados, 12 tienen medidas cautelares y otros ocho enfrentan interrogatorios o escapan de órdenes de aprehensión.
“En este día mundial de la libertad de prensa, el SNTP exige al Estado y al sistema de justicia de Venezuela la liberación de periodistas y trabajadores de la prensa, el cese de la persecución y el respeto a la prensa”, colocó el SNTP en una publicación de X.
El SNTP indicó que hoy en día los periodistas no ejercen su profesión con libertad.
“Hay un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libre prensa en Venezuela a través del uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo como herramienta para silenciar voces críticas”.
El organismo denunció que en Venezuela no hay transparencia y la opacidad es la norma.
“El acceso a la información pública sigue siendo precario, con funcionarios del Estado que evaden su responsabilidad para rendir cuentas sobre asuntos que están bajo su responsabilidad”, agregó.
El SNTP igualmente dio a conocer que en los últimos años se ha evidenciado la desaparición de los medios impresos, el cierre de estaciones de radio y el bloqueo a más de 60 medios de comunicación en internet.
Entre las exigencia del SNTP al Estado se encuentra la liberación de los 15 periodistas detenidos, así como el cese de todos los procesos judiciales en contra de los trabajadores de la prensa.
También solicitaron que revisen y deroguen todas las leyes que criminalizan la libertad de expresión y se utilizan para perseguir a los comunicadores sociales, incluyendo la ley antiterrorismo.
Por su parte, exigió el cese inmediato del cierre de emisoras de radio y el bloqueo a páginas web de información.
Asimismo pidió acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de funcionarios del Estado.
Por último, solicitó que se implementen políticas de seguridad y protección para periodistas durante el ejercicio de sus funciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
De acuerdo a la ONG Foro Penal un total de 906 presos políticos continúan detenidos en Venezuela.
Desde su última actualización, la organización contabilizó 17 nuevos arrestos además de una excarcelación.
Según la ONG, los detenidos se dividen en 815 hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.
De la cifra total, 737 de los presos son civiles y 169 militares.
Foro Penal informó que desde 2014 hasta la fecha, se han llevado a cabo un total de 18.334 detenciones políticas.
De acuerdo a la organización la mayoría de los ciudadanos incluidos en este conteo fueron detenidos después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso proclamó ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.
Por su parte, en su informe anual la ONG Espacio Público registró 99 detenciones por expresar opiniones durante 2024 en Venezuela, un aumento del 254 % respecto a 2023, cuando documentó 28 casos.
“Se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas. Las elecciones presidenciales marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos”, expuso la organización.
Apenas esta semana familiares de los presos políticos pidieron ante la ONU en Caracas que intervenga a favor de la liberación de sus seres queridos.
Tanto Maduro como el fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab, aseguran que en Venezuela no hay presos políticos y califican a los encarcelados luego de las elecciones como terroristas culpables de varios delitos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía el avión número 18 con venezolanos repatriados desde que Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, se reuniera en febrero de este año en el palacio de Miraflores con Maduro y representantes de gobierno para establecer un acuerdo migratorio.
Según la administración venezolana una aeronave con 183 nacionales deportados de Estados Unidos llegó a Venezuela procedente de Honduras y previamente llegó otro proveniente de territorio norteamericano con 174 personas.
El primer avión de la aerolínea Conviasa trajo 157 hombres y 26 mujeres, mientras que el segundo transportó a 142 hombres, 18 mujeres, 6 madres y 8 niños, según una nota del Ministerio de Interior y Justicia.
De acuerdo al titular del ministerio, Diosdado Cabello, en el primer avión no había ningún niño.
Cabello sentenció que se trataba de una “respuesta arrogante del imperialismo ante el reclamo contundente de cientos de miles de personas” por el caso de una niña de dos años que según denuncian familiares y la administración de Nicolás Maduro, fue secuestrada por autoridades estadounidenses, a las que acusan de impedir que abordara un vuelo de repatriación junto a su madre.
“En su arrogancia, la respuesta es exactamente esa. No traigo ningún niño. Sigo separando familias, porque yo soy el imperialismo”, sostuvo Cabello.
Según cifras oficiales, un total de 3.646 migrantes han regresado a Venezuela en el plan denominado Vuelta a la Patria, un programa puesto en marcha en 2018 para facilitar el retorno de connacionales al país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La situación del derecho a la alimentación en Venezuela sigue marcada por severas carencias estructurales, pobreza masiva, inflación alimentaria persistente y una capacidad estatal limitada para garantizar el acceso adecuado a los alimentos.
El reporte recoge conclusiones en varias categorías que enumeramos en formas de clave seguidamente y que demuestran que Venezuela continúa enfrentando una grave crisis alimentaria y nutricional que compromete derechos fundamentales, especialmente entre los grupos más vulnerables.
Pobreza y salario insuficiente
De acuerdo con los datos recabados por Provea, 86,9% de la población vive en pobreza y 70,6% en pobreza extrema y el ingreso familiar medio mensual se mantuvo en $169,6.
Un dato preocupante es que el salario mínimo cubre apenas 0,5-0,6% del valor de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF), que promedió $536,10 en 2024. Además, Venezuela sigue entre los países en el mundo con mayor inflación en el precio de los alimentos.
Esto hace que 43 de la población enfrente inseguridad alimentaria sin acceso estable a suficientes alimentos de calidad y que 46% consuma alimentos de mala calidad o en mal estado
8 de cada 10 venezolanos sin acceso a alimentos
De acuerdo con los datos del reporte, el 82,3% de la población no tiene acceso suficiente a alimentos y 43,3% se encuentra en inseguridad alimentaria (32,8% moderada y 10,5% severa).
El 70,2% de los venezolanos destina más de la mitad de sus ingresos a alimentos. En este contexto, organizaciones como HumVenezuela reportan que 61,7% de los hogares ha reducido el número de comidas diarias y 50,5% agotó medios de vida para poder alimentarse.
Indicadores nutricionales no son alentadores
Aunque la desnutrición infantil muestra una leve mejoría (6,8%) sigue en niveles de alarma.
El 10,5% de los niños presenta talla baja para su edad y 9,3% nacen con bajo peso. La situación nutricional de las mujeres embarazadas también refleja esta crisis, pues el 24,2% de ellas presenta anemia.
Provea advierte que un déficit en talla “conduce al niño a una vida poco productiva, debido al deterioro de sus condiciones cognitivas, que afectan su rendimiento escolar en la etapa temprana de su vida y su productividad laboral en la edad adulta, lo cual, a su vez, incide directamente en la productividad de un país”.
Respecto a la tasa de anemia en mujeres en Venezuela es superior a la América del Sur en siete puntos porcentuales, lo cual indica “un reto en materia de seguridad alimentaria y salud”.
La ONG destaca que las causas de esta condición podrían atenuarse “con políticas alimentarias que garanticen el acceso a alimentos nutritivos y condiciones higiénicas y de saneamiento adecuadas”.
Hambre crónica
El Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) en Venezuela subió de 7,8% (2004-2006) a 17,6% (2021-2023), el más alto de América del Sur, lo cual se traduce en que hay cinco millones de personas en el país con hambre crónica.
Consumo y Estrategias de Supervivencia
82,3% de los hogares reporta cantidad de alimentos “insuficiente o muy escasa” y entre las estrategias de supervivencia que adoptan para hacer frente a la situación están comprar comida más barata (67,9%), reducir porciones (32,8%), pasar hambre (10,5%) y sacrificar alimentos de un miembro por otros (más del 60%).
El informe recoge que el el CLAP sigue siendo importante fuente de alimentación: 54,5% de los hogares se abastece por esta vía.
Crisis de servicio público e impacto en alimentación
La alimentación no depende únicamente de la disponibilidad de alimentos, sino también del entorno que permite su producción, preparación, conservación e higiene. En Venezuela, el colapso progresivo de los servicios públicos—agua, electricidad, transporte, saneamiento, gas doméstico—está afectando de forma directa el derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada.
Basados en cifras como las de HumVenezuela, el informe determinó que el 51% de los hogares debe comprar botellones, 18,6% pegarse a tomas públicas y 15,1% pagar camiones cisterna para procurarse abastecimiento de agua.
Los hogares además sufren la mala calidad del agua que reciben por tubería: con mal olor y sabor desagradable, lo que dificulta la preparación segura de alimentos y la higiene personal, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos contaminados, especialmente en niños.
En lo que respecta al servicio eléctrico, 60% de los hogares sufre fallas eléctricas de forma moderada o constante, intermitencias que comprometen la cadena de frío y afectan la conservación de carnes, lácteos y alimentos preparados.
También impacta el uso y la funcionalidad de electrodomésticos esenciales como neveras, cocinas eléctricas o licuadoras.
El informe menciona también que las fallas en el suministro de gas obligan a muchos hogares a cocinar con leña o improvisar cocinas eléctricas (cuando hay luz), lo que compromete la salubridad y nutrición de las comidas.
El saneamiento y la higiene es otro eslabón débil en la nutrición: aunque 83,7% de los hogares tiene instalaciones sanitarias con poceta conectada a cloacas, muchos carecen de insumos de higiene esenciales como productos de limpieza, jabón para lavar ropa, envases para transportar agua o jabón para lavar artículos de cocina. Este déficit compromete la inocuidad alimentaria y favorece enfermedades gastrointestinales, agravando la desnutrición en poblaciones vulnerables.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Este miércoles, 30 de abril, Christian Méndez, preso político detenido en Delta Amacuro, envió una emotiva carta a su esposa en la que expresa su dolor, su lucha interna y su anhelo de libertad, mientras alienta a su familia a no rendirse.
Carta de Christian Méndez enviada a su esposa el pasado 30 de abril
El mensaje, lleno de añoranza y fe, refleja la crudeza de su situación y el anhelo de volver a casa junto a su familia.
“Dios tiene que escucharme mi súplica, mientras llorando le pido volver a tu lado”, se lee en la misiva.
A pesar de la distancia, Méndez insiste en mantenerse fuerte por su familia, pidiendo a su esposa que también lo sea: “sé valiente, saldremos juntos de esta pesadilla”.
Caso Christian Méndez
Christian Méndez, de 34 años, es deportista, entrenador personal y fundador y líder del movimiento deportivo “Rompe tus límites” en Tucupita, estado Delta Amacuro.
El pasado 9 de enero, opositores en Delta Amacuro protestaron en rechazo a la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial. Aunque el entrenador no estaba protestando, testigos afirman que pasó por el lugar y se detuvo a grabar con su teléfono celular todas las incidencias de la marcha.
Cuatro días después de esa protesta, Méndez se encontraba en el Malecón de Manamo con un grupo de aproximadamente 70 personas, quienes hacían sus entrenamientos funcionales como todas las tardes, cuando efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se lo llevaron detenido.
Al entrenadorse le acusa de incitación al odio, lesiones personales graves, terrorismo y agavillamiento, según el escrito acusatorio de la Fiscalía 99 de Delta Amacuro.
Méndez engrosa la lista de detenidos por motivos políticos en Venezuela que, según el ultimo balance de la ONG Foro Penal Venezolano, la cifra se ubica en 903.
El año 2024 consolidó en Venezuela un patrón de censura y represión contra la libertad de expresión, intensificado durante el proceso electoral presidencial del 28 de julio y en los meses posteriores.
Según datos del informe anual“Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero-diciembre 2024”, publicado por la ONG Espacio Público, se produjeron 311 casos de represión, lo que se traduce en un aumento del 52% respecto a 2023. Este incremento estuvo vinculado directamente al proceso electoral del 28 de julio y a la ola represiva posterior, que afectó a líderes sociales, políticos y ciudadanos en general.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la escalada en las violaciones al derecho a la libertad de expresión, con 619 denuncias registradas, un 61% más que el año anterior. La intimidación fue la violación más común, con impedimentos de cobertura periodística y detenciones arbitrarias de comunicadores. Le siguen censura, hostigamiento judicial, hostigamiento verbal, restricción administrativa, amenaza, agresión, ataque, restricción legal y muerte.
Espacio Público contabilizó también 99 detenciones, un incremento del 254% con relación al 2023, cuando se registraron 28 privaciones de libertad. Del total de personas detenidas, 71 fueron particulares, y 24 entre periodistas y trabajadores de la prensa. El resto de las víctimas estuvo distribuido entre miembros de ONG y trabajadores públicos.
Del total de detenciones, 28 se produjeron por el uso de redes sociales o internet. Mientras que, al menos, 36 detenciones se produjeron bajo acusaciones de supuesta instigación al odio.
La ONG recalcó que las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión, controlar el discurso público y limitar el espacio cívico.
El cierre de medios de comunicación ha sido una política reiterada del gobierno para cercenar la libertad de expresión y 2024 no fue la excepción. Espacio Público contabilizó el cierre de 23 medios, 21 de ellos emisoras de radio, y el bloqueo de 32 sitios web y plataformas como X (Twitter) y Signal, ordenado por Maduro para evitar denuncias de irregularidades electorales.
Periodistas y portales web bajo acecho
La ONG señaló que los periodistas venezolanos son los más afectados por las violaciones al derecho a la libertad de expresión, al enfrentar frecuentes ataques y agresiones mientras realizan su trabajo.
Al igual que en períodos anteriores, los profesionales de la comunicación lideraron la lista de víctimas con al menos el 34% de los registros. Estos incidentes suelen ocurrir principalmente durante la cobertura de eventos noticiosos, como manifestaciones o en dependencias de organismos públicos.
La represión también se extendió al ámbito digital y legal, con bloqueos de sitios web, censura a medios independientes y el uso de leyes para criminalizar la disidencia.
Entre estas se encuentra la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo, la cual denuncian “ha instaurado un marco legal que restringe severamente la libertad de expresión, la cual estima penas de prisión de entre 25 a 30 años de prisión por difundir información “contraria a los intereses del Estado”.
En el mes de abril, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que, entre otras cosas busca “legalizar” prácticas de persecución estatal.
También, el 20 de agosto se creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad mediante un decreto presidencial. Esta instancia funcionará de manera permanente como un órgano consultivo y de asesoría bajo la autoridad del jefe de Estado, “enfocado en la prevención de los usos ilegales de las tecnologías de la comunicación y la información”, en otras palabras, “prevenir delitos informáticos”.
2024 dejó en Venezuela un escenario de “control absoluto sobre el discurso público, con leyes represivas, criminalización de la protesta y un cerco digital sin precedentes”, detalla el informe. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron la detención de más de 1.600 personas tras las elecciones, incluyendo adolescentes. La Corte Penal Internacional y la OEA exigieron también rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Nos estamos acercando al primer aniversario de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. ¡Qué triste diferencia hay hoy en el estado de ánimo nacional con respecto a la última vez que la Tierra estuvo en su presente posición orbital! Había un entusiasmo masivo que no se veía en mucho tiempo. Prácticamente toda la oposición, tanto a nivel de dirigencia como de base, estaba cohesionada y empujando hacia la misma dirección. Todo gracias a la ilusión producida por la candidatura de Edmundo González Urrutia y el liderazgo de María Corina Machado.
Recuerdo que uno de mis últimos tuits a pocas horas de que abrieran las urnas sintetizaba la felicidad que sentía por lo que estaba pasando en tal sentido y expresaba que siempre lo recordaría con mucho afecto, posición que mantengo. Porque, aunque en el presente se sienta todo lo contrario, lo que pasó entonces fue algo auténtico.
Ahora lo que se palpa es una profunda decepción, porque el reclamo opositor sobre el resultado electoral no ha logrado hacerse valer y, una vez más, el cambio político luce distante. Un cambio político que la inmensa mayoría de la población considera indispensable para gozar de un mínimo de calidad de vida. Tampoco puede hablarse de cohesión. La dirigencia opositora ha vuelto a fracturarse en facciones prosistema y antisistema, cuyos respectivos fanáticos se la pasan en un interminable y muy visceral intercambio de insultos, acusaciones y recriminaciones en redes sociales.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el grueso de la población es ajeno a tales diatribas. Ni se entera de ellas y, cuando lo hace, no toma partido alguno. Las ve con profundo desdén, por la sencilla razón de que ninguna de esas facciones le está ofreciendo a la ciudadanía común algo que entusiasme. Ninguna le está ofreciendo un proyecto que la involucre en una ruta creíble hacia el cambio político. Ya he explicado en artículos anteriores a qué se debe mi opinión pesimista, pero en aras de la comprensión del presente, vale reiterar de manera sucinta.
La estrategia, si así se le puede llamar, de Machado y los otros dirigentes opositores que se han mantenido alineados con ella, se reduce al parecer a esperar que la presión internacional, sobre todo estadounidense, genere fracturas en la elite gobernante al punto de que la misma acepte que el statu quo es inviable y acepte negociar una transición. Básicamente, el plan que hubo entre 2019 y 2022.
En vista de que, como todos sabemos, aquello no cumplió con su objetivo, es cuanto menos dudoso que esta vez el resultado será distinto. Sobre todo si, como aquella vez, no hay presión interna. Para colmo, la presión externa tiene efectos en la economía venezolana en general, sobre todo inflacionarios, que pueden empobrecerla más que lo que ya está.
Al mismo tiempo, el grupo de políticos que incluye a Henrique Capriles y Manuel Rosales está llamando a “votar” en las “elecciones” parlamentarias y regionales del 25 de mayo. Describen su esfuerzo como una alternativa a la pasividad de la otra facción. Pero su llamado no incluye un plan para defender el voto en caso de que el poder desconozca un resultado desfavorable. No explica de ninguna manera cómo ese voto se va a traducir en el cambio político al que las masas aspiran.
Tiene un muy mal disfraz de epopeya (“Aquí nadie se rinde”) y huele a sumisión racionalizada y que se reconocerá a sí misma, en el mejor de los casos, como oposición totalmente simbólica e incapaz de cambiar las cosas. Dudo mucho que la población se vaya a sentir alentada a “votar” masivamente por eso. No quiere discursos apasionados pero impotentes desde el Capitolio. Quiere acciones efectivas.
El resultado de todo lo anterior es una posible nueva crisis de representatividad, como la que ha habido cada vez que la dirigencia opositora genera expectativas que no se cumplen. Orfandad de liderazgo. Despolitización de las masas. Cada ciudadano desencantado de la política y dedicado exclusiva o casi exclusivamente a sus actividades económicas privadas, en un intento por sobrevivir y, quizá, si se tiene mucho tino y mucha suerte, prosperar. Pero he aquí otro problema: la economía nacional se deteriora de nuevo, sobre todo en materia inflacionaria, lo cual hace que la adaptación al statu quo sea difícil, también. Y con un mundo muchísimo más cerrado a la migración que el que hubo hace unos años, huir del sistema también deja de ser opción para muchos.
Pareciera que los ciudadanos comunes venezolanos estamos atrapados en una situación sin buenas alternativas. ¿Es que acaso no podemos hacer nada? No estoy hecho de titanio. Admito que por estos días me ha azotado la sensación de que la respuesta a la pregunta es “no” y que solo nos queda aguantar con estoicismo lo que sea que el hado nos depare. Mi disposición a dedicar tiempo y esfuerzo de reflexión a la política venezolana se ha reducido. He preferido dedicarme a asuntos privados más productivos y, en mi tiempo libre no sociable, a lecturas que van desde la Jung y hasta los Upanishads, pasando por la poesía de Ezra Pound y Miyó Vestrini.
Pero nunca he podido desentenderme del todo de la política nacional, acaso por un compromiso terco con el país. Compromiso que me obliga a confrontar, como Jacob con el ángel en la pintura de Rembrandt, la pregunta del párrafo anterior: ¿Es que acaso no podemos hacer nada? Pienso que, pese a todo, sí. Podemos, cuanto menos, apelar en tono crítico a quienes dicen que nos están liderando hacia la meta del cambio político. Podemos recordarles que todo quid pro quo entre un dirigente político y las masas que lo siguen debe consistir en apoyo a cambio de liderazgo efectivo. Ergo, no tenemos ninguna obligación a darles espaldarazos a quienes no están yendo a ninguna parte. De lo contrario, los estaremos premiando y alentando a seguir por donde no es.
De eso se trata. Dejar de ser cheerleader. Dejar clara la inconformidad. Se puede hacer sin excesos ni puerilidades. Podemos cuestionar la viabilidad de los planes de Machado y sus aliados sin dejar de reconocer que ellos han corrido riesgos que casi nadie está dispuesto a correr (no me cuento entre esos pocos). Se puede rechazar el fetichismo electoral sin señalar a todo el que incurra en él de ser deliberadamente un cómplice en la preservación del statu quo.
Con respecto a la facción prosistema, hacer todo esto es un poco más fácil. Basta con desatender sus llamados. Como la facción antisistema no está haciendo convocatorias a los ciudadanos comunes, lo que toca es distinto. Cada vez que uno de sus voceros diga que están avanzando sin dar muestra alguna sobre ello, hay que ponerlo expresamente en duda. Cada vez que hagan una denuncia de los problemas nacionales que ya todos conocemos, hay que responderles: Muy bien, ¿y qué hacemos?
Puede ser que, cuando noten que se acabaron los cheques en blanco, todos estos dirigentes decidan prescindir de lo que no ha funcionado y asuman el reto de pensar en nuevas estrategias. Como he dicho, sé que no es fácil. El hecho de que yo pueda señalar lo que no ha funcionado no implica que sepa qué funcionará. Pero, volviendo al quid pro quo, no es mi responsabilidad decir qué funcionará, porque yo no soy político de oficio y no le estoy pidiendo a nadie que me reconozca como líder.
Si, pese a los cuestionamientos de la mayoría, los políticos opositores insisten en lo que están haciendo, pues entonces sí les digo que no quedará más que esperar a que alguien se atreva a dar el valiente paso de tratar de formar un nuevo liderazgo opositor… Y conservarnos en privado mientras tanto. Al menos habremos intentado lo que, en mi opinión, es nuestro deber ciudadano del momento.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El país ocupa el antepenúltimo lugar en América Latina, solo por encima de Cuba (165) y Nicaragua (172).
En la ficha de Venezuela, RSF describe que después de que Nicolás Maduro accediese al poder, las medidas gubernamentales en contra de la pluralidad de los medios se acentuaron. Mencionan la desaparecieron las ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país, el cierre de más de 200 emisoras de radio y el bloqueo a los contenidos informativos en Internet, que afectan “gravemente” a los medios digitales no oficialistas.
En cuanto al contexto político de 2024, recuerdan que el 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales y que, “sin publicar resultados detallados ni actas electorales, Nicolás Maduro se arrogó el poder para un tercer mandato“, lo que derivó en manifestaciones que fueron severamente reprimidas y tras lo cual al menos ocho periodistas venezolanos fueron encarcelados.
Ningún país de Latinoamérica figura entre los primeros 30 puestos del ranking. El mejor posicionado es Costa Rica en la casilla 36, seguido de República Dominicana (43), Panamá (53), Uruguay (59), Brasil (63), Chile (69), Paraguay (84), Agentina (87), Bolivia (93), Ecuador (94), Colombia (115), México (124), Perú (130), El Salvador (135), Guatemala (138), Honduras (142).
“Hemos identificado un debilitamiento económico y democratico como principal amenaza en America para el periodismo”, reza el informe de RSF.
“El periodismo en América enfrenta retos estructurales y económicos persistentes, como la concentración de los medios, la debilidad de los servicios públicos de información, la precariedad laboral y la migración de los ingresos publicitarios hacia las plataformas tecnológicas globales. Los hábitos del público evolucionan, las redacciones menguan y la independencia editorial se debilita”, prosigue el comunicado.
La investigación consideró que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, donde según la Unesco, mataron a cinco comunicadores sociales en 2024.
“En Argentina, el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. En Perú y El Salvador, la libertad de prensa se ve debilitada por la propaganda y los ataques contra los medios críticos. Nicaragua, donde el régimen Ortega-Murillo ha erradicado la prensa independiente, se convierte en el país con peor puntuación de la región. Por el contrario, Brasil prosigue su remontada tras la era Bolsonaro”.
Según la clasificación de este año el indicador que mide las presiones económicas que sufren los medios y las condiciones financieras del periodismo es el que más lastra la puntuación global de los países.
“Sin independencia financiera, no hay prensa libre. Cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia, a costa de la calidad, y pueden convertirse en presa de los oligarcas o de responsables políticos que los instrumentalizan. Cuando los periodistas se empobrecen, ya no tienen medios para resistir a los adversarios de la prensa, los pregoneros de la desinformación y la propaganda”, advierte RSF.
RSF expuso que en 160 de los 180 países analizados, los medios de comunicación no logran alcanzar la estabilidad financiera.
El informe puntualiza que Estados Unidos retrocedió dos puestos con respecto al año pasado y ahora se encuentra en la casilla 57.
“La congelación de los fondos de cooperación que maneja la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha sumido a cientos de medios en una inestabilidad económica crítica, obligando a algunos de ellos a cerrar”.
Seis de cada diez países (112 en total) registraron retrocesos en la clasificación y por primera vez en su historia, las condiciones para el ejercicio del periodismo son “difíciles” o “muy graves” en la mitad de las naciones y satisfactorias; “buenas” o “bastante buenas”, en uno de cada cuatro.
Prensa versus redes
Si bien las redes sociales se han convertido en una ventana informativa en los países donde hay censura, estas también son un arma de doble filo para los medios independientes.
“Las plataformas, mayoritariamente no reguladas, acaparan una parte cada vez mayor de los ingresos publicitariosque normalmente deberían sustentar al periodismo”.
Según RSF, la inversión total en publicidad en las redes sociales ascendió a 247.300 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 14 % respecto a 2023.
“No contentas con debilitar el modelo económico de los medios, las plataformas también contribuyen a la proliferación de contenidos manipulados o engañosos, intensificando los fenómenos de desinformación”.
El informe igualmente habla de avance de la autocensura.
“En más de la mitad de los países del mundo (92) evaluados por la clasificación, la mayoría de los encuestados señala la existencia de limitaciones frecuentes o sistemáticas de la independencia editorial de las redacciones por parte de los propietarios de los medios”.
Asimismo, mencionaron la elaboración de leyes para para reprimir al periodismo independiente.
“En 42 países, que representan a más de la mitad de la población mundial (56,7 %), la situación se considera muy grave, la libertad de prensa es inexistente y el ejercicio del periodismo es especialmente peligroso”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.