Tres semanas después de la deportación masiva de 238 venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, sus familiares siguen sin tener noticias concretas sobre su paradero o condición. La mayoría insiste en que sus seres queridos no tienen vínculos con el crimen organizado, contradiciendo la justificación del Gobierno de Donald Trump, que los vinculó con la banda Tren de Aragua.
El medio aliado El Pitazo recoge las historias de Andry José Hernández Romero, un estilista y maquillador de 31 años, fue deportado por un tatuaje en sus muñecas que honraba a sus padres. Su madre, Alexis Dolores Romero, asegura que es víctima de una confusión. Al igual que otros, Hernández Romero viajó en busca del “sueño americano”, pero terminó en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una prisión de máxima seguridad.
Jonathan Plaza Carmona, de 35 años, fue asociado al Tren de Aragua por dos estrellas tatuadas en sus hombros. Su hermana Georgina Plaza afirma que es un hombre trabajador y sin antecedentes: “Lo encarcelaron por algo que no es prueba de delito”.
Expertos como la periodista Ronna Rísquez, autora de un libro sobre el Tren de Aragua, señalan que los tatuajes no son determinantes para probar afiliación criminal. “Solo una investigación rigurosa puede confirmar si alguien cometió un delito”, afirmó.
Una ley polémica y críticas internacionales
Estas deportaciones se realizaron bajo la Ley del Enemigo Extranjero de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar a japoneses-estadounidenses. Trump justificó su aplicación alegando una “invasión migratoria” bajo el gobierno de Joe Biden.
El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, aceptó recibir a los deportados. “¡Uy!… demasiado tarde”, escribió Bukele en tono irónico cuando un juez federal bloqueó temporalmente las expulsiones. Sin embargo, el proceso continuó.
Venezuela rechazó las acusaciones. Diosdado Cabello, ministro de Interior, denunció que la medida busca “perseguir y humillar” a los migrantes, mientras Nicolás Maduro calificó las deportaciones como “infames e injustas”. Organizaciones de derechos humanos también condenaron la medida, tildándola de violatoria de garantías básicas.
Familias desesperadas y protestas
En Venezuela, madres como Mercedes Yamarte relatan el dolor de ver a sus hijos encerrados sin explicación. “Sus ojos me pidieron a gritos que lo ayude”, dijo tras ver a su hijo en un reportaje.
El 17 de marzo, familiares marcharon en Caracas y Maracaibo exigiendo justicia. Muchos viajaron desde distintas ciudades para unirse al reclamo, pero siguen sin respuestas.
Mientras tanto, los detenidos podrían permanecer en El Salvador al menos un año, con posibilidad de extender su confinamiento. Sin comunicación ni recursos para viajar, sus familias claman por una solución. “Son inocentes”, repiten, mientras esperan que alguien escuche su voz.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
