En el mundo de los seres y las cosas de soporte emocional, solo conocía a las mascotas de soporte emocional. Aunque también podríamos incluir allí a los implantes de senos de soporte emocional, el cabello injertado de soporte emocional y las sugar babies de soporte emocional. Pero en mi viaje más reciente a Buenos Aires para dar mi taller Aprendo Stand-up, comprendí algo: que los argentinos son los humanos perfectos de soporte emocional.
Porque si estás deprimido y quieres que se te pase, buscáte un argentino (perdón, se me salió ese “búscate”). Además, no te costará nada. ¡Son tan espléndidos que hasta invitan! Yo lo certifico porque he tenido varios argentinos de soporte emocional en mi vida. Amigos como Marta Suárez, Jorge Parra, Guille Díaz, Paula Cosentino, Francisco Leal y Juanette. Este último, un venezolano que se convirtió al Argentinismo y ahora recorre plazas de Buenos Aires con un libro de Borges debajo del brazo vociferando: “¡Maradona es mi pastor! ¡Con él nada me falta!”.
Es que el argentino de soporte emocional tiene métodos infalibles para sacarte de la tristeza, como el menos invasivo: simplemente existir y respirar. Porque si vos estás en uno de esos días en donde todo es tan horrible como un fregadero lleno (ay… ya estoy escribiendo de “vos”), se te puede pasar con tan solo mirar a una argentina o un argentino. ¡Porque son bellos (perdón, “beshos”)!
Son tan perfectos, que hasta creo que Adán y Eva fueron argentinos. Lo cual digo con total responsabilidad, pues vengo de Venezuela, que es de los países con más coronas del Miss Universo (sin incluir mi corona del odontólogo). Es que realmente no sé qué tienen las argentinas y los argentinos. Los ves sin maquillaje, sin gimnasio, sin manicura, sin extensiones de cabello, sin pestañas postizas, sin dinero y hasta calvos y siguen siendo bellos.
Otra manera en la que te puede sanar un argentino de soporte emocional es con un método de shock que cura de inmediato. Digamos que estás ahogado en un vaso de agua, diciendo: “Si salimos ahorita, nos agarra el tráfico. Si salimos en diez minutos, nos agarra la lluvia. Si nos vamos en metro, es inseguro y si agarramos moto, es peligroso”.
Es entonces cuando ese argentino de soporte emocional te frena en seco con un: “¡Dejáte de romper las pelotas!”. Inmediatamente dejás de estar ahogado en un vaso de agua y pasás a ahogarte en uno de fernet (sha como que se me pega la cosa, ¿viste?).
Ahora digamos que te sentís solo y no tenés con quién hablar (¿dije “sentís” y “tenés”? ¿Qué es este quilombo?). Entonces di las siguientes palabras mágicas que eliminan cualquier soledad: “¿Tomamos mate?”.
Inmediatamente sale un argentino de soporte emocional que te brinda una media hora de hablar boludeces (dije “boludeces”, por favor intérnenme). En donde además todos toman de un mismo pitillo denominado “bombisha”, lo cual crea un vínculo superior al de sangre: el vínculo de saliva. Que es más fuerte, che, porque hasta absorbés el ADN de tu argentino de soporte emocional (y a este punto, sha creo que mi apellido comienza a mutar de Morales a Moralini).
Vayámonos a otro caso. Supongamos que estás en Buenos Aires y son las dos de la mañana, pero te es imposible dormir por un ataque de ansiedad. Es cuando entonces debes romper ese vidrio en caso de emergencia y sacar a tu argentino de soporte emocional, quien de inmediato te dirá: “¡Vashamos por pizza!”. Es así como van por la pizza (aunque no descartemos que una milanesa), luego pasan por una librería (¡porque las librerías de Buenos Aires siguen abiertas a las dos de la mañana!), te duermes un par de horas más tarde y luego despertás para ir a laburar como si nada. Lo cual también se da porque a este punto ya cambiaste el sueño americano por el sueño argentino.
Pero planteemos la posibilidad de que no conocés a ningún argentino, ni sabés cuándo irás a la Argentina (¡estoy grave! Digo “la Argentina”). No te preocupés, porque existen unos argentinos de soporte emocional que están disponibles para ti las veinticuatro horas del día. Son Cerati, Antonela, Messi, Cortázar, Sábato, Darín en sus películas o el personaje cómico de Peter Capusotto. Verás que son mucho mejores que una mascota o una sugar baby de soporte emocional (a menos que esa sugar baby o esa mascota sean también argentinos).
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Para Giuseppe Gangi, ingeniero de software y creador de la página web macenoniadelnorte.com, la mejor forma de hacerle frente a la desinformación en las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo 25M es con documentación y pruebas de eventuales anomalías.
A propósito del inminente proceso electoral, la edición de La Conversade la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este 20 de mayo llevó por título ¿Cómo reportar irregularidades en las elecciones del 25 de mayo? y además de Gangi contó con la participación de Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual.
Gangi aseveró que una de las principales fuentes de información este 25M serán miembros de la sociedad civil, pero en esta ocasión, no se está contando con testigos y miembros de mesa debido al amedrentamiento y persecución desatado por el régimen de Maduro luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
“La gente teme denunciar ciertas cosas. Equipos técnicos de algunos partidos me han contactado, pero la información que poseen es opaca, tienen más dudas que respuestas”, señaló-.
Gangi sostuvo que una muestra de que este será un proceso sin garantías es el propio simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se registraron incidentes que podrían marcar una tendencia de opacidad irreversible.
“Los partidos que van a participar no tienen certeza si las actas contarán con el código QR, es probable que las actas tengan que ser procesadas manualmente. Esto es a propósito para que puedan torcerse los resultados. Están obstaculizando la transparencia”, advirtió.
El ingeniero manifestó que nadie dentro o fuera del CNE ha explicado de qué tamaño serán las actas en vista de la cantidad de candidatos, cargos y circunscripciones.
Gangi expresó que, hasta ahora, es un misterio la existencia de una Gaceta Electoral y si el CNE publicará los resultados del 25M en su página, supuestamente atacada desde Macedonia del Norte la noche del 28J.
“Si van a publicar los resultados de este domingo, entonces no tienen excusa para no sacar los de las presidenciales. Si sufrieron un ataque, como ellos dicen, entonces están expuestos a sufrir otro porque no han hecho nada para proteger la página desde julio para acá”, consideró.
El creador de macedoniadelnorte.com aseveró que no planea publicar resultados algunos del 25M en su página.
“La idea más bien es documentar lo que pase ese día, una recopilación de incidencias, afluencia a centros de votación, una especie de radiografía y para ellos tendremos disponible nuestro canal de Telegram”, precisó.
Gangi recordó a los ciudadanos que suministren información sobre eventuales irregularidades y abusos en centros de votación que su identidad será resguardada.
“Si aparece algún rostro que pueda comprometer a alguien lo vamos a cubrir. La verificación de los datos está garantizada, todos las fotografías y videos suministrados van a pasar por un proceso de revisión riguroso que no será perfecto por la naturaleza opaca del proceso, pero que será profesional y estará a cargo de un equipo de diez personas que emplearán herramientas de geolocalización para constatar que los datos concuerden”, explicó-
Gangi indicó que su motivación es desenmascarar la falsedad y ver más allá de la “verdad oficial”.
“Será un trabajo ciudadano, artesanal y anecdótico. Aspiramos tener actas al final del día, pero ni cerca de las que tuvimos el 28J. El día de las presidenciales nos llegaron cerca de 7000 videos que fueron revisados y el resultado fueron resultados en 1.700 mesas de votación, para este proceso esperaría llegar a 1.000 datos suministrados”, dijo.
Desde la baranda
El ingeniero expresó que, similar a la noche del 28J, no espera que el resultado leído por los rectores del CNE tenga un sustento real.
“Por eso es importante documentar todo”, insistió.
Batiz recordó que este proceso no contará con observación nacional y mucho menos internacional.
Gangi indicó que alrededor de 62 personas que participaron en las elecciones de jueces de paz son candidatos a gobernadores, diputados y legisladores.
“Hay un caso de una candidata a gobernadora y también a diputada que fue también candidata a juez de paz, cuando se dijo hace cinco meses que los postulados para este proceso tenían que ser apolíticos”, recordó.
Amaya informó que la mayoría de los que poseen doble candidatura no pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Gangi aseveró que lo más oscuro del proceso compete a la denominada Guayana Esequiba.
“No se sabe qué territorio va a gobernar el que salga electo allí, los ciudadanos no saben a ciencia cierta donde votar, si en el estado Bolívar o el Delta Amacuro”, resaltó.
El experto en software informó que la página macedoniadenorte.com estará disponible desde las 6 de la mañana de este 25 de mayo en el banner correspondiente a regionales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este jueves, 22 de mayo, familiares y amigos de Rory Branker, periodista y editor del portal web La Patilla, denunciaron que lleva 92 días en desaparición forzada.
A través de una cuenta en X, insistieron en la liberación del comunicador social, que fue detenido el 20 de febrero por funcionarios del régimen venezolano sin orden judicial y sin ofrecer información sobre su paradero, cargos o estado físico.
En X, la cuenta “Liberen a Rory Branker”, señala que el único funcionario del gobierno que ha hecho referencia pública al caso ha sido el ministro de Interior y Justicia,Diosdado Cabello, quien lo mencionó en su programa televisivo, sin ofrecer detalles claros sobre su situación.
“El silencio del Estado no es neutral; es una forma cruel de violencia que prolonga el sufrimiento y la incertidumbre“, se lee en el post de la denuncia.
Señalan también que la “detención arbitraria y la desaparición forzada son heridas profundas que dañan la esencia misma de nuestra sociedad: la libertad y la dignidad humana”.
#DESAPARECIDO | Cuando un hijo desaparece, una madre queda atrapada en un vacío insoportable.
➡️ Cheryl Ann lleva 92 días sin saber nada de Rory, sin una palabra que calme su desesperación.
El silencio del Estado no es neutral; es una forma cruel de violencia que prolonga el… pic.twitter.com/w3XfFEwfI0
— Liberen a Rory Branker (@liberenRBranker) May 22, 2025
“Estoy sufriendo por mi hijo”
La madre de Rory, Cheryl Ann Branker, una adulta mayor, se mantiene incansable en la búsqueda de su hijo, enfrentando la incertidumbre y el dolor ante la falta de respuestas de las autoridades.
“Señor Diosdado Cabello Rondón y a Tarek William Saab, quisiera saber dónde está mi hijo. Estoy sufriendo, son tres meses que no sé de él, me estoy muriendo en vida. Nadie me llama, nadie me avisa, estoy en el limbo”, rogó la madre de Branker, a través de un video difundido en redes sociales.
🗣️ | Hoy se cumplen tres meses desde la desaparición forzada del periodista y editor de La Patilla Rory Branker, quien fue detenido el 20 de febrero por funcionarios del régimen venezolano sin orden judicial ni información oficial sobre su paradero, cargos o estado físico.
— Liberen a Rory Branker (@liberenRBranker) May 20, 2025
Organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas, y ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Justicia Encuentro y Perdón y Un Mundo Sin Mordaza han exigido la liberación del periodista y han denunciado la violación de sus derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
María Alejandra Yépez es vicepresidente ejecutiva de Legal y Gobierno Corporativo de Banesco, la primera institución bancaria en adherirse a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP’s). Es una empresa que ha consolidado una cultura organizacional donde el respeto, la diversidad y el liderazgo femenino no solo se promueven, sino que se viven día a día.
Aunque comúnmente el departamento de Recursos Humanos gestiona todo lo relacionado a los WEP’s, Yépez se encarga de esto en Banesco dada las oportunidades que le ha brindado la empresa a lo largo de tantos años trabajando en ella.
“Esta es una institución que reconoce el valor del liderazgo femenino y eso es lo que me ha hecho crecer. Comencé en esta institución hace muchos años y esta organización me ha permitido crecer no solamente en términos nominales de lo que es un cargo”, declaró en entrevista para Voces de Equidad, iniciativa de Runrun.es.
Un camino transitado gracias a otras mujeres
En su rol dentro del banco, ha participado en eventos y reuniones importantes para la entidad, como los relacionados con la alianza entre Banesco y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto urbanístico “Parque Lineal Río Guaire”.
También es una figura activa en las iniciativas de la institución relacionadas con el empoderamiento femenino y la equidad de género. Ha sido, entre otras cosas, panelista en charlas como “Influyendo con impacto: ¿Por qué la mujer debe apuntar a ‘sumar’ y a no ‘encajar’?” en el marco de las actividades de Banesco para celebrar el mes de la mujer.
La empresa se adhirió a los WEP’s en el año 2022 y no lo hizo para cambiar su cultura, sino para consolidar lo que ya venía practicando. Según María Alejandra Yépez, hay más del 62 % de participación femenina en el banco, pero también hay un 66 % de participación femenina en roles de gerencia.
“Los roles más importantes están básicamente en manos de mujeres. Y eso dice mucho del respeto a la diversidad que tenemos como institución y de las oportunidades que se dan. Porque muchas veces el gran reto de la mujer que trabaja es poder tener una vida y un balance de vida-trabajo. Y aquí lo he encontrado”, relata.
Desde su propia experiencia, al ser madre de una hija que ya es adulta, reconoce haber encontrado el respeto y la posibilidad de equilibrar su trabajo con su maternidad. Pero ese es un camino alcanzado gracias a otras mujeres que ya lo transitaron.
La conciliación entre la vida personal y profesional ha sido una lucha constante para muchas mujeres, marcada por la culpa de no saber si se ha hecho lo suficiente en ambos ámbitos. En su proceso de crecimiento y autoconocimiento, María Alejandra Yépez destaca la importancia de la empatía que nace al atravesar retos similares: entender lo que significa tener un hijo enfermo y saber que está bien priorizar la familia sin sentirse culpable.
“Hay cosas muy importantes y que marcaron mi vida: la maternidad. El entender que por más que quieras hacer todo, no lo puedes hacer todo. El entender que tienes una personita que depende de ti y que será una buena persona en la medida que le puedas dedicar”, reflexiona.
Para ella, el liderazgo implica crear redes de apoyo reales dentro de los equipos. No se trata de grandes gestos ni revelaciones únicas, sino de una observación constante de las necesidades del otro y de accionar desde lo cotidiano.
Recuerda un caso inspirador: una directora de Google, al notar las dificultades de caminar largas distancias estando embarazada, impulsó la creación de estacionamientos preferenciales. Ese simple cambio tuvo un impacto significativo en otras mujeres. “Eso es lo que yo trato de identificar, qué cosas pequeñas y concretas podemos aportar dentro de nuestros equipos femeninos”.
Escuchar para transformar
En palabras de Yépez, todo comienza con la escucha activa. “Lo primero es escuchar”, dice. Y es que considera que aunque se existen programas de formación respecto al tema, escuchar es la mejor forma de conocer lo que necesitan las personas.
“Escuchar lo que necesitan las personas es clave para promover el cambio real. Podemos pensar que la solución es una guardería, pero tal vez lo que una colaboradora necesita es poder llegar a casa a las cinco para hacer tareas con sus hijos”, refiere. Este enfoque humanizado ha permitido a Banesco adaptar sus políticas a las necesidades reales de su gente.
Asimismo, resalta la importancia de “caminar el camino de otros”, considerando que aquellos que tengan más experiencia siempre serán un apoyo para los que todavía están empezando. Por ejemplo, destaca la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), un gran espacio para que los estudiantes reciban formación en materia de equidad desde muy jóvenes y que estos se instruyan sobre la experiencia de otros.
Generalmente, en las empresas es el departamento de Recursos Humanos el que gestiona todo lo relacionado a los WEP’s, pero aunque María Alejandra Yépez está en el área legal y corporativa de Banesco, ella se ocupa de este tema porque es algo que le llama la atención y porque considera que desde su rol puede ayudar a la corrección de políticas internas.
Aspectos diferenciadores
En Banesco, según explica María Alejandra Yépez, cuentan con un código de ética donde hay políticas marcadas para ser abiertos a la diversidad. “No va a haber jamás un aspecto donde tú te vas a poder sentir un poco menos porque eres una dama o porque puedes salir embarazada”, explica.
Recuerda que en más de 20 años trabajando en la organización nunca ha escuchado una preferencia sobre un hombre porque no le toca gestar, algo que sí ha escuchado que ocurre en otras organizaciones. “Aquí, yo creo que eso es impensable”, aclara.
Además, destaca la existencia de protocolos para atender situaciones de violencia de todo tipo. “Aquí hay tolerancia cero a cualquier forma de irrespeto y al final la violencia y el acoso son una forma de irrespeto. Entonces creo que sería un pecado capital en esta organización. Esta organización no estaría permitida (la violencia), más allá de que sea una dama o sea un caballero”, puntualiza.
Como aspectos especiales en las políticas de la empresa, señala que el código de ética es la columna vertebral y uno de los valores más importantes de la organización es la responsabilidad, la cual “no solamente es con la organización, sino con nosotros mismos y con nuestro entorno”.
En tal sentido, existen redes de apoyo que se forman desde la corresponsabilidad de las actividades. “Entonces, en la medida que somos corresponsables, tenemos la capacidad de hacer el quite, por llamarlo de alguna manera, de la persona que no está en ese momento por alguna razón”, dice.
Retos, logros y el camino por recorrer
Aunque los avances son significativos, Yépez reconoce que la equidad es un proceso continuo en cualquier empresa. Para ella, Banesco no ha tenido trabas para trabajar en la búsqueda de la equidad, pero siempre se puede mejorar.
Asimismo, destaca que los roles de cuidado aún recaen principalmente en las mujeres, lo que implica la necesidad de seguir rompiendo estereotipos y generando condiciones de verdadera igualdad, por lo que considera que escuchar sigue siendo parte de ese proceso de mejora. Es una tarea constante.
“Por ejemplo, el ser cuidador hoy en día está muy identificado a lo femenino. Entonces, tienes un padre enfermo, ¿quién es la que falta del trabajo? Siempre se identifica que la mujer es la cuidadora. Entonces, tenemos compañeros a los que se les enferma su mamá ¿Quién se queda? La hija. Los hijos siguen su rutina, salen, hacen sus actividades, comparten con sus señoras”, señala por lo que refuerza su opinión de no quedarse atrás. “Lo que hoy puede servir y puede ser bueno, mañana puede cambiar y necesitamos cosas nuevas”.
También, explica que Banesco siempre se ocupa de atender las necesidades del personal, desde la formación y capacitación, por lo que alienta a otras empresas financieras a trabajar juntos como gremio para visibilizar políticas que generen un cambio.
“Y quizás podemos tener algún comité para manejar el desarrollo femenino, el manejo de asuntos muy femeninos dentro de las organizaciones. Es probable que si nos unimos tengamos más visibilidad y eso es importante (…) porque sirve como un ejemplo a las demás organizaciones que quizás en el día a día no están viendo la importancia de tomarle seriedad a estos temas”, señala.
Para María Alejandra Yépez, las acciones por la equidad no deben verse como un costo, sino como una inversión en el talento, la sostenibilidad y el bienestar colectivo. “Porque no se trata de lo femenino en contraposición de lo masculino, se trata de las igualdades en general”, finaliza.
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció que el abogado y activista de derechos humanos Eduardo Torres continúa incomunicado desde el pasado 9 de mayo, cuando fue detenido por funcionarios de seguridad del Estado.
A través de un comunicado, el APUFAT exigió que se le permitan las visitas de sus familiares, la defensa privada tal como lo establecen los artículos 3, 19 y 23 de la Constitución y el respeto a sus derechos humanos.
La Universidad Central de Venezuela condena la detención arbitraria de Eduardo Torres, trabajador de la UCV, defensor laboral y miembro de PROVEA. #LiberenAEduardoTorres
Alertan sobre el aislamiento de Torres en el Sebin Helicoide y exigen que se le permitan visitas a familia y… pic.twitter.com/qXosFRfKsf
El Consejo Universitario lamentó que los tribunales penales de Caracas se hayan negado a recibir el “hábeas corpus” que introdujeron la esposa de Torres y su equipo legal.
“Las autoridades del centro penitenciario del Helicoide deben autorizar las visitas de su familia y asesores legales en el marco de lo que permite la ley, pues los aislamientos en prisión violan las normas más elementales sobre el trato a las personas sometidas a procesos penales”, recordó el Consejo Universitario de la UCV.
Exigen su liberación inmediata
El portal Yaracuy al Día, reseñó que familiares, amigos y colegas de Eduardo Torres, quien también forma parte de la ONG Provea, se reunieron la mañana de este 21 de mayo frente a la Fiscalía del Ministerio Público en San Felipe para introducir una denuncia, ya que consideran injusta e ilegal su medida de privación de libertad.
César Torres, hermano del abogado oriundo de San Felipe, señaló que en el MP le informaron que no podían recibir el documento, pues el caso está ante organismos en la ciudad de Caracas.
Torres explicó que solo saben que su hermano está detenido en la sede de El Helicoide, pero hasta el momento no han podido verlo y mucho menos hablar con él. Le han llevado ropa y medicinas, pero desconocen si lo recibe, tampoco han tenido acceso a su expediente.
El pasado 10 de mayo, Provea denunció la desaparición forzada de Eduardo Torres. La organización informó que de acuerdo con testigos, Torres fue visto por última vez el día viernes 8 de mayo a las 4:00 de la tarde en Parque Central, Caracas, luego de asistir a una reunión. Sus familiares sostuvieron comunicación con él a esa misma hora, en la que el activista informó que se dirigía a su vivienda cerca de la Av. Fuerzas Armadas, pero nunca llegó.
Luego de 8 días en los que las autoridades se negaron a informar del paradero de Eduardo Torres, Provea pudo confirmar el pasado 17 de mayo que el miembro de la ONG está recluido en la sede del Sebin en El Helicoide.
Provea recordó que Torres cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “debido a las amenazas y hostigamientos que ha sufrido por su labor como defensor de derechos humanos”.
Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también exigió la liberación y protección de Eduardo Torres.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La muerte de su hija Madison cambió para siempre la vida de Carlos Eduardo Mendoza Núñez. Cuando tenía 19 años, el embarazo de su novia estaba en término pero complicaciones obstétricas, provocaron la muerte fetal y él quiso honrar la memoria de su primogénita tatuándose una corona con su nombre en el pecho, sin imaginar que llevar esa marca le costaría su libertad.
“Él se tatuó hace ocho años, inmediatamente después de que el embarazo de la bebé no llegara a término. Siempre le dije ‘no te ralles’. En primer lugar porque él prestaba servicio en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y segundo, porque hay muchas maneras de recordarla, pero él me decía, ‘mami, es en honor a Madi’”, explica Carmen Núñez, madre de Carlos.
El joven de 27 años, oriundo de la populosa barriada de Las Palomas, ubicada en la parroquia Valentín Valiente de Cumaná, capital del estado Sucre, forma parte del grupo de venezolanos deportados desde EEUU al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en El Salvador, por la administración del presidente Donald Trump.
Carmen dice que se le secaron las lágrimas de tanto llorar a su hijo con quien perdió todo tipo de contacto y sus amigas le piden que no le mande mala energía, porque todos están seguros de que Carlos no es un delincuente.
En los planes de Carlos no estaba irse a EEUU, pero había quedado desempleado desde hace cuatro años cuando se dio de baja en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Ya no vivía con la mamá de Madison, pero se casó y su esposa tiene un niño de diez años. Para mantener a su familia, ayudaba a su papá a vender repuestos y él fue quien lo convenció de emigrar junto a sus dos primos.
Se fue de Venezuela el tres de febrero de 2024 y, luego de una inclemente travesía por la selva del Darién, el 24 de marzo cruzó a EEUU. Cuando se entregó, los funcionarios de inmigración le pidieron subirse la franela, le tomaron fotos y le pusieron un dispositivo de seguridad.
“Sus primos fueron liberados un día antes, pero a él le pusieron un grillete y le dijeron que lo iban a monitorear, porque ese era un tatuaje pandillero y le preguntaron que si era del Tren de Aragua, pero él les respondió que no pertenecía a ninguna banda, ni tenía antecedentes penales” relató la madre.
Carlos quedó bajo régimen de presentación. Con ayuda de su primo, se fue a California a trabajar con un pastor como obrero en una venta de colchones. Con ellos también llevaba ayuda social a las personas necesitadas los fines de semana.
El joven solicitó su permiso de trabajo bajo la figura de asilo político y asistió a dos audiencias de migración de manera online. La tercera fue programada justo después de que Trump asumió la presidencia y le notificaron que debía ser presencial para firmar el permiso.
Cuando llegó, lo esposaron, lo revisaron, le quitaron el teléfono y la cartera. Lo mandaron a bañar, le dieron una braga gris y lo metieron en una celda con otras personas, donde permaneció durante un mes y cinco días.
La familia conoce estos detalles porque mantuvieron comunicación, aunque el servicio de telefonía era costoso.
“Igual que la primera vez, en el interrogatorio le preguntaron el significado del tatuaje y él respondió que era por su princesa. Le dieron un carnet y un papel que decía ‘evaluado y aceptado’”, detalla Carmen.
Sin embargo, el examen siguiente fue 15 días después y le dijo a su familia que fue una prueba “de miedo”, en la que le volvieron a preguntar si era pandillero y el significado del tatuaje, pero él no estaba nervioso. Allí, le dieron otro carnet que decía “aceptado” y le pusieron uniforme azul.
“Yo busqué el significado. El uniforme gris dice que está en proceso, el azul que tiene algo por allí. Querían que aceptara que era del Tren de Aragua y que lo iban deportar”, dijo la madre.
El viernes 14 de marzo le hicieron firmar la deportación.
Su mamá se asustó porque, esta vez, el uniforme que tenía cuando lo vio en la video llamada era rojo, el mismo color que utilizan los delincuentes de alta peligrosidad y considerados terroristas.
“Le dije que aquí lo esperaba, que no importaba, que lo que no se pudo allá lo va a lograr aquí, que aquí lo esperamos” dijo entre lágrimas y con voz entrecortada su mamá.
A Carlos lo trasladaron al aeropuerto pero el avión no salió por mal tiempo y aunque la familia lo esperaba al día siguiente, eso no ocurrió.
Para los familiares todo el panorama se volvió más incierto hasta que por distintos medios comenzó a circular el listado de deportados de El Salvador.
Carmen no entró en shock cuando vio su nombre en el listado y, por el contrario, dio gracias a Dios por saber dónde está.
En Texas Carlos se hizo amigo de José Viloria, otro venezolano oriundo de Carúpano que también sería deportado, pero cuando estaba en el aeropuerto su abogada impidió el procesamiento.
La familia de Carlos conversó con Viloria y éste les confirmó que Carlos se asustó cuando la abogada les dijo que el avión no tenía como destino Venezuela. Otro compañero de celda que le prestaba la tablet a Carlos también les confirmó su deportación.
La madre de Carlos ha vivido momentos muy difíciles que han afectado su salud, incluso, durante un mes dejó de trabajar en la escuela donde se desempeña como maestra de primer grado, pero luego ha tratado de recuperar su vida para luchar por la de su hijo.
Sabe que su hijo es fuerte después de superar el entrenamiento en la GNB y el traumático recorrido por el Darién.
“El paso por la selva fue lo que más sufrí en la vida, porque él pasó hambre, él y los primos durmieron dos días en la basura, luego vio a una muchacha que se ahogó. También ayudaron a otra muchacha con dos bebés y cuando iban a Tapachula, migración se metió en los autobuses y ella le dio uno de sus hijos para que no lo bajaran. Mi hijo caminó tres pueblos, al primo le dio una baja de tensión, decían que le había dado un derrame, pero gracias a Dios lo auxiliaron”, detalló.
Para Carmen los cinco días sin comunicarse con su hijo mientras cruzaba la selva no se comparan con los dos meses que tiene sin saber de él tras su deportación a El Salvador.
Como madre, sueña todas las noches con una llamada en la que su hijo le diga que está bien, porque lo conoce y sabe que está preocupado por la familia.
Asegura que ha encontrado fortaleza en el grupo de madres que, junto a ella, comparten el dolor de no saber nada de sus hijos y reconoce la entereza de su nuera Iralis Patiño, quien ha encabezado todas las diligencias necesarias para consignar los documentos ante instancias nacionales e internacionales, que permitan la liberación de su compañero de vida.
Iralis tiene 27 años, advierte que le duelen la cabeza y los ojos porque no se despega del celular y el TV para estar atenta a las noticias. Su mamá ha sido su gran apoyo cada vez que tienen que viajar a Caracas a reunirse con el comité de familias y dejar a su hijo que también pregunta por Carlos.
Ambas coinciden al señalar que él no se quería quedar en EEUU, que el dinero que mandaba era para equipar la casa que le había regalado su papá en Las Palomas, el mismo barrio donde creció y viven sus abuelos.
La madre lamenta el alto precio que tuvo que pagar su hijo para tener sus electrodomésticos.
“Tan caro que le salieron esas cosas, prefiero que se hubiera quedado en su ranchito sin nada a perder su tranquilidad, su libertad, todo le salió muy caro. No hay dinero que pueda pagar la libertad…” se lamenta Carmen entre lágrimas.
Aseguran que Carlos es muy sensible, su único vicio ha sido fumar y lo adquirió en su paso por la GNB. Son reiterativas cuando dicen que él todo lo que quería era ayudar a su familia a tener calidad de vida.
“Cuando lo detuvieron en California, él estaba destruido porque le dejaron el dispositivo pero cuando lo trasladaron a Texas estaba desesperado. Nos pedía que buscáramos un abogado y cuando lo iban a deportar le dije que se viniera que aquí buscaba qué hacer, pero a él le preocupaba que venía de manos vacías”, agregó Iralis.
Temen que llegue susurrando porque en el Cecot no pueden subir la voz, pero están dispuestas a motivarlo a recibir la ayuda psicológica que le permita salir adelante.
Para lograrlo, han cumplido todos los pasos a través de las instituciones del Estado venezolano (Ministerio Público, de Interior y Justicia, Defensoría del Pueblo, Cancillería, Cruz Roja), así como la Fundación Cristo Rey, para conseguir el Hábeas Corpus que permita su liberación.
“En todas las instituciones nos dicen que están trabajando, pero no tenemos nada concreto, ni los abogados han logrado que acepten los Hábeas Corpus de los primeros 30 casos que se conocieron”, agregó la madre.
Los familiares no pierden la esperanza y se refugian en la posibilidad de escribirles cartas a sus seres queridos, para darles tranquilidad en medio del confinamiento al que han sido sometidos.
“Camila Fabri, (defensora de DDHH y esposa de Alex Saab, ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela), nos ha dado la esperanza de que le puedan entregar las cartas, entonces, vamos a prepararlas, también seguiremos en movilizaciones y participaremos en las vigilias”, detallaron.
Sin embargo, Carmen e Iralis solo consiguieron ayuda para pagar un pasaje y se han perdido otros viajes a Caracas por falta de recursos para cubrir la logística que implica movilizarse, porque no tienen familia donde hospedarse en la capital.
Para Carmen, el sueldo como docente no es suficiente para atender las necesidades de toda la familia. Iralis por su parte, ha resuelto vender alimentos como pollo y huevos fiados en la comunidad, para mantenerse por cuenta propia.
Mientras tanto, no dejan de hacer planes para turnarse y grabar el primer abrazo que le darán a Carloscuando regrese al país y el pescado frito que le prepararán para compartir en familia.
Jessica no ha parado de llorar a su hijo
La historia de Carlos no se aleja de la realidad que vive Jesús Manuel Pineda Lezama, un joven cumanés de 25 años que también se encuentra en el grupo de deportados por el gobierno estadounidense a El Salvador.
Jesús cumpliría en mayo un año desde que decidió irse a los EEUU. La migración no estaba en sus planes porque era un joven dedicado a su familia, en especial a su hija de seis años que padece dextrocardia, una condición congénita en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del tórax.
También estaba entregado a su trabajo como mesonero en una reconocida venta de empanadas de Barrio Sucre, en Cumaná. Sin embargo, la salida de sus amigos del país lo motivó a seguir sus pasos.
En julio de 2023, justo un día después de celebrar el Día de Padre, sólo abrazó a sus dos hermanas pequeñas porque sabía que si se despedía de su mamá y su hija, no podría partir.
Trabajó nueve meses entre Panamá, Costa Rica y México, donde se ganó la confianza del propietario del restaurante en el que trabajaba como mesonero. Sin embargo, en febrero del año pasado, la insistencia de sus amigos lo llevó a adentrarse en la selva hasta que en mayo llegó a EEUU y se entregó a migración
“Lo soltaron al día siguiente, pero con un grillete. No se amilanó y continuó hasta encontrarse con los muchachos en California”, relata Jessica Lezama, madre de Jesús, desde su casa en una de las veredas en la zona popular de Bebedero, ubicada en la parroquia Altagracia de Cumaná.
De inmediato, consiguió trabajo como montacargas en una tienda de ropa. Era riguroso con la asistencia a las citas de migración y aunque le habían dicho que le quitarían el grillete a los tres meses, esto no ocurrió y por el contrario, se lo cambiaron.
El 23 enero de 2025 fue a su cita en migración de California y lo dejaron detenido en el Golden State Annex. Sus amigos y su pareja le avisaron a Jessica.
“Cuando se comunicó, le pregunté por qué lo habían detenido si él siempre iba a todas sus citas y me respondió que cuando él llegó la persona que lo asesoraba le dijo: ‘Jesús Pineda, te estábamos esperando’, lo pasaron a una habitación y lo esposaron” explicó la madre con voz entrecortada por el llanto.
Las conversaciones con su mamá no eran constantes, debido a los altos costos y también tenía que pagar el uniforme gris.
Sus amigos corrían con esos gastos y también le llevaban comida instantánea, porque la del lugar de detención no le gustaba.
Le mandaba notas de voz para darle tranquilidad a su mamá y le decía que estaba bien, que no le gustaba la comida pero se alimentaba con frutas y que en el lugar donde estaba recluido podía hacer ejercicios, porque estaba en un grupo apartado del resto de los detenidos, gracias a que no tenía antecedentes de delito.
Jessica interrumpió la entrevista en un par de ocasiones para buscar la copia de los documentos que confirman que Jesús tiene buen comportamiento.
Jesús también tiene tatuajes, uno de ellos se lo hizo cuando tenía 20 años y ya está muy borroso con el nombre de su mamá y del otro lado, tiene el de su hija. Sin embargo, al preguntar sobre las razones de su detención, los funcionarios le aseguraron que era parte de un procedimiento legal y no mencionaron los tatuajes.
Su audiencia estaba prevista para el mes de marzo y el juez le pidió llevar el respaldo de cinco personas estadounidenses que se responsabilizaran por él incluso, si los conseguía antes lo dejarían en libertad, pero si no debía pagar una fianza. Esas personas no las consiguieron porque tenía muy poco tiempo en EEUU.
El seis de marzo era el día de la audiencia. Él dice que el juez habló con él y le dijo que lo iban a liberar bajo juramento.
“Para su sorpresa, el siete de marzo, lo sueltan, pero parecía que el juez le estaba mintiendo, porque todo estaba preparado… Le hicieron un juicio en California y el siete de marzo lo soltaron, pero afuera lo esperaba la ICE de Texas, donde le informan que lo iban a deportar”, señaló Jessica.
En el Valle Detentión Facility de Texas, no lo maltrataban, comía mejor, pero lo que escuchaba era que lo iban a deportar.
Al igual que en el caso de Carlos, los familiares tuvieron comunicación con Jesús hasta el 15 de marzo cuando se enteraron de que habían llegado los aviones. Pero desde entonces, sus seres queridos no saben nada de él.
La madre se movilizó a Caracas a entregar los documentos personales de su hijo al edificio El Esequibo y realizó la denuncia de la desaparición ante diversas instancias nacionales e internacionales.
“Los abogados que están en El Salvador me mandaron a entregar los papeles, hacer una declaración y a poner mi denuncia ante el Ministerio Público, porque dicen que se trata de un secuestro”, enfatiza.
Confía en que los abogados de Angostura -pagados por el Gobierno venezolano-, realicen todas las acciones legales que permitan la liberación de su hijo.
Jessica no ha parado de llorar aunque su familia le pide que no lo haga porque su hijo no ha muerto.
En la escuela donde trabaja como asistente administrativa, le dieron permiso de ausentarse, pero prefirió volver a sus labores para evitar sobrepensar y dejar de ver el celular.
“La gente quiere ayudar, pero a veces no se miden en los comentarios que hacen y me reenvían todo lo que encuentran en las noticias y en Tiktok y eso me aturde”, detalla mientras junta sus manos y entrelaza los dedos que ya tiene casi sin uñas por la angustia.
Jessica ya sabe lo que va a escribir en la carta corta y precisa que le van a mandar a sus familiares, de acuerdo a la solicitud realizada por Camila Fabri, activista de DDHH, para darle tranquilidad a su hijo de que toda la familia está bien.
Jesús perdió a su padre en un accidente de moto cuando tenía ocho meses de nacido, la familia prefirió decirle a su abuela y a su hija que está trabajando en barcos y por eso no se ha comunicado.
Aunque su mamá rehízo su vida, Jesús siguió siendo sostén de familia y el dinero que ganaba en EEUU era para ayudarlos.
“Había meses en que nos mandaba remesas dos veces al mes, pero otros, solo una porque tenía que pagar el alquiler y nosotras entendíamos”, agregó la madre, quien además asegura que su hijo no tiene vicios y es un hombre ejemplar.
Jessica espera con ansias un video que le confirme que su hijo está bien, que no ha sido maltratado. Está tranquila porque sabe que Jesús come de todo, e incluso, recuerda con cariño que al igual que sus hermanas, le gustan las caraotas con azúcar.
“Como dice mi hijo: la voluntad es de Dios, él siempre pone a Dios por delante”, agrega.
Sin embargo, reconoce que la vida les cambió y para cubrir la logística de las movilizaciones a Caracas, solo cuenta con el bono de guerra económica y lo que gana su esposo como mototaxista, aunque en una ocasión también lograron apoyo de la casa comunal para cubrir los gastos del transporte.
Henri no conoce a su hijo recién nacido
Henri José Albornoz es un joven de 29 años que no conoce a su hijo recién nacido en EEUU, porque su esposa estaba en la semana 39 de gestación cuando lo deportaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
Lo detuvieron tras acudir a una cita ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Texas para tramitar su permiso de trabajo en el mismo lugar donde su pareja, aún embarazada, se había presentado un día antes.
“A las mujeres siempre las sueltan, pero dejaron a los caballeros”, comenta Wilmaris Albornoz, hermana de Henri, quien junto a su mamá ha encabezado la lucha por la liberación de su hermano.
La familia no tiene información sobre su paradero desde el 14 de marzo de 2025, cuando llamó por última vez a su mamá y le dijo que los sacaron a las 3:00 am para deportarlo, pero el mal tiempo impidió la salida del avión para su traslado.
Wilmaris confirmó que su hermano había sido deportado el domingo 16 de marzo, cuando lo identificó en los videos donde los maltrataban y luego vieron su nombre en el listado que se viralizó por redes sociales, pero no hubo un comunicado oficial y por ello, exigen fe de vida.
Pensaban que su permanencia en El Salvador sería momentánea y luego lo dejarían en libertad, pero eso no ocurrió.
A la familia entera la vida les cambió desde la detención de Henri. Su mamá permanece en casa de una amiga en Caracas para estar atenta y cumplir todos los trámites que le permitan lograr la libertad de su hijo.
Mientras tanto, para su pareja con un bebé recién nacido, ha sido muy duro tener que salir a trabajar como Uber para ganarse la vida y darle sustento a su familia.
Henri no tiene antecedentes penales y también trabajaba de Uber. Hace un año y un mes había viajado a EEUU después de vivir más de cuatro años en Perú, de donde es oriunda su pareja.
Él nació en Carúpano, capital del municipio Bermúdez del estado Sucre, trabajaba como mecánico junto a su papá, con quien surtía camiones de agua a través de un contrato con la Gobernación del estado Sucre, para atender la escasez del servicio en las comunidades.
Henri emigró en el año 2019, producto de la crisis multifactorial en Venezuela, y en Perú llegó a trabajar en el transporte público, pero también arreglaba motos y aplicaba los conocimientos aprendidos con su padre para ganarse la vida.
Fue allá en Perú donde decidió tatuarse el nombre de su expareja con quien tiene un hijo de 10 años que también vive en EEUU, también se grabó un paisaje y una corona.
Junto a su actual pareja, decidió buscar un mejor futuro en los EEUU, sin imaginar que la vida les cambiaría un año después de cruzar la selva del Darién.
La familia también ha agotado las instancias legales nacionales e internacionales para tramitar la liberación de su ser querido.
Aseguran que el caso de Henri, al igual que el de otros venezolanos, fue un engaño porque los funcionarios de inmigración le pidieron firmar una autorización de deportación voluntaria, pero tras negarse, le dieron la opción de pagar una fianza.
“Tenía que pagar el 19 de marzo, pero el 14 lo detuvieron y lo deportaron sin derecho a comunicarse con la familia”, agregó Wilmaris.
Su mamá se encuentra sumida en la angustia de no saber en qué condiciones se encuentra su hijo, pero se ha refugiado en la fuerza de Dios para luchar, pues asegura que no es un delincuente, ni pertenece al Tren de Aragua por llevar un tatuaje.
Asistencia terapéutica como necesidad
Sobre la necesidad de atención generada por las situaciones de angustia vividas por los jóvenes deportados y sus familiares fue posible consultar a Carlos Tineo, psiquiatra, quien como especialista reconoció que toda situación produce un nivel de estrés intenso especialmente la referida a procesos legales, confinamiento y deportaciones, que traen como consecuencia cuadros de estrés postraumático una vez ocurrido el evento y por ello, requieren apoyo psicoterapéutico.
El objetivo es que las sesiones de terapia permitan manejar los niveles de ansiedad, pensamientos recurrentes, recuerdos del evento y la intensidad de los mismos.
“En una situación postraumática el cerebro revive el evento traumático y genera las mismas crisis de ansiedad, angustia y miedo que hubo en el momento que ocurrió el hecho”, dijo el experto.
Tineo precisó que los deportados, al igual que sus familiares, requieren atención psicológica especializada y que, dependiendo de los daños provocados por cada caso, requerirán 10 sesiones mínimas de terapia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En El Mañanero del 22 de mayo deRunrun.es resumimos los titulares más destacados durante el fin de semana en Venezuela: Familiares acudieron este miércoles 21 de mayo a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para pedir al organismo internacional que interceda en la liberación de cinco adolescentes que fueron detenidos en el contexto de la represión poselectoral.
maría corina machado: “Por eso te reprimen, porque no le tienes miedo, porque no te la calas más, porque unidos arrasamos. Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no”
Si se tuviera que hacer un podio para los países que más irregularidades cometen en los procesos electorales, en un vano intento por demostrar a la comunidad internacional un mínimo de pluralidad social, tendríamos aVenezuela, Bielorrusia y Nicaragua en una encarnizada lucha por el segundo lugar. Porque el primero, y desde hace tiempo, le pertenece a Rusia.
La receta es conocida: dominio del propio ente rector que coordina las elecciones y da los resultados, aniquilación de la disidencia, escogencia a dedo de los participantes y represión de cualquier intento de protesta. Con estos tres ingredientes, Nicolás Maduro, Aleksandr Lukashenko y Daniel Ortega han conseguido perpetuarse en el poder.
No es casual que estos “presidentes”, escogidos por votaciones amaňadas, tengan como líder espiritual a Vladimir Putin, el hombre que logró capitalizar el inconformismo en Rusia tras la caída en desgracia de Boris Yeltsin a finales de los años 90 para usar su experiencia como exagente de inteligencia ruso y abogado para eliminar cualquier competidor y manejar a Rusia a su antojo desde principios de 2000 hasta el presente.
En el siguiente trabajo y a propósito de las elecciones del 25 de mayo, promovidas por el chavismo, se analizan las características de los procesos electorales que unen a estos países que han convertido el voto en un fetiche. Y se cierra con una entrevista a David Kankiya, experimentado observador electoral ruso y miembro de la organización Golos, hoy considerada por el Estado como “agente extranjero”, para encontrar los paralelismos con la realidad venezolana.
Nicolás Maduro y Aleksandr Lukashenko | Foto: AFP
Bielorrusia: tan lejos y tan cerca
A Venezuela y Bielorrusia los separan casi 10.000 kilómetros, pero los une el autoritarismo de sus gobernantes.
Las últimas elecciones en Bielorrusia fueron en enero de 2025. Aleksandr Lukashenko se impuso de nuevo como presidente en medio de un cuestionado proceso en el que la oposición no pudo participar. El contexto de estos comicios ya es una fórmula conocida: represión política, polarización y sanciones. Todo bajo el aura del dominio ruso.
El proceso electoral fue precedido por una ola de protestas en 2020 que fueron reprimidas con mano dura, una constante en este país y que los venezolanos conocen al detalle.
En 2020, Svetlana Tijanóvskaya fue inscrita como opción de última hora. Esposa de Serguéi Tijanóvskaya, un líder político que había sido detenido días antes de los comicios, esta candidatura ganó popularidad rápidamente. Si bien los resultados dieron como ganador a Lukashenko, crecieron las denuncias de fraude electoral, miles de personas salieron a las calles y se produjeron detenciones.
Repasemos: una candidatura opositora de último momento, de amplio respaldo popular, un resultado favorable al candidato a la reelección, denuncia de fraude, protestas en las calles y una ola de detenciones arbitrarias; la realidad de Bielorrusia en 2020 recuerda, casi paso a paso, lo vivido en Venezuela en 2024.
Con miles de presos políticos y líderes de oposición en el exilio, en 2025 se desarrollaron en Bielorrusia los comicios presidenciales, resultando reelecto Lukashenko. El contexto de esta elección evoca el nuevo proceso electoral que se realizará en Venezuela, el próximo 25 de mayo.
La oposición aún reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no presenta las actas que demuestran el supuesto triunfo de Maduro, reconocido y aplaudido 24 horas después por Lukashenko. Peor aún, para las elecciones de esta semana se espera que se elimine de las nuevas actas el código QR que permite la verificación rápida de los resultados y representa una garantía del proceso.
Otro rasgo común en las elecciones con gobiernos autocráticos es contar con candidatos hechos a la medida de este poder. En este punto, resalta la habilitación de Henrique Capriles Radonski, quien fue candidato presidencial en 2012 y 2013 y uno de los líderes opositores con amplio respaldo en el pasado. Ahora se ha separado de la línea abstencionista de María Corina Machado para postularse como diputado de la Asamblea Nacional.
“Maduro lo escogió al quitarle la inhabilitación”, dijo en una reciente entrevista Roberto Enríquez, secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela que respaldó a Edmundo González en la presidencial. Mientras Capriles dice que su habilitación fue “un dedazo”, voceros del oficialismo como Diosdado Cabello asegura que el dirigente miente, pues “él mismo pidió participar”.
Las irregularidades
En las últimas elecciones en Bielorrusia, de enero de 2025, Alexandr Lukashenko fue reelecto presidente por séptimo período consecutivo, perpetuándose así en el poder hasta 2030. Inició su mandato en 1994, cuando este país se independizó completamente de Rusia.
Durante su gobierno, destaca la restricción de libertades y la eliminación de la disidencia. Es una constante el exilio o cárcel de los principales dirigentes opositores.
Svetlana Tijanóvskaya es la principal líder de la oposición bielorrusa; fue quien obtuvo más votos en la elección de 2020 y se encuentra en el exilio. En la pasada elección presidencial, la dirigente demostró una serie de irregularidades ocurridas durante el proceso electoral que llevó a Lukashenko a su sexta reelección.
La organización Freedom Houseseñala que, en esos comicios, “un recuento de votos paralelo e independiente realizado con la aplicación móvil Golos, que extrajo datos de casi el 23 % de los colegios electorales, sugirió que Sviatlana Tsikhanouskaya probablemente había recibido 13 veces más votos de los que se habían informado”. Para contabilizar los votos se valieron de fotografías a las papeletas, mecanismo que fue prohibido posteriormente.
Esta es la principal razón por la cual en los últimos comicios (presidenciales de 2025 y parlamentarios del 2024), Bielorrusia omitió las invitaciones a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
En un informe de enero de este año, el Parlamento Europeo contabilizó 1.249 presos políticos y un aumento de las acciones represivas el año pasado, con un 50 % más juicios políticos, los cuales llegaron a 5.890 casos.
“El número de periodistas encarcelados aumentó y pasó de 32 a finales de 2023 a 45 a finales de 2024. La represión incluyó oleadas de detenciones masivas en ciudades pequeñas, despidos por motivos políticos de grandes empresas y detenciones de antiguos presos políticos y de quienes regresaron al país. Se mantiene a los reclusos en condiciones inhumanas, hacinados en celdas, durmiendo en el suelo y sin acceso a ropa de abrigo, productos de higiene, duchas y agua potable”, dice el informe del Parlamento Europeo.
El Centro de Derechos Humanos “Viasna” y el Comité de Helsinki de Bielorrusia consideraron que todavía existía un ambiente represivo de amenazas, presiones y persecución. Destaca que las personas que estuvieron activas en la campaña electoral de 2020 fueron llamadas a “conversaciones preventivas” y reiteradas detenciones.
“Esta vez Lukashenko no ha autorizado candidatos reales de la oposición, solo cuatro candidatos ‘de papel’ que se presentan junto a él. Las fuerzas democráticas de Bielorrusia califican estas elecciones de ‘autoreelección de Lukashenko’ e instan a la comunidad internacional a no reconocerlas”, dice el documento del Parlamento Europeo.
“Sergei Syrankov, que quedó en segundo lugar con el 3,2 % de los votos, respaldó a Lukashenko antes de las elecciones e hizo campaña en su nombre. Otros tres candidatos obtuvieron entre el 1,8 % y el 2,0 % de los votos. Los observadores no han determinado que ninguna elección en Bielorrusia desde 1994 haya sido libre o justa”, dice un reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Solo la abogada Anna Kanopátskaya, que participó hace cinco años, se atrevió a criticar la gestión de Lukashenko, aunque la oposición también cuestiona esta candidatura.
Entre las irregularidades de los procesos electorales de Bielorrusia destaca la ausencia de organismos de observación electoral independiente. Desde los comicios anteriores a la presidencial de 2025, el gobierno les había negado la invitación.
“Tras las elecciones presidenciales de 2020, las elecciones parlamentarias del 25 de febrero de 2024 serán la segunda vez que la OIDDH no pueda observar elecciones en Bielorrusia debido a la falta de una invitación oportuna de las autoridades nacionales”, dijeron en 2024 la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y la Asamblea Parlamentaria (AP de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE).
En este contexto, dice mucho que un grupo de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sí participó el pasado mes de enero como observador en las presidenciales de Bielorrusia. La comitiva de Venezuela estuvo integrada por la auditora interna del CNE, Neldys Alayón, la asesora de la presidencia del CNE; Esthela María Rincones, y el analista internacional Carlos Vigil.
Finalmente, y como ha sido la constante en Venezuela (salvo unos pequeños centros en las elecciones de 2024), para estos comicios tampoco se habilitaron colegios electorales en el extranjero, por lo que los bielorrusos en el exilio no pudieron participar.
La última reunión entre Nicolás Maduro y Alexandr Lukashenko fue en octubre de 2024, durante la cumbre de los Brics | Foto:VTV
Si bien en Venezuela el proceso electoral es automatizado desde 2004, y expertos y grupos especializados han avalado la seguridad, transparencia y confiabilidad de este sistema, han surgido cuestionamientos a la manera en la que se llevan a cabo los procesos en los últimos años.
Ya desde 2017 se presentaron dudas con respecto a los resultados electorales, luego de que la empresa Smarmatic, primera encargada de las máquinas electorales del país, asegurara que hubo una manipulación a los datos de participación de al menos un millón de electores. Esta empresa dejó de trabajar con el sistema electoral venezolano y ahora la proveedora de las máquinas es la argentina Exclé.
En la elección presidencial de 2024, el CNE anunció resultados con un 80 % de las actas escrutadas, y proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin presentar estos documentos. Según las cifras ofrecidas por Elvis Amoroso la madrugada posterior a la jornada electoral, Maduro ganó con 5.150.092 votos, un 51,20 %, mientras que Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos, un 44,2 %.
Por su parte, el comando de campaña de González digitalizó el 81 % de las actas de escrutinio, las cuales habrían arrojado una victoria del opositor con el 67 % de los votos.
El CNE justificó la falta de publicación de las actas y el incumplimiento de auditorías posteriores, con un supuesto hackeo dirigido desde Macedonia del Norte.
El 28 de julio de 2024 los venezolanos acudieron masivamente a los centros de votación | Foto: Reuters
Bielorrusia y Venezuela en un espejo
Las irregularidades de Bielorrusia recuerdan las críticas al sistema electoral venezolano, a propósito de las nuevas elecciones de gobernadores y legisladores previstas para el 25 de mayo. Específicamente tras las sospechas de fraude presentadas luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio.
Algunas de las similitudes entre ambos países son:
Interferencia del grupo de poder en la elección de candidatos
Así como en las últimas elecciones de Bielorrusia, Lukashenko no permitió la participación de la verdadera oposición y compitió con candidatos que lo respaldan, en la pasada elección presidencial venezolana la oposición tuvo problemas para presentar una candidatura. Ante la imposibilidad de postular a María Corina Machado, se tuvo que optar por un nombre hasta el momento desconocido por los votantes: Edmundo González Urrutia. Ahora, para las regionales y parlamentarias del 25 de mayo, la administración de Maduro permitió la habilitación y candidatura de dirigentes que en el pasado le fueron adversos, casualmente ahora que estos dirigentes contradicen la línea abstencionista de la principal coalición opositora.
Falta de observación independiente
Una de las coincidencias en las elecciones de Bielorrusia y Venezuela es la falta de observadores independientes. En el caso de Bielorrusia, en las pasadas elecciones parlamentarias de 2024 y presidencial de 2025, la autoridad electoral no invitó a organismos independientes. En Venezuela, representantes del Centro Carter y el panel de expertos de la ONU estuvieron en las elecciones presidenciales de 2024. Ambos denunciaron irregularidades y tuvieron que dejar el país. Fueron acusados por funcionarios del gobierno de Maduro como parcializados y hasta el momento no hay confirmación de observadores independientes para el proceso del 25 de mayo.
Denuncia de fraude electoral
Tal como pasó en Bielorrusia en 2020, donde un conteo paralelo basado en fotos de las papeletas permitió determinar la ventaja de la candidata opositora, no reconocida por Lukashenko ni por la autoridad electoral; en la pasada presidencial de Venezuela la digitalización de las actas por parte del equipo de Maria Corina Machado determinó el triunfo de Edmundo González Urrutia. Estos resultados no fueron reconocidos por el CNE, que proclamó ganador a Nicolás Maduro y hasta la fecha no presenta las actas que respalden sus cifras.
Protestas masivas tras la elección
En Bielorrusia se desarrollaron en 2020 fuertes protestas masivas tras la elección presidencial, en las que se registraron unas 65.000 detenciones, según algunos informes de organizaciones defensoras de derechos humanos. En Venezuela unas 2.000 personas fueron detenidas en el contexto de protestas postelectorales, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos.
Persecución política, eliminación de la disidencia y restricción de libertades
Otro punto en común entre Venezuela y Bielorrusia es el esquema de persecución y eliminación de la disidencia. En el caso del país europeo, con los principales líderes opositores en el exilio; en el caso de Venezuela, con Machado, la principal dirigente en la clandestinidad, al igual que muchos de sus colaboradores, otros en el exterior o tras las rejas. En los dos países destaca el control a los medios de comunicación masivos, así como la persecución a los medios independientes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Nicaragua: elecciones entre zancudos
La figura de Ortega rara vez aparece en solitario. Rosario Murillo, su esposa, siempre está a su lado y algunas veces adelante | Foto cortesía diariolasamericas.com
Luego de su reelección como presidente de Nicaragua en 2021, Daniel Ortega, el líder histórico de la revolución sandinista de los años setenta, terminó de consolidar su control absoluto del poder con reformas legales a su antojo, la liquidación de la oposición y el espacio cívico nicaragüense.
Nicaragua es un país centroamericano de alrededor de 6.8 millones de habitantes. Ortega fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990, luego del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y volvió al poder en enero de 2007 tras ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, poniendo fin a los diecisiete años de gobiernos no sandinistas.
Desde entonces, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido reelegido cuatro veces consecutivas (2011, 2016 y 2021), en procesos considerados cada vez más autoritarios y cuestionados por la comunidad internacional. Además de un férreo control de las instituciones, Ortega también contó con la complicidad de muchos políticos que se dicen de oposición.
La figura de Ortega rara vez aparece en solitario. Rosario Murillo, su esposa, siempre está a su lado y algunas veces adelante. Aunque formalmente es vicepresidenta, ella dirige el aparato de propaganda del gobierno, especialmente desde su rol como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y desde marzo de 2025 es jefa suprema del ejército nicaragüense. Su estilo de comunicación diaria y su presencia constante en los medios estatales ha sido característico de una gestión que controla el poder sostenido por la ausencia de competencia real, represión sistemática y control absoluto de las instituciones del Estado.
En los meses previos a las elecciones, el gobierno arrestó al menos a siete precandidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Arturo Cruz y Noel Vidaurre, todos bajo cargos como “traición a la patria” . Al mismo tiempo, se canceló la personalidad jurídica de varios partidos opositores, limitando severamente la competencia electoral.
Ortega también impidió la presencia de observadores internacionales independientes, restringió el acceso de medios de comunicación críticos y solo permitió la comparecencia de una oposición que ha sido cuestionada por el resto de los partidos y buena parte de la sociedad nicaragüense.
Junto al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), participaron partidos como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre) y Yatama, entre otros. Estos partidos, denominados “zancudos”, han sido señalados por su falta de confrontación real al régimen y, en algunos casos, por mantener alianzas o votaciones favorables al FSLN en la Asamblea Nacional.
Los “zancudos” no critican las posiciones del partido de gobierno, suelen tener una presencia limitada en redes sociales y escasa actividad pública, lo que refuerza las críticas sobre su papel en el proceso electoral. Para muchos analistas, son utilizados para simular pluralismo político y dar una apariencia de legitimidad a las elecciones, una estrategia que buscaba confundir al electorado y debilitar a la oposición real, que ha sido desarticulada mediante represión, exilio y cancelación de su personería jurídica.
”El Frente Sandinista no solo lo usa para legitimar su proceso de votación, sino que también lo usa para tener cupos y poner a sus militantes a cuidar el voto supuestamente en nombre de los opositores”, advierte Alvaro Navarro, periodista nicaragüense y editor del medio Artículo66, quien reside en Costa Rica luego de que fuese despojado de su nacionalidad y tuviese que salir al exilio.
Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue reelegido con el 74.99% de los votos. El segundo lugar lo ocupó Walter Espinoza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con el 14.4%. Otros candidatos, como Guillermo Osorno (CCN) y Marcelo Montiel (ALN), obtuvieron porcentajes menores. En la Asamblea Nacional, el FSLN obtuvo 75 de los 90 escaños en disputa, consolidando su control legislativo.
El observatorio independiente Urnas Abiertas estimó una abstención del 81.5% y organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU denunciaron que las elecciones carecieron de legitimidad democrática debido a la represión de la oposición y la falta de garantías electorales. Más de 50 países, incluidos Estados Unidos y miembros de la UE desconocieron los resultados.
Un régimen sostenido por la represión
En noviembre de 2024 se aprobó una reforma que designa a Rosario Murillo, esposa de Ortega, como “copresidenta”, otorgándole iguales facultades que al presidente. De igual modo, la duración del mandato presidencial se amplió de cinco a seis años, postergando las próximas elecciones hasta 2027. Además, se eliminó cualquier límite a la reelección, permitiendo a Ortega y Murillo mantenerse en el poder indefinidamente.
Otras reformas le otorgan al presidente la facultad de coordinar los otros poderes del Estado, eliminando la separación de poderes y subordinando al Legislativo y al Judicial al control del Ejecutivo.
Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos, el régimen ha intensificado la represión. Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y despojo de nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El régimen ha intensificado su represión desde 2018, cuando más de 350 manifestantes murieron a manos de la fuerza pública | Foto cortesía Forbes México
Buena parte del liderazgo opositor ha sido encarcelado, despojado de su nacionalidad y forzados al exilio. A pesar de estos desafíos, algunos continúan su labor desde el extranjero, buscando reorganizarse y mantener viva la lucha por la democracia a pesar de la fragmentación interna, la falta de liderazgo unificado, y el trabajo desde el exilio.
El marco jurídico es el otro gran obstáculo para la organización del trabajo político y social. Instrumentos como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, restringiendo su participación en asuntos políticos y permitiendo al gobierno congelar sus activos.
La Ley de Ciberdelitos (Ley 1042), apodada como en Venezuela, “Ley Mordaza”, criminaliza la difusión de información que el gobierno considere falsa o que incite al odio, siendo utilizada para silenciar a periodistas y críticos del régimen.
Adicionalmente está la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía (Ley 1055), que permite acusar de “traición a la patria” a quienes el gobierno considere que incitan a la injerencia extranjera o apoyan sanciones contra Nicaragua, facilitando la detención de opositores.
La represión también se extiende al resto de la sociedad civil y este año se creó la figura de la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar de la policía compuesto por 30,000 civiles, muchos de ellos empleados públicos, que son utilizados para reprimir manifestaciones y controlar a la población.
Estas reformas y leyes han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes señalan que Nicaragua se ha convertido en un régimen autoritario que viola sistemáticamente las libertades fundamentales y los principios democráticos. El Índice de Democracia 2024, elaborado por The Economist Intelligence Unit, clasificó a Nicaragua como uno de los regímenes más autoritarios de América Latina, junto con Cuba, Haití y Venezuela .
En los últimos años, el régimen intensificó su control mediante arrestos arbitrarios, juicios sin garantías y condenas por delitos como “traición a la patria”. En febrero de 2022, al menos 222 presos políticos, incluidos todos los precandidatos presidenciales opositores, fueron desterrados y despojados de su nacionalidad. “El espacio cívico en Nicaragua está absolutamente colapsado, bloqueado. La dictadura ha ido por etapas para capturar todo el proceso institucional del país y no hay manera de que la gente pueda organizarse ni siquiera en ONG, ni siquiera en grupos vecinales”, señala Navarro.
Sin embargo, y a pesar de la represión y la confiscación del espacio cívico, persisten formas de resistencia dentro de Nicaragua. Activistas y líderes locales mantienen una “clandestinidad democrática no violenta” con la que intentan salvaguardar la red de resistencia interna.
El periodismo independiente en el exilio o clandestino; las iglesias y espacios religiosos; las redes ciudadanas de apoyo y solidaridad; la resistencia digital, así como arte, música y literatura de protesta han sido formas de resistencia no violenta que buscan mantener viva la conciencia democrática, incluso en un contexto de represión severa. Aunque muchas de estas acciones son de muy bajo perfil para evitar represalias, han representado una forma de persistencia ética y cultural frente al autoritarismo del tándem Ortega-Murillo.
Resultados presidenciales 2024 | Foto cortesía TVP Info
Seguid el ejemplo que Rusia dio: “Ya no importa el voto”
Durante más de dos décadas, Rusia ha transitado un camino de desmantelamiento progresivo de sus instituciones democráticas. En ese proceso, el voto, tradicional símbolo de soberanía popular, ha perdido toda eficacia real. Las elecciones se celebran, pero los resultados están definidos de antemano. Los candidatos opositores están inhabilitados, exiliados o presos. La observación electoral ha sido criminalizada. El régimen ha convertido el sufragio en una ceremonia vacía.
David Kankiya, experimentado observador electoral ruso y miembro de la organización Golos, hoy considerada por el Estado como “agente extranjero”, ha documentado paso a paso cómo se perdió la democracia electoral en su país. La historia de los últimos 25 años está plagada de paralelismos con Venezuela.
“En la antigua Unión Soviética había elecciones, pero eran con un solo candidato, con un solo partido político, sin ninguna alternativa. Siempre eran con un 99% de apoyo y 99% de participación. Así que las primeras elecciones libres en tiempos modernos comenzaron al final del período soviético. En las elecciones de 1989 y 1990 al Parlamento de la Unión Soviética, durante la perestroika, la era de Gorbachov, empezaron a aparecer libertades como la de expresión y de asociación. Así que los cambios comenzaron incluso antes del colapso de la Unión Soviética”, dice Kankiya.
Recuerda cómo en los años 90, mientras ocurría “el nacimiento de un nuevo país”, llegó una nueva constitución, nuevas leyes y libertades. Entonces ocurrieron elecciones en las que sí había competencia, pero también uso de recursos públicos para hacer campaña, especialmente a niveles locales. “Todo empezó a cambiar cuando Vladimir Putin se convirtió en presidente. Las últimas elecciones verdaderamente competitivas fueron en 1999 y 2000: las elecciones parlamentarias y las primeras presidenciales de Putin. Desde entonces comenzó a construir un sistema autoritario, incluso totalitario”, contó.
Quien todavía gobierna Rusia subió al poder luego de una década de reformas y refundaciones que todavía no mostraban resultados palpables a los ciudadanos. “La situación económica era muy crítica. Boris Yeltsin estaba débil, enfermo y era impopular. La gente estaba esperando a alguien que pudiera traer orden. Cuando Putin llegó a la presidencia el precio del petróleo subió, y también hubo resultados de las reformas económicas de los años anteriores. Así que cosechó los frutos de reformas que él no había iniciado”.
Kankiya apunta que “las elecciones en Rusia no se degradaron de golpe” sino que “fue un proceso meticuloso, una construcción paso a paso. Desde que Putin llegó al poder, cada cambio legal, cada reforma, fue orientada a restar competitividad al sistema. Hoy, incluso si un candidato logra ser elegido, el Estado tiene los mecanismos para despojarlo del cargo sin consecuencias”.
Grigory Melkonyants observador electoral de Rusia preso desde 2018 Cortesía | Blue News
—¿Cuándo comenzó a desmontarse el sistema electoral?
—Cuando Vladimir Putin llega al poder su prioridad fue tomar el control de las regiones, los medios y las estructuras administrativas. Puso a sus antiguos colegas del servicio secreto y la alcaldía de San Petersburgo en cargos estratégicos. Así construyó su red de lealtades. Fue un proceso largo que tomó casi ocho años. Entonces ya ocurría manipulación electoral, pero no era algo masivo ni sistemático. Eso cambió después del atentado de Beslán, en 2004.
Putin usó esa tragedia como pretexto para eliminar las elecciones de gobernadores. Desde entonces, él decide quién gobierna cada región. Su argumento fue que los gobernadores no habían podido proteger la seguridad en sus regiones. Ese cambio alteró completamente el sistema de poder en el país, porque antes los gobernadores eran independientes, tenían sus propios recursos y podían discutir con Moscú. También creó una estructura administrativa vertical, cerró medios de comunicación de alcance y tomó control de aquellos que se mostraban independientes que pasaron a estar afiliados al Estado.
—¿Qué pasaba con los partidos políticos?
—En 2003 tuvimos elecciones parlamentarias y los partidos democráticos Yabloko y la Unión de Fuerzas de Derecha —otro partido liberal— no fueron elegidos al Parlamento (no alcanzaron el 5% mínimo). Esa fue la última vez que tuvimos partidos liberales, y desde ese momento, solo partidos pro-gobierno, comunistas y populistas han sido elegidos. Ningún partido democrático, pro-europeo o pro-occidental, ha ganado representación desde entonces.
—¿Los prohibieron, no tenían apoyo o las elecciones ya no eran libres?
—Ellos cometieron muchos errores y Putin era muy popular en ese momento, porque el nivel de vida estaba creciendo rápidamente. Esos partidos liberales hablaban de cosas que la gente no entendía o no quería oír. Pero también hubo indicios de fraude electoral. Por ejemplo, el partido Yabloko, durante el recuento de votos, superó el 5% necesario. Incluso Putin llamó a su líder, Grigory Yavlinsky, para felicitarlo por haber sido elegido. Pero durante la noche algo cambió y oficialmente Yabloko obtuvo 4,97%, quedando por fuera. Todo indica que cambiaron los resultados, pero en ese momento no teníamos un sistema de monitoreo para recolectar pruebas de fraude electoral.
—Decía que la destrucción devoto fue paso a paso, ¿qué otros puede mencionar?
—Han ido cambiando el sistema electoral cada vez: en cada elección tenemos procedimientos diferentes. Cambian las reglas en cada elección para hacer el sistema más cómodo para ellos, incluso cuando lo controlan todo. Tampoco se permiten candidatos de oposición real. En Rusia hay 109 millones de votantes, y más de 10 millones de personas no tienen derecho a postularse ni a hacer campaña. Esto se debe a diferentes tipos de inhabilitaciones. Todos los políticos populares están fuera del sistema.
Luego de la invasión a Ucrania tenemos casi un sistema totalitario, en el que incluso si logras entrar a una lista de candidatos y llegas a ser electo, el Estado tiene muchas maneras de quitarte tu mandato. Pueden declararte “agente extranjero” mediante una decisión del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Tenemos decenas de casos de diputados regionales que fueron declarados agentes extranjeros y luego expulsados de sus cargos. También ha pasado con alcaldes independientes electos en distintas ciudades. Por ejemplo, en Khabarovsk fue electo Sergey Furgal como gobernador en 2018. Era pro-gobierno, pro-Putin, de otro partido, pero estaba alineado. Cuando empezó a actuar de forma más independiente, lo encarcelaron por casi 15 años. Ese tipo de situaciones son típicas. En Golos hicimos una investigación y descubrimos que el 75% de los candidatos que perdieron su mandato lo hicieron por decisiones judiciales.
—¿Cuándo se rompió el vínculo entre voto y representación?
—En 2011. Hubo elecciones legislativas y la falsificación fue tan descarada que miles de personas salieron a protestar. Fue la mayor manifestación política en la historia moderna de Rusia. Se registraron manipulaciones en actas, relleno de urnas, todo. Nosotros en Golos ya hacíamos observación, pero ese año la oposición movilizó a decenas de miles de ciudadanos. Alexei Navalny, quien ya era un político muy conocido, convocó a la gente a observar las elecciones. La indignación fue masiva. Vieron relleno de urnas, reescritura de actas. El partido Rusia Unida (de Putin) en Moscú obtuvo un 25% de los votos pero luego, en el sitio web de la Comisión Electoral Central, los resultados oficiales mostraban más de 50%. En Mordovia, una pequeña región en el centro del país, el resultado oficial mostró una participación del 104%.
—¿Qué hizo Putin? En 2012 hubo elecciones presidenciales.
—Mucha gente estaba insatisfecha y hubo protestas fuertes. Pero la oposición no tenía una estrategia clara, ni había un candidato único. Putin fue electo aunque con un gran escándalo. Ordenó instalar cámaras en todos los centros de votación para transmitir el proceso en vivo. Creía de verdad que tenía apoyo mayoritario y que los observadores mentían. Pero lo que ocurrió fue lo contrario: tenemos grabaciones de cómo cambiaban boletas. Calculamos que solo en 2012 se falsificaron al menos 10 millones de votos. En las elecciones más recientes de 2024, fueron más de 22 millones de votos falsificados. Como ves, va en aumento.
—¿Qué consecuencias tuvo esa revelación en 2012?
—Las elecciones de 2011 y 2012 fueron cruciales. Probablemente fue la última vez que pudieron producirse cambios en Rusia a través de las urnas. Luego el régimen se volvió más agresivo. Invirtió muchos recursos en los servicios secretos, en la policía, en la propaganda. Empezó la criminalización de las ONG, el bloqueo de medios independientes, la represión sistemática de candidatos y observadores. Hoy la gente teme hablar incluso con sus familiares sobre política.
Conteo de votos eleciones Rusia | Cortesía Infobae
—¿Desde entonces el voto dejó de tener sentido?
—Después de que comenzó la guerra con Ucrania, ya ni siquiera intentan aparentar que hay procedimientos. Antes trataban de mantener alguna fachada. Ahora tenemos un sistema más duro incluso que en tiempos soviéticos. El Código Penal prohíbe criticar al ejército, a las autoridades, al Estado. El sistema ahora es completamente represivo. Ahora todos los medios independientes están bloqueados o prohibidos dentro de Rusia. Todas las ONG están bloqueadas.
—¿Qué pasa con la oposición?
—Tenemos dos tipos de oposición en Rusia. La llamamos la oposición del sistema y la oposición “no del sistema”; es decir, oposición legal y oposición ilegal. Los que están permitidos por el sistema pueden participar en los procesos electorales oficiales. Por ejemplo, el Partido Comunista o el Partido Liberal Democrático de Rusia —aunque en realidad es un partido nacionalista y populista, a pesar del nombre histórico. Participan pero nunca critican a Putin. Los demás no tienen permitido registrar partidos siquiera. Siempre encuentran alguna “falla” en tus documentos. Les hacen repetir el trámite una y otra vez. Alexei Navalny intentó registrar su partido más de 20 veces, y nunca se lo permitieron. Además tampoco podía postularse a ningún cargo, como ninguno de su entorno.
—A esa oposición “aprobada por el sistema”, ¿se le permite ganar elecciones?
—Eso también ha cambiado. Hace cinco o diez años sí se permitía en contiendas locales, pero ya no. También hemos visto que el número de candidatos ha disminuido drásticamente, porque ya hay quienes ni siquiera lo intentan. Es típico, por ejemplo, que en unas elecciones locales los candidatos sean el jefe del pueblo, su asistente y su chofer, que lo ponen como de otro partido. Hacen lo mismo con los familiares de políticos.
—Esa oposición “aprobada por el sistema” se reduce al rol parlamentario?
—Sí. Y la que no está aprobada por el sistema, está en el exilio, considerada criminal, y si alguien se relaciona con sus organizaciones, también va a la cárcel.
—¿Qué ha pasado con Golos y con la observación electoral?
—Estamos perseguidos. Golos fue clasificada como “agente extranjero”. No podemos postularnos, ni enseñar, ni cooperar con organismos del Estado. A mí me encarcelaron dos veces en 2018 por entrenar observadores. A nuestro coordinador lo van a condenar a seis años por supervisar una elección. Vivimos en un sistema que ya ni pretende ser democrático.
—¿Putin sigue teniendo apoyo real?
—No lo sabemos. Las encuestas están permitidas, pero están bajo control estatal. No hay encuestas independientes posibles. Pero además hemos tenido casos de encuestas callejeras de Radio Free Europe sobre la guerra en Ucrania, y quienes respondieron luego podían ser condenados a cinco años de prisión si dijeron que apoyaban a Ucrania. Hace unos días, en una ciudad llamada Ekaterimburgo, arrestaron a una mujer por llevar una camiseta de Mickey Mouse con los colores azul y amarillo, como la bandera de Ucrania. Entonces la gente tiene miedo de hablar.
—¿Hubo un momento en que se pudo revertir el rumbo?—Sí. En 2011 y 2012 hubo una oportunidad real. Pero la oposición estaba dividida y sin estrategia. En 2018 también hubo un momento de tensión, sin embargo ya era tarde. Hoy, solo un conflicto dentro del poder, una fractura interna en el Kremlin, podría cambiar algo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
