La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron al Estado venezolano a restituir “de forma inmediata” los pasaportes de personas opositoras, defensoras y periodistas tras la “anulación arbitraria e ilegal”.
Mediante un comunicado, las organizaciones recordaron que estos documentos de identidad permiten “viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil”. Asimismo, manifestaron que los países de la comunidad internacional “deben continuar promoviendo mecanismos y acuerdos para el reconocimiento de documentos vencidos o anulados por el régimen venezolano”.
Según los reportes de la CIDH, al menos 40 personas han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes. Ante eso, advierten que esta práctica “forma parte de una estrategia sistemática del régimen para amedrentar y silenciar voces críticas; en particular aquellas que denunciaron los abusos y la falta de transparencia en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024”.
Añadieron que las personas afectadas no han recibido notificación oficial alguna sobre la anulación de este documento, ni sobre la motivación o el fundamento legal de la medida. En la mayoría de los casos, agrega el texto, han tomado conocimiento de la anulación al consultar el estado de su documento en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); en otros, la información les ha sido comunicada por funcionarios de dicha institución en los aeropuertos, al momento de viajar dentro o fuera de Venezuela.
“El temor a sufrir nuevas represalias, como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, ha llevado a que muchas de estas personas se abstengan de acudir a las autoridades a pedir una explicación por la anulación de su documento o decidan abandonar el país por pasos irregulares”, alertaron.
Según la CIDH y la RELE, el perfil de las víctimas (personas opositoras, defensoras, periodistas) y la opacidad que rodea la medida confirman que la anulación de estos pasaportes “constituye una forma de represalia por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política”. Estos actos “generan temor, una sensación de vigilancia constante y afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, la vida familiar, el trabajo y la integridad personal”. Además, advierten que generan un “efecto inhibidor que impide a las personas continuar con sus actividades de denuncia”.
“El Estado venezolano debe restituir los pasaportes anulados, poner fin de manera definitiva a todas las prácticas orientadas a silenciar voces críticas y, sobre todo, adoptar medidas concretas para reconstruir la democracia y el Estado de Derecho. Para ello, es esencial fortalecer la separación y la independencia de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público”, agregaron.
Asimismo, instaron a la comunidad internacional a activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, “así como promover mecanismos y acuerdos que reconozcan documentos vencidos o anulados arbitrariamente por el régimen, y que les permitan el ejercicio de todos derechos”.
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