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Una vez más el CNP exige la liberación de periodista Carlos Julio Rojas

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exigió la liberación del periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien fue detenido en abril del año pasado y acusado de estar vinculado a un supuesto plan para atentar contra el gobernante chavista, Nicolás Maduro.

De acuerdo al CNP, Rojas está detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) solo por el simple hecho de alzar su voz en defensa de los derechos ciudadanos.

“La madre del comunicador alertó que Rojas presenta problemas de tensión arterial y que las condiciones de su reclusión se mantienen en un entorno de absoluta opacidad”, indicó la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón en X.

Rojas integra una lista de 16 periodistas detenidos en Venezuela, la mayoría después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso decretó ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar actas ni resultados desagregados. 

Sus abogados denunciaron que, desde que fue aprehendido a mediados de abril, Rojas no ha tenido derecho a la defensa privada.

El fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusó a Rojas de presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal en Venezuela hay 926 presos políticos, la mayoría arrestados luego de los comicios presidenciales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

República Dominicana aún no da el visto bueno para reanudación de vuelos 

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El gobierno de República Dominicana dijo que se encuentra analizando la posible reanudación de los vuelos comerciales hacia Venezuela a partir de un comunicado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que informó sobre el restablecimiento de las operaciones entre ambas naciones, suspendidas desde el pasado mes de julio de 2024.

“La Junta de Aviación Civil (JAC) evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela”, dijo en un comunicado el presidente del organismo, Héctor Porcella.

Porcella sentenció que hasta tanto no se emita una decisión oficial se mantendrán suspendidas las operaciones entre ambos países. 

“Cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano”.

El INAC informó a través de su cuenta de Instagram sobre la reanudación de las operaciones aerocomerciales de pasajeros, carga y correo hacia y desde República Dominicana, aunque no confirmó si la medida entraba en vigencia de forma inmediata ni dio más información.

Las operaciones comerciales entre ambos países quedaron suspendidas por orden del gobierno madurista desde el 31 de julio del año pasado, como respuesta a supuestas “acciones injerencistas”.

Tanto República Dominicana como Panamá, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú manifestaron preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales del 28J.

Las naciones latinoamericanas exigieron una revisión exhaustiva de los resultados anunciados por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, quien declaró ganador de la contienda a Nicolás Maduro, sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.

El pasado 22 de mayo se reanudaron los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen paralizadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

OVF: “Medir precios no es delito, es una necesidad”

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Este lunes, 16 de junio, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ente económico alterno ante la ausencia de cifras oficiales, emitió un comunicado con la intención de ratificar que “medir precios no es un delito, es una necesidad”.

El OVF aclaró que su labor consiste en “elaborar y divulgar indicadores económicos usando información pública, en ningún caso cifras reservadas o confidenciales”.

La ONG enfatizó que no es responsable del diseño y aplicación de la política económica “que genera el alza de los precios” y que los cálculos que toman como referencia para medir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el indicador Mensual de Actividad Económica, el Indicador de Remuneraciones de los Trabajadores y la Encuesta de Expectativas Económicas son tomados de los valores que publica el Banco Central de Venezuela.

Rechazo a la persecución en contra de analistas

El pasado viernes 13 de junio, el OVF rechazó la “persecución, el hostigamiento y la criminalización” en contra de las personas que se dedican al levantamiento, análisis y difusión de información estadística.

“Atacar a quienes generan y comparten datos económicos confiables no solo vulnera principios democráticos fundamentales, sino que también limita la comprensión colectiva de la realidad nacional”, se lee en un comunicado del OVF publicado en redes sociales.

Las denuncias del observatorio se generan luego de que se hiciera pública la detención del exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. También la desaparición del economista Daniel Cadenas y el administrador Gerardo Cacique, quienes no forman parte de la organización.

“Es importante precisar que las personas recientemente detenidas no forman parte del Observatorio Venezolano de Finanzas. Su relación con nuestra institución ha sido exclusivamente a través de colaboraciones ocasionales de carácter consultivo, sin que ello implique una vinculación formal o permanente”, aclaró la organización.

El OVF destacó que no diseña ni ejecuta políticas económicas. «Su labor se limita al levantamiento, análisis y divulgación de información estadística sobre la economía venezolana, con el objetivo de fomentar el debate técnico y académico, y de contribuir a una comprensión más profunda de la situación económica del país”, indicó.

El Observatorio Venezolano de Finanzas reiteró su compromiso con la defensa de la libertad académica, la integridad profesional y el acceso a la libre información. “Instamos a las autoridades a cesar cualquier acción que limite el ejercicio técnico y científico de quienes trabajan por una Venezuela mejor informada y más justa”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Alto comisionado de la ONU preocupado por detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela

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El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Durante el discurso inaugural del 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk expresó: “Mi Oficina documenta un aumento de las detenciones arbitrarias y la intimidación de opositores políticos y periodistas en Venezuela tras las elecciones de 2024. Me preocupan seriamente la tortura y los malos tratos durante la detención, así como las violaciones del debido proceso”.

El Alto Comisionado indicó que el próximo 27 de junio presentará ante el Consejo de la ONU, en Ginebra, una actualización de la situación en Venezuela.

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha emitido varios pronunciamientos críticos sobre la situación de los DDHH en el país. En ellos, ha manifestado preocupación por violencia y represión durante las protestas, detenciones arbitrarias y leyes contra el “terrorismo”, excarcelaciones condicionadas, pero persistencia en la “puerta giratoria”, demandas de justicia y condiciones dignas, y restricciones al espacio cívico y cierre de ONG.

Con respecto a las ONG, en diciembre de 2024 Türk consideró esencial que las autoridades venezolanas “tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

En ese momento, y al referirse a los detenidos en las protestas poselectorales, Volker Türk consideró como un “paso importante” que se dieran algunas excarcelaciones, sin embargo, instó a la administración de Nicolás Maduro a revisar los casos de quienes seguían detenidos, “de acuerdo con las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Madre de militar detenido hace dos meses denuncia que sigue “aislado e incomunicado”

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Betzaida Natera de Martínez, madre del Sargento Mayor de Tercera, Giomer Martínez Natera, detenido desde 2019, denunció que tiene dos meses sin saber de su hijo.

A través de un video publicado en la cuenta en X del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Natera de Martínez denunció que desde el 20 de abril su hijo permanece en aislamiento prolongado”.

“Le hago un llamado a las instituciones nacionales e internacionales de los derechos humanos a que me ayuden para yo poder ver a mi hijo (…) es un clamor que hace esta madre”, expresó Betzaida Natera de Martínez.

El pasado 3 de junio, la madre del sargento suplicó para que le dieran información sobre su hijo, quien fue trasladado el pasado 18 de febrero de Ramo Verde a la cárcel Fuerte de Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda.

Giomer Martínez Natera fue detenido en 2019 y permanecía recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado por el alzamiento militar ocurrido en Cotiza en enero de 2019.

El 21 de enero de 2019,  en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en el sector de Cotiza, hubo un alzamiento militar en donde al menos 24 efectivos militares se sublevaron, asaltaron armas y llamaron a la gente a salir a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro. 

Los involucrados en la sublevación militar, incluido Geomer Martínez Natera, fueron condenados a penas de siete años y nueves meses; mientras que al sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ultraje a la Fuerza Armada.

El hecho desencadenó una serie de fuertes protestas civiles en el sector en respaldo a los militares, que horas después se propagaron en distintos sectores de la ciudad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

De democracia a autoritarismo, de autoritarismo a dictadura

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Hace unos tres años, la Dra. Beverly Barrett, PhD, para aquel momento profesora de la Universidad de St. Thomas de Houston, me hizo una larga entrevista para conversar sobre el caso de Venezuela. Al final de la conversación, me preguntó si quería dejarles un mensaje a sus alumnos. “Sí”, les dije. “Nunca tomen la democracia como un hecho; la democracia se construye día a día”.

Mi afirmación se basó en mi experiencia: jamás pensé que una de las democracias más sólidas de América Latina iba a parar en esto que hoy vivimos. Como tampoco pensé cuando viví en los Estados Unidos mientras cursaba estudios de postgrado entre 1981 y 1984 que aquel país que me pareció grande, sólido, con instituciones independientes y respetables, iba a acabar peor que nosotros. Peor, básicamente porque tiene más poder y más dinero.

Muchos creen que la transición de un sistema democrático a un régimen autoritario o, en el extremo, a una dictadura, es un proceso complejo y lento. Las experiencias han demostrado que no es ni tan complejo, ni tan lento. Obviamente, está influenciado por una variedad de factores políticos, sociales, económicos y culturales que desembocan en este cambio.

En la mayoría de los casos, el primer paso hacia la erosión de una democracia es un aumento en el descontento social. Factores como el desempleo elevado, la inflación, la corrupción y la inequidad social provocan frustración entre la población. Este descontento puede ser capitalizado por líderes populistas que prometen soluciones rápidas, ofreciendo una visión simplista de los problemas y culpando a grupos específicos o a las instituciones del poder político.

A medida que el descontento se acentúa, esos actores políticos comienzan a socavar las instituciones democráticas. Comienza de manera sutil, generalmente debilitando la independencia del poder judicial, imponiendo restricciones a la libertad de prensa y reprimiendo a la disidencia. A menudo, se promueven reformas legales que permiten a los líderes ampliar su poder, justificando estas acciones como necesarias para la estabilidad o la seguridad nacional.

La primera consecuencia directa es la polarización política, que divide a la sociedad en grupos pro y anti-gobierno, divisiones que son aprovechadas por los líderes autoritarios para consolidar su base de apoyo, presentándose como la única opción viable para mantener el orden. En este ambiente, el diálogo y el compromiso se ven reemplazados por la confrontación, y la segunda consecuencia directa es un mayor debilitamiento de la democracia.

Con el fin de consolidar el poder, un gobierno autoritario comienza entonces a restringir las libertades civiles. A través de la censura y la represión de opositores, con tácticas de intimidación, arrestos arbitrarios y violencia para silenciar a cualquier voz disidente, se crea un ambiente de temor con el fin de inhibir toda crítica al régimen.

Durante estas etapas de erosión democrática, puede haber intentos de resistencia, como protestas civiles, de movimientos sociales o de partidos políticos de oposición. Sin embargo, estas respuestas comienzan a enfrentar una resistencia violenta y terminan siendo ineficaces, porque el régimen tiene el control de las fuerzas de seguridad y de las instituciones estatales. La respuesta internacional y la presión externa tienen sus límites cuando se trata de un régimen dispuesto a todo.

Finalmente, si el proceso de consolidación del poder tiene éxito, el régimen se convierte en una dictadura pura y dura. Ya en este punto, las instituciones democráticas quedan prácticamente eliminadas, y el gobierno ejerce control absoluto sobre la sociedad. La legitimidad del gobierno se basa en el temor, la propaganda y la manipulación de la información. El cambio de un régimen autoritario a una dictadura puede ser gradual y difícil de identificar, pero se caracteriza por la centralización del poder y la eliminación sistemática de toda forma de oposición.

Es la misma receta siempre. Y en muchos de los casos, resulta eficaz para el objetivo que se persigue. Comprender este proceso es crucial para desarrollar estrategias que fortalezcan las democracias y eviten la marcha o regresión hacia regímenes más represivos. El mundo está yendo aceleradamente hacia autoritarismos y dictaduras de izquierda y de derecha, tan peligrosos uno como el otro. Por eso el conocimiento de la historia y la educación cívica son tan importantes. Saltar la talanquera de la democracia es relativamente fácil. Lo difícil es recuperarla…

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 16 de junio: Activista que estuvo preso en El Helicoide fue detenido en EEUU

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En El Mañanero de Runrun.es del 16 de junio traemos el resumen de las noticias más relevantes del fin de semana: Gregory Sanabria Tarazona es un activista y ex-preso político venezolano que estuvo varios años encarcelado en El Helicoide y buscaba asilo en Estados Unidos, pero fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dos semanas antes de su audiencia preliminar.

Exigen liberación de coordinador juvenil de VP en La Guaira que cumple un año detenido

El Día del Padre que la prisión injusta les arrebató

Machado: “Denunciaré cualquier atropello incluso contra aquellos que no compartan mis ideas”

Activista que estuvo preso en El Helicoide fue detenido en EEUU y está en riesgo de deportación

GPP anuncia lista parcial de candidatos a las elecciones municipales: conozca los nombres

LUZ exige respeto a los derechos constitucionales de su personal detenido

«Me preocupa cada vez más el creciente número de casos de personas en Estados Unidos que han huido de regímenes opresivos y se encuentran detenidas y retenidas para su posible deportación», Mario Díaz-Balart, congresista republicano a través de su cuenta de X.

LUZ exige respeto a los derechos constitucionales de su personal detenido

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El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ) expresó su profunda preocupación por la situación de varios miembros del personal docente y administrativo de esta casa de estudios que permanecen detenidos.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado 13 de junio, en la que se acordó dirigirse tanto a las instancias nacionales encargadas de la administración de justicia como a la ciudadanía en general. En el documento, el cuerpo universitario exigió el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales consagradas en la Constitución de Venezuela.

El comunicado, compartido en redes sociales, destaca una serie de artículos constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley, la protección judicial, la inviolabilidad de la libertad personal, la integridad física y psíquica, y el derecho al debido proceso.

El Consejo Universitario también acordó hacer pública su preocupación por la detención de estos trabajadores, solicitar a las autoridades regionales y nacionales información precisa sobre su situación legal y exigir que se respeten plenamente las garantías constitucionales que les amparan.

Personal docente y administrativo de LUZ encarcelado

  • Rodrigo Cabezas y Eduardo Labrador, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
  • Juan Pablo Guanipa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
  • Enrique Márquez, profesor de la Facultad de Ingeniería
  • Leandro Palmar, personal administrativo y periodista de LUZ Radio
  • Belices Cubillán, técnico de la emisora LUZ Radio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.