Que si no me van a dejar entrar, que si me van a anular la visa, que si me van a mandar al “cuartico”...
Una permanente tensión se ha vivido desde el pasado lunes 9 de junio cuando entró en vigencia otra de las órdenes ejecutivas rubricadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en esta oportunidad para impedir o restringir el acceso de ciudadanos de 19 países a territorio americano, entre ellos venezolanos.
Una abogada cuya labor es asesorar a personas para tramitar visas americanas comentó que fuentes allegadas a agencias de viajes y aerolíneas informaron que los venezolanos que se presentaron a puertos de migración a partir del 9 de junio lograron ingresar al territorio estadounidense, algunos con restricciones.
“La información que manejo es que a todos los dejaron entrar, pero a algunos les dan un lapso de permanencia de incluso 15 días”, dijo la profesional del derecho que prefirió preservar su identidad.
La abogada manifestó que la barrera infranqueable fue colocada frente a quienes ya tenían una cita para obtener una visa a partir del 9 de junio.
“En los últimos días la negativa ha sido completa, todavía no ha habido una visa aprobada para un venezolano”, reveló.
Informó que durante la comparecencia en la embajada de un tercer país, porque Caracas no cuenta con servicio consular estadounidense desde marzo de 2019, a los venezolanos les entregan un papel con la razones por las cuales no pueden otorgarles visas.
Para la experta, la proclama presidencial coloca a quienes ya tienen una cita agendada en un encrucijada: están los que se encuentran en el extranjero e hicieron una inversión de trámite consular, traslado y estadía y quienes no saben para cuándo reprogramar el encuentro con los funcionarios diplomáticos estadounidenses.
“Aquellos que ya cancelaron los 185 dólares del trámite consular o la cita no tienen idea para cuándo pueden reprogramar otra”, puntualizó.
La abogada dijo que, por otro lado, se encuentran aquellos cuya visa está por vencerse y no saben si pedir una renovación del documento, que para algunos venezolanos se ha convertido en un bien preciado.
“Muchas de esas personas tienen familiares en Estados Unidos en estado legal, incluso, son ciudadanos americanos o incluso tienen que hacer trámites bancarios, es algo que va más allá del turismo”, expuso.
Reina la incertidumbre
De acuerdo a la orden ejecutiva, la medida será revisada en un lapso de 90 días, pero el panorama es tan incierto e impredecible como la política interna e internacional de Trump.
“La orden dice que va a ser revisada en tres meses, pero particularmente, no veo que vaya a haber muchas alteraciones porque uno de los puntos es la falta de cooperación entre Venezuela y Estados Unidos para revisar posibles antecedentes penales y esto puede pasar solo si hay un cambio político”, opinó la abogada experta en migración, Jennifer Ibañez Whitlock.
Ibañez Whitlock advirtió que si bien otra de las razones para restringir el acceso de venezolanos a territorio estadounidense es el porcentaje de permanencia con visa una vez terminado el periodo otorgado por el oficial de inmigración (9,83), hay otros países que sobrepasan esa cifra.
“Si bien los canadienses no necesitan visa para ingresar a Estados Unidos, su porcentaje de permanencia es muy alto”, indicó.
A juicio de Ibañez Whitlock, las elecciones del Congreso de los Estados Unidos en noviembre de 2026 podrían traer un viraje en la política migratoria de Trump.
De acuerdo al director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez Bravo, en Estados Unidos hay alrededor de un millón de venezolanos.
“Lo de las visas va a impedir que los familiares visiten a sus afectos que son muchos, eso va a impactar negativamente en los viajes y el consumo”, estimó.
No todos alineados
Para la abogada que prefirió omitir su nombre, no todo el personal consular está de acuerdo con la medida y puso como ejemplo el caso de una persona que fue recientemente a una entrevista por visa en Curazao.
“Esta persona venezolana tiene nacionalidad europea también, el funcionario le aprobó la visa y la estampó en el pasaporte europeo, algo curioso, porque el trámite o la planilla DS-160 la había llenado con datos de su documento de identidad venezolano”.
La asesora expuso que Curazao suele ser una sede consular donde hay un elevado índice de rechazos para peticiones de visa estadounidense y curiosamente jueves y viernes antes que entrara en vigencia la proclama esta tendencia se revirtió.
“La cantidad de aprobaciones fue enorme, eso nos hace pensar que el personal consular no está de acuerdo con esta medida, que, en lo personal, me parece radical”, expresó.
A juicio de la abogada, los funcionarios de embajadas estadounidenses han gozado de autonomía a la hora de aprobar o rechazar una visa: “Esa autonomía se la están quitando, el personal se está sintiendo afectado y han mermado su autoridad”.
La profesional del derecho dijo que dentro y fuera del país son muchas las personas que hacen trabajo de asesoría para gestionar visas estadounidenses para venezolanos.
“En mi caso me veo afectada directamente, tengo una merma de trabajo importante, tenía 30 personas para pautar cita y con ello mi comisión de 50% queda en el aire. No pienso tomar nuevos clientes porque me parece irresponsable, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esto”, sumó.
La abogada apostó porque la medida sea evaluada en 90 días y revertida: “Esperemos que esto cambie y tengamos de vuelta nuestra fuente de ingreso y, por el lado de las personas, es probable que cuando se reanuden las entrevistas para las visas sean más radicales”.
Pánico entre los que están adentro
Operativos y alertas de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) han creado zozobra no solo en la comunidad venezolana sino también extranjera.
Denuncias de personas que asisten a citas en ICE y son detenidas, como la hecha por el exdiputado de la Asamblea Nacional, Renzo Prieto, son frecuentes en redes sociales.
“Al presentarse voluntariamente a su audiencia en la Corte de Inmigracion en Estados Unidos, Gregory Sanabria, ex preso político venezolano y perseguido por el régimen de Maduro, fue detenido”, escribió el exparlamentario en su cuenta de X.
A raíz de la amenaza, miles de manifestantes se han lanzado a las calles en una ola de indignación que comenzó en Los Ángeles y se ha extendido a otros estados.
Como represalia, Trump envió a la Guardia Nacional y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem se limitó a escribir en sus redes sociales que “ICE seguirá aplicando la ley”.
“El actual gobierno de Estados Unidos necesita presentar una imagen negativa de los venezolanos porque es un tema político, quieren vender la idea de que la mayoría son perjudiciales y una amenaza, están en la necesidad de decirle a los estadounidenses que los están protegiendo”, sostuvo Ibañez Whitlock.
La abogada experta en migración indicó que el gobierno de Trump desestima los casos de peticiones de asilo.
“Consideran que la mayoría de quienes apelaron a ese derecho internacional solo va a trabajar, hay gente que tiene casos fuertes, pero ellos ven esas aplicaciones como fraudes”.
Pese a ello, Ibañez Whitlock no considera que las peticiones de asilo en Estados Unidos hayan bajado porque es mucha la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad en el mundo.
“Estados Unidos tiene 13 millones de indocumentados, y de ellos, el 80% tiene más de 12 años en esa situación, desde su mandato anterior Trump ha venido anunciado una deportación masiva, se ha vendido como el gran deportador”, sentenció Páez Bravo.
En diversas ciudades, venezolanos junto a otros extranjeros así como ciudadanos estadounidenses se han organizado para alertar sobre redadas repentinas y alcabalas.
“Los costos para hacer una deportación masiva y sus efectos no son los más positivos, esto va a tener un impacto sobre la economía, sectores agrícolas y servicios se van a ver afectados, en el sector construcción se ha perdido la mano de obra por el tema de las redadas, la gente tiene miedo de salir…esa misma gente es la que usa tarjetas de créditos, compra casas, carros y tiene un nivel de consumo, especialmente en Florida donde hay más del 50% de la diáspora venezolana en Estados Unidos”, dijo el sociólogo y experto en migraciones, Tomás Páez Bravo,
Ibañez Whitlock, por su parte, comentó que los propios miembros del partido de Trump son testigos del impacto que está teniendo la actual política migratoria.
“Si el precio de la comida sube se van a dar cuenta del efecto que puede tener las deportaciones y la escasez de mano de obra. Todas estas políticas que vemos vienen de la Casa Blanca y especialmente del subjefe de gabinete de estrategia política y asesor de seguridad, Stephen Miller”, advirtió-
Páez Bravo coincidió en que Trump ha conseguido oposición a su política migratoria entre sus aliados.
“Hay una confrontación entre el gobierno y la sociedad civil. Diputados de su partido en Florida se han opuesto, porque en ese estado se encuentra buena parte de su electorado”, precisó.
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