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Ipys Venezuela: Detención de expertos también afecta derecho a la información de ciudadanos

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El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) manifestó su profunda preocupación ante la reciente detención de los economistas Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas; Gerardo Cacique; y Daniel Cadenas, todos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

IPYS considera que estas detenciones representan un “ataque directo al derecho colectivo de los ciudadanos a acceder a información veraz y útil sobre la realidad económica del país“.

“El acceso a información pública en materia económica ha sido sistemáticamente restringido. Por eso, silenciar a quienes producen datos confiables pone en riesgo la comprensión de fenómenos clave como la inflación, los salarios o las políticas fiscales”, expresó IPYS en su comunicado.

El instituto se sumó a la preocupación que manifestó la UCV por la detención de estas personas y también respaldó el pronunciamiento del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que denunció la criminalización de quienes se dedican a la recolección, análisis y difusión de información económica confiable, necesaria para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y para la transparencia institucional.

IPYS Venezuela advirtió que estas acciones se inscriben en un “patrón sostenido de hostigamiento estatal contra voces independientes, especialmente en períodos de alta conflictividad política y social, y constituyen una amenaza directa a las libertades informativas”. 

Finalmente, hizo un llamado al Estado a cesar de inmediato cualquier forma de persecución o coacción contra académicos, profesionales, periodistas y organizaciones que contribuyen al análisis crítico y técnico de la situación nacional.

Denuncian clima de hostigamiento contra profesionales

En días recientes, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (Faces-UCV), a través de un comunicado, expresó su rechazo a la desaparición del economista Daniel Cadenas y del licenciado Gerardo Cacique y alertó sobre el clima de hostigamiento contra profesionales por el ejercicio libre de su pensamiento.

“El espíritu crítico que caracteriza la formación del ucevista es una condición inalienable de nuestros egresados”, afirmó la institución en el texto, en el que también rechazó las aprehensiones arbitrarias de economistas venezolanos por razones vinculadas a su labor académica o técnica, sin debido proceso ni justificación legal.

En el comunicado también se advierte sobre los mecanismos para silenciar voces técnicas: “Rechazamos cualquier intento de coacción o restricción a los miembros de nuestra comunidad académica”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. detención de

El Mañanero del 25 de junio: emergencia en Mérida y Trujillo por fuertes lluvias y otras noticias

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El Mañanero del 25 de junio resume los titulares más relevantes de las noticias de los últimos días: Los Andes venezolanos están en emergencia por las fuertes lluvias de las últimas horas. Chile desmanteló lavado de activos del Tren de Aragua y el Ministerio Público denunció falta de apoyo por parte de El Salvador en el caso de migrantes detenidos en el Cecot.

Emergencia en los Andes: lluvias intensas provocan estragos en Mérida y Trujillo

Chile desmanteló red de lavado de activos del Tren de Aragua

Ministerio Público denuncia falta de apoyo de El Salvador en caso de migrantes detenidos

Rafael Tudares es acusado de terrorismo y fijan como sitio de reclusión El Rodeo I

Gobierno de Maduro instalará cámaras de vigilancia en hospitales

Pueblos indígenas en riesgo: despojo, extractivismo y abandono estatal

“Seguiré luchando por la libertad de mi esposo, humanitariamente, por mis hijos, por Rafael, por la mamá de Rafael. Gracias a todos aquellos que nos llevan en sus oraciones y abogan por la libertad”, Mariana González, esposa de Rafael Tudares.

Emergencia en los Andes: fuertes lluvias provocan estragos en Mérida y Trujillo

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Las fuertes lluvias de las últimas horas han causado estragos en los estados Mérida y Trujillo con el desbordamiento de ríos, quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Según reportes en redes sociales, una de las zonas más afectadas es el Páramo merideño donde las carreteras y el sistema eléctrico se ha visto afectado con el desbordamiento del río Chama.

A través de la cuenta en X, Reporte Ya informó que el aumento del cauce del río Chama ha causado daños al parque Valle Hermoso ubicado cerca del Caney y de Los Aleros y la carretera Trasandina. De la misma manera en el sector La Pueblita y Cuesta de Belén en Mérida.

Reporte Ya también publicó un video en el que se observa como se derrumba una vivienda en Mérida. La cuenta señala que varias carreteras y comunidades se encuentran incomunicadas.

Crecida del río Motatán

La situación en el estado Trujillo no es distinta. El alcalde de la entidad, Heriberto Tapia, informó a través de un video publicado en X que la situación es de alerta máxima.

“Alertamos a la población de Alberto Ravel y sectores adyacentes a tener mucho cuidado”, sugirió el alcalde, quien indicó que están preparados ante cualquier situación o adversidad.

El Diario Los Andes informó que varios sectores en Trujillo han sufrido anegaciones de viviendas, entre ellos Miticún, La Vega y La Sabanita. Sin embargo, la situación en las Mesitas, parroquia General Ribas, es más grave con el desbordamiento del río Burate y la quebrada La Coneja.

Según el medio andino, las autoridades municipales han desplegado un amplio operativo de prevención y seguridad.

En el estado Barinas también se registran fuertes lluvias y el colapso de la vías principales.

“Lluvia bendita”

La cuenta en X del partido político Voluntad Popular denunció que mientras Los Andes sufren una crítica situación por las lluvias, el gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, dijo en una alocución que se trataba de “lluvia bendita” enviada “por el comandante Chávez”.

Chile desmanteló red de lavado de activos del Tren de Aragua

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Las autoridades chilenas informaron este martes 24 del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales.

Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago y en otras regiones del país, como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío.

«Para combatir al crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera», dijo en rueda de prensa el fiscal general, Ángel Valencia.

La red empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal general.

El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.

«Los sujetos que delinquen son -para estas redes- reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio ni las redes que usan para sacar el dinero del país», agregó Valencia.

El Tren de Aragua nació en en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, y se ha extendido en los últimos años por Colombia, Perú, Bolivia y Chile. En este último país se instalaron aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

«La sofisticación del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades», concluyó el fiscal.

Con información de agencia EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Solidaridad con algunos que pensaron distinto

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Norberto Bobbio (1909-2004), distinguido italiano filósofo de la ley, insistía en conocer el porqué de las cosas, las causas, el deber ser de los hechos. Responder estas preguntas es requisito para entender el devenir de los acontecimientos, disminuir la polarización sobre los mismos y ser más tolerantes. Este tópico viene al caso por la reacción de algunos sobre compatriotas que ocuparon cargos importantes durante la presidencia de Hugo Chávez, no incurrieron en delitos, y hoy disienten del régimen de Maduro.

Un punto de partida es aceptar que a Chávez lo eligió el descontento de una parte de la población que compró, por diversas razones, su oferta electoral. Al poco tiempo muchos marcaron distancia, pero otros persistieron en su adhesión a ese proyecto. Hoy, hay un rechazo general a Nicolás Maduro, entre ellos algunas personalidades que ocuparon cargos importantes en el gobierno de Chávez. Desconocemos si siguen adheridos a ese proyecto fracasado o si han rectificado, pero en todo caso tienen derecho a ocupar un espacio político. Y, quienes no hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos o en corrupción, merecen nuestra aceptación.

En nuestra historia reciente tenemos los ejemplos de los lamentablemente fallecidos Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Américo Martín, por mencionar a los más emblemáticos partidarios de la guerrilla castrocomunista, que rectificaron y fueron aceptados por el resto del país. Más recientemente, tenemos los casos de Raúl Isaías Baduel (f), Rodrigo Cabezas, Juan Barreto, Nicmer Evans y Héctor Navarro, entre otros. Achacarles culpas, algunas válidas, otras no, en momentos en que son perseguidos por el régimen no es justo, ni sensato.

Al general Baduel lo conocí un día en que visité a los otros presos políticos en Ramo Verde. En ese primer encuentro le expresé mi solidaridad porque le habían violado sus derechos, pero le hice notar que había procedido mal como comandante general del Ejército y como ministro de la Defensa al pasar a retiro, injustamente, a muchos oficiales. En visitas posteriores pasé a saludarlo.

Lo detuvieron en el 2009, y lo sentenciaron a siete años por la declaración de un soldado de haber visto unas bolsas negras que sin prueba decidieron era dinero. Cumplió la condena, pero en el 2017 lo apresaron nuevamente, acusándolo de conspirar. Maduro lo dejó morir en el 2021 por falta de atención médica oportuna. Hoy su hijo Josnar está preso desde el 2020, ha sido torturado y condenado sin pruebas a 30 años por supuesta participación en la Operación Gedeón. Andreína, hija del general y hermana de Josnar, e integrante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, ha hecho varias denuncias. Mi solidaridad con ambos.

Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Chávez y exmiembro de la dirección del PSUV, está preso desde el 12 de junio de este año por apoyar la candidatura de Edmundo González, nuestro presidente electo. Juan Barreto, exalcalde chavista, fundador del partido Redes, tiene casa por cárcel desde mayo de este año sin proceso judicial. Barreto ha denunciado acoso policial con presencia de encapuchados. Todos tenemos que protestar por estos atropellos y exigir la libertad de ambos presos políticos.

Nos permitimos instar a quienes escriben en las redes sociales a dejar de censurarlos por actuaciones del pasado, algunas de las cuales son criticables, pero que no implicaron violaciones a los derechos humanos, ni corrupción. Nos complace que María Corina Machado expresara su solidaridad con Rodrigo Cabezas y que llamara a la unidad de los venezolanos.

Al respecto, cabe recordar a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coordinado por Martha Tineo y por Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, asesinada por guardias nacionales en Naguanagua cuando salió a protestar con cacerolas. Ojalá asumamos todos la prédica de esta ONG y de la señora Rosa.

Como (había)en botica

  • Hasta el presente, el juez de la causa contra CITGO solo ha admitido demandas por expropiaciones ordenadas arbitrariamente por Chávez y por endeudamientos incurridos por Maduro. CITGO solo pudo utilizar dinero de sus ganancias para pagar interese a bonistas 2020 que, aunque ilegales, estuvieron a punto de lograr embargar la empresa. También ha desembolsado para pagar a abogados y evitar hasta ahora que la subasten. La Junta ad hoc de PDVSA, presidida por Horacio Medina, no puede reconocer deudas sin una decisión judicial. Mienten quienes dicen lo contrario.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Ministerio Público denuncia falta de apoyo de El Salvador en caso de migrantes detenidos

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El Ministerio Público calificó este lunes 23 de «vergonzosa» la respuesta recibida por la Corte Suprema de El Salvador sobre la situación de los 252 migrantes venezolanos detenidos por Estados Unidos y deportados a una cárcel de máxima seguridad de ese país, al tiempo que señaló que se niega «toda cooperación» con Venezuela sobre el caso.

En un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, el fiscal impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, afirmó que el Estado salvadoreño «ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos».

Indicó que la respuesta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, obtenida «vía correo electrónico, más de 80 días después», es una «maniobra dilatoria y evasiva».

El fiscal general afirmó que esta Corte pretende «desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos» deportados por Estados Unidos el pasado 15 de marzo y que, desde entonces, se encuentran detenidos en ese país sin posibilidad de recibir visitas de abogados o familiares.

La Corte Suprema, según el MP venezolano, declaró «improcedente» su petición para conocer los nombres, lugar de reclusión y bajo qué estatus legal se encuentran los 252 venezolanos en El Salvador, bajo el alegato de que la comunicación enviada «no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados».

Respecto a la solicitud de habeas corpus, hecha por un grupo de abogados que representan a las víctimas, el fiscal Saab dijo que la Corte salvadoreña respondió que no se proporcionó «información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales».

El funcionario venezolano dijo que estas respuestas son «formalismos falaces y exigencias desproporcionadas» para «evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad».

«Al pedirles a los defensores que especifiquen si realmente los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al CECOT en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica», afirmó el fiscal general.

Además, dijo que la institución que dirige no aceptará las violaciones a los derechos humanos que, aseguró, han sido víctimas los venezolanos por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, y entre las que listó «detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están».

«No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales», sentenció el fiscal en su escrito.

Por otra parte, Saab dijo que han entrevistado a 116 familiares de 118 venezolanos detenidos en El Salvador, al tiempo que indicó estar dispuesto a entregar dicho material a los abogados que ejercen la defensa de estos migrantes o al propio sistema de justicia salvadoreño «si está dispuesto a escucharlos».

Rafael Tudares es acusado de terrorismo y fijan como sitio de reclusión El Rodeo I

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Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia denunció que su esposo, Rafael Tudares Bracho, será llevado a juicio tras una audiencia preliminar telemática realizada el pasado 13 de junio.

A través de un comunicado difundido en X, Mariana González informó que el tribunal de Control que lleva el caso de Tudares admitió la acusación del Ministerio Público y acordó el pase a juicio por los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, legitimación y financiamiento.

En el texto, González indicó que a su esposo le fue negada una medida sustitutiva a la privativa de libertad como “régimen de presentación y prohibición de salida del país”. Además que se fijó como centro de reclusión la cárcel El Rodeo I.

Mariana González enfatizó que hasta la fecha, por décima tercera vez en El Rodeo I le han dicho que su esposo no se encuentra detenido ahí. “Hasta el día de hoy no me consta directamente dónde lo tienen”, dijo.

La pareja de Rafael Tudares subrayó que la detención de su esposo fue arbitraria y motivada por vínculos familiares con su padre: “Es su yerno, y eso no es delito en modo alguno”, afirmó.

“Seguiré luchando por la libertad de mi esposo, humanitariamente, por mis hijos, por Rafael, por la mamá de Rafael. Gracias a todos aquellos que nos llevan en sus oraciones y abogan por la libertad”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gobierno de Maduro instalará cámaras de vigilancia en hospitales

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De acuerdo a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, el gobierno de Nicolas Maduro comenzó a implementar en los hospitales del país un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en procura de erradicar  presuntos grupos “que desean sabotear la atención ciudadana”.

La funcionaria difundió un video en el que asegura que la nueva red de vigilancia no solo ayudará a acabar con la “anarquía hospitalaria” de la que señaló de responsable a ciertos funcionarios, sino que además servirá para monitorear a los pacientes.

“Este avance permitirá un seguimiento y control eficaz, con el objetivo de erradicar esos pequeños grupos que desean sabotear la atención del pueblo”, señaló Gutiérrez a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram.

Gutiérrez indicó que las cámaras permitirán controlar algunos detalles de la atención al paciente como a qué hora llegó, en cuánto tiempo se le resolvió el problema o cuándo fue trasladado a una habitación.

Nicolás Maduro declaró hace tres años una lucha contra lo que llamó las “mafias hospitalarias” y como primera medida ordenó la incorporación de “inspectores secretos” en los centros de salud para que identificaran a los trabajadores que supuestamente sustraían material.

En junio de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) creó una unidad denominada División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública y entre otras funciones, daría asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad.

Según la ONG Espacio Público, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada contra médicos y enfermeros que han denunciado falta de insumos, presencia de colectivos armadas en recintos de salud pública, sueldos paupérrimos y crisis de servicios públicos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.