El centro de pensamiento y acción estratégica Laboratorio de Paz manifestó este 15 de agosto su “profunda preocupación ante el aumento de la criminalización, estigmatización y persecución política” contra activistas, gremialistas, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y voceros del llamado chavismo disidente en Venezuela.
La organización denunció que, en días recientes, se han registrado detenciones, ataques, desapariciones forzadas, judicializaciones y agresiones físicas contra sectores de la sociedad civil. Estos hechos, advirtió, responden a patrones de represión que se han agudizado desde el pasado 28 de julio de 2024.
Según el comunicado, en los últimos días se han multiplicado “acusaciones y señalamientos sin fundamento que presentan a personas, académicos, activistas y líderes sociales de izquierda y/o autodenominados chavistas críticos como ‘infiltrados’ o ‘agentes de injerencia extranjera’ por el solo hecho de ejercer su derecho legítimo a cuestionar actuaciones y políticas públicas”.
Derechos constitucionales e internacionales
La ONG recordó que, conforme a la Constitución venezolana y a los compromisos internacionales del Estado, existe la obligación de proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, garantizar la libertad de asociación y participación política sin discriminación, y abstenerse de difundir discursos estigmatizantes que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de las personas señaladas.
En esa línea, reivindicó “el derecho a ser chavistas radicales y/o críticos, así como el derecho de toda persona a identificarse, militar o inspirarse en cualquier corriente política o ideológica sin que ello menoscabe o implique renunciar a la libertad de cuestionar y debatir las decisiones del poder”.
“Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática”, afirmó la organización, que también subrayó la necesidad de defender los derechos civiles y políticos de quienes se identifican como oficialistas o chavistas, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
Posibles crímenes de lesa humanidad
Laboratorio de Paz advirtió que la persecución política ejercida a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y discursos de odio promovidos desde el Estado podría constituir crímenes de lesa humanidad, en los términos establecidos por el Estatuto de Roma.
Recordó que la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre Venezuela y subrayó que la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en razón de la identidad política o ideológica de una colectividad encaja en esa tipificación.
Exigencias al Estado
En su pronunciamiento, la ONG exigió:
El cese inmediato de toda campaña de difamación, criminalización y hostigamiento contra sectores de la sociedad civil y disidencias chavistas.
El fin de todas las acciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución política, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
La liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia.
Garantías de integridad física y psicológica para personas privadas de libertad, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
La restitución inmediata de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política en Venezuela.
Recientemente tuve la oportunidad de ir a Nueva York gracias a la invitación de mi amiga Marileé quien, para sorpresa mía, vive a dos cuadras del Yankee Stadium. Imagínense, tras semejante cortesía de su parte, lo menos que yo podía hacer era invitarla a un juego. Entonces compré dos entradas para uno contra las Mantarrayas de Tampa Bay y así fue como llegó el día y fuimos. Como cuando ella vivía en Mariara, que salía a tomar aire en el porche de su casa, esta vez su porche era el mismísimo Yankee Stadium.
Debo confesar que, al entrar en ese monumento, se me despertó algo que los grandes científicos de la Universidad de Stanford catalogan como el gen “fan enamorada”, pues apenas vi el terreno se me salieron las lágrimas cual picador de cebollas. Aunque luego dicho gen se me fue apagando cuando empezamos a ver el juego y me iba dando cuenta de que mi amiga Marileé sabe de pelota lo mismo que yo de plomería de aviones. Pues su conversa conmigo fue así:
–Está bonita la grama de la cancha, ¿no?
–Marileé, eso no es una cancha.
–¿Y qué es, pues? ¿No van a jugar ahí?
–Eso es un terreno, un campo. Las canchas son de cemento o de parqué.
–Ah, bueno, lo importante es que se ve bien fino con todos esos peloteros en sus outfits.
–Marileé, esos no son outfits. Son uniformes. Ellos no es que se pasan una hora combinándose la camisa con el pantalón para ver si están bonitos. Esos uniformes se los da el equipo para que los usen cuando lleguen a Grandes Ligas.
–¿Y cómo hacen para llegar a Grandes Ligas?
–Los ve un scout.
–¿De los boy scouts?… ¿Los de verde que usan corbata?
–¡No! Los scouts son unos cazadores de talento que buscan a los mejores peloteros para firmarlos.
–Ah, claro, firman a los que lancen o bateen más duro el balón.
–¡La pelota, Marileé! Un balón se infla y es de básquet, fútbol, volibol… En béisbol se le dice pelota o si no, también le puedes decir bola.
–No, bola suena muy grosero.
Fue entonces cuando comenzó a llover, así como que si Dios le fuese a los Yankees y estaba buscando evitarse que les voltearan ese juego que ya iban ganando. Inmediatamente, los jugadores se fueron corriendo de “la cancha”.
–Ay, Reuben, esto como que se terminó porque los jugadores se metieron a los camerinos.
–¡Marileé, esos no son camerinos! Lo que se ve desde aquí es el dogout y lo que está más adentro es el clubhouse. Ni que esto fuera el Miss Venezuela.
–Hasta el árbitro se fue.
–¡El ampáyer!
De hecho, no salieron más. Llegó a su fin esa clase de béisbol inesperada porque a nosotros también nos tocó meternos de vuelta en la casa de Marileé para que no nos agarrara el sereno de su particular porche neoyorquino.
Fue gracias a esa lluvia que quizás me ahorré una hora más de discusiones para aclararle a Marileé que en el béisbol el jardinero no corta grama, el camarero no atiende comensales, no todas las mascotas animan y nadie va preso por robar bases.
Aunque fue ahí cuando comprendí que mi amiga, sin saberlo, no solo me regaló una tarde en el porche de su nueva casa en el Bronx. Además, me regaló uno de los juegos de béisbol más divertidos de mi vida. Cuánto deseo que en un futuro mi amiga Marileé y yo podamos ver otro juego nuevamente ahí, en Nueva York. Aunque ojalá esta vez sea de fútbol americano.
Instituciones académicas nacionales e internacionales alzaron su voz de rechazo frente a los señalamientos difundidos por medios oficiales venezolanos que acusan, sin fundamento, a reconocidos sociólogos, académicos e investigadores de formar parte de una supuesta “red de injerencia política contra el Estado venezolano disfrazada de actividades académicas y ambientales”.
Los pronunciamientos, emitidos entre el 13 y el 15 de agosto, advierten que esta campaña constituye un intento de criminalizar el pensamiento crítico y la investigación autónoma en Venezuela, particularmente en temas vinculados al Arco Minero del Orinoco y la crisis ecológica del país.
Solidaridad internacional desde ALAS
La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) expresó su “enérgico rechazo” a los recientes señalamientos difundidos por el gobierno venezolano que acusan “infundadamente a destacados académicos y sociólogos/as (…) y a organizaciones clave del pensamiento crítico latinoamericano”.
La organización destacó el prestigio de los investigadores señalados, entre ellos Edgardo Lander, a quien definió como “uno de los principales referentes del pensamiento sociológico latinoamericano contemporáneo, con una trayectoria irreprochable”.
ALAS subrayó que acusar su labor de ser parte de una estrategia de intervención extranjera constituye “no sólo una falsedad, sino también un ataque a la autonomía investigadora y al derecho a disentir”.
Además, relacionó estos hechos con una “escalada represiva más amplia”, que a su juicio, se refleja en la persecución contra movimientos progresistas y de izquierda, citando como ejemplo la detención de la activista Martha Lía Grajales.
El CENDES defiende su trayectoria
El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela también respondió a los señalamientos hechos por Radio Nacional de Venezuela, que lo acusó de ser un “nodo articulador de redes” contra el Arco Minero.
La institución recordó que, desde su creación en 1961, ha formado cientos de profesionales en programas de postgrado y ha mantenido un compromiso con la libertad académica y la diversidad de pensamiento. “Nuestra institución jamás ha estado involucrada en acciones diferentes a su naturaleza y alejadas del propósito para el cual fue creada”, afirmó en su comunicado.
El CENDES rechazó categóricamente lo que consideró intentos por vulnerar su prestigio y expresó solidaridad con su director, Francisco Javier Velasco, y con los académicos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez y Santiago Arconada, también señalados por el discurso oficial.
Pronunciamiento desde la UCV
Por su parte, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) y la Dirección de la Escuela de Sociología de la UCV manifestaron su “profunda preocupación y el más contundente rechazo a los ataques infundados y las acusaciones emitidas por medios de comunicación oficiales”.
Los firmantes, el decano Luis Angarita y el profesor Xavier Valente, recordaron que los académicos cuestionados son “respetados intelectuales, cuya trayectoria académica y compromiso con el país son incuestionables”.
El comunicado advierte que “la verdadera razón detrás de esta arremetida es precisamente la postura crítica y el distanciamiento que los mencionados colegas han asumido frente a la deriva autoritaria y las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, particularmente en lo que respecta a las actividades extractivistas en el Arco Minero del Orinoco”.
Asimismo, señala que estos ataques “forman parte de un patrón de criminalización de la crítica y la disidencia”, en sintonía con lo ocurrido recientemente con la activista de DDHH Martha Lía Grajales.
Finalmente, la Facultad y la Escuela de Sociología exigieron “el cese inmediato de esta campaña de difamación” y defendieron los principios de libertad de cátedra, autonomía universitaria y derecho a disentir, fundamentales para la misión social del trabajo académico.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El pasado 15 de agosto, el equipo legal de la organización Proveapresentó una acción de amparo constitucional ante la Sala Especial Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Casos Vinculados a Delitos Asociados al Terrorismo, en favor del activista y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres.
La ONG denunció que el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia contra Terrorismo ha incurrido en “constantes violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa“, al impedir la designación y juramentación de los abogados de confianza del detenido.
En el recurso consignado en el Palacio de Justicia de Caracas, Provea subraya que esta práctica vulnera el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como lo dispuesto en el artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
“Las gestiones realizadas hasta la fecha ante el referido tribunal para que el agraviado pueda designar abogados de confianza no han sido posibles, sin que se tenga ningún tipo de certeza sobre las actuaciones judiciales que han sido realizadas hasta el momento”, señala el escrito, en el que se documentan las diligencias emprendidas por el equipo de exigibilidad legal de la ONG.
Incomunicación prolongada y riesgo a la integridad
Provea recordó que Eduardo Torres fue detenido arbitrariamente y sometido a desaparición forzada el 9 de mayo pasado, y que desde entonces permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas familiares ni a sus defensores de confianza.
La familia de Torres fue informada días después de su desaparición sobre su reclusión en El Helicoide, centro de detención que ha sido reiteradamente señalado como un espacio de torturas y tratos crueles en Venezuela. Sin embargo, ni allegados ni abogados han podido verlo para constatar su estado de salud, lo que lo mantiene en una situación de riesgo y vulnerabilidad, al tiempo que prolonga la angustia de sus familiares.
“El abogado Eduardo Torres, persona agraviada en la presente acción de amparo constitucional, todavía se encuentra en situación de incomunicación en la sede del Sebin. Próximamente cumplirá tres meses en esa condición, sin visitas de familiares, sin conversaciones telefónicas autorizadas por el organismo policial y sin poder entrevistarse con sus abogadas de confianza”, expone el documento introducido por Provea.
Solicitud a la Corte de Apelaciones
En su escrito, la organización de derechos humanos pidió a la Corte de Apelaciones ordenar al Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia contra Terrorismo que cese las obstrucciones al debido proceso y permita a Torres designar libremente a sus abogados de confianza, en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución venezolana.
Defensores detenidos en Venezuela
Con Torres, son al menos cinco los defensores de derechos humanos que permanecen detenidos en Venezuela.
Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 junto a familiares por exigir rendición de cuentas al poder militar.
Javier Tarazona, de Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por documentar la violencia en zonas fronterizas.
Eduardo Torres, abogado de Provea, fue víctima de desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado e incomunicado en El Helicoide, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la CIDH.
Carlos Julio Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y enfrenta condiciones similares.
Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, fue arrestado en agosto de 2024 mientras ofrecía asistencia legal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La detención de la defensora de derechos humanos de la organización Surgentes, Martha Lía Grajales, resonó por su labor en apoyo a las madres de presos políticos en Venezuela, pero también por ser militante de izquierda.
Organizaciones de DDHH, líderes comunitarios y también la izquierda internacional exigieron su liberación hasta que se produjo el excarcelamiento la noche de este 12 de agosto. Miraflores y otros altos voceros del chavismo intentaron justificar la aprehensión y señalaron a una “falsa izquierda” que se infiltró para “conspirar” contra la administración de Nicolás Maduro.
“Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo. Tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al referirse a la izquierda disidente en el país.
Pero el de Grajales no ha sido el único caso de representantes de la izquierda apresados, excarcelados, perseguidos y en el exilio, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Defensores de DDHH y antiguos aliados del chavismo, han coincidido en que el patrón represivo aplicado para que Maduro pueda mantenerse en el poder no distingue entre ideologías.
A continuación un repaso de los casos más sonados.
Detenidos y excarcelados
Martha Lía Grajales. Fue apresada el 8 de agosto en el este de Caracas, luego de participar en una protesta ante la oficina de Naciones Unidas (ONU), contra la agresión sufrida por madres y familiares de presos políticos a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, tres días antes.
Familiares y abogados denunciaron desaparición forzada tras ser obligada por sujetos a abordar un vehículo sin placas. El Ministerio Público se pronunció el 11 de agosto para informar que fue imputada por los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación». Su esposo, Antonio González, declaró que le fue impuesto un defensor público y que le informaron que estaba detenida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La noche de este 12 de agosto, se informó sobre su excarcelación con medidas cautelares. González advirtió que, pese a que salió del centro de detención, continuaba siendo víctima de un proceso judicial arbitrario.
“La cúpula del Psuv ha llevado al extremo la manipulación de los símbolos y banderas históricas de la izquierda, intentando encubrir su viraje autoritario bajo una fraseología pseudo revolucionaria y falsamente antiimperialista. La detención arbitraria de la activista Martha Lía Grajales y la arremetida contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirman la verdadera naturaleza reaccionaria de la élite gobernante”, expresó la dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Neirlay Andrade.
Recalcó que al carecer de legitimidad, luego del denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024 y al constatar las protestas de sectores populares, Miraflores ha intentado sustituir el voto popular por el miedo para seguir en Miraflores.
“La detención de Martha Lía y la campaña de difamación orquestada por los laboratorios de propaganda gubernamental buscan normalizar la criminalización de las luchas populares. El objetivo de la cúpula del Psuv es claro: que dejemos de reclamar los derechos consagrados en la Constitución”, acotó.
Rodrigo Cabezas. Fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, luego de ser citado en la oficina de Corpoelec para formular un reclamo por falta de electricidad en su residencia.
Desde su aprehensión por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial, no se supo nada de él durante 41 días, por lo que abogados y familiares denunciaron su desaparición forzada.
Su excarcelación se produjo el 23 de julio sin que se supiera bajo cuáles cargos estuvo detenido. Su detención y la de dos economistas del Observatorio Venezolano de Finanzas, Daniel Cadenas y Gerardo Casique, se produjo en momentos en que la administración de Maduro inició una ofensiva contra la publicación del dólar paralelo y de indicadores alusivos a la crisis económica.
“La represión en Venezuela avanza por círculos concéntricos: Primero fueron los dirigentes políticos más conocidos, luego los menos; posteriormente periodistas y medios, seguidos por activistas sociales, sindicalistas y defensores. El caso más reciente habían sido economistas y gente que procesa datos estadísticos. Inhibidos estos, ahora se avanza más sobre los chavistas disidentes”, observó el director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui.
A juicio del defensor de DDHH, las excarcelaciones en este sector se producen porque Miraflores se dio cuenta que no puede arremeter más sin antes desprestigiar primero a esa disidencia que se identifica como chavista, pero que critica a la administración de Maduro. De allí las fuertes declaraciones tanto de Maduro como de Jorge Rodríguez sobre lo que denominan “falsa izquierda”.
Nicmer Evans. Al politólogo y antiguo asesor del chavismo, Nicmer Evans, lo detuvieron el 13 de julio de 2020, luego de que denunciara que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su residencia y la allanaran. Se le acusó de promoción e incitación al odio por la publicación de unos tuits.
Estuvo detenido en la sede la Dgcim en Boleita hasta el 1 de septiembre de 2020, cuando salió por un indulto presidencial. Evans acompañó el gobierno de Chávez, pero siempre mantuvo cierta posición crítica y se desmarcó del chavismo con la llegada de Maduro a Miraflores.
Fundó Marea Socialista con parte del chavismo disidente, de la que se separó en el año 2017 y creó el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, aunque ninguna logró el reconocimiento del CNE. En su momento apoyó el gobierno interino de Juan Guaidó – y también su disolución – y la candidatura presidencial de Edmundo González. Además promovió un referendo revocatorio contra Maduro en 2022, sin éxito.
Perseguidos
Asilada y a la espera de salvoconducto. Es el caso de la abogada y exconstituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, 2017), María Alejandra Díaz, quien se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas, desde el 11 de enero de 2025.
La cancillería colombiana confirmó que concedió el asilo político a la abogada, luego de que denunciara persecución política de la administración de Maduro, pero que Díaz lo incumplió al informar en redes sociales que estaba en la embajada. Pese a ello le garantiza la protección debida y “condiciones adecuadas de permanencia”. La exconstituyente pide un salvoconducto que le garantice salir del país sin ser apresada.
Izquierda disidente del chavismo rechaza persecución contra Maria Alejandra Diaz
A Díaz la multó el TSJ (noviembre 2024) y la suspendió de su ejercicio profesional a la espera de un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados del Distrito Capital por introducir un recurso de amparo para que se obligara al Poder Electoral a publicar los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En enero de este año, denunció la detención de su exesposo y otros familiares tras acusaciones por terrorismo e incitación al odio en su contra. Señaló además que la amenazaron con llevarse a sus hijos si no se entregaba a las autoridades.
Durante su ejercicio en la Asamblea Constituyente de 2017 Díaz se opuso a la aprobación de la ley antibloqueo (2020) por considerar que, con la sanción del instrumento legal, Venezuela “entraría en la ruta al totalitarismo”.
“Con esta ofensiva contra los sectores populares y revolucionarios también se busca impedir la consolidación de una oposición de izquierda que rompa con los dos bloques que hegemonizan la disputa política en el país (…) La cúpula quiere impedir a toda costa que se configure una alternativa genuinamente democrática y en favor de las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano. Por eso castiga severamente a figuras como la doctora María Alejandra Díaz”, opinó la dirigente del PCV.
Barreto sitiado. El exalcalde metropolitano, Juan Barreto, denuncia hostigamiento en su residencia en la parroquia El Cementerio de Caracas, desde mayo de este año. Patrullas del Sebin se observan apostadas a las puertas de la vivienda, lo cual fue calificado por Marino Alvarado, miembro de Provea, como una nueva modalidad de “casa por cárcel” sin un proceso judicial previo.
El exconstituyente de 1999 apoyó la candidatura presidencial de Enrique Márquez en los comicios de 2024. Márquez también es preso político desde enero de este año y se desconoce su ubicación.
En el exilio
El exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, fue apresado el 13 de marzo de 2018 en Caracas por el Sebin, el mismo cuerpo que dirigió. Lo acusaron de cargos de conspiración contra el gobierno.
En su caso se denunciaron malas condiciones de reclusión y falta de atención médica, por lo que su salud se vio comprometida en varias ocasiones. El 21 de enero de 2023, tras casi 5 años encarcelado, fue sacado de prisión y enviado a España.
De cara a las elecciones presidenciales del 2018, Rodríguez Torres tuvo intenciones de presentarse como candidato para enfrentar a Maduro con su propia organización política, el Movimiento Amplio Desafío de Todos.
El exministro del Petróleo de Chávez, Rafael Ramírez, se desmarcó definitivamente del gobierno de Maduro en 2017, tras señalar la fuerte represión contra las masivas manifestaciones ciudadanas de ese año. Para entonces era representante de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU) y aseguró que fue alertado sobre una posible detención si regresaba al país.
En 2023, el Ministerio Público lo acusó por 10 casos de corrupción en Pdvsa y solicitó a Italia su extradición. El país europeo negó la petición por la imposibilidad del exministro de recibir un juicio justo en Venezuela. Ramirez asegura que estaría dispuesto a regresar si se le permitiera defenderse de las acusaciones que ha asegurado son falsas.
También ha expresado que de tener la posibilidad y en condiciones democráticas presentaría su candidatura presidencial como alternativa de la izquierda.
El PCV alerta que Miraflores quiere que la gente deje de reclamar sus derechos
“Declaraciones peligrosas”
“En las últimas horas hemos visto peligrosas declaraciones de parte de las principales figuras de la administración de Maduro, además se rodean de las caras visibles de los aparatos de represión para intimidar. Están invocando la lucha contra el fascismo para justificar su política deliberada de destrucción del Estado de derecho; así como usan las sanciones del imperialismo para justificar su programa de ajuste neoliberal”, alertó la dirigente del PCV.
Andrade se refirió concretamente a las declaraciones de Jorge Rodriguez sobre “extirpar el fascismo” de los movimientos sociales, durante la sesión ordinaria del Parlamento este 12 de agosto. Lo hizo en presencia del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de representantes de los cuerpos policiales del país, entre ellos Alexander Granko por la Dgcim.
El secretario general del PCV y diputado de la AN, Oscar Figuera, considera que las palabras de Rodríguez son un “desafío abierto a las fuerzas democráticas y populares de Venezuela y confirma una práctica abiertamente violatoria de la Constitución».
A juicio de Uzcátegui, el chavismo también intenta mostrarse cohesionado, a través de la represión, para presentarse invencible de cara a la propuesta de reforma constitucional que, según dijo Maduro, se retomará en 2026.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Paraindemnizar a los miles de trabajadores que fueron despedidos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), el grupo Petroamigos, liderado por el abogado Leroy Garrett, pretende conseguir un fondo fiduciario similar al de los familiares de las víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Así lo manifestó el profesional del derecho en la edición de este martes 12 de agosto de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, la cual llevó por título, Citgo: La última esperanza de los extrabajadores.
Además de Garrett, quien afirma defender los derechos de 23 000 funcionarios botados de Pdvsa durante la administración chavista, también estuvo en el espacio semanal el ex iputado de la Asamblea Nacional y co-demandante en el caso Citgo, Jorge Alejandro Rodríguez.
El exparlamentario le dijo a los directores Luis Blanco (Runrunes), Víctor Amaya (Tal Cual) y César Batiz (El Pitazo) que la demanda interpuesta por él, el sindicalista Iván Freites y el presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, persigue cubrir las falencias de los perjudicados por la política de persecución de Pdvsa desde 2002 hasta el presente.
“Estamos hablando de alrededor de 26 000 personas”, precisó.
Garrett hizo énfasis en que los extrabajadores de Pdvsa no están apostando por una eventual liquidación de Citgo, escenario que se podría definir el venidero lunes 18 de agosto mediante una subasta.
“La liquidación de Citgo es producto de un cuarto de siglo de abusos, inobservancias flagrantes y hechos cometidos por el gobierno de Venezuela”, sostuvo el abogado.
Garrett manifestó que el grupo Petroamigos se ha convertido en un factor de disrupción de la posible venta de Citgo.
“Hemos demostrado que Pdvsa fue utilizado como un instrumento de poder para perseguirnos. No queremos pelearnos con los demás acreedores de Citgo, ni con quienes están en la onda de los bonos 2020”, dijo.
Rodríguez apuntó que la demanda en las cortes federales de Estados Unidos no es solo para resarcir a los miles de despedidos de Pdvsa: “Miguel Henrique Otero demanda por toda la percusión que sufrió El Nacional, incluso hasta los pregoneros”.
El exparlamentario informó que la demanda por acoso laboral fue introducida en septiembre de 2023 por Freites.
“Hubo denegación del derecho de trabajo y violación de derechos humanos. A Freites lo despiden por acompañar a María Corina Machado en la refinería de Amuay. Posteriormente se adhirió Otero junto a una docena de demandantes, dos de ellos fueron despedidos a punta de pito por Hugo Chávez”, agregó.
Rodríguez sentenció que la eventual creación de un fideicomiso tiene como único fin la planificación fiscal, pues si ese extrabajador de Pdvsa que reside en Estados Unidos recibe una cantidad, “el fisco se queda con el 34%. En Europa la retención es 0”.
El otrora diputado dijo que en un escenario hipotético, cada exempleado petrolero podría recibir la cantidad de 100 000 dólares.
Aseguró que las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) no tienen nada que ver con hipotéticos pagos a terceros: “Esta es una deuda homologada legítimamente”.
Garrett apuntó que los extrabajadores de Pdvsa tienen derecho a reclamar sus indemnizaciones porque han sufrido confiscación de sus bienes.
“En este caso existen connotaciones de derecho internacional y humano. Del grupo de 23 000 personas botadas de Pdvsa hay un promedio de tres personas fallecidas diarias”, informó.
La disputa con Medina
Contrario a lo declarado por Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa en La Conversa de este lunes 11 de agosto, Garrett sentenció que sí posee derecho para ejercer la abogacía en Estados Unidos y representar a más de 20 000 personas.
“Yo no soy abogado de corte, estoy en este proceso como abogado pro se, que significa que puedo defenderme por mis propios medios en un juicio. Los tratados internacionales dicen que grupos que han sufrido atropellos a los derechos humanos pueden ser invocados en su defensa por cualquier persona, si no fuese así ya nos hubieran sacado de los tribunales”, sostuvo.
Al igual que lo hizo Rodríguez, Garrett aseguró que no estaba cobrando por representar a la víctimas de lo que consideran un holocausto petrolero: “Los que tiene Medina sí cobran mucho dinero. Hay una campaña de parte de las personas que tienen secuestrada la representación de Pdvsa en el exterior para decir que no soy abogado en Estados Unidos. Soy abogado internacional certificado”.
Rodríguez aseguró que desde agosto de 2023, la junta ad hoc de Pdvsa comenzó una “campaña de descrédito” para señalarlos de extorsionadores.
“Acusamos a Medina de lavado dinero y a pesar que perdimos el caso vamos a seguir con la apelación”, insistió.
El exdiputado sentenció que para solucionar la disputa bastaría con que Medina firmara un documento de convenimiento con los agraviados “y en dos semanas todos los trabajadores están cobrando, incluso los de Garrett”.
Garrett calificó la venta eventual de Citgo como controvertida: “La actuación de ellos (Pdvsa ad hoc) ha sido la de tratar de llevar a cabo una venta eficiente, que cumpla todos los pasos. La naturaleza de ellos es mercantil, la de nosotros laboral. Nadie sabe lo que va a ocurrir en la subasta del 18 de agosto”.
Saliendo al paso por lo dicho por Medina en La Conversa previa, Garrett consideró inviable que Citgo surta las necesidades internas de gasolina en Venezuela.
“Citgo está diseñada como un suplidor doméstico en Estados Unidos, aseverar eso es demagogia. La oposición en Venezuela está dividida en dos toletes; la colaboracionista, a la que pertenece Medina, y la otra que es silente”, opinó.
El vocero de Petroamigos manifestó que los extrabajadores de Pdvsa no están reclamando una limosna ni una dádiva.
“Son daños materiales, físicos y mentales que son admisibles dentro de Estados Unidos, donde se tuvo que venir a demandar porque en Venezuela no hay las condiciones”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Las mujeres ocupan un lugar importante en la mitología por considerárseles más ecuánimes y creíbles que los hombres. Themis, Lustitia y Ma’at, eran las diosas de la justicia entre los griegos, romanos e hindúes, respectivamente. Pitia, la sacerdotisa del oráculo de Delfos y las Sibilas tenían mucho prestigio. La mujer tiene un lugar importante en la historia de la civilización, mucho más allá de ser la garante de la sobrevivencia de la humanidad al procrear y defender a su prole.
En Venezuela, se ha destacado en todos los órdenes, incluyendo la defensa de los principios y valores de la democracia, como lo evidencia el Foro Penal, al señalar que hay 95 mujeres presas por motivos políticos y varias fueron asesinadas. Obviamente hay excepciones y muchas de estas valientes mujeres han sido imputadas y sentenciadas por mujeres esbirras que siguen órdenes de Miraflores. ¿Proceden por fanatismo político, por dinero o por ambos?
El mal llamado socialismo siglo XXI ha ubicado en fiscalías y juzgados a numerosas mujeres que no aplican el principio de que toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario. No les tiembla la mano al imputar a inocentes con acusaciones genéricas de incitación al odio, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e incluso terrorismo.
Un simple mensaje en un celular es causal para encerrar a una disidente del régimen de Maduro. Violan descaradamente la Constitución y las leyes. Aceptan resultados electorales con la sola constancia que presenta Elvis Amoroso en una servilleta y acatan las órdenes dictadas por el Pithecanthropus en su programa Con el mazo dando, las del psiquiatra devenido en paciente y del usurpador que ocupa Miraflores. Además, se hacen de la vista gorda de las torturas y desapariciones forzadas.
Hay que considerar que las presas, por su fisiología, experimentan más incomodidades y requieren más atención médica que los hombres, y quienes son madres sufren por tener que abandonar a sus hijos. Por ello, tanto las encarceladas por motivos políticos como por delitos comunes, deben estar recluidas en mejores condiciones.
Debido a la censura, no se conocen muchos nombres de las esbirras, pero a título de ejemplo puede mencionarse que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha estado presidido en los últimos años por mujeres, entre ellas Luisa Estela Morales, Gladys Gutiérrez y la actual Caryslia Rodríguez, y las magistradas Tania D´Amelio y Lourdes Suárez Anderson ocupan cargos importantes. Entre las fiscales, cabe citar a Katherine Harrington y a Dinorah Bustamante. Ellas y muchas otras son culpables por sentencias o imputaciones sin pruebas a numerosas mujeres y también a hombres.
La semana pasada, frente a la sede de TSJ, paramilitares del régimen agredieron a madres, esposas e hijos de presos políticos que acudieron a exigir justicia e inclusive a solicitar información del paradero de sus familiares encerrados en alguna ergástula que el régimen se niega a identificar. Para vergüenza del sistema judicial, las magistradas no impidieron las agresiones, ni solicitaron la captura de los malhechores.
En Venezuela, la diosa Themis tiene una venda en los ojos, no para ser imparcial, sino para guiarse solo por lo que le dicen desde la cúpula del régimen de Maduro, por cierto señalado por el gobierno estadounidense de dirigir el cartel narcotraficante de los soles. Afortunadamente, hay honorables excepciones como la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, la jueza Afiuni que estuvo presa y torturada, así como otras que fueron destituidas por negarse a avalar arbitrariedades. Sanear el sistema judicial será una tarea prioritaria. Estamos seguros de que Edmundo González, María Corina y el equipo que lideran lo lograrán.
Como (había) en botica
Admiramos a Israel y a Estados Unidos, pero, lamentablemente, Netanyahu y Trump, apoyados por sus incondicionales, evidencian irrespeto a los derechos humanos y a los principios de la democracia. Son un mal ejemplo para otros países.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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Este jueves, 14 de agosto, Nicolás Maduro planteó la “necesidad” de “trascender” las estructuras burocráticas de los sindicatos “tradicionales” y ser reemplazadas por nuevos movimientos controlados por el oficialismo.
El gobernante anunció la propuesta de eliminar los sindicatos durante la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas, en medio de una creciente persecución y encarcelamiento de líderes sindicales.
“creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, envejecido y agotado”, dijo.
En su alocución, Maduro expresó que llegó el momento de la construcción de “nuevos movimientos y nuevos poderes para construir una nueva sociedad donde el pueblo sea el constructor y obrero de una “sociedad socialista”.
Las reacciones a la propuesta de eliminación de los sindicatos no se hicieron esperar en las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor de derechos humanos Marino Alvarado quien a través de su cuenta en X señaló que este ha sido “el gobierno más antiobrero de la historia contemporánea de Venezuela”.
Alvarado indicó que los derechos laborales están pulverizados y que no le extraña que quieran eliminar los sindicatos “instrumento de organización y lucha de los trabajadores”.
Pulverizaron los derechos laborales.
El gobierno más antiobrero de la historia contemporánea de #Venezuela.
Aumentaron la miseria en cada trabajador y su familia.
No es de extrañar que quieran acabar con el sindicato instrumento de organización y lucha de los trabajadores. https://t.co/6MnXVZAUk8
Por su parte, Andrés Pérez, profesor de Historia, recordó que el gobierno de Maduro impulsó la creación de sindicatos paralelos, después “desmantelaron en la práctica todas las estructuras sindicales existentes” y ahora pretende modificar la Constitución eliminando de la Carta Magna la figura de organización y defensa laboral.
“El régimen no admite ninguna forma de organización popular que no esté bajo su control”, destacó Pérez.
Primero impulsaron la creación de sindicatos paralelos; después, desmantelaron en la práctica todas las estructuras sindicales existentes. Ahora, con la nueva propuesta de Maduro para modificar la Constitución, pretenden hacerlo de manera definitiva, eliminando de la Carta Magna…
El historiador y docente Sigfrido Lanz también hizo uso de su cuenta en X para rechazar la propuesta del gobernante calificándola de “acción destructora”.
La nueva acción destructora de maduro es la eliminación de los sindicatos. Nada raro, pues su gobierno ha sido una seguidilla de cierres, eliminaciones y extinciones. El tipo no ha edificado nada. Lo que ha hecho es destruir. Al final de su mandato dejará un cementerio total.
`Paralelo a esta propuesta, al menos siete dirigentes sindicales han sido detenidos por el régimen chavista en los últimos días.
La noche de este jueves, 14 de agosto, fue detenido el dirigente sindical del sector educativo Roberto Campero, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de la organización nacional Fetramagisterio.
La detención de Campero ocurrió un día después del arresto arbitrario de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de los jubilados, a quien detuvieron en Caracas el 13 de agosto. Astudillo es miembro de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (Fntjv).
Martha Grajales, también fue detenida la semana pasada y excarcelada con una medida sustitutiva por los supuestos delitos de “conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir”.
