Rechazan campaña de criminalización contra sociólogos y académicos en Venezuela

Instituciones académicas nacionales e internacionales alzaron su voz de rechazo frente a los señalamientos difundidos por medios oficiales venezolanos que acusan, sin fundamento, a reconocidos sociólogos, académicos e investigadores de formar parte de una supuesta “red de injerencia política contra el Estado venezolano disfrazada de actividades académicas y ambientales”.

Los pronunciamientos, emitidos entre el 13 y el 15 de agosto, advierten que esta campaña constituye un intento de criminalizar el pensamiento crítico y la investigación autónoma en Venezuela, particularmente en temas vinculados al Arco Minero del Orinoco y la crisis ecológica del país.

Solidaridad internacional desde ALAS

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) expresó su “enérgico rechazo” a los recientes señalamientos difundidos por el gobierno venezolano que acusan “infundadamente a destacados académicos y sociólogos/as (…) y a organizaciones clave del pensamiento crítico latinoamericano”.

La organización destacó el prestigio de los investigadores señalados, entre ellos Edgardo Lander, a quien definió como “uno de los principales referentes del pensamiento sociológico latinoamericano contemporáneo, con una trayectoria irreprochable”.

ALAS subrayó que acusar su labor de ser parte de una estrategia de intervención extranjera constituye “no sólo una falsedad, sino también un ataque a la autonomía investigadora y al derecho a disentir”.

Además, relacionó estos hechos con una “escalada represiva más amplia”, que a su juicio, se refleja en la persecución contra movimientos progresistas y de izquierda, citando como ejemplo la detención de la activista Martha Lía Grajales.

El CENDES defiende su trayectoria

El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela también respondió a los señalamientos hechos por Radio Nacional de Venezuela, que lo acusó de ser un “nodo articulador de redes” contra el Arco Minero.

La institución recordó que, desde su creación en 1961, ha formado cientos de profesionales en programas de postgrado y ha mantenido un compromiso con la libertad académica y la diversidad de pensamiento. “Nuestra institución jamás ha estado involucrada en acciones diferentes a su naturaleza y alejadas del propósito para el cual fue creada”, afirmó en su comunicado.

El CENDES rechazó categóricamente lo que consideró intentos por vulnerar su prestigio y expresó solidaridad con su director, Francisco Javier Velasco, y con los académicos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez y Santiago Arconada, también señalados por el discurso oficial.

Pronunciamiento desde la UCV

Por su parte, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) y la Dirección de la Escuela de Sociología de la UCV manifestaron su “profunda preocupación y el más contundente rechazo a los ataques infundados y las acusaciones emitidas por medios de comunicación oficiales”.

Los firmantes, el decano Luis Angarita y el profesor Xavier Valente, recordaron que los académicos cuestionados son “respetados intelectuales, cuya trayectoria académica y compromiso con el país son incuestionables”.

El comunicado advierte que “la verdadera razón detrás de esta arremetida es precisamente la postura crítica y el distanciamiento que los mencionados colegas han asumido frente a la deriva autoritaria y las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, particularmente en lo que respecta a las actividades extractivistas en el Arco Minero del Orinoco”.

Asimismo, señala que estos ataques “forman parte de un patrón de criminalización de la crítica y la disidencia”, en sintonía con lo ocurrido recientemente con la activista de DDHH Martha Lía Grajales.

Finalmente, la Facultad y la Escuela de Sociología exigieron “el cese inmediato de esta campaña de difamación” y defendieron los principios de libertad de cátedra, autonomía universitaria y derecho a disentir, fundamentales para la misión social del trabajo académico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, así como elo Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) y la Escuela de Sociología de la misma casa de estudios fijaron posición sobre el señalamiento que han hecho desde medios oficiales contra prestigiosos investigadores, a quienes acusan de pertenecer a una red de injerencia política contra el Estado venezolano "disfrazada de actividades académicas y ambientales”
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Instituciones académicas nacionales e internacionales alzaron su voz de rechazo frente a los señalamientos difundidos por medios oficiales venezolanos que acusan, sin fundamento, a reconocidos sociólogos, académicos e investigadores de formar parte de una supuesta “red de injerencia política contra el Estado venezolano disfrazada de actividades académicas y ambientales”.

Los pronunciamientos, emitidos entre el 13 y el 15 de agosto, advierten que esta campaña constituye un intento de criminalizar el pensamiento crítico y la investigación autónoma en Venezuela, particularmente en temas vinculados al Arco Minero del Orinoco y la crisis ecológica del país.

Solidaridad internacional desde ALAS

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) expresó su “enérgico rechazo” a los recientes señalamientos difundidos por el gobierno venezolano que acusan “infundadamente a destacados académicos y sociólogos/as (…) y a organizaciones clave del pensamiento crítico latinoamericano”.

La organización destacó el prestigio de los investigadores señalados, entre ellos Edgardo Lander, a quien definió como “uno de los principales referentes del pensamiento sociológico latinoamericano contemporáneo, con una trayectoria irreprochable”.

ALAS subrayó que acusar su labor de ser parte de una estrategia de intervención extranjera constituye “no sólo una falsedad, sino también un ataque a la autonomía investigadora y al derecho a disentir”.

Además, relacionó estos hechos con una “escalada represiva más amplia”, que a su juicio, se refleja en la persecución contra movimientos progresistas y de izquierda, citando como ejemplo la detención de la activista Martha Lía Grajales.

El CENDES defiende su trayectoria

El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela también respondió a los señalamientos hechos por Radio Nacional de Venezuela, que lo acusó de ser un “nodo articulador de redes” contra el Arco Minero.

La institución recordó que, desde su creación en 1961, ha formado cientos de profesionales en programas de postgrado y ha mantenido un compromiso con la libertad académica y la diversidad de pensamiento. “Nuestra institución jamás ha estado involucrada en acciones diferentes a su naturaleza y alejadas del propósito para el cual fue creada”, afirmó en su comunicado.

El CENDES rechazó categóricamente lo que consideró intentos por vulnerar su prestigio y expresó solidaridad con su director, Francisco Javier Velasco, y con los académicos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez y Santiago Arconada, también señalados por el discurso oficial.

Pronunciamiento desde la UCV

Por su parte, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) y la Dirección de la Escuela de Sociología de la UCV manifestaron su “profunda preocupación y el más contundente rechazo a los ataques infundados y las acusaciones emitidas por medios de comunicación oficiales”.

Los firmantes, el decano Luis Angarita y el profesor Xavier Valente, recordaron que los académicos cuestionados son “respetados intelectuales, cuya trayectoria académica y compromiso con el país son incuestionables”.

El comunicado advierte que “la verdadera razón detrás de esta arremetida es precisamente la postura crítica y el distanciamiento que los mencionados colegas han asumido frente a la deriva autoritaria y las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, particularmente en lo que respecta a las actividades extractivistas en el Arco Minero del Orinoco”.

Asimismo, señala que estos ataques “forman parte de un patrón de criminalización de la crítica y la disidencia”, en sintonía con lo ocurrido recientemente con la activista de DDHH Martha Lía Grajales.

Finalmente, la Facultad y la Escuela de Sociología exigieron “el cese inmediato de esta campaña de difamación” y defendieron los principios de libertad de cátedra, autonomía universitaria y derecho a disentir, fundamentales para la misión social del trabajo académico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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