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Detención de Martha Grajales resonó en la izquierda: qué mensaje envía el chavismo a la disidencia 

La Hora de Venezuela
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Detención de Martha Grajales resonó en la izquierda: qué mensaje envía el chavismo a la disidencia 

La detención de la defensora de derechos humanos de la organización Surgentes, Martha Lía Grajales, resonó por su labor en apoyo a las madres de presos políticos en Venezuela, pero también por ser militante de izquierda. 

Organizaciones de DDHH, líderes comunitarios y también la izquierda internacional exigieron su liberación hasta que se produjo el excarcelamiento la noche de este 12 de agosto. Miraflores y otros altos voceros del chavismo intentaron justificar la aprehensión y señalaron a una “falsa izquierda” que se infiltró para “conspirar” contra la administración de Nicolás Maduro.  

“Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo. Tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al referirse a la izquierda disidente en el país.

Pero el de Grajales no ha sido el único caso de representantes de la izquierda apresados, excarcelados, perseguidos y en el exilio, especialmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Defensores de DDHH y antiguos aliados del chavismo, han coincidido en que el patrón represivo aplicado para que Maduro pueda mantenerse en el poder no distingue entre ideologías. 

A continuación un repaso de los casos más sonados.  

Detenidos y excarcelados 

Martha Lía Grajales. Fue apresada el 8 de agosto en el este de  Caracas, luego de participar en una protesta ante la oficina de Naciones Unidas (ONU), contra la agresión sufrida por madres y familiares de presos políticos a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, tres días antes.  

Familiares y abogados denunciaron desaparición forzada tras ser obligada por sujetos a abordar un vehículo sin placas. El Ministerio Público se pronunció el 11 de agosto para informar que fue imputada por los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación». Su esposo, Antonio González, declaró que le fue impuesto un defensor público y que le informaron que estaba detenida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La noche de este 12 de agosto, se informó sobre su excarcelación con medidas cautelares.  González advirtió que, pese a que salió del centro de detención, continuaba siendo víctima de un proceso judicial arbitrario.  

“La cúpula del Psuv ha llevado al extremo la manipulación de los símbolos y banderas históricas de la izquierda, intentando encubrir su viraje autoritario bajo una fraseología pseudo revolucionaria y falsamente antiimperialista. La detención arbitraria de la activista Martha Lía Grajales y la arremetida contra el Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirman la verdadera naturaleza reaccionaria de la élite gobernante”, expresó la dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Neirlay Andrade.  

Recalcó que al carecer de legitimidad, luego del denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024 y al constatar las protestas de sectores populares, Miraflores ha intentado sustituir el voto popular por el miedo para seguir en Miraflores.  

“La detención de Martha Lía y la campaña de difamación orquestada por los laboratorios de propaganda gubernamental buscan normalizar la criminalización de las luchas populares. El objetivo de la cúpula del Psuv es claro: que dejemos de reclamar los derechos consagrados en la Constitución”, acotó. 

Rodrigo Cabezas. Fue detenido el 12 de junio en Maracaibo, luego de ser citado en la oficina de Corpoelec para formular un reclamo por falta de electricidad en su residencia. 

Desde su aprehensión por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden judicial, no se supo nada de él durante 41 días, por lo que abogados y familiares denunciaron su desaparición forzada. 

Su excarcelación se produjo el 23 de julio sin que se supiera bajo cuáles cargos estuvo detenido. Su detención y la de dos economistas del Observatorio Venezolano de Finanzas, Daniel Cadenas y Gerardo Casique, se produjo en momentos en que la administración de Maduro inició una ofensiva contra la publicación del dólar paralelo y de indicadores alusivos a la crisis económica.  

“La represión en Venezuela avanza por círculos concéntricos: Primero fueron los dirigentes políticos más conocidos, luego los menos; posteriormente periodistas y medios, seguidos por activistas sociales, sindicalistas y defensores. El caso más reciente habían sido economistas y gente que procesa datos estadísticos. Inhibidos estos, ahora se avanza más sobre los chavistas disidentes”, observó el director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui. 

A juicio del defensor de DDHH, las excarcelaciones en este sector se producen porque Miraflores se dio cuenta que no puede arremeter más sin antes desprestigiar primero a esa disidencia que se identifica como chavista, pero que critica a la administración de Maduro. De allí las fuertes declaraciones tanto de Maduro como de Jorge Rodríguez sobre lo que denominan “falsa izquierda”.   

Nicmer Evans.  Al politólogo y antiguo asesor del chavismo, Nicmer Evans, lo detuvieron el 13 de julio de 2020, luego de que denunciara que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su residencia y la allanaran. Se le acusó de promoción e incitación al odio por la publicación de unos tuits.

Estuvo detenido en la sede la Dgcim en Boleita hasta el 1 de septiembre de 2020, cuando salió por un indulto presidencial. Evans acompañó el gobierno de Chávez, pero siempre mantuvo cierta posición crítica y se desmarcó del chavismo con la llegada de Maduro a Miraflores. 

Fundó Marea Socialista con parte del chavismo disidente, de la que se separó en el año 2017 y creó el Movimiento por la Democracia y  la Inclusión, aunque ninguna logró el reconocimiento del CNE. En su momento apoyó el gobierno interino de Juan Guaidó – y también su disolución – y la candidatura presidencial de Edmundo González. Además promovió un referendo revocatorio contra Maduro en 2022, sin éxito.

Perseguidos 

Asilada y a la espera de salvoconducto. Es el caso de la abogada y exconstituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, 2017), María Alejandra Díaz, quien se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas, desde el 11 de enero de 2025.  

La cancillería colombiana confirmó que concedió el asilo político a la abogada, luego de que denunciara persecución política de la administración de Maduro, pero que Díaz lo incumplió al informar en redes sociales que estaba en la embajada. Pese a ello le garantiza la protección debida y “condiciones adecuadas de permanencia”. La exconstituyente pide un salvoconducto que le garantice salir del país sin ser apresada.

Izquierda disidente del chavismo rechaza persecución contra Maria Alejandra Diaz

A Díaz la multó el TSJ (noviembre 2024) y la suspendió de su ejercicio profesional a la espera de un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados del Distrito Capital por introducir un recurso de amparo para que se obligara al Poder Electoral a publicar los resultados desglosados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En enero de este año, denunció la detención de su exesposo y otros familiares tras acusaciones por terrorismo e incitación al odio en su contra. Señaló además que la amenazaron con llevarse a sus hijos si no se entregaba a las autoridades. 

Durante su ejercicio en la Asamblea Constituyente de 2017 Díaz se opuso a la aprobación de la ley antibloqueo (2020) por considerar que, con la sanción del instrumento legal, Venezuela “entraría en la ruta al totalitarismo”.

“Con esta ofensiva contra los sectores populares y revolucionarios también se busca impedir la consolidación de una oposición de izquierda que rompa con los dos bloques que hegemonizan la disputa política en el país (…) La cúpula quiere impedir a toda costa que se configure una alternativa genuinamente democrática y en favor de las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano. Por eso castiga severamente a figuras como la doctora María Alejandra Díaz”, opinó la dirigente del PCV. 

Barreto sitiado. El exalcalde metropolitano, Juan Barreto, denuncia hostigamiento en su residencia en la parroquia El Cementerio de Caracas, desde mayo de este año. Patrullas del Sebin se observan apostadas a las puertas de la vivienda, lo cual fue calificado por Marino Alvarado, miembro de Provea, como una nueva modalidad de “casa por cárcel” sin un proceso judicial previo. 

El exconstituyente de 1999 apoyó la candidatura presidencial de Enrique Márquez en los comicios de 2024. Márquez también es preso político desde enero de este año y se desconoce su ubicación. 

En el exilio 

El exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, fue apresado el 13 de marzo de 2018 en Caracas por el Sebin, el mismo cuerpo que dirigió. Lo acusaron de cargos de conspiración contra el gobierno. 

En su caso se denunciaron malas condiciones de reclusión y falta de atención médica, por lo que su salud se vio comprometida en varias ocasiones. El 21 de enero de 2023, tras casi 5 años encarcelado, fue sacado de prisión y enviado a España.

De cara a las elecciones presidenciales del 2018, Rodríguez Torres tuvo intenciones de presentarse como candidato para enfrentar a Maduro con su propia organización política, el Movimiento Amplio Desafío de Todos. 

El exministro del Petróleo de Chávez, Rafael Ramírez, se desmarcó definitivamente del gobierno de Maduro en 2017, tras señalar la fuerte represión contra las masivas manifestaciones ciudadanas de ese año. Para entonces era representante de Venezuela ante Naciones Unidas (ONU) y aseguró que fue alertado sobre una posible detención si regresaba al país. 

En 2023, el Ministerio Público lo acusó por 10 casos de corrupción en Pdvsa y solicitó a Italia su extradición. El país europeo negó la petición por la imposibilidad del exministro de recibir un juicio justo en Venezuela. Ramirez asegura que estaría dispuesto a regresar si se le permitiera defenderse de las acusaciones que ha asegurado son falsas. 

También ha expresado que de tener la posibilidad y en condiciones democráticas presentaría su candidatura presidencial como alternativa de la izquierda.

El PCV alerta que Miraflores quiere que la gente deje de reclamar sus derechos

“Declaraciones peligrosas”

“En las últimas horas hemos visto peligrosas declaraciones de parte de las principales figuras de la administración de Maduro, además se rodean de las caras visibles de los aparatos de represión para intimidar. Están invocando la lucha contra el fascismo para justificar su política deliberada de destrucción del Estado de derecho; así como usan las sanciones del imperialismo para justificar su programa de ajuste neoliberal”, alertó la dirigente del PCV. 

Andrade se refirió concretamente a las declaraciones de Jorge Rodriguez sobre “extirpar el fascismo” de los movimientos sociales, durante la sesión ordinaria del Parlamento este 12 de agosto. Lo hizo en presencia del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y de representantes de los cuerpos policiales del país, entre ellos Alexander Granko por la Dgcim. 

El secretario general del PCV y diputado de la AN, Oscar Figuera, considera que las palabras de Rodríguez  son un “desafío abierto a las fuerzas democráticas y populares de Venezuela y confirma una práctica abiertamente violatoria de la Constitución». 

A juicio de Uzcátegui, el chavismo también intenta mostrarse cohesionado, a través de la represión, para presentarse invencible de cara a la propuesta de reforma constitucional que, según dijo Maduro, se retomará en 2026.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa |  Despedidos de Pdvsa persiguen indemnización similar a víctimas del 11S

Alianza Rebelde Investiga (ARI)
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La Conversa |  Despedidos de Pdvsa persiguen indemnización similar a víctimas del 11S

Para indemnizar a los miles de trabajadores que fueron despedidos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), el grupo Petroamigos, liderado por el abogado Leroy Garrett, pretende conseguir un fondo fiduciario similar al de los familiares de las víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Así lo manifestó el profesional del derecho en la edición de este martes 12 de agosto de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, la cual llevó por título, Citgo: La última esperanza de los extrabajadores.

Además de Garrett, quien afirma defender los derechos de 23 000 funcionarios botados de Pdvsa durante la administración chavista, también estuvo en el espacio semanal el ex iputado de la Asamblea Nacional  y co-demandante en el caso Citgo, Jorge Alejandro Rodríguez.  

El exparlamentario le dijo a los directores Luis Blanco (Runrunes), Víctor Amaya (Tal Cual) y César Batiz (El Pitazo) que la demanda interpuesta por él, el sindicalista Iván Freites y el presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, persigue cubrir las falencias de los perjudicados por la política de persecución de Pdvsa desde 2002 hasta el presente.  

“Estamos hablando de alrededor de 26 000 personas”, precisó.

Garrett hizo énfasis en que los extrabajadores de Pdvsa no están apostando por una eventual liquidación de Citgo, escenario que se podría definir el venidero lunes 18 de agosto mediante una subasta.

“La liquidación de Citgo es producto de un cuarto de siglo de abusos, inobservancias flagrantes y hechos cometidos por el gobierno de Venezuela”, sostuvo el abogado.

Garrett manifestó que el grupo Petroamigos se ha convertido en un factor de disrupción de la posible venta de Citgo.

“Hemos demostrado que Pdvsa fue utilizado como un instrumento de poder para perseguirnos. No queremos pelearnos con los demás acreedores de Citgo, ni con quienes están en la onda de los bonos 2020”, dijo.

Rodríguez apuntó que la demanda en las cortes federales de Estados Unidos no es solo para resarcir a los miles de despedidos de Pdvsa: “Miguel Henrique Otero demanda por toda la percusión que sufrió El Nacional, incluso hasta los pregoneros”. 

El exparlamentario informó que la demanda por acoso laboral fue introducida en septiembre de 2023 por Freites.

“Hubo denegación del derecho de trabajo y violación de derechos humanos. A Freites lo despiden por acompañar a María Corina Machado en la refinería de Amuay. Posteriormente se adhirió Otero junto a una docena de demandantes, dos de ellos fueron despedidos a punta de pito por Hugo Chávez”, agregó.

Rodríguez sentenció que la eventual creación de un fideicomiso tiene como único fin la planificación fiscal, pues si ese extrabajador de Pdvsa que reside en Estados Unidos recibe una cantidad, “el fisco se queda con el 34%. En Europa la retención es 0”.

El otrora diputado dijo que en un escenario hipotético, cada exempleado petrolero podría recibir la cantidad de 100 000 dólares.

Aseguró que las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) no tienen nada que ver con hipotéticos pagos a terceros: “Esta es una deuda homologada legítimamente”.

Garrett apuntó que los extrabajadores de Pdvsa tienen derecho a reclamar sus indemnizaciones porque han sufrido confiscación de sus bienes. 

“En este caso existen connotaciones de derecho internacional y humano. Del grupo de 23 000 personas botadas de Pdvsa hay un promedio de tres personas fallecidas diarias”, informó.

La disputa con Medina

Contrario a lo declarado por Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa en La Conversa de este lunes 11 de agosto, Garrett sentenció que sí posee derecho para ejercer la abogacía en Estados Unidos y representar a más de 20 000 personas.

“Yo no soy abogado de corte, estoy en este proceso como abogado pro se, que significa que puedo defenderme por mis propios medios en un juicio. Los tratados internacionales dicen que grupos que han sufrido atropellos a los derechos humanos pueden ser invocados en su defensa por cualquier persona, si no fuese así ya nos hubieran sacado de los tribunales”, sostuvo.

Al igual que lo hizo Rodríguez, Garrett aseguró que no estaba cobrando por representar a la víctimas de lo que consideran un holocausto petrolero: “Los que tiene Medina sí cobran mucho dinero. Hay una campaña de parte de las personas que tienen secuestrada la representación de Pdvsa en el exterior para decir que no soy abogado en Estados Unidos. Soy abogado internacional certificado”.

Rodríguez aseguró que desde agosto de 2023, la junta ad hoc de Pdvsa comenzó una “campaña de descrédito” para señalarlos de extorsionadores.

“Acusamos a Medina de lavado dinero y a pesar que perdimos el caso vamos a seguir con la apelación”, insistió.

El exdiputado sentenció que para solucionar la disputa bastaría con que Medina firmara un documento de convenimiento con los agraviados “y en dos semanas todos los trabajadores están cobrando, incluso los de Garrett”.

Garrett calificó la venta eventual de Citgo como controvertida: “La actuación de ellos (Pdvsa ad hoc) ha sido la de tratar de llevar a cabo una venta eficiente, que cumpla todos los pasos. La naturaleza de ellos es mercantil, la de nosotros laboral. Nadie sabe lo que va a ocurrir en la subasta del 18 de agosto”.

Saliendo al paso por lo dicho por Medina en La Conversa previa, Garrett consideró inviable que Citgo surta las necesidades internas de gasolina en Venezuela. 

“Citgo está diseñada como un suplidor doméstico en Estados Unidos, aseverar eso es demagogia. La oposición en Venezuela está dividida en dos toletes; la colaboracionista, a la que pertenece Medina, y la otra que es silente”, opinó.

El vocero de Petroamigos manifestó que los extrabajadores de Pdvsa no están reclamando una limosna ni una dádiva. 

“Son daños materiales, físicos y mentales que son admisibles dentro de Estados Unidos, donde se tuvo que venir a demandar porque en Venezuela no hay las condiciones”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Themis y las esbirras del régimen

Eddie A. Ramírez S.
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Themis y las esbirras del régimen

Las mujeres ocupan un lugar importante en la mitología por considerárseles más ecuánimes y creíbles que los hombres. Themis, Lustitia y Ma’at, eran las diosas de la justicia entre los griegos, romanos e hindúes, respectivamente. Pitia, la sacerdotisa del oráculo de Delfos y las Sibilas tenían mucho prestigio. La mujer tiene un lugar importante en la historia de la civilización, mucho más allá de ser la garante de la sobrevivencia de la humanidad al procrear y defender a su prole.

En Venezuela, se ha destacado en todos los órdenes, incluyendo la defensa de los principios y valores de la democracia, como lo evidencia el Foro Penal, al señalar que hay 95 mujeres presas por motivos políticos y varias fueron asesinadas. Obviamente hay excepciones y muchas de estas valientes mujeres han sido imputadas y sentenciadas por mujeres esbirras que siguen órdenes de Miraflores. ¿Proceden por fanatismo político, por dinero o por ambos?

El mal llamado socialismo siglo XXI ha ubicado en fiscalías y juzgados a numerosas mujeres que no aplican el principio de que toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario. No les tiembla la mano al imputar a inocentes con acusaciones genéricas de incitación al odio, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e incluso terrorismo.

Un simple mensaje en un celular es causal para encerrar a una disidente del régimen de Maduro. Violan descaradamente la Constitución y las leyes. Aceptan resultados electorales con la sola constancia que presenta Elvis Amoroso en una servilleta y acatan las órdenes dictadas por el Pithecanthropus en su programa Con el mazo dando, las del psiquiatra devenido en paciente y del usurpador que ocupa Miraflores. Además, se hacen de la vista gorda de las torturas y desapariciones forzadas.

Hay que considerar que las presas, por su fisiología, experimentan más incomodidades y requieren más atención médica que los hombres, y quienes son madres sufren por tener que abandonar a sus hijos. Por ello, tanto las encarceladas por motivos políticos como por delitos comunes, deben estar recluidas en mejores condiciones.

Debido a la censura, no se conocen muchos nombres de las esbirras, pero a título de ejemplo puede mencionarse que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha estado presidido en los últimos años por mujeres, entre ellas Luisa Estela Morales, Gladys Gutiérrez y la actual Caryslia Rodríguez, y las magistradas Tania D´Amelio y Lourdes Suárez Anderson ocupan cargos importantes. Entre las fiscales, cabe citar a Katherine Harrington y a Dinorah Bustamante. Ellas y muchas otras son culpables por sentencias o imputaciones sin pruebas a numerosas mujeres y también a hombres.

La semana pasada, frente a la sede de TSJ, paramilitares del régimen agredieron a madres, esposas e hijos de presos políticos que acudieron a exigir justicia e inclusive a solicitar información del paradero de sus familiares encerrados en alguna ergástula que el régimen se niega a identificar. Para vergüenza del sistema judicial, las magistradas no impidieron las agresiones, ni solicitaron la captura de los malhechores.

Presuntos colectivos atacaron a madres de presos políticos que hacían vigilia frente al TSJ

En Venezuela, la diosa Themis tiene una venda en los ojos, no para ser imparcial, sino para guiarse solo por lo que le dicen desde la cúpula del régimen de Maduro, por cierto señalado por el gobierno estadounidense de dirigir el cartel narcotraficante de los soles. Afortunadamente, hay honorables excepciones como la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, la jueza Afiuni que estuvo presa y torturada, así como otras que fueron destituidas por negarse a avalar arbitrariedades. Sanear el sistema judicial será una tarea prioritaria. Estamos seguros de que Edmundo González, María Corina y el equipo que lideran lo lograrán.

Como (había) en botica

  • Admiramos a Israel y a Estados Unidos, pero, lamentablemente, Netanyahu y Trump, apoyados por sus incondicionales, evidencian irrespeto a los derechos humanos y a los principios de la democracia. Son un mal ejemplo para otros países.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

“El gobierno más antiobrero de la historia”: Rechazan propuesta de Maduro de eliminar sindicatos

Redacción Runrun.es
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“El gobierno más antiobrero de la historia”: Rechazan propuesta de Maduro de eliminar sindicatos

Este jueves, 14 de agosto, Nicolás Maduro planteó la “necesidad” de “trascender” las estructuras burocráticas de los sindicatos “tradicionales” y ser reemplazadas por nuevos movimientos controlados por el oficialismo.

El gobernante anunció la propuesta de eliminar los sindicatos durante la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas, en medio de una creciente persecución y encarcelamiento de líderes sindicales.

“creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, envejecido y agotado”, dijo.

En su alocución, Maduro expresó que llegó el momento de la construcción de “nuevos movimientos y nuevos poderes para construir una nueva sociedad donde el pueblo sea el constructor y obrero de una “sociedad socialista”.

Las reacciones a la propuesta de eliminación de los sindicatos no se hicieron esperar en las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor de derechos humanos Marino Alvarado quien a través de su cuenta en X señaló que este ha sido “el gobierno más antiobrero de la historia contemporánea de Venezuela”.

Alvarado indicó que los derechos laborales están pulverizados y que no le extraña que quieran eliminar los sindicatos “instrumento de organización y lucha de los trabajadores”.

Por su parte, Andrés Pérez, profesor de Historia, recordó que el gobierno de Maduro impulsó la creación de sindicatos paralelos, después “desmantelaron en la práctica todas las estructuras sindicales existentes” y ahora pretende modificar la Constitución eliminando de la Carta Magna la figura de organización y defensa laboral.

“El régimen no admite ninguna forma de organización popular que no esté bajo su control”, destacó Pérez.

El historiador y docente Sigfrido Lanz también hizo uso de su cuenta en X para rechazar la propuesta del gobernante calificándola de “acción destructora”.

Dirigentes detenidos

`Paralelo a esta propuesta, al menos siete dirigentes sindicales han sido detenidos por el régimen chavista en los últimos días.

La noche de este jueves, 14 de agosto, fue detenido el dirigente sindical del sector educativo Roberto Campero, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de la organización nacional Fetramagisterio.

La detención de Campero ocurrió un día después del arresto arbitrario de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de los jubilados, a quien detuvieron en Caracas el 13 de agosto. Astudillo es miembro de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (Fntjv).

Martha Grajales, también fue detenida la semana pasada y excarcelada con una medida sustitutiva por los supuestos delitos de “conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir”.

Ola de represión sindical: detienen sin orden judicial al profesor Roberto Campero

Aislado y en indefensión legal: Carlos Julio Rojas cumple 16 meses detenido

Redacción Runrun.es
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Aislado y en indefensión legal: Carlos Julio Rojas cumple 16 meses detenido

Este viernes 15 de agosto, el periodista y defensor de DDHH Carlos Julio Rojas cumplió 16 meses detenido, aislado y en indefensión legal en el Helicoide, en Caracas.

Según información difundida en una nota de prensa, Francy Fernández, esposa del periodista, afirmó que Rojas se encuentra aislado, no se le permiten las visitas y tampoco le reciben la paquetería (ropa, medicina y alimentos).

“En 16 meses es la primera vez que le suspenden la paquetería. Lo hicieron desde el 29 de julio. Las razones no las sabemos; solo dicen que es por órdenes de arriba”, aseguró Fernández.

La esposa del periodista aseguró que la última vez que vio a Rojas presentaba un fuerte dolor en la columna debido a que tenía cuatro noches durmiendo en el piso, en una celda de castigo conocida como “El Tigrito”.

Indefensión constitucional

El abogado Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y abogado del periodista, afirmó que en 16 meses a Carlos Julio Rojas se le ha vulnerado su derecho a la libertad personal y que “sigue siendo víctima de una detención arbitraria”.

A Rojas también se le ha violado el derecho a la libertad de expresión, al ejercicio de su profesión como periodista, a la protección de su integridad física y moral. “Es la segunda vez que ha estado aislado”, subrayó.

Zambrano anunció que por el caso elevaron ante la CIDH la solicitud de una ampliación de las medidas cautelares. “Hemos presentado este caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y estamos preparando un escrito ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas”, adelantó.

Caso Rojas

Tras ser detenido por cuarta vez el 15 de abril de 2024, Rojas fue imputado por los presuntos delitos de “asociación e instigación para delinquir”, “terrorismo”, “conspiración” y “magnicidio en grado de tentativa”, cargos que él siempre ha negado.

Organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, Amnistía Internacional y ONG de derechos humanos han exigido su liberación y atención médica urgente ante el deterioro de su salud. Según sus familiares, el personal médico advirtió que su tensión, especialmente la diastólica, representa una amenaza real para su vida. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un año de bloqueo a X y cómo se ha transformado el ecosistema digital venezolano

Redacción Runrun.es
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Un año de bloqueo a X y cómo se ha transformado el ecosistema digital venezolano

Este miércoles 13 de agosto, en un nuevo space en la red social X (antes Twitter), Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, conversó con el ciberactivista y periodista, Luis Carlos Díaz sobre el ecosistema digital venezolano a propósito de que el pasado 8 de agosto se cumplió un año del bloqueo de X. También se abordaron las nuevas formas o hábitos que han incorporado los venezolanos para consumir información veraz.

“El hecho de que tengamos  ya un año con esta situación -el cierre de X- es terrible, pero Venezuela está viviendo bloqueos digitales desde al menos 2010 (…) ese año ya veíamos los primeros bloqueos de páginas web, en ese momento asociados a temas de precios de dólar o información de los hipódromos y gente encarcelada por opiniones emitidas en redes sociales”, señaló Luis Carlos durante la entrevista.

El periodista, que ha sido en los últimos años un referente sobre la cultura digital y una de las voces más firmes sobre la libertad de expresión en Venezuela, habló sobre la “discrecionalidad” con la que actúa el Estado contra las plataformas digitales, que promueven la participación activa de la ciudadanía en la vida pública y cuestionan su políticas arbitrarias frente a la sociedad civil.

“Los Estados solamente podrían tener la potestad de hacer bloqueos digitales, bajo unos estándares internacionales, con reglas claras. Tiene que pasar por un tribunal, tiene que haber un peritaje técnico-experto, tiene que haber derecho a la defensa cuando aplique, tiene que haber unas razones que sean públicas, tiene que haber una lista pública de cuáles son las páginas bloqueadas y tiene que haber un fin -tiempo-. Los bloqueos son excepcionales y tienen que estar muy bien sustentados para que ocurran (…) en Venezuela no son judiciales, sino que son administrativos, una persona detrás de un escritorio lo decide y lo impone”, subraya.

En el space, Díaz indicó que durante los últimos años esa arbitrariedad escaló primero a páginas individuales, luego masivamente a otros medios, persiguiendo ciertos tipos de contenidos, y más tarde se extendió a medios de comunicación y plataformas digitales, como es el caso de X y la aplicación de mensajería instantánea Signal o Tiktok, lo que cerró aún más el entorno en redes.

“Que Venezuela bloquee Twitter la pone en la misma lista que China, Irán, Turkmenistán, Corea del Norte, Rusia o Birmania. Es decir, ninguna es una democracia, ninguno es un país libre, entonces eso para nosotros es bastante grave”, denuncia.

Twitter: de ser el espacio digital de debate público a ser bloqueado

Luis Carlos recordó las políticas públicas que implementó el Estado durante los gobiernos de Hugo Chávez -el primer lustro- y el de Nicolás Maduro respecto a internet y las redes sociales, que pasaron de ser un espacio de debate público a ser bloqueado, esta última como una medida extrema como consecuencia de que la estrategia de “propaganda” en redes “no funcionó”.

“El gobierno de Hugo Chávez fue mutando, en el año 2005 empieza a hablar de socialismo, antes no lo había hecho abiertamente, empieza a convertirse con mucha más fuerza en un gobierno con muchísima más propaganda que antes, control de medio público, competencia contra los medios privados, creación de medios alternativos y cuando llegan al espacio digital ocurren varios fenómenos”, añade el ciberactivista.

Las condiciones particulares que menciona Luis Carlos son, entre otras, la popularización de Twitter en Venezuela en el año 2007. “En el año 2009 los venezolanos logramos posicionar una campaña que fue mundial porque el chavismo había cerrado 32 emisoras de radio y un canal de televisión en un solo día, la gente fue a internet a hacer campaña y la respuesta del chavismo fue decir que ‘Twitter era imperialista’, ‘que estaba financiado por los Estados Unidos, que era para atacarlos’ y a la semana siguiente comienzan a decir ‘internet no puede ser libre’, pero entonces hay un giro, el chavismo dice ‘bueno, podemos meternos en ese espacio y hacer propaganda’. Entonces, crean la cuenta ChavezCandanga y la MisionChavezCandanga y con eso se logró consensuar a Twitter como el espacio digital de la deliberación pública -no solo para opositores sino del oficialismo-”.

El ciberactivista señala que con esa decisión el Gobierno “se dio cuenta de que no podía controlar el debate público, que tenía que manipularlo y por eso empezó con todos estos mecanismos para tratar de controlar la conversación, con cuentas bot”. Sin embargo, para el experto en la materia, esos métodos no funcionaron y la siguiente medida que tomó el Estado fue cerrar espacios y censurar.

El costo de la desinformación

Sobre la desinformación que, según Luis Carlos Díaz, también utiliza el Estado en las plataformas digitales por imposición, reflexionó sobre el impacto negativo que pueden tener los fake news en la sociedad y, en este caso, en Venezuela.

“En ocasiones, el costo de esta desinformación es que nos hacemos más torpes, tomamos peores decisiones (…) como sociedad nos hacemos más ignorantes. Este sistema en Venezuela opera y es grave”, comentó.

En qué están las plataformas digitales en Venezuela ahora

Otro punto sobre los que conversó Luis Carlos Díaz fue la actualidad del entorno digital en Venezuela, sobre todo, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, donde la represión y la arbitrariedad se intensificaron. “En el marco amplio, en Venezuela se ha cerrado el espacio cívico (…) que está constituido por el derecho de asociación, los derechos de manifestación y la libertad de expresión, esos tres ejes se han atacado”, puntualizó Díaz.

Por otro lado, como parte de ese ecosistema digital que opera en el país, describió que el chavismo utiliza voceros de “oposición” que siembran desesperanza y desconfianza entre este sector, pero que, al final, son perfiles falsos que pertenecen al oficialismo. “Son perfiles que se van construyendo para atacar a defensores de derechos humanos o mentir sobre ciertas cosas”, señaló.

Cómo deciden informarse los venezolanos

Durante la entrevista, también analizó sobre los hábitos informativos tradicionales de los venezolanos para consumir noticias a través de la televisión, la radio y el periodico y cómo esto ha cambiado debido al contexto actual de crisis.

“Lo que le rompieron a los venezolanos fueron los rituales de consumo informativo, en la mañana te levantabas, encendías la radio o leías un periódico, para nosotros los venezolanos -en la actualidad- se convirtió en abrir Twitter o WhatsApp y distintos espacios. Nuestro ejercicio -de consumir información- es muy de ver por pedacitos cómo te enteras de las cosas. La característica de Venezuela es que no tienes medios tradicionales que aglutinen todo lo que la gente necesita saber del día, porque incluso con los medios digitales, que hacen un trabajo impresionante, pasa que cada medio por su propia crisis también ha limitado la cantidad de información que publica, unos son más políticos, otros más económicos, otros se dedican más a sucesos”, puntualiza.

En ese contexto, el ciberactivista se cuestiona sobre cómo la sociedad sustituye eso y señala que ahora la “gente sigue gente”, asociando a personas o líderes de opinión con temas que están en la opinión pública. “Si me quiero enterar de economía leo a ‘fulano, fulano y fulano’ (…) la gente termina generando relaciones de confianza con otros (…) la gente va buscando, entonces algo te llega por WhatsApp, otra cosa te llega por Instagram, otra cosa la viste por un canal de Telegram pero no hay, por fortuna, un solo espacio donde esté todo, porque si hubiese uno, el chavismo viene y le corta la cabeza”.

Finalmente, Luis Carlos Díaz ofreció recomendaciones a los ciudadanos sobre ciberseguridad y herramientas digitales que pueden funcionar para mantenerse informados y, especialmente, proteger a la ciudadanía, sobre todo, en el contexto venezolano.

En este sentido, recomendó utilizar la aplicación Noticias Sin Filtro, que se puede descargar en Play Store; manejar VPN como Protón, Psiphon u otras que se adapten a los requerimientos particulares de cada persona, “revisar los niveles de confianza y seguridad en nuestros grupos de WhatsApp” y, por último, dudar de la información que diariamente se consume en las plataformas digitales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

A Martha Grajales la negaron más de tres veces

Ola de represión sindical: detienen sin orden judicial al profesor Roberto Campero

Redacción Runrun.es
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Ola de represión sindical: detienen sin orden judicial al profesor Roberto Campero

La noche de este jueves, 14 de agosto, fue detenido el dirigente sindical del sector educativo Roberto Campero, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de la organización nacional Fetramagisterio.

La denuncia fue hecha por Zair Mundaray, exvicefiscal del Ministerio Público, quien alertó que en horas de la noche, funcionarios de seguridad irrumpieron en el apartamento de Campero en Turmero, estado Aragua, “sin orden judicial”. Además de llevárselo detenido, “robaron pertenencias, como es costumbre”.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) alertó en sus redes sociales que al dirigente sindical se lo llevaron “a un destino aún desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada”.

El Clippve denunció que el caso del profesor Campero se suma a la “creciente ola de detenciones arbitrarias contra líderes gremiales, sindicales y defensores de derechos humanos en Venezuela, lo que configura un patrón de represión sistemática que debe cesar de inmediato”.

La detención de Campero ocurrió un día después del arresto arbitrario de Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de los jubilados, a quien detuvieron en Caracas el 13 de agosto. Astudillo es miembro de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (Fntjv).

Ante la detención del dirigente sindical, el Clippve exigió:

•Informar de inmediato su paradero y liberarlo bajo ninguna restricción.

•Garantizar su integridad física, psicológica y emocional.

•Permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica.

•Respetar el debido proceso y cesar la persecución contra dirigentes sindicales.

Trabajadores exigieron fin de la represión y respeto a derechos laborales

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

A Martha Grajales la negaron más de tres veces

Redacción Runrun.es
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A Martha Grajales la negaron más de tres veces

Pese a haber preguntado hasta en cuatro oportunidades si la ya excarcelada activista colombo-venezolana del colectivo SurGentes, Martha Lía Grajales, estaba en la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, tanto al esposo de ésta, Antonio González, como al abogado del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, les dijeron que ahí no se encontraba.

González y Alvarado hicieron un periplo por todos los centros de reclusión de Caracas el fin de semana del 9 y 10 de agosto, luego que Grajales fuera detenida el viernes 8 por una alcabala de la PNB en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, posterior a abandonar una concentración frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En dicha concentración Grajales pronunció palabras de aliento a favor de los familiares de los presos políticos que integran el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, quienes fueron agredidos por presuntos colectivos afectos al madurismo el martes 5 de agosto durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En cuatro oportunidades fuimos a la Dirección de Investigación Penal (DIP) en Maripérez, y estando ahí, cuatro veces la negaron”.

Alvarado aseguró que incluso de manera malintencionada, los funcionarios les hicieron confundir al decirle que la habían trasladado el día sábado en la tarde a la sede policial de La Yaguara, un lugar que es exclusivo para hombres.

“No solamente la negaron, sino que actuaron con maldad en Maripérez. La mantuvieron en situación de desaparición forzada, incomunicada y no le permitieron designar a un abogado de confianza”, sumó.

Grajales estuvo efectivamente en la sede de la DIP en Maripérez y luego fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda.

Alvarado sentenció que la audiencia telemática se la hicieron imponiendo a un abogado público, a pesar que ella pidió uno de confianza.

“Eso que tanto reclamó el gobierno venezolano para los detenidos en El Salvador se lo negó Martha Lía Grajales, pero también se lo siguen negando a los detenidos por motivos políticos, porque los que han detenido recientemente siguen en esa misma condición”, consideró.

Tres días después de su detención y sin saber de su paradero, el fiscal general de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo a través de una comunicación en redes sociales que fueron presentados contra Grajales los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir.

“Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república”, reza el comunicado.

SurGentes denunció que el acta policial que sustenta la orden de captura contra Grajales se basa únicamente en la reseña y análisis que un funcionario policial hizo al sitio web del colectivo, donde reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos.

Según SurGentes hay una interpretación, la cual señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos.

Una excarcelación motivada por la presión

Al día siguiente que el fiscal confirmó su detención, Grajales fue excarcelada con medidas cautelares.

“El hecho de que se la haya excarcelado, no borra las graves violaciones que sufrió. Estuvo en desaparición forzada. Lo justo no es que se le someta a un régimen de presentación, porque el régimen de presentación implica que su proceso judicial sigue abierto sobre delitos que no ha cometido y por lo tanto su libertad condicional sigue siendo arbitraria. Lo justo es la libertad plena”, sentenció Alvarado. 

El abogado vinculado a Provea sostuvo que la medida inmediata que debe solicitar la Fiscalía una vez que terminen los 45 días de investigación es que el caso sea cerrado porque no hay evidencia de delitos.

Para Alvarado, la excarcelación de Grajales respondió a la presión nacional e internacional, especialmente la efectuada por la Cancillería de Colombia.

“No es un favor que le está haciendo el gobierno, una combinación de presión diplomática con presión social obligó al Estado a excarcelarla, hasta el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se pronunció”. 

De acuerdo a la cuenta en X, Cazadores de Fake News, afines al chavismo iniciaron una campaña de estigmatización contra Grajales para etiquetarla como aparente infiltrada en las filas del oficialismo y vincularla con la líder opositora, María Corina Machado. 

“El gobierno debe respetar su integridad, no debe mantener una actitud de hostigamiento, debe cesar la criminalización que se le viene haciendo a través de las redes sociales del Estado venezolano”, apuntó Alvarado.

Contra el chavismo disidente 

El director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, sostuvo que la estrategia represiva del gobierno madurista avanza en círculos concéntricos, en vista de que por diferentes razones no pueden perseguir y detener a todos los sectores al mismo tiempo. 

“Entonces, cuando logra neutralizar e inhibir a un sector, avanza hacia el siguiente, especialmente luego de que decidió hacer un fraude electoral e instalar un gobierno ilegítimo”, opinó.

Uzcátegui sentenció que luego de neutralizar a la dirigencia política, medios de comunicación independientes y periodistas, defensores de derechos humanos y más recientemente economistas, que divulgaban datos contradictorios a la narrativa oficial, ahora corresponde el turno a chavistas que critican a Nicolás Maduro. 

“Las estrafalarias acusaciones contra Martha Lía Grajales nos dicen que estos grupos más ideológicos tienen cada vez menos influencia dentro de las decisiones de la actual cúpula gobernante”, analiza.

Nacionalizada venezolana hace diez años, Grajales formó parte de la Comisión Presidencial para el Desarme y se desempeñó como coordinadora de la cátedra de derechos humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Así como en su caso, el exministro de Finanzas del fallecido presidente, Hugo Chávez y miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Rodrigo Cabezas, fue detenido por 41 días y excarcelado luego de los acuerdos entre la administración de Maduro y Washington para liberar a migrantes que estaban en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

“Al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien había rechazado el ataque contra la vigilia frente al TSJ, le han dado la orden de mantener su tradicional silencio. Ruiz y Grajales se conocen desde hace bastante tiempo, pues ambos trabajaron juntos en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz”, dijo Uzcátegui.

El director de Laboratorio de Paz indicó que contra Grajales ocurre algo similar que con el resto de los presos políticos.

“Absoluta violación del debido proceso, desaparición forzada de corta duración, imposibilidad de utilizar una defensa de su confianza e impedimento de las visitas”.

El defensor de DDHH aseveró que uno de los objetivos de esta detención es inhibir el movimiento de madres de presos políticos. “Habrá que ver si eso se logra, o si el propio movimiento logra responder de manera innovadora a esta amenaza”.

Uzcátegui sostuvo que la condición de madres obligó al gobierno a realizar un castigo ejemplar y no llevar a cabo detenciones masivas. 

“La represión fue cuidadosa contra quien avanzar, en este caso, contra una persona con doble nacionalidad y que no es madre o familiar de algún preso político, el eslabón más débil de esa cadena”, dijo.

Uzcátegui aseveró que es perentorio implementar mecanismos de adaptación al momento represivo actual. 

“Concentraciones de poca duración, que se difundan de manera asincrónica, cuando los involucrados han abandonado el sitio”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Cuando la tortura no termina con la excarcelación
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