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¿Circuitos comunales o mayor control?: dominación territorial a la vista

La Hora de Venezuela
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¿Circuitos comunales o mayor control?: dominación territorial a la vista

Los 5.336 circuitos comunales (distribución territorial) diseñados por el chavismo para las consultas de proyectos comunitarios servirán, de acuerdo con Nicolás Maduro, para un eventual rediseño del sistema electoral venezolano. Según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en cada circuito comunal también debe haber un cuadrante de paz para garantizar la “seguridad” en cada centímetro del territorio venezolano. 

Los circuitos comunales están dando para todo y por ello el propio Maduro anunció un plan para fortalecerlos, el cual pasa por la necesaria renovación de las vocerías de los Consejos Comunales donde haga falta. Para enero de 2025, el Ministerio de las Comunas dio cuenta de 49.000 Consejos Comunales registrados. El pasado 12 de agosto, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) señaló que más de 60% de la vocería de dichas figuras requiere ser renovada. 

Conocedores del tema comunitario y la organización ciudadana consultados por La Hora de Venezuela advierten que ante una mermada base de apoyo social, que quedó en evidencia con las elecciones presidenciales del 28 de julio, la administración de Maduro y el Psuv avanzan en una estrategia de “dominación territorial” a través de los circuitos comunales, constituidos por “núcleos” de seguidores del chavismo con apoyo de los organismos de seguridad del Estado, que, aclaran, “nada tiene que ver” con democracia directa. 

Estructuras “impuestas” 

“Desde 2012 viene ocurriendo una merma considerable del apoyo al gobierno con cada proceso electoral; pero desde el momento en que el CNE anunció un resultado que no se corresponde con lo reflejado en las actas de votación del 28 de julio, Maduro pone el pie en el acelerador y va más allá de los Consejos Comunales y las Comunas y ahora habla de circuitos comunales. En lugar de reorganizarse para recuperar el apoyo, cambia las reglas de juego y la forma de gobernar, crea una estructura distinta porque ya no lo sostiene el voto popular”, sostiene Chúo Torrealba, fundador de la Asociación Civil Radar de los Barrios.

Para el activista social, los Consejos Comunales y Comunas como formas de organización comunitaria, social y popular no son buenas ni malas per se. Explica que el deber ser es que funcionen como formas de asociación para fines comunitarios con objetivos comunes, construidas de “abajo hacia arriba”. El problema estriba, señala, en que dichas estructuras son impuestas desde la burocracia estatal (de arriba hacia abajo) con carácter “exclusivo” y “obligatorio”, por lo que deben obedecer a una línea política partidista.

“No coexisten con ONG, asociaciones de vecinos, juntas de condominio, sino que al ser impuestas desde el poder y gozar de ciertos privilegios, entre ellos recursos,  buscan aplastar y criminalizar a las otras, convirtiéndose en un área de roce con la libre asociación ciudadana. Ahora se quiere profundizar en esa forma de control”, dijo. 

En el Plan de las 7 Transformaciones (7T) presentado por Maduro como programa de gobierno para el periodo 2025-2030, convertido en Ley Orgánica por la Asamblea Nacional y promulgado en Gaceta Oficial de fecha 24 de mayo de 2025, establece en su “quinta transformación”  la línea política: “Transformación Política y Poder Popular. Los Nuevos Métodos de Gobierno Revolucionario”, en la que quedan establecidas las Comunas y Circuitos Comunales como la “nueva territorialidad del Estado Venezolano”. 

Al respecto, Torrealba advierte que se trata de una arquitectura del Estado distinta a la forma republicana establecida en la Constitución, porque la célula fundamental del territorio es el municipio (artículo 168), no dichas figuras.

Propósito territorial 

Este 19 de agosto, Maduro hizo acto de presencia en el barrio El Guarataro, de la parroquia San Juan de Caracas, para la activación de 299 cuadrantes de paz, cada uno en un circuito comunal. Desde la popular barriada aseguró que se trata de un “dispositivo de protección social” que incluye la dotación de equipos de comunicación de última tecnología, vehículos motorizados, patrullaje constante y sistemas de respuesta inmediata para “neutralizar cualquier eventualidad” que altere la  “tranquilidad” del pueblo.

Junto a Cabello, se explicó además que cada cuadrante contará con un teléfono celular “de alta gama”, para una comunicación efectiva y eficiente con los efectivos de seguridad, motos y camionetas para el patrullaje. 

Maduro y Cabello activan cuadrantes de paz en circuitos comunales

Para una investigadora social, que prefirió omitir su nombre para esta nota, ligar cuadrantes de paz con circuitos comunales -ambas figuras territoriales – se traduce en un intento de mayor control con “pequeños núcleos de personas que se diseminan” por todo el país, para intentar apagar cualquier foco de descontento social, con la presencia policial como inhibidor. Aclaró que puede ser efectivo o no porque la comunidad “mayoritaria”, ajena a estas estructuras, desarrolla su propio espacio autónomo y diferenciado.

“El propósito de usar la figura del circuito comunal es meramente territorial y de economía de los recursos que tienen. El sistema carece de recursos humanos porque no tiene apoyo popular, la demostración está en el 28 de julio (2024). Les queda el poder territorial y poder  decir que están a lo largo del territorio nacional, a partir de los circuitos. El poder está ligado a lo territorial y humano y el humano está escaso. No son muchos, pero están donde tienen que estar”, sostuvo la fuente.  

El pasado mes de junio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, también llamó a los diputados a consultar las leyes con los circuitos comunales para recoger propuestas e incorporarlas a los instrumentos legales en un nuevo “parlamentarismo de calle”.

“Vacíos de personas” 

A partir del fin de semana del 16 y 17 de julio, el chavismo comenzó a reportar la escogencia, mediante votación, de voceros de Consejos Comunales  de  estados como Carabobo y Falcón además de Caracas en parroquias como Antímano, en la que se aseguró, fueron renovadas las vocerías (456 voceros en total) de 11 Consejos Comunales que conforman la Comuna Socialista José Félix Ribas, mediante el voto de más de 2.000 habitantes, este 17 de agosto.

El proceso continúa en todo el país. El Ministerio de las Comunas ofrece en su página web cuatro pasos para la renovación de las  vocerías:

1. Se convoca a la comunidad que conforma el Consejo Comunal a una asamblea en la que se postula a la comisión electoral.

2. La comisión electoral elabora un cronograma electoral y los cuadernos de votación (pueden votar mayores de 15 años). Dicha comisión debe promover el proceso en la comunidad y contar con el acompañamiento del CNE.

3. Se realiza la votación. La comisión electoral debe levantar el acta de escrutinio y reportar digitalmente el resultado al Ministerio de las Comunas ante el cual debe estar certificado el respectivo Consejo Comunal.

4. Renovada la vocería, el Consejo Comunal debe establecer una “Agenda de Acción para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunitario” y conformar comités con tareas específicas. El ministerio del área debe acompañar las políticas del Consejo Comunal.

Dicha escogencia se apoya en la Ley de Consejos Comunales (2006), cuya reforma fue sancionada por la AN en junio de 2023. Uno de los cambios fue ampliar el periodo de los voceros de 2 a 3 años (artículo 9)  y el fortalecimiento de las asambleas como “instancias fundamentales” para la toma de decisiones.

La experta en el tema comunitario interpreta el proceso como una forma de “facilitar” la inserción territorial.

“Tienen un mínimo de personas, lo que les ha permitido sostenerse por 25 años. Si se diseminan en todo el país, terminan teniendo presencia aunque sea con dos personas. Ese es el efecto. La renovación es una sustitución a quienes seguramente ya forman parte de la estructura, pero lo que hacen es cambiar de roles. En ese sentido van jugando con el poder de los que tienen disposición a mantenerse en el sistema. Son estructuras vacías de personas, sin que necesariamente sean dinamizadas por personas de la comunidad”, reiteró la experta que prefirió el anonimato. 

No duda de la cifra oficial de Consejos Comunales registrados (49.000) y las Comunas (6.000), de lo que duda es del apoyo social y de su capacidad de movilización, más allá de sus integrantes, al no estar integrado a una comunidad mayoritaria que no apoya al gobierno. 

Maduro ha recalcado en cada una de las alocuciones que  una “nueva democracia” directa y territorial emane de los Consejos Comunales y los circuitos comunales en la que el gobierno “obedecerá al pueblo”. Algunos analistas apuestan que será una línea fundamental de su propuesta de reforma constitucional de la que se conoce muy poco.

“Un sistema de control no es participación ciudadana. La legitimidad de los poderes emanan del voto directo, universal y secreto, no de una imposición burocrática o estructuras manipulables por quienes ostentan el poder y ni siquiera se sabe quienes controlan esos recursos. Conspirar contra la forma republicana de la nación es un delito, lo haga un grupo político o quienes gobiernan”, advirtió Torrealba. 

La experta coincide en que los circuitos comunales y sus estructuras son territoriales, pero no se traducen en democracia porque implica “dominación”. 

El sujeto político tendría que ser la comunidad, las personas en términos de una política basada en la democracia y la libertad. En este caso la política o el poder está centrado en lo único que puede ser expansivo dentro del sistema que es el dominio territorial”, insistió.

La Hora de Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

“AN sirvió más como trinchera contra la disidencia”: exdiputados sobre escasa agenda legislativa

La Hora de Venezuela
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“AN sirvió más como trinchera contra la disidencia”: exdiputados sobre escasa agenda legislativa

La Asamblea Nacional (AN) con mayoría chavista cerró el primer periodo de sesiones ordinarias de este año 2025. Lo hizo sin una última sesión y sin dar un balance de la agenda legislativa en lo que va de año.

A través de sus redes sociales, la directiva del Parlamento informó que durante el receso parlamentario que inicia el 15 de agosto y culmina el 15 de septiembre, funcionará la Comisión Delegada, integrada por el presidente y vicepresidentes de la AN y los presidentes de las 15 comisiones permanentes. 

El primer periodo legislativo del último año de la AN escogida en 2020 estuvo marcado por procesos electorales y amagos de cambios a la legislación respectiva, la tentativa de reforma constitucional e intenciones de profundizar en el impulso del Estado Comunal a través de más modificaciones a leyes ya sancionadas.

Todo quedó a medio camino.

“No cumple mandato constitucional”

Con sesiones polémicas como la que declaró persona non grata al Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, los integrantes del Poder Legislativo también mostraron radicalización en el discurso en defensa de la administración de Nicolás Maduro, denunciada internacionalmente por violaciones de DDHH que se profundizaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Exparlamentarios consultados por La Hora de Venezuela subrayaron que el Poder Legislativo en Venezuela, palpado aún más en la actual gestión iniciada el 5 de enero de 2021, no cumple con las competencias establecidas en la Constitución, entre ellas la de ejercer contraloría sobre el Ejecutivo, sino que funciona más bien como “trinchera de descalificación” hacia quienes piensan distinto. 

“No se puede gobernar un país usando a la AN como apéndice del Ejecutivo. Una democracia  es un sistema de pesos y contrapesos y desde hace mucho tiempo la Asamblea es de todo menos un contrapeso, especialmente bajo la gestión de Jorge Rodríguez, que la usa de pantalla de autopromoción. Con esta AN se nombró a un nuevo Poder Electoral con Elvis Amoroso al frente y ya vimos lo que ocurrió con las elecciones presidenciales del 28 de julio”, señaló el ex parlamentario de Copei, Pedro Pablo Alcántara.

Tras la instalación el 5 de enero de 2025, la AN juramentó a Maduro como presidente para el periodo 2025-2030, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó los resultados desglosados ni las actas de votación para echar por tierra las denuncias de fraude de la oposición, que sí publicó las actas en manos de los testigos electorales con las que sostienen que el triunfo fue para su abanderado, Edmundo González Urrutia. 

¿Cómo comenzó el año parlamentario?

Tras la juramentación de Maduro y su mensaje anual del 15 de enero, una de las primeras acciones de este año fue la instalación en la AN, en el mes de enero, de una comisión que trabajó en una “propuesta” de cronograma electoral de 2025 por corresponder comicios regionales, municipales y parlamentarios. También se asomaron cambios a leyes electorales que no se concretaron.

Maduro tomó posesión del cargo en la AN sin evidencias de su reelección

Apenas el 11 de febrero (más de un mes después de la instalación) se dio a conocer el plan compuesto por 22 leyes. Además de la ley contra el fascismo (aprobada en primera discusión en abril de 2024), el chavismo incluyó en el paquete la Ley de Cooperación Internacional que viene sonando desde 2022, sin que hasta ahora vea luz en la plenaria, pese a que la Comisión de Política Exterior, presidida por Timoteo Zambrano, la aprobó (2 de marzo de 2023) y luego la ha estado sometiendo a revisiones.

El 1 de abril, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, se reunió con las comisiones permanentes para tratar de avanzar en la agenda legislativa, por lo que pidió un estatus de los instrumentos legales aprobados en primera discusión. 

Pero entre el 10 de abril y el 16 de mayo, previo a los comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo, no hubo convocatoria a sesiones ordinarias. En cambio, diputados como Jorge Rodríguez que se presentaron a la reelección y otros se postularon a gobernaciones y luego a las municipales. Pasados los comicios del 25 de mayo, Rodríguez pidió poner en práctica un parlamentarismo de calle basado en los circuitos comunales con los cuales esperan debatir leyes y recoger propuestas para llevarlas a las comisiones y la plenaria.

La frecuencia de las sesiones de dos veces por semana (martes y jueves) ya casi es historia, porque se suele convocar un solo día. También fue frecuente en los últimos meses, la convocatoria y posterior suspensión de las sesiones como ocurrió este 14 de agosto, cuando debió hacerse la última sesión antes del receso parlamentario.

Tanto Alcántara como el  también exdiputado por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y exaliado del chavismo, Eustoquio Contreras, resaltaron que un Poder Legislativo independiente no supedita su agenda a las órdenes y movimientos de otras ramas del Poder Público como el Ejecutivo, sino que cumple sus funciones establecidas en la Carta Magna acorde a los intereses del país. 

“Una AN que funciona con independencia no se ve afectada por elecciones o por anuncios de reforma constitucional. En otros países democráticos del continente no se ve eso, como tampoco ocurre que haya un estado de derecho establecido en la Constitución que no es respetado”, sostuvo Contreras. 

Alcántara añadió que ante el anuncio de reforma constitucional y la designación de una comisión especial, ya debieron haber sido citados al Parlamento los funcionarios involucrados para que expliquen qué se ha estado haciendo con ese tema y cuál es el propósito de los cambios. 

¿Que se aprobó en la Asamblea Nacional? 

En el primer trimestre se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas (13 de febrero) y se dio luz verde a acuerdos relacionados con la detención de migrantes venezolanos en El Salvador, la revocatoria de la licencia de Chevron en Venezuela por parte del gobierno de EEUU, el llamado a elecciones por parte del Poder Electoral y otros temas como la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y los 12 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez (marzo). 

El 18 de marzo, se declaró sancionada la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital de 39 artículos y un día antes, se le concedieron honores del Panteón Nacional al médico Humberto Fernández Morán. 

Durante la sesión del 27 de marzo se apoyó a la administración de Maduro en todas las acciones necesarias para lograr el retorno de 252 migrantes detenidos arbitrariamente en El Salvador. Se recordó además otro año de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare en 1994, así como los 275 años del natalicio de Francisco de Miranda, con la aprobación de sendos acuerdos.

El 10 de abril, la plenaria dio su aval al Decreto de Emergencia Económica dictado por Maduro sin condiciones. También convirtió en ley el plan de gobierno de Maduro denominado  Plan de Desarrollo Nacional de las 7 Transformaciones (7T) 2025-2031 (19 de mayo). 

En la sesión ordinaria del 12 de junio, se discutió la  Ley Aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación; se autorizó a diputados y funcionarios del Ejecutivo para recibir condecoraciones de Irán y se nombró a José Gregorio Biomorgi Muzzatti como embajador ante la República Libanesa. El 10 de julio, se sumó el aval a la designación de Imad Saab Saab como embajador ante la República Argelina.

¿Cómo termina el periodo? 

De cara a los comicios municipales del 27 de julio, la labor de la AN siguió “accidentada”. Jorge Rodríguez fue el jefe de campaña en los procesos del 25 de mayo y el 27 de julio. 

El 1 de julio, se aprobó la declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, además de solicitar a la administración de Maduro el retiro de Venezuela de dicha oficina.

Presidente de la AN tuvo duras palabras hacia alto comisionado de la ONU para los DDHH y la izquierda venezolana. Foto: AN

El 10 de julio, la plenaria, incluyendo a la fraccion de la Alianza Democrática, votó a favor de un acuerdo para rechazar que el Parlamento Europeo incluyera a Venezuela en una lista de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

El 6 de agosto se celebró una sesión especial para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. El sábado 9 de agosto, Rodríguez encabezó una alocución, junto a diputados, para rechazar amenazas de EEUU contra la administración de Maduro, luego de que se conociera el aumento de la recompensa que ofrecen el Departamento de Estado y el de Justicia a quien aporte información que facilite captura de Maduro, de 25 millones a 50 millones de dólares. 

La última sesión en la práctica fue el 12 de agosto. Se autorizó la designación de Francisco Ameliach como presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana  (Corpozulia) y del mayor general José Antonio Murga Baptista como embajador de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea. 

Tal parece que Ameliach deja el Parlamento en lo que resta de periodo

“¿Dónde está el debate sobre el salario mínimo? Antes las comisiones investigaban. ¿Cómo es posible que nadie vaya a ver qué pasa con las condiciones de reclusión de los presos políticos? ¿Cómo es posible que no se diga nada de las detenciones incluso de personas mayores de 70 años que deben tener casa por cárcel y no estar en penales comunes? ¿Qué hace la Comision de Contraloría?”, se preguntó Alcántara. 

También reprochó que ante la renovación de la licencia de Chevron no se haya llamado a los ministros para que expliquen cuáles son realmente los términos y si responden a los intereses del país. Recordó que la Constitución establece que no se pueden celebrar contratos de interés público con entes internacionales sin la aprobación de la AN y que la Ley Antibloqueo no es excusa para ello.

Sesiones polémicas 

El ministro de Relaciones Interiores y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, fue el gran protagonista de la sesión ordinaria del 12 de agosto. Llegó al Palacio Legislativo acompañado de viceministros militares y representantes de cuerpos policiales, entre ellos Alexander Granko por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

La presencia de Granko en la plenaria generó polémica, por cuanto ha sido señalado por organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (ONU) por supuestamente incurrir en violaciones de derechos humanos, principalmente la tortura a presos políticos. 

Su asistencia junto a Cabello y demás funcionarios fue considerada en redes sociales como intimidatoria, propia del contexto de represión contra la disidencia política. 

Ante los diputados expuso lo que, aseguró, son planes de violencia orquestados por la oposición liderada por María Corina Machado y explicar por qué la administración de Maduro no tiene vínculos con el narcotráfico como afirma Estados Unidos.

Advirtió a la líder opositora: “Los vamos a joder” y la ciudadanía en general que continuarán las numerosas alcabalas apostadas a lo largo y ancho del país: “El que no la debe, no la teme”.  

En dicha sesión, Jorge Rodríguez también se dirigió a lo que denomina como “falsa izquierda” en alusión a la disidencia en las filas del chavismo para equipararlos con “fascistas de la oposición”, a propósito de la detención de la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales: “Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo, tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, llamó. 

Otra sesión ordinaria que generó ruido fue en la que se aprobó la declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado Türk, por haber presentado un informe en el que abordó el recrudecimiento de la represión después de las presidenciales.

“Vamos a declararlo persona non grata a él y los que trabajan con él, vamos a votar que Venezuela salga de la hipócrita oficina del Alto Comisionado. Mientras esta basura siga ahí, no tenemos nada que buscar en esa oficina”, fustigó el presidente de la AN, al someter a votación la propuesta. 

“Hace mucha falta la Cámara del Senado en la que cada estado tenía dos representantes, sin importar la población y en la que contrario a la de los diputados donde se daban los debates airados, se procuraba el consenso en torno a temas como el presupuesto nacional, las relaciones internacionales. Servía de contrapeso de la conflictividad”, apuntó Alcántara.  

¿Qué se espera hasta finales de año?

Contreras agregó que en “el olvido” también quedaron competencias de la AN señaladas en el artículo 187 de la Carta Magna como el voto de censura contra el vicepresidente o ministros que daba paso a la destitución y ni hablar de alguna sanción al presidente de la República.  

“El papel de la AN es de control, no de incondicionalidad, pero es la realidad que se vive en un régimen autoritario. Ni esperanza de que puedan hacer ninguna observación si se llegan a dar desmanes como parte de la reforma constitucional en el caso de que se concrete, dejando sola a la sociedad en su reclamo porque se respeten los derechos”, acotó Contreras.

Pidiendo la reserva de su nombre, diputados de la Alianza Democrática no esperan que la actual AN avance demasiado en materia de leyes en lo que resta de año. Tampoco en los primeros meses del nuevo Parlamento que se instale en enero de 2026 y en el que seguramente Rodríguez continuará a la cabeza. Esto, si finalmente se presenta el proyecto de reforma constitucional. 

Algunos diputados estiman que podrían abordarse leyes sociales relacionadas con la tutela, lactancia materna y el embarazo precoz, trabajadas por la Comision de Familia u otras como la ley de la Cruz Roja, así como la revisión de leyes como las del ejercicio de la odontología, agua, vivienda, aseo urbano y el servicio eléctrico, puesto que las de corte electoral y vinculadas con el Estado Comunal estarán supeditadas a los cambios al texto constitucional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Cuando arreglar una falla eléctrica se convierte en corrupción cotidiana

Redacción Runrun.es
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Cuando arreglar una falla eléctrica se convierte en corrupción cotidiana

👨🏻Tiene bigote, va de rojo y es corrupto. ¡Es Ma…..rio! Que ya no solo es plomero sino que le mete a la electricidad con una palanca que lo puso a trabajar en Corpoelec, pero se ha dedicado a hacer lo malo: cobrar lo que es un servicio público por fuera de su trabajo oficial. Ni Peach se salva de esta práctica corrupta en la que cae, porque no le queda de otra.

Ríete con nosotros, pero sin olvidar que estos actos cotidianos también construyen (o destruyen) nuestro país. Si ves prácticas irregulares, denúncialas por las vías adecuadas y apoya a quienes trabajan con integridad. Compartamos para que la energía sea para todos, sin atajos ni favores indebidos.

🔴 CORRUPCIÓN NUESTRA DE CADA DÍA

Una serie para reírnos de lo que duele. Y tal vez… pensarlo dos veces. Porque al final, la #corrupción no solo es la suma de los chanchullos, son nuestros derechos vulnerados.

🗣️Comparte en los comentarios algún caso donde la corrupción de todos los días te hizo parte de su juego macabro.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Sindicatos en “resistencia y sobrevivencia” ante la ofensiva oficialista

Redacción Runrun.es
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Sindicatos en “resistencia y sobrevivencia” ante la ofensiva oficialista

Nicolás Maduro abrió un nuevo capítulo en su ofensiva contra los sindicatos en el país. Así lo dejó saber el pasado 14 de agosto, cuando planteó la “necesidad” de “trascender” las estructuras burocráticas de los sindicatos “tradicionales” para que fueran reemplazadas por nuevos movimientos controlados por el oficialismo.

“Creo que ha llegado el momento de que el gran movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido, agotado y vayamos a la construcción de nuevos y poderosos movimientos que lleven en esencia lo que siempre nos planteó el comandante Chávez”, manifestó Maduro durante el Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas.

“Ser dirigente sindical es un acto de valentía”

En respuesta a las declaraciones de Maduro, el movimiento sindical advirtió que la dirigencia enfrenta un “riesgo real” en el contexto actual, en el que los líderes sindicales son objetos de persecución y encarcelamiento.

El pasado lunes, 18 de agosto, Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Sindical Venezolana, recordó que históricamente el movimiento sindical ha sido “blanco de múltiples ataques, tanto por parte del Estado como de sectores de la empresa privada” y que la dirigencia sindical es un derecho de los trabajadores.

“Ser dirigente sindical en Venezuela no es solo un rol laboral, es un acto de valentía frente a un entorno hostil. Durante años, los sindicatos han sido blanco de ataques sistemáticos, tanto desde el Estado como de sectores empresariales”, expresó Zambrano.

Además de los ataques externos, Zambrano reconoció que algunos líderes sindicales han contribuido al desgaste de la confianza en el movimiento. “Hay que reconocer que hay dirigentes que han perdido el rumbo, aferrándose a cargos por décadas, sin convocar elecciones, sin renovar liderazgos, sin escuchar a las bases. Aunque no representan a la mayoría, su permanencia sin legitimidad ha contribuido al desgaste de la confianza en el sindicalismo”, dijo.

Ante esa situación, la Red Sindical Venezolana llamó al movimiento a mantenerse unidos para exigir condiciones dignas, recuperar el salario como pilar del bienestar y construir un futuro donde la representación sindical sea libre, legítima y comprometida.

Un viejo proyecto de control

En una entrevista para Espacio Runrunes, conducido por el director editorial del medio, Luis Ernesto Blanco, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Froilán Barrios, alertó que la propuesta de Nicolás Maduro de convocar una “constituyente sindical” busca dar el golpe final al movimiento obrero independiente en el país.

Barrios explicó que la idea de desplazar el movimiento sindical no es nueva, sino que es parte de un plan que viene desde los primeros años del chavismo y que se inspira en modelos de la URSS, Europa del Este y Cuba:

“Hicieron una especie de puente aéreo de sindicalistas para formarlos en el nuevo perfil sindical. ¿Y cuál es ese nuevo perfil sindical? Bueno, que el sindicalismo es solamente una especie de propagandizador del régimen”, dijo.

Asimismo, recordó que en 2017 se aprobó la Ley de Consejos de Trabajadores y que el fallecido presidente Hugo Chávez, durante su gobierno, ya había atacado los contratos colectivos en sectores estratégicos como Sidor y el Metro de Caracas. Para Barrios, Maduro utiliza ahora la idea como “propaganda” en medio de la crisis, tras haber destruido el salario mínimo, que hoy equivale a menos de un dólar al mes.

Sindicatos debilitados

Luis Ernesto Blanco subrayó que los sindicatos también enfrentan un deterioro interno. Barrios coincidió y resumió el panorama en dos palabras: “resistencia y sobrevivencia”.

Recordó que tras el paro petrolero de 2002-2003 el Estado desmanteló el sindicalismo libre mediante sindicatos paralelos, consejos obreros y federaciones controladas. Entre 2003 y 2008 se crearon más de 6.000 sindicatos, muchos de ellos “parapetos” para frenar luchas obreras.

“Hoy no hay ninguna central sindical en Venezuela que tenga el peso que tuvo la CTV en el siglo pasado. Ninguna en general”, advirtió.

Crisis laboral y pobreza generalizada

Barrios sostuvo que el deterioro de las condiciones laborales explica la debilidad sindical: la informalidad alcanza entre 70 % y 75 % de la economía y el capital se lleva 90 % de la renta frente a solo 10 % para el trabajo.

“Para un país que tiene un salario mínimo de menos de un dólar… es la mano de obra más barata del mundo porque no tiene sindicatos”, expresó.

Asimismo, recordó que el instructivo ONAPRE (2022) eliminó beneficios y pulverizó los contratos colectivos, mientras las inspectorías y tribunales laborales dejaron de ser instancias efectivas de reclamo. Advirtió que hoy en día el Ministerio del Trabajo y las inspectorías son “elefantes blancos” que no atienden los reclamos de los trabajadores.

“El Ministerio del Trabajo producía un anuario, un informe anual donde decía cuántas huelgas y cuántos contratos colectivos se han discutido en un año. Bueno, eso desapareció, más nunca”, alertó.

Redefinición y no desaparición

Para Froilán Barrios el sindicalismo tiene que redefinirse en todo el mundo y que en Venezuela existen dos espacios diferentes. Por un lado, destacó la existencia del sindicalismo oficialista y dijo que “ese se va con la dictadura”, tal y como ocurrió con la desaparición de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) con la caída de Marcos Pérez Jiménez.

Por otro lado, señaló al “sindicalismo libre y democrático”, el cual consideró “maltrecho” y en ocasiones “inmaduro” debido a los temores, pero que sigue existiendo. “Ese sindicalismo, si quiere jugar el papel de actor como jugó aquel sindicalismo libre que proviene del Pacto de Puntofijo, le falta. Tiene que repensarse y tiene que jugarse, pero no va a desaparecer”, dijo.

Escalada represiva contra los sindicalistas

Entre 2013 y 2023, la ONG Provea documentó la detención arbitraria de al menos 120 dirigentes sindicales en Venezuela. Estos arrestos se enmarcaron en un patrón de criminalización de la protesta social y represión contra quienes ejercen liderazgo laboral.

Se recuerdan casos ocurridos entre 2022 y 2024, cuando dirigentes como Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo fueron detenidos bajo acusaciones de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Los seis sindicalistas mencionados fueron liberados en diciembre de 2023, en un contexto de negociaciones políticas que incluyeron la liberación de personas como Álex Saab.

Ahora, en 2025, la represión contra la dirigencia sindical ha escalado significativamente otra vez. El mismo día en el que Maduro hablaba de “trascender las estructuras burocráticas de los sindicatos”, fue detenido sin orden judicial Roberto Campero, presidente de Sitraenseñanza en Aragua, dentro de su vivienda ubicada en Turmero. Un día antes, la abogada Rusbelia Astudillo, parte de la directiva de la Federación de Jubilados y Pensionados, también fue detenida.

Otros sindicalistas detenidos son Fernando Serrano (jubilado CVG Venalum), Fidel Brito (presidente de Fetrabolívar), Yannys González (presidenta del Colegio de Enfermeros de Barinas), Lourdes Villareal (Sindicato Venezolano de Maestros), Juan Valor (jubilado de Sidor) y Yuri Salas (secretario de reclamos de Sunep-Miranda).

Protesta pese a represión

A pesar del panorama represivo contra el movimiento sindical, durante 2025 se ha mantenido la protesta para exigir condiciones laborales dignas, aunque en menor cantidad que en años anteriores.

Algunas de las manifestaciones más destacadas de este año fueron las del pasado 1 de mayo, cuando se registraron unas 30 protestas en 18 entidades para exigir salarios justos y reivindicaciones laborales, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Más recientemente, justo el día en que Maduro hablaba de cambiar el sistema de la dirigencia sindical, trabajadores, activistas y organizaciones sociales protestaron en la Plaza Morelos de Caracas, para exigir el cese de la represión y el respeto a los derechos sociales.

El ministro del Trabajo no quiere hablar del salario

Por si no pareciera suficiente que se encendieran las alertas en la dirigencia sindical, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro siguen negándose a debatir sobre un aumento salarial para los trabajadores. 

En un video que se viralizó en redes sociales, donde parecía realizarse una asamblea, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, se negó a responder sobre las discusiones de un ajuste salarial. Por el contrario, tomó una actitud hostil hacia la persona que lo abordó.

“Si tú quieres discutir conmigo y sabotearme la reunión, hablamos afuera y hablamos de ese tema. No tengo ningún miedo. Si viniste a escuchar yo te oigo, pero me respetas. Yo fui dirigente sindical. De ahí vengo yo. Yo sé de eso más que tú”, señaló Piñate.

A pesar de la ofensiva sistemática del Estado y de los riesgos que enfrentan los líderes sindicales, el movimiento obrero venezolano sigue resistiendo y buscando formas de sobrevivir. La persecución, las detenciones y la creación de sindicatos paralelos no han logrado extinguir la lucha por condiciones laborales dignas ni por la autonomía sindical, aunque el temor hace que la protesta sea cada vez menor. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Muertes, hambre y aislamiento de presos políticos marcan gestión de García Zerpa

Redacción Runrun.es
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Muertes, hambre y aislamiento de presos políticos marcan gestión de García Zerpa

Desde el nombramiento de Julio García Zerpa como ministro de Asuntos Penitenciarios en junio de 2024, el sistema penitenciario venezolano ha sido escenario de muertes, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Cuando García Zerpa fue designado como ministro, prometió construir “un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”.

Sin embargo, en cárceles como el Rodeo I, Tocorón, Tocuyito y el Inof la situación es distinta. Denuncias realizadas por familiares de los reclusos afirman que persiste el hacinamiento, la insalubridad, las enfermedades y los tratos crueles e inhumanos, situaciones que se intensificaron luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. 

Julio García Zerpa es abogado. Se desempeñó como diputado a la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) por el estado Táchira, también como vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Aunque su nombre es poco conocido dentro de las filas del chavismo, se desempeñó en el año 2013 como miembro principal del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. También fungió como director de Asuntos Laborales y Gremiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación y formó parte del equipo promotor del Movimiento Futuro, organización social coordinada por Héctor Rodríguez.

Muertes en custodia: los casos que marcan su gestión 

Recientemente, la cuenta en X Realidad Helicoide denunció que desde que Julio García Zerpa asumió como ministro de la cartera penitenciaria seis personas han muerto bajo custodia del Estado. 

El 14 de noviembre de 2024,se conoció que el primer fallecido en custodia, víctima de la represión postelectoral, fue Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía.

El 14 de diciembre falleció Jesús Rafael Álvarez de 44 años, quien estaba recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), se le negó la atención médica y fue trasladado a la enfermería del penal, después de que sus compañeros de celda protestaron por su grave estado de salud.

El tercero en morir, el 16 de diciembre de 2024, fue Osgual Alexander González de 44 años. Se conoció que González tenía días presentando fiebre y fuerte dolor abdominal, además de otros síntomas. “Jamás fue atendido”, reveló la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.

El cuarto preso político que falleció en custodia del estado fue Reinaldo Araujo, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Valera, estado Trujillo, quien estaba bajo custodia del Estado tras ser detenido arbitrariamente el pasado 9 de enero de 2025. Araujo murió en el hospital “Pedro Emilio Carrillo”, donde pese a la intervención médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.

Lindomar Jesús Amaro Bustamante de 27 años, también se suma a esta lista de fallecidos bajo custodia del Estado y durante la gestión penitenciaria de Zerpa. De acuerdo con el Clippve, Amaro se habría ahorcado dentro de su celda el pasado 3 de mayo.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) denunció en octubre de 2024 que su cofundador y dirigente en el estado Apure, Edwin Santos fue “asesinado” tras haber sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). VP indicó que testigos locales visualizaron cuando los funcionarios se lo llevaron, horas después apareció muerto. Sobre este caso, el gobierno señaló que la muerte de Santos fue producto de un accidente, cuando la motocicleta que conducía se estrelló contra un árbol, lo que le provocó lesiones graves, incluida una fractura en el cráneo.

Dos casos generaron conmoción en la sociedad civil venezolana y aunque no murieron bajo custodia, sí fueron víctimas del sistema penal, por permanecer encarcelados a pesar de patologías que complicaban severamente la salud. 

Wilmer García, expreso político de la represión poselectoral, quien fue excarcelado en noviembre de 2024, falleció a los pocos meses “tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención”, aseguró la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Otro caso que estremeció a la ciudadanía fue el de Ariadna Pinto, de 20 años, detenida el 1 de agosto de 2024 tras ser denunciada en el contexto postelectoral por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo. La joven era diabética y requería cuidados especiales. Su condición se deterioró rápidamente, por lo que fue excarcelada el 7 de diciembre tras haber estado ingresada en el hospital en distintas ocasiones durante su permanencia en la cárcel. El 10 de mayo falleció por un paro respiratorio.

Aislados, hambrientos y torturados 

En redes sociales abundan las denuncias de aislamiento y torturas en contra de los presos políticos venezolanos. Andreína Baduel lleva varios años liderando una lucha para que se respeten los derechos humanos de su hermano Josnars Baduel, quien fue detenido en 2020 acusado de participar en la Operación Gedeón.

Andreína Baduel denunció el pasado 20 de agosto que su hermano lleva 18 días en aislamiento prolongado en El Rodeo I.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha venido denunciando en redes sociales que en El Rodeo I los presos políticos duermen en el suelo o en colchonetas muy delgadas. Que las letrinas están en el mismo espacio (reducido) en el que duermen y que deben gritar de celda a celda para saber que siguen vivos. 

Familiares de Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, detenido en 2020 y acusado de magnicidio, denunciaron recientemente que “ha bajado drásticamente de peso y su salud está muy deteriorada. 

El Clippve también recordó el caso de Oswaldo Castillo, detenido en 2018 por el caso dron. Castillo ha sido sometido a descargas eléctricas, asfixias, aislamiento, limitación al agua y hacinamiento.

El pasado 24 de abril, en una entrevista a BluRadio la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó que según los cómputos de la ONG, al menos 80 presos políticos presentan condiciones de salud que ameritan atención médica.

Entre las enfermedades que padecen los reclusos por razones políticas y que ha documentado la ONG están cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y estomacales. 

La coordinadora de JEP afirmó que los familiares de presos políticos son quienes deben dotarlos de agua, comida y medicinas, pero aquellos privados de libertad cuyos familiares han tenido que abandonar el país “están aún más desasistidos y sus condiciones se han vuelto más precarias”.

Sistema penitenciario indiferente 

Un análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre el primer año de gestión de Julio García Zerpa arrojó que la gestión del ministro “ha estado marcada por el silencio”.

El OVP señaló que en el último año se agravó la situación de retraso procesal y no se registró ninguna mejora en la calidad de la alimentación de los detenidos. El Observatorio sumó que los problemas con el suministro de agua potable persisten en la mayoría de los centros penitenciarios y que la atención médica es “prácticamente inexistente”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que en su primer año al frente de la cartera penitenciaria, Julio García Zerpa “ha utilizado los traslados como forma de castigo para aquellos privados de libertad que alzan su voz, alejándolos de sus centros de reclusión originales y de sus familiares”.

Asimismo, la ONG indicó que el ministro se ha convertido en “cómplice de torturas y de aislamientos prolongados”, prácticas aplicadas particularmente a los presos políticos en distintas cárceles del país.

Según cifras del OVP, para finales de 2024, la población carcelaria en Venezuela era de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%, mientras que de 52 cárceles en el país, solo 38 están operativas.

Comunidad Internacional al tanto

En el plano internacional, la gestión de Zerpa tampoco ha sido calificada con notas aprobatorias.

Reiterados han sido los llamados de la comunidad  en los que se piden la excarcelación de los presos políticos y se denuncian las deplorables condiciones de reclusión en Venezuela.

En junio de 2025, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó al Consejo de DDHH del organismo que las condiciones de detención en Venezuela “son inhumanas: “Los detenidos tienen un acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y algunos fueron aislados luego de denunciar públicamente esta situación”.

El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunicamientos contundentes para para exigir al Gobierno venezolano “la protección de la vida, la salud y la integridad física de los presos políticos”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas al menos 903 personas presas por motivos políticos. 

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de unas 900 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos. La organización denunció que estas personas son víctimas de tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y juicios sin garantías legales, en el marco de una política de represión sistemática.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) presentó el informe “Castigados por buscar un cambio”, que documenta las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de 2024.

El informe destaca la represión, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. También describe la situación de las cárceles venezolanas donde impera el hacinamiento, la falta de agua, comida y medicinas.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un comunicado en el que familiares de Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel, denunciaron torturas, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y la negación de atención médica en la sede del SEBIN en El Helicoide.

Según lo que establece el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Venezuela es Estado parte desde el año 2000, las muertes bajo custodia, torturas, aislamiento prolongado, negación de atención médica y condiciones inhumanas, podrían encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Adolescentes detenidos eran parte de una cuota de presos exigida por el gobierno

La Hora de Venezuela
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Adolescentes detenidos eran parte de una cuota de presos exigida por el gobierno

A los dos días de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela, un adolescente de 16 años cocinaba una arepa en su casa en un barrio de Caracas cuando la puerta de su casa la derribó un grupo de hombres con pasamontañas. Eran policías que entraron sin orden judicial para hacer un allanamiento. Le quitaron su teléfono y revisaron sus conversaciones. Luego, lo acusaron de robar una moto durante una protesta en las escaleras de su comunidad el 31 de julio.

José, de 14 años, caminaba con su papá en el oeste de Barquisimeto el 30 de julio. Viajaron desde Carora, una ciudad a 100 kilómetros de distancia, a comprar materiales para fabricar bloques cuando pasó frente a una protesta y la policía regional los capturó. José fue enviado a un centro de detención para adolescentes, conocido como el retén de El Manzano, a las afueras de la ciudad. A su padre también le dictaron privativa de libertad y para el momento su mamá estaba embarazada.

Otra adolescente, de 16 años, salió con una tía a comprar una medicina para su hermano en Guacara, Carabobo, el día después de la elección. De regreso ambas se encontraron con un saqueo en una institución pública. Aunque no participó en los disturbios, fue detenida y enviada a la 41 Brigada del Ejército en el Fuerte Paramacay. Fue presentada en tribunales el 3 de agosto y llegó con moretones en su cuerpo.

Aunque ocurrieron en espacios geográficos distintos, estas detenciones siguen un patrón: los acusaron de terrorismo, incitación al odio, entre otros delitos graves. Fueron detenidos durante las protestas en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin publicar las actas que acreditaban los resultados y todos eran adolescentes. 

Esta última resultó ser una característica particular, pues era la primera vez, que en Venezuela se reportaron entre 129 y 200 detenciones arbitrarias de adolescentes por causas políticas. Un año después de la represión postelectoral cuatro adolescentes siguen presos en La Guaira y Vargas.

El número de prisioneros varía entre las ONG que documentaron los casos. Foro Penal contabilizó 129 casos. Mientras que la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela desde 1984, tiene un estimado de 200. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (Miidhv) de Naciones Unidas, registró la detención de 158 niños y adolescentes en todo el país. En un informe advirtió que 10% del total de detenciones postelectorales era de adolescentes. 

Para el abogado Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público (MP), este es un hecho sin precedentes en la región. “No conozco un caso de procesamiento de adolescentes por legislación antiterrorista en Latinoamérica. La dictadura venezolana marca un nuevo hito de barbarie y dolor. Secuestrar a un niño, desmoviliza y aterra a la familia, vecinos, amigos. Esa es la lógica, por eso tanto ensañamiento con este segmento vulnerable de la población”, expresa.

Durante seis meses, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, documentó 82 detenciones de adolescentes, en Distrito Capital y 16 de los 24 estados de Venezuela, mediante entrevistas a familiares, vecinos, funcionarios de seguridad y defensores de derechos humanos.

El seguimiento de estos casos permitió identificar un patrón caracterizado por la persecución y el encarcelamiento de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.

Ninguno de ellos tenía edad para votar, pero fueron detenidos de forma arbitraria por agentes de seguridad del Estado en situaciones aleatorias. Los imputaron por terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública; sin admitir las pruebas que los desligaban de actos violentos, aunque el sistema de justicia estaba en la obligación de recibirlas. En los tribunales les negaron el derecho a la defensa legal privada o de ONG; los procesaron en audiencias colectivas y en algunos casos los presentaron con adultos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que algunos de los adolescentes fueron sometidos a desaparición forzada y torturas. Mientras que la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela recabó  testimonios de detenidos que fueron abusados sexualmente. Pese a estos señalamientos, las autoridades venezolanas negaron públicamente que en el país había niños presos. 

En noviembre de 2024, el fiscal general Tarek William Saab declaró a la prensa que en el país no había niños presos sino adolescentes judicializados con las garantías.

«El primer día estuve con todos los mayores (adultos) que agarraron por el mismo caso, y ya al segundo día nos llevaron a otro comando y nos tiraron un día ahí en el piso para dormir esposados», relató a Naciones Unidas uno de los afectados.

ARI también confirmó que los casos monitoreados eran de adolescentes residenciados en sectores populares. Ninguno tenía antecedentes penales. En 41 de los 82 casos, los familiares señalaron que los jóvenes no participaron en manifestaciones. Otras 10 detenciones ocurrieron luego de que los adolescentes publicaron mensajes en sus redes sociales y fueron delatados ante cuerpos policiales por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) o integrantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que se encargan de la venta de alimentos subsidiados en las comunidades.

Testimonios recabados por ARI apuntan a que las detenciones masivas de adolescentes eran para cubrir una cuota de prisioneros exigida por el gobierno.

“Nunca habíamos visto una situación como esta, en la que todo el aparataje del Estado estuvo focalizado en la neutralización absoluta, a toda costa y a todo costo, de cualquier expresión de disenso o de protesta. Esta neutralización absoluta fue la que expuso a los adolescentes”, explica el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización Foro Penal.  

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, asegura que en las detenciones poselectorales de 2024 se afianzaron varios patrones de violaciones de derechos humanos, como las detenciones sin orden judicial, las  desapariciones forzadas de corta duración, las presentaciones extemporáneas ante tribunales y la imposición de defensa pública. 

Entre las más graves está la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reitera. 

“Que sujetos especiales de protección, como son los niños, hayan sido objetos de vulneración, y todavía lo siguen siendo, es lo más delicado. Como sujetos de protección tienen unos derechos añadidos que no están siendo respetados. Más bien, pareciera que el mensaje del Estado, es que por ser adolescentes, son más vulnerables ante el poder del Estado”, añade.

Fábrica de terroristas

Un día después de la elección presidencial, un grupo de estudiantes de bachillerato organizó un paseo con salida desde las torres de Parque Central, en Caracas. Cuando se acercaron a ver una protesta uno de ellos fue detenido. El muchacho tenía 16 años. 

Pasó ocho días incomunicado porque le prohibieron hablar con algún familiar, contrario a lo que indica la ley. Cuando logró comunicarse con su madre, le contó que estaba en una celda sin iluminación ni ventilación. Estaba con adultos investigados por delitos comunes. Un año después asegura que han sido los peores días de su vida.

En el estado Sucre, otra joven de 16 años recién graduado de bachillerato fue detenida por reenviar un mensaje en un grupo de WhatsApp que exponía las dificultades económicas que viven en su región. Una vecina que era funcionaria pública la acusó y fue detenida el 14 de agosto de 2024. Durante su reclusión la adolescente tuvo una crisis de nervios, hipertensión y sufrió parálisis facial.

 Las detenciones de estos dos adolescentes son un daño colateral, coinciden expertos consultados por ARI. 

“Las protestas tomaron de sorpresa a muchos comandos. La orden fue apagar todas las candelitas y poner castigos que sirvieran de ejemplo y la protesta no se repitiera. Si estabas en la protesta, así sea viendo o te ponías a poner cosas incómodas en tus redes, en el Whatsapp o en el estado del teléfono celular contra el gobierno, también eras sospechoso, un incitador y hasta culpable. Fue un poco de disparamos primero y averiguamos después, pero aquí fue, presos primero y vemos después”, relató un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) entrevistado por ARI. La fuente pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.

El mismo agente señala que en los comandos de la PNB recibieron la instrucción de arrestar a quienes estuvieran en la calle a partir del 29 de julio. 

En Carabobo, Aragua y Vargas, funcionarios de cuerpos policiales regionales confirmaron a ARI que recibieron directrices para cubrir cuotas de detenciones en las protestas poselectorales. El número de arrestos debía ser proporcional al tamaño de las manifestaciones.

“Había mucha rabia en la calle y mucho chamo que salió a ver qué pasaba. Para muchos era una protesta más, una experiencia, pero para los jefes era de vida o muerte lograr el control. Así que no importó si era menor o no, Iba preso y ya”, detalló uno de los entrevistados que también pidió mantener su nombre en resguardo.

El relato de la madre del adolescente aprehendido en Parque Central corrobora la declaración del policía . Su hijo y sus amigos pasaron por la protesta, les pareció extraña la manifestación en una zona conocida por su afinidad con el oficialismo, y terminó preso al igual que otros compañeros. 

“Lo peor es que mi hijo no entiende como se le juzga por terrorismo. Para él eso es algo grande: una bomba, un crimen serio. Las protestas poselectorales se convirtieron en una fábrica de terroristas adolescentes”, lamenta.

El cargo de terrorismo fue imputado en los 82 casos a los que ARI hizo seguimiento. Y les sumaron otros delitos como agravantes.

“La categoría terrorista es hoy una excusa para estigmatizar y criminalizar. Quien entra a los laberintos de la justicia penal por la puerta de los delitos relacionados con terrorismo, muy difícilmente encuentra justicia. El caso de estos niños, niñas y adolescentes venezolanos, señalados de terroristas, nos permite una ventana a esa sin salida punitiva. Llegan al sistema penal sin que haya pruebas claras en su contra, son expuestos a vejámenes, a la posibilidad casi cierta de ser condenados a penas que van a consumir parte de sus vidas y a que, incluso si son declarados inocentes, vivan con uno de los peores estigmas modernos: ser terrorista”, advierte la abogada Diana Guzman Rodríguez, directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

“Ni mi hijo ni ninguno de esos adolescentes es libre aunque esté excarcelado”, agrega la madre del adolescente de Caracas.

ARI documentó 82 detenciones de adolescentes en Distrito Capital y 16 de estados de Venezuela después de la elección del 28 de julio de 2024. La mayoría no participó en protestas y ninguno tenía antecedentes penales. Foto: Archivo

El tratamiento judicial que se le ha dado a los adolescentes es contrario a la ley. Según la norma que rige el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sipra), la maxima  condena de privación de libertad que puede recibir un adolescente por un delito grave, que incluye el terrorismo, es de 10 años. Pero en los casos registrados por ARI, al menos 48 padres y representantes aseguran que los jóvenes detenidos recibieron presiones de fiscales, defensores públicos y jueces, para declararse culpables o serían condenados a 25 años de prisión.

Esperar justicia tras las rejas 

El cargo de terrorismo fue imputado en los 82 casos a los que ARI hizo seguimiento. Foto: Archivo

Un adolescente que cumplió 17 años en el lugar de reclusión no tuvo oportunidad de asistir a clases para cumplir con el quinto y último año de bachillerato en La Guaira. 

El año escolar lo pasó en el centro de detención de adolescentes que funciona en el Retén de Caraballeda.

Después de 14 audiencias, muchas de ellas diferidas, no han encontrado pruebas para acusarlo. Han tratado de incriminarlo en la caída de la estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira. Su familia se siente acorralada por el sistema.

En el estado Lara otro estudiante de quinto año de bachillerato fue detenido el 8 de enero de 2025, dos días antes de la toma de posesión de Maduro, cuando salía de una panadería. Tenía un trabajo temporal en ese negocio antes de volver a clases, pero la Guardia Nacional lo capturó y acusó de parecer un manifestante porque llevaba un suéter con capucha y prendas holgadas.  

Aunque en diciembre de 2024, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que todos los adolescentes detenidos en las protestas poselectorales habían sido excarcelados, hay cuatro muchachos que siguen en prisión, de acuerdo con el Comité por la libertad de los presos políticos de Venezuela  (Clippve). 

En la última audiencia, realizada a finales de mayo, los familiares con pancartas en mano expusieron la injusticia de la detención, que en el caso de algunos, ya está cerca de los 12 meses de encierro. 

“Ellos son adolescentes injustamente detenidos. Están lejos de ser terroristas”, dice Francys Palencia, madre de uno de los adolescentes que siguen encerrados.

El OVP publicó un comunicado el 4 de junio, por el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, para rechazar  la actuación de las autoridades en estos casos. 

“Estas detenciones violan la legislación nacional y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. La norma establece que la privación de libertad de un menor de edad debe tratarse de una medida excepcional, por el menor tiempo posible y con pleno respeto a su dignidad y desarrollo. El sistema reduce a estos adolescentes a cifras dentro de una estructura que los margina y castiga en lugar de protegerlos”, alerta la organización.

En Lara y Vargas cuatro familias siguen en la calle para reclamar la liberación de sus seres queridos. El padre de uno de ellos anhela el abrazo de su hijo que, aclara, no es terrorista sino víctima de una cuota de detenidos utilizados para acallar a la disidencia.

*Los nombres de los adolescentes excarcelados se mantienen en reserva por razones de seguridad.

Alianza Rebelde Investiga para La Hora de Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Corpoelec: Falla en subestación en El Junquito dejó sin luz a zonas de la Gran Caracas

Redacción Runrun.es
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Corpoelec: Falla en subestación en El Junquito dejó sin luz a zonas de la Gran Caracas

Luego de un fuerte aguacero que cayó después del mediodía de este 22 de agosto, diversas zonas de la Gran Caracas se quedaron sin luz.

Los reportes en las redes sociales indicaron que en sectores del centro, sureste, suroeste y parte del Este de la ciudad capital se interrumpió el servicio eléctrico, así como también en zonas de Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos y La Guaira.

Pasadas las 3:30 de la tarde el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, compartió en su canal en Telegram un comunicado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el que se informó que debido “a fuertes precipitaciones con descargas eléctricas asociadas al paso de la onda tropical #29, se produjo un falla en la subestación El Junquito”, que ocasionó la afectación del servicio eléctrico en zonas de la Gran Caracas.

“Siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, Corpoelec mantiene desplegados todos sus recursos técnicos y humanos para recuperar el fluido eléctrico en tiempo récord”, se lee en el texto.

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326 actores políticos, periodistas y activistas de DDHH presos desde el #28J de 2024

La Hora de Venezuela
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326 actores políticos, periodistas y activistas de DDHH presos desde el #28J de 2024

En un pestañeo, más de un año transcurrió desde las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador de la contienda a Nicolás Maduro sobre Edmundo González, sin mostrar, hasta el sol de hoy, las actas electorales que validen el resultado. 

Presos como el exdiputado y coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano; el exdiputado y político bolivarense, Américo de Grazia; y la presidenta de Primero Justicia (PJ) en el Municipio Urdaneta -Miranda-,  Mayra Castro, cumplieron un año tras las rejas, desde que fueron detenidos en medio de las protestas postelectorales en contra de la cuestionada victoria. Y como ellos, muchos otros. 

Julio de 2025 fue un mes marcado por liberaciones, a razón del canje entre presos políticos venezolanos y estadounidenses por migrantes deportados de Estados Unidos a El Salvador, donde un total de 252 venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad salvadoreña, fueron enviados a Venezuela, acusados de ser miembros de la megabanda Tren de Aragua.  

A cambio, el gobierno de Maduro liberó a 10 estadounidenses, así como a un número no precisado de presos políticos venezolanos, según información de ambos países. Entre los liberados, se identificó a dirigentes como el de Acción Democrática (AD), Williams Dávila: el dirigente de La Causa R, Carlos Chancellor; y el político y colaborador del Comando con Venezuela, José Angel Lepage. Pero como una “puerta giratoria”, mientras salieron unos, otros fueron encarcelados.

Roberto Campero, dirigente de Vente Venezuela en Aragua, profesor universitario y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), fue sacado de su casa en un allanamiento sin orden judicial el 14 de agosto, informó el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de Vente Venezuela.

Semanas antes, José Riera, dirigente nacional de VP y miembro del Equipo Nacional de Activistas (ENA), fue otro de los capturados por presuntos cuerpos de seguridad en el estado Miranda, el 26 de julio. Su familia desconoce su paradero. Dos días antes, Nikoll Arteaga y Albany Colmenares, miembro de Vente Venezuela y secretaria política del partido en Carabobo, respectivamente, fueron aprehendidos el 24 de julio en dicha entidad. 

El día 21, Nancy Camacaro, participante activa en el estado Lara durante la campaña electoral de Edmundo González, fue detenida en Caracas, y el 19, el jefe del Comando Con Venezuela en el mismo estado, Manuel Enrique Ferreira, sufrió el mismo destino. 

En cifras

De 326 detenciones de actores políticos, periodistas y defensores de DDHH contabilizadas en el país desde 2024 hasta el 18 de agosto de 2025, 281 pertenecen al primer grupo – tomando en cuenta que para finales de diciembre la cifra llegó a 181-.

El partido más afectado continúa siendo el de la líder opositora, María Corina Machado, con al menos 91 (32,2%) detenciones hasta la fecha; seguido de Primero Justicia, con 36 casos, (12,8%), 27 de Voluntad Popular (9,6%) y 14 de Acción Democrática (4,9%). 

Es destacable que al menos 26 (9,2%) de estas detenciones fueron a personas cuya única actividad política era ser familiares del dirigente de algún partido, como María de los Ángeles Castillo, madre de dos niñas e hija de dos dirigentes políticos parroquiales según reportes en redes sociales, que presuntamente fue sacada de su hogar por 20 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ‘‘con el pretexto de una entrevista”, en Lara el 18 de julio. 

‘‘Este incidente es un claro ejemplo de Sippenhaft, una táctica de la época nazi que castigaba a familiares inocentes por las actividades o ubicación de otros’’, denunció reportó el coordinador Nacional de Comité de DDHH de VV, Orlando Moreno, a través de X (Twitter).

Dentro de este grupo, se han contabilizado al menos 88 liberaciones (31,3%) a lo largo del año. 

Una bomba de tiempo

Organizaciones de DDHH y familiares no paran de denunciar por la salud de los reclusos, ni de temer por sus vidas, teniendo en cuenta que siete presos murieron en custodia del Estado por complicaciones de salud. 

Maykelis Borges, de 26 años, detenida el 29 de enero de 2025 por la Dgcim en Caracas y recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques, Miranda, es pareja del teniente retirado Cristian Hernández, retirado acusado de conspiración, y de quien está embarazada. La joven tiene 40 semanas de gestación, peligrosamente cerca de dar a luz en condiciones que ponen en riesgo su vida y la de su bebé. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón solicitó una medida humanitaria para ella.

Según reportes, el 31 de julio fue hospitalizada en el Hospital Victorino Santaella por tensión alta, pero seguía en riesgo de sufrir preeclampsia.  ‘’Maykelis es inocente.  Ella debe ser liberada y que su hijo nazca en libertad‘’, manifestó la abogada defensora de DDHH, Tamara Suju. 

Franyer Hernández, abogado y defensor de DDHH, aprehendido el 10 de abril, tiene una condición crítica, al presentar ‘‘cirrosis hepática, hígado recrecido, litiasis renal bilateral, vesícula y vejiga con paredes engrosadas, colonopatía, escabiosis infecciosa, hipertensión arterial y otros padecimientos graves’’, de acuerdo a reportes en redes. 

La hija del profesor y exdiputado zuliano Eduardo Labrador, Stephanie Labrador, denunció a finales de julio la grave situación de salud que presenta su padre. ‘’(…) ha perdido más de 14 kilos, presenta fiebre alta desde hace más de 17 días y más de 14 días de evacuación líquida.’’, se lee en la publicación. Labrador cumplió nueve meses recluido en la cárcel de El Rodeo I.

Una cantidad considerable de presos presentan condiciones que requieren atención inmediata, que solo se agravan con los maltratos en sus centros de reclusión, como el mencionado Rodeo I, donde familiares declaran que privan a los reclusos de comida y agua, y las letrinas están en la misma celda, favoreciendo la proliferación de bacterias y enfermedades. 

También destaca la medida impuesta en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, donde familiares denunciaron la suspensión de la posibilidad de llevar comida diariamente a los presos, sino solo los días viernes. ‘‘(…) esta medida pone en riesgo la salud de presos políticos, vulnera derechos y podría agravar condiciones médicas’’, aseveró el Observatorio de Prisiones.

Prensa y activismo siguen bajo ataque

Dentro del total, 32 detenidos son periodistas y 13 activistas de DDHH, que fueron contrarios a la orientación política y las acciones del Estado venezolano. 

18 trabajadores de la prensa fueron liberados y 14 se mantienen tras las rejas y  siete fueron imputados por presuntos delitos de instigación al odio, terrorismo o espionaje. 

Entre los activistas, sólo seis han sido liberados, mientras que el abogado del Foro Penal, Kennedy Tejera; abogado y defensor de los DDHH de los pueblos indígenas, Henry Gómez; coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida Sánchez; el italiano y activista en Humanity & Inclusion, Alberto Trentini; miembro de Provea, Eduardo Torres; y el defensor de DDHH, Frewil Rangel continúan recluidos. 

A la lista, se anexó la defensora de los DDHH de los jubilados y consultora jurídica de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela, Rusbelia Astudillo, capturada el 13 de agosto en Caracas, informó la Fenajupv.

Presión exterior

En julio, el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en las Américas aseveró en su último informe sobre el país que ‘‘las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales’’ y agregó que la comunidad internacional no puede ignorar ni normalizar la crisis de DDHH el país. 

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh), Volker Türk, subrayó en un informe publicado a inicios de julio la ‘‘persistencia de prácticas como las detenciones arbitrarias, tortura y retardo procesal’’, y como los ‘‘pequeños avances’’ en materia de derechos dieron un gran retroceso en el último año. 

El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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