El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) celebró las recientes excarcelaciones de varios presos políticos este domingo, 24 de agosto, aunque advirtió que se trata de una medida insuficiente mientras continúe la detención arbitraria de cientos de personas.
En un comunicado, alertó que muchos de los liberados regresan con graves secuelas físicas y psicológicas, consecuencia de las condiciones carcelarias y del trato recibido durante su detención.
“Como estas familias, todas las víctimas merecen reencontrarse con sus seres queridos en libertad plena. La verdadera disposición de superar el horror que hoy viven las personas presas por motivos políticos pasa por la liberación total, incondicional y sin restricciones de todos los presos políticos, incluyendo quienes han sido excarcelados bajo medidas que continúan limitando su libertad y sus derechos”, manifestó la organización.
Asimismo, el Clippve alertó que el “uso discrecional de estas excarcelaciones, sin consulta con las víctimas organizadas, sin criterios de justicia, de salud, de reparación ni de debido proceso, convierte este mecanismo en un instrumento político, opaco y revictimizante”. Además, señaló que “este patrón profundiza la incertidumbre de quienes aún permanecen detenidos y genera angustia permanente en las familias que siguen esperando justicia. Nadie debería depender del cálculo político para recuperar su libertad”.
Nuevas excarcelaciones sin libertad plena
El Clippve hace referencia al anuncio hecho por el diputado electo Henrique Capriles en las primeras horas del domingo, sobre la excarcelación de nueve presos políticos. También informó que a otros cinco les otorgaron casa por cárcel.
Los liberados, según Capriles, son Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia. En tanto, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso estarán bajo arresto domiciliario.
Denuncias de tratos crueles y detenciones arbitrarias
El Clippve recordó que más de 40 personasque están detenidas en Tocorón “se encuentran en estado de depresión profunda por las condiciones inhumanas de reclusión”. La organización también alertó que al menos nueve personas “intentaron suicidarse recientemente en este centro”.
Asimismo, denunció que presos políticos recluidos en El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Yare, Zona 7, Tocuyito y otros centros han sido víctimas de torturas, abandono médico y tratos crueles. En El Helicoide, al menos 13 personas permanecen aisladas e incomunicadas, algunas desde hace más de un año sin poder ver a sus familias.
Entre los privados de libertad también se encuentran mujeres y cuatro adolescentes que, según Clippve, son víctimas de montajes judiciales con acusaciones infundadas como terrorismo. Además, contabiliza más de 80 extranjeros encarcelados en Venezuela. Finalmente, la organización estimó que más de 1.000 personas permanecen detenidas en Venezuela por razones políticas.
“No hay reconciliación posible sin verdad, justicia y reparación. Exigimos al Estado venezolano el respeto pleno a los derechos humanos y el cumplimiento de las Reglas Mandela dentro de todas las cárceles del país. Las víctimas no somos cifras ni piezas para intercambios: somos seres humanos con historias, ausencias, dolores y esperanza”, concluyó el Clippve.
🚨 COMUNICADO | Celebramos la libertad de algunos, mientras exigimos justicia para todos
Este domingo 24 de agosto, 13 presos políticos fueron excarcelados. Desde el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos celebramos ese reencuentro y abrazamos la… pic.twitter.com/ySOTD80y2X
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 24, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
“Soy chavista, pero no madurista”. La frase resume la escisión dentro de la llamada “revolución bolivariana” tras el afianzamiento del autoritarismo por parte de Nicolás Maduro, quien echó mano –junto a sus aliados– de la represión en todos los niveles de la sociedad y la cooptación del poder a través de cuestionados procesos electorales.
La detención y posterior excarcelación de Martha Lía Grajales, una reconocida activista de derechos humanos que viene de las propias bases del chavismo, plasmó esa ruptura de Maduro contra sus críticos y parte de la izquierda venezolana que ha denunciado (en algunos casos de forma tímida) la deriva autoritaria del proyecto fundado por Hugo Chávez.
Grajales permaneció 48 horas desaparecida y fue imputada por supuesta conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio. El propio Maduro la señaló como parte de grupos de «infiltrados» que tienen «años simulando ser chavistas» para destruir, desde adentro, su administración. Todo esto, por supuesto, orquestado por Estados Unidos con apoyo de la “extrema derecha venezolana” y organizaciones internacionales.
Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), asegura que la “arremetida gubernamental contra activistas y organizaciones del movimiento popular y revolucionario confirma al menos dos cosas: en primer lugar, la naturaleza reaccionaria de la cúpula del PSUV y su viraje autoritario; en segundo lugar, su intento por sustituir la legitimidad perdida con un sistema de lealtades basado en el miedo”.
Para la politóloga Marisela Betancourt, la detención arbitraria de Grajales “es el comienzo de un divorcio oficial entre el chavismo y el madurismo, y su excarcelación fue producto de una clara presión interna e internacional de fuerzas progresistas, especialmente de Colombia y países como Argentina donde la izquierda, no el kirchnerismo, tuvo una posición muy firme”.
Considera que el arresto “fue un globo de ensayo para medir la reacción del chavismo militante organizado, y la excarcelación fue una rendición. Eso sí, fue una rendición momentánea que va a traer cola. El proceso represivo no termina allí”.
Mientras, la dirigente del PCV insiste en que a través de la detención selectiva de activistas, así como los cientos de arrestos arbitrarios tras las elecciones presidenciales de 2024, “pretenden instaurar un estado general de zozobra y quebrar la resistencia legítima frente a las violaciones de la Constitución. No es casual que, en esta nueva etapa y sin ruborizarse, se presenten como un Gobierno policial y que la criminalización de la protesta pacífica sea una de las líneas centrales de trabajo de sus laboratorios de propaganda”.
Esos laboratorios de propaganda, justamente, se activaron antes que la cúpula gobernante para dar un barniz de justificación a la detención de Grajales, quien días antes había sido agredida junto a un grupo de madres durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia.
Desde esos portales oficialistas, en paralelo, también se dirigieron ataques hacia la Fundación Rosa Luxemburgo –radicada en Alemania y que ha apoyado a Surgentes, el colectivo de Grajales– y un grupo de académicos por sus denuncias sobre la depredación ambiental en el Arco Minero del Orinoco.
“El propósito de la cúpula del PSUV es claro: que dejemos de luchar por nuestros derechos. Además, con esta ofensiva contra los sectores populares y revolucionarios, también se busca impedir la consolidación de una oposición de izquierda que rompa con los dos bloques que hegemonizan la disputa política en el país y que, en nuestra opinión, son abiertamente reaccionarios: tanto el que encabeza Nicolás Maduro, como el que lidera María Corina Machado”, afirma Neirlay Andrade.
Chavismo vs izquierda
La politóloga Marisela Betancourt señala que para entender estos ataques a la izquierda hay que remontarse a los principios de la llamada “revolución bolivariana”.
“El proyecto político que comienza con Hugo Chávez fue populista, pero fue un proyecto totalmente democrático, con altísimos niveles de popularidad y con altísima movilización de masas”, recuerda.
Sin embargo, esa “movilización” empezó a menguar desde el primer gobierno de Maduro. A partir de 2015 se deslindó un sector, que se hizo llamar el “chavismo originario” o disidente y estaba compuesto por emblemáticas figuras como Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Jorge Giordani o Miguel Rodríguez Torres. La exfiscal Luisa Ortega Díaz también dio un viraje a su lealtad luego de las protestas de 2017.
“Está a la vista de todos. Un gobierno que comienza en el 2013 siendo movilizado, en ese momento teníamos un autoritarismo competitivo con márgenes de participación, y hoy tenemos un autoritarismo sin competitividad y es completamente desmovilizado”, indica la politóloga.
Explica que, en la teoría, los autoritarismos con alta movilización de masas se asocian a una perpetuidad del sistema. “Por eso vemos la urgencia de movilizar masas, electores, movilizar milicias. Aquí entra el papel clave de la izquierda venezolana. Esta base de la que hablamos ha ido mutando”.
Ese cambio pasó por el repliegue durante los primeros años de la administración Maduro, afirma Betancourt. “A partir del fraude del 28 de julio, esa base no solo se repliega sino que comienza a movilizarse contra el gobierno, es decir, no solo empiezan a perder una base de adherencia sino que esta comienza a movilizarse en contra”.
Este cambio incidió en el margen de tolerancia desde el poder. A juicio de la politóloga, el chavismo acalla más rápido las movilizaciones de sectores relacionados a la izquierda que aquellas convocadas por la oposición tradicional. “Ante los primeros asomos de movilización en su contra, la represión es inmediata”, reitera.
Por su parte, el politólogo Sergio Sánchez, exconcejal del PSUV y parte del chavismo disidente, ha afirmado que la administración Maduro “quizá no lo sepa o no le importe, pero está rompiendo la lógica tribal que lo ha sostenido” desde sus inicios.
“Si el debate persiste y el gobierno no logra sofocarlo, llegará una encrucijada: unos tendrán que decidir si continúan apoyando y otros deberán decidir si prescinden de esos sectores de base del chavismo, acusándolos a todos de traidores”, aseguró.
Contra la izquierda internacional
El pasado 18 de agosto, Nicolás Maduro se refirió a la Fundación Rosa Luxemburgo, una institución de formación política de origen alemán y fundada en 1990, justamente inspirados en las ideas de una de las fundadoras de la corriente de pensamiento del socialismo democrático.
«Las fundaciones alemanas han financiado durante décadas a sectores de derecha, como la Konrad Adenauer. Pero también crearon una llamada Rosa Luxemburg, nuestra heroína de los socialistas auténticos, que hoy usan para captar y financiar gente que alguna vez fue de izquierda o que simula serlo, para atacar desde adentro y destruir al gobierno revolucionario«, dijo Maduro.
Sostuvo entonces que existe una investigación con “demasiadas pruebas” sobre la actuación de esta fundación en Venezuela, al tiempo que advirtió a sus bases sobre los intentos de “horadar la unión popular” con discursos críticos hacia su gestión.
Para Marisela Betancourt, Maduro no obtiene ninguna ganancia, sino pérdidas, al atacar a esta institución.
“La Fundación Rosa Luxemburgo ha sido aliada histórica del chavismo. De hecho, el gobierno venezolano constantemente ha enviado delegaciones a Berlín a participar en eventos sobre Venezuela promovidos por la fundación, a lo que llaman la defensa de Venezuela. Esa ha sido una relación fluida, constante, durante los últimos años. Además, la Fundación Rosa Luxemburgo funge como un soft power del progresismo, y la fundación tiene una reputación en la izquierda internacional que Maduro no tiene”, señala.
Sergio Sánchez destaca por su parte que la fundación tiene relación con sectores muy representativos de la izquierda latinoamericana, la misma que criticó la detención de Grajales. “¿Acaso se les olvidó el internacionalismo proletario del que hablaba Marx? Es precisamente el apoyo internacional y ellos lo están criticando aunque dicen ser de izquierda”.
Consideró que Maduro, en estos momentos, ha subido la apuesta a sus bases y exige una lealtad que, en realidad, se trata de «exigiendo silencio y complicidad con todo el desastre que hay en Venezuela». Asimismo, planteó que esta estrategia del madurismo no parece rendir los frutos que se esperan.
«Cada vez que ocurren estas cosas, sectores se desprenden. Con el agravante en este caso que son sectores organizados de la izquierda», comentó.
Mayor represión
El proceso de moldear la izquierda a conveniencia inició, desde el punto de vista partidista, a partir de 2012 con la intervención judicial de Podemos. Luego le siguieron Bandera Roja, el Movimiento Electoral del Pueblo, Patria Para Todos, Tupamaro y el Partido Comunista de Venezuela. En todos se cambiaron a directivas afines, que asumieron las tarjetas, siglas y colores de las organizaciones.
En tanto, el hostigamiento alcanzó a figuras como el exalcalde Juan Barreto o los exministros Giordani, Navarro y Osorio, quienes hace nueve años debieron correr por el centro de Caracas tras ser agredidos por colectivos. El chavismo mantiene sus acusaciones de corrupción contra Rafael Ramírez, el otrora “zar petrolero” y quien ha dicho que el “madurismo” es el principal enemigo del proyecto de Chávez.
Además, se han registrado detenciones como la de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, dos exgerentes de Pdvsa chavistas quienes fueron apresados tras denunciar actos de corrupción; el exministro y posterior exiliado Miguel Rodríguez Torres, procesado por conspiración; el politólogo Nicmer Evans; Rafael Uzcategui, histórico dirigente del PPT a quien se intentó vincular con prostitución; dirigentes locales como Luis Zapata, David Manuel González, Jesús Superlano o Richard Ganadillo; además del exministro Rodrigo Cabezas, excarcelado este año y a quien se vinculó con una supuesta “conspiración” de la líder opositora María Corina Machado.
Desde el Partido Comunista no descartan que la represión se intensifique a medida que se agrave “la crisis de legitimidad e institucional”.
“Los ataques de Maduro contra la izquierda, y en particular contra el PCV, no son fortuitos; se intensificaron a medida que profundizaba su viraje antiobrero y antipopular. Desde 2018 está en marcha un paquetazo destinado a trasladar el peso de la aguda crisis económica y de las sanciones imperialistas sobre los hombros del pueblo trabajador. Este plan fue rechazado y combatido por el PCV, cuya lealtad —para usar una palabra de moda— está firmemente con los intereses de la clase trabajadora”, puntualiza Neirlay Andrade.
Recuerda que esa “lealtad” les significó el despojo del partido vía TSJ “para entregárselas a un puñado de mercenarios de la política, que hoy se disfrazan con gorras y franelas del ‘gallo rojo’ para hacerle creer al país que los comunistas respaldan la salvajada neoliberal de Maduro”.
Justamente, el pasado 11 de agosto se cumplieron dos años de lo que el PCV denomina como un “asalto judicial” en su contra. Andrade detalla que hasta la fecha no han tenido acceso al expediente o la sentencia de forma íntegra.
“Solicitamos un antejuicio de mérito contra las magistradas de la Sala Constitucional por el írrito proceso en nuestra contra, y la respuesta ha sido el silencio. Esto confirma lo que ya es un secreto a voces: el TSJ actúa como el bufete de abogados del partido de gobierno”, afirma.
El futuro de la ¿nueva? oposición
Ante un escenario represivo, señala la politóloga Marisela Betancourt, “la izquierda chavista entra sin duda en una encrucijada y pasa a jugar un rol protagónico en la oposición. No va a ser inmediato, es un proceso”.
Pone de ejemplo el caso de la abogada María Alejandra Díaz, una de las propulsoras de la Ley Resorte y recientemente exiliada en Colombia, tras haber sido despojada de su ejercicio laboral y acosada por cuerpos de seguridad durante meses.
“Este caso obliga a que la posición de repliegue que ha tenido siempre una parte del chavismo frente al gobierno de Maduro se transforme en un enfrentamiento ya activo y frontal contra el gobierno”, afirma Betancourt.
Neirlay Andrade destaca que el Partido Comunista decidió una línea táctica “de amplia unidad de acción con las fuerzas políticas, sociales y sindicales genuinamente democráticas para esta etapa marcada por el autoritarismo y la represión. Nuestro norte es la plena vigencia de la Constitución y la restitución del Estado de derecho”.
Sergio Sánchez, por su parte, considera necesaria la construcción de una alternativa política que trascienda la polarización. «Hay que salir de la bipolaridad, tenemos que construir nuestra propia agenda, que es una agenda por la reconquista de derechos sociales, con los sindicatos, con los estudiantes, con la gente».
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Un grupo de presos políticos fue liberado este sábado en Venezuela, mientras que a otros se les concedieron medidas de casa por cárcel, según informó el dirigente Henrique Capriles, en las primeras horas de la madrugada de este domingo, 24 de agosto.
Entre quienes les otorgaron libertad se encuentran Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.
En tanto, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron la medida de casa por cárcel, que no significa estar libre plenamente, pero podrán estar en casa junto a sus familiares.
“Que a nadie le quede dudas: vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!”, escribió el dirigente político en redes sociales.
Entre los beneficiados está Américo de Grazia, dirigente de La Causa R en el estado Bolívar a quien detuvieron el 8 de agosto de 2024 junto al opositor Williams Dávila (excarcelado el pasado 18 de julio).
Vinculados a la Alcaldía de Maracaibo
Varios de los presos políticos a los que se les otorgó la libertad plena o casa por cárcel están vinculados a la Alcaldía de Maracaibo, la cual fue desmantelada en 2024 y varias de sus autoridades y empleados municipales fueron arrestados tras intervenciones del chavismo. De este grupo, Rafael Ramírez, exalcalde de Maracaibo, fue uno de los que recibió casa por cárcel.
Además, le otorgaron casa por cárcel a Pedro Guanipa, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo y vicepresidente de Primero Justicia, a quien detuvieron el 26 de septiembre de 2024 cuando se disponía a viajar hacia Colombia. Otro de los beneficiarios de esta medida fue David Barroso, quien era director general de seguridad ciudadana de Maracaibo, detenido desde octubre de 2024.
Asimismo, entre los liberados también se encuentran exempleados municipales como Diana Berrío, que era directora de Talento Humano, y Margarita Assenzo, también vinculada a la Alcaldía.
¿Quiénes son los demás?
En el grupo de los que recibieron casa por cárcel está Valentín Gutiérrez Pineda, contratista de la Alcaldía de Cabimas, detenido por presunta venta clandestina de gasolina.
Nabil Maalouf, que también recibió casa por cárcel, fue alcalde de Cabimas, y estuvo detenido por supuestos delitos de corrupción, peculado doloso y asociación para delinquir. Por su parte, Gorka Carnevalli es dirigente del Foro Hatillano.
Asimismo, Simón Vargas, exalcalde del municipio Bolívar de Táchira, fue detenido por supuesta “incitación al odio en la frontera” el 2 de enero de 2025, cuando hombres encapuchados lo sacaron de la residencia de su suegra en San Antonio del Táchira.
A su vez, Víctor Jurado, diputado del Consejo Legislativo de Falcón, fue encarcelado en enero de 2025 luego de presentarse en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Coro, estado Falcón, tras enterarse de una investigación en su contra.
Mayra Castro, dirigente de Primero Justicia en el municipio Urdaneta (Cúa, estado Miranda), fue detenida en su vivienda en el sector La Fila de Cúa el 2 de agosto de 2024 por funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta. La detuvieron con un listado de militantes del partido al cual pertenecía.
Así como la soberanía territorial es sagrada, la democracia y lo que ella significa también debe ser sagrada ¡Qué no hayan más presos políticos!
Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan… pic.twitter.com/qDsiQytRvv
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Los 5.336 circuitos comunales (distribución territorial) diseñados por el chavismo para las consultas de proyectos comunitarios servirán, de acuerdo con Nicolás Maduro, para un eventual rediseño del sistema electoral venezolano. Según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en cada circuito comunal también debe haber un cuadrante de paz para garantizar la “seguridad” en cada centímetro del territorio venezolano.
Los circuitos comunales están dando para todo y por ello el propio Maduro anunció un plan para fortalecerlos, el cual pasa por la necesaria renovación de las vocerías de los Consejos Comunales donde haga falta. Para enero de 2025, el Ministerio de las Comunas dio cuenta de 49.000 Consejos Comunales registrados. El pasado 12 de agosto, el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) señaló que más de 60% de la vocería de dichas figuras requiere ser renovada.
Conocedores del tema comunitario y la organización ciudadana consultados por La Hora de Venezuela advierten que ante una mermada base de apoyo social, que quedó en evidencia con las elecciones presidenciales del 28 de julio, la administración de Maduro y el Psuv avanzan en una estrategia de “dominación territorial” a través de los circuitos comunales, constituidos por “núcleos” de seguidores del chavismo con apoyo de los organismos de seguridad del Estado, que, aclaran, “nada tiene que ver” con democracia directa.
Estructuras “impuestas”
“Desde 2012 viene ocurriendo una merma considerable del apoyo al gobierno con cada proceso electoral; pero desde el momento en que el CNE anunció un resultado que no se corresponde con lo reflejado en las actas de votación del 28 de julio, Maduro pone el pie en el acelerador y va más allá de los Consejos Comunales y las Comunas y ahora habla de circuitos comunales. En lugar de reorganizarse para recuperar el apoyo, cambia las reglas de juego y la forma de gobernar, crea una estructura distinta porque ya no lo sostiene el voto popular”, sostiene Chúo Torrealba, fundador de la Asociación Civil Radar de los Barrios.
Para el activista social, los Consejos Comunales y Comunas como formas de organización comunitaria, social y popular no son buenas ni malas per se. Explica que el deber ser es que funcionen como formas de asociación para fines comunitarios con objetivos comunes, construidas de “abajo hacia arriba”. El problema estriba, señala, en que dichas estructuras son impuestas desde la burocracia estatal (de arriba hacia abajo) con carácter “exclusivo” y “obligatorio”, por lo que deben obedecer a una línea política partidista.
“No coexisten con ONG, asociaciones de vecinos, juntas de condominio, sino que al ser impuestas desde el poder y gozar de ciertos privilegios, entre ellos recursos, buscan aplastar y criminalizar a las otras, convirtiéndose en un área de roce con la libre asociación ciudadana. Ahora se quiere profundizar en esa forma de control”, dijo.
En el Plan de las 7 Transformaciones (7T) presentado por Maduro como programa de gobierno para el periodo 2025-2030, convertido en Ley Orgánica por la Asamblea Nacional y promulgado en Gaceta Oficial de fecha 24 de mayo de 2025, establece en su “quinta transformación” la línea política: “Transformación Política y Poder Popular. Los Nuevos Métodos de Gobierno Revolucionario”, en la que quedan establecidas las Comunas y Circuitos Comunales como la “nueva territorialidad del Estado Venezolano”.
Al respecto, Torrealba advierte que se trata de una arquitectura del Estado distinta a la forma republicana establecida en la Constitución, porque la célula fundamental del territorio es el municipio (artículo 168), no dichas figuras.
Propósito territorial
Este 19 de agosto, Maduro hizo acto de presencia en el barrio El Guarataro, de la parroquia San Juan de Caracas, para la activación de 299 cuadrantes de paz, cada uno en un circuito comunal. Desde la popular barriada aseguró que se trata de un “dispositivo de protección social” que incluye la dotación de equipos de comunicación de última tecnología, vehículos motorizados, patrullaje constante y sistemas de respuesta inmediata para “neutralizar cualquier eventualidad” que altere la “tranquilidad” del pueblo.
Junto a Cabello, se explicó además que cada cuadrante contará con un teléfono celular “de alta gama”, para una comunicación efectiva y eficiente con los efectivos de seguridad, motos y camionetas para el patrullaje.
Maduro y Cabello activan cuadrantes de paz en circuitos comunales
Para una investigadora social, que prefirió omitir su nombre para esta nota, ligar cuadrantes de paz con circuitos comunales -ambas figuras territoriales – se traduce en un intento de mayor control con “pequeños núcleos de personas que se diseminan” por todo el país, para intentar apagar cualquier foco de descontento social, con la presencia policial como inhibidor. Aclaró que puede ser efectivo o no porque la comunidad “mayoritaria”, ajena a estas estructuras, desarrolla su propio espacio autónomo y diferenciado.
“El propósito de usar la figura del circuito comunal es meramente territorial y de economía de los recursos que tienen. El sistema carece de recursos humanos porque no tiene apoyo popular, la demostración está en el 28 de julio (2024). Les queda el poder territorial y poder decir que están a lo largo del territorio nacional, a partir de los circuitos. El poder está ligado a lo territorial y humano y el humano está escaso. No son muchos, pero están donde tienen que estar”, sostuvo la fuente.
El pasado mes de junio, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, también llamó a los diputados a consultar las leyes con los circuitos comunales para recoger propuestas e incorporarlas a los instrumentos legales en un nuevo “parlamentarismo de calle”.
“Vacíos de personas”
A partir del fin de semana del 16 y 17 de julio, el chavismo comenzó a reportar la escogencia, mediante votación, de voceros de Consejos Comunales de estados como Carabobo y Falcón además de Caracas en parroquias como Antímano, en la que se aseguró, fueron renovadas las vocerías (456 voceros en total) de 11 Consejos Comunales que conforman la Comuna Socialista José Félix Ribas, mediante el voto de más de 2.000 habitantes, este 17 de agosto.
El proceso continúa en todo el país. El Ministerio de las Comunas ofrece en su página web cuatro pasos para la renovación de las vocerías:
1. Se convoca a la comunidad que conforma el Consejo Comunal a una asamblea en la que se postula a la comisión electoral.
2. La comisión electoral elabora un cronograma electoral y los cuadernos de votación (pueden votar mayores de 15 años). Dicha comisión debe promover el proceso en la comunidad y contar con el acompañamiento del CNE.
3. Se realiza la votación. La comisión electoral debe levantar el acta de escrutinio y reportar digitalmente el resultado al Ministerio de las Comunas ante el cual debe estar certificado el respectivo Consejo Comunal.
4. Renovada la vocería, el Consejo Comunal debe establecer una “Agenda de Acción para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunitario” y conformar comités con tareas específicas. El ministerio del área debe acompañar las políticas del Consejo Comunal.
Dicha escogencia se apoya en la Ley de Consejos Comunales (2006), cuya reforma fue sancionada por la AN en junio de 2023. Uno de los cambios fue ampliar el periodo de los voceros de 2 a 3 años (artículo 9) y el fortalecimiento de las asambleas como “instancias fundamentales” para la toma de decisiones.
La experta en el tema comunitario interpreta el proceso como una forma de “facilitar” la inserción territorial.
¡Renovación y adecuación de vocerias en los Consejos Comunales de Antímano! 🔥🗳
La Comuna Socialista José Félix Ribas de Antímano, Caracas, organizó una fiesta de Democracia Comunal en el marco del Plan de Renovación de Vocerías de Consejos Comunales y Comunas✊🏽🇻🇪#ComunaONadapic.twitter.com/b4cpe4ZqRt
— Ministerio del Poder Popular para las Comunas (@mincomunas_ve) August 18, 2025
“Tienen un mínimo de personas, lo que les ha permitido sostenerse por 25 años. Si se diseminan en todo el país, terminan teniendo presencia aunque sea con dos personas. Ese es el efecto. La renovación es una sustitución a quienes seguramente ya forman parte de la estructura, pero lo que hacen es cambiar de roles. En ese sentido van jugando con el poder de los que tienen disposición a mantenerse en el sistema. Son estructuras vacías de personas, sin que necesariamente sean dinamizadas por personas de la comunidad”, reiteró la experta que prefirió el anonimato.
No duda de la cifra oficial de Consejos Comunales registrados (49.000) y las Comunas (6.000), de lo que duda es del apoyo social y de su capacidad de movilización, más allá de sus integrantes, al no estar integrado a una comunidad mayoritaria que no apoya al gobierno.
Maduro ha recalcado en cada una de las alocuciones que una “nueva democracia” directa y territorial emane de los Consejos Comunales y los circuitos comunales en la que el gobierno “obedecerá al pueblo”. Algunos analistas apuestan que será una línea fundamental de su propuesta de reforma constitucional de la que se conoce muy poco.
“Un sistema de control no es participación ciudadana. La legitimidad de los poderes emanan del voto directo, universal y secreto, no de una imposición burocrática o estructuras manipulables por quienes ostentan el poder y ni siquiera se sabe quienes controlan esos recursos. Conspirar contra la forma republicana de la nación es un delito, lo haga un grupo político o quienes gobiernan”, advirtió Torrealba.
La experta coincide en que los circuitos comunales y sus estructuras son territoriales, pero no se traducen en democracia porque implica “dominación”.
El sujeto político tendría que ser la comunidad, las personas en términos de una política basada en la democracia y la libertad. En este caso la política o el poder está centrado en lo único que puede ser expansivo dentro del sistema que es el dominio territorial”, insistió.
La Hora de Venezuela
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
LaAsamblea Nacional (AN) con mayoría chavista cerró el primer periodo de sesiones ordinarias de este año 2025. Lo hizo sin una última sesión y sin dar un balance de la agenda legislativa en lo que va de año.
A través de sus redes sociales, la directiva del Parlamento informó que durante el receso parlamentario que inicia el 15 de agosto y culmina el 15 de septiembre, funcionará la Comisión Delegada, integrada por el presidente y vicepresidentes de la AN y los presidentes de las 15 comisiones permanentes.
El primer periodo legislativo del último año de la AN escogida en 2020 estuvo marcado por procesos electorales y amagos de cambios a la legislación respectiva, la tentativa de reforma constitucional e intenciones de profundizar en el impulso del Estado Comunal a través de más modificaciones a leyes ya sancionadas.
Todo quedó a medio camino.
“No cumple mandato constitucional”
Con sesiones polémicas como la que declaró persona non grata al Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, los integrantes del Poder Legislativo también mostraron radicalización en el discurso en defensa de la administración de Nicolás Maduro, denunciada internacionalmente por violaciones de DDHH que se profundizaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Exparlamentarios consultados por La Hora de Venezuela subrayaron que el Poder Legislativo en Venezuela, palpado aún más en la actual gestión iniciada el 5 de enero de 2021, no cumple con las competencias establecidas en la Constitución, entre ellas la de ejercer contraloría sobre el Ejecutivo, sino que funciona más bien como “trinchera de descalificación” hacia quienes piensan distinto.
“No se puede gobernar un país usando a la AN como apéndice del Ejecutivo. Una democracia es un sistema de pesos y contrapesos y desde hace mucho tiempo la Asamblea es de todo menos un contrapeso, especialmente bajo la gestión de Jorge Rodríguez, que la usa de pantalla de autopromoción. Con esta AN se nombró a un nuevo Poder Electoral con Elvis Amoroso al frente y ya vimos lo que ocurrió con las elecciones presidenciales del 28 de julio”, señaló el ex parlamentario de Copei, Pedro Pablo Alcántara.
Tras la instalación el 5 de enero de 2025, la AN juramentó a Maduro como presidente para el periodo 2025-2030, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó los resultados desglosados ni las actas de votación para echar por tierra las denuncias de fraude de la oposición, que sí publicó las actas en manos de los testigos electorales con las que sostienen que el triunfo fue para su abanderado, Edmundo González Urrutia.
¿Cómo comenzó el año parlamentario?
Tras la juramentación de Maduro y su mensaje anual del 15 de enero, una de las primeras acciones de este año fue la instalación en la AN, en el mes de enero, de una comisión que trabajó en una “propuesta” de cronograma electoral de 2025 por corresponder comicios regionales, municipales y parlamentarios. También se asomaron cambios a leyes electorales que no se concretaron.
Maduro tomó posesión del cargo en la AN sin evidencias de su reelección
Apenas el 11 de febrero (más de un mes después de la instalación) se dio a conocer el plan compuesto por 22 leyes. Además de la ley contra el fascismo (aprobada en primera discusión en abril de 2024), el chavismo incluyó en el paquete la Ley de Cooperación Internacional que viene sonando desde 2022, sin que hasta ahora vea luz en la plenaria, pese a que la Comisión de Política Exterior, presidida por Timoteo Zambrano, la aprobó (2 de marzo de 2023) y luego la ha estado sometiendo a revisiones.
El 1 de abril, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, se reunió con las comisiones permanentes para tratar de avanzar en la agenda legislativa, por lo que pidió un estatus de los instrumentos legales aprobados en primera discusión.
Pero entre el 10 de abril y el 16 de mayo, previo a los comicios regionales y parlamentarios del 25 de mayo, no hubo convocatoria a sesiones ordinarias. En cambio, diputados como Jorge Rodríguez que se presentaron a la reelección y otros se postularon a gobernaciones y luego a las municipales. Pasados los comicios del 25 de mayo, Rodríguez pidió poner en práctica un parlamentarismo de calle basado en los circuitos comunales con los cuales esperan debatir leyes y recoger propuestas para llevarlas a las comisiones y la plenaria.
La frecuencia de las sesiones de dos veces por semana (martes y jueves) ya casi es historia, porque se suele convocar un solo día. También fue frecuente en los últimos meses, la convocatoria y posterior suspensión de las sesiones como ocurrió este 14 de agosto, cuando debió hacerse la última sesión antes del receso parlamentario.
Tanto Alcántara como el también exdiputado por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y exaliado del chavismo, Eustoquio Contreras, resaltaron que un Poder Legislativo independiente no supedita su agenda a las órdenes y movimientos de otras ramas del Poder Público como el Ejecutivo, sino que cumple sus funciones establecidas en la Carta Magna acorde a los intereses del país.
“Una AN que funciona con independencia no se ve afectada por elecciones o por anuncios de reforma constitucional. En otros países democráticos del continente no se ve eso, como tampoco ocurre que haya un estado de derecho establecido en la Constitución que no es respetado”, sostuvo Contreras.
Alcántara añadió que ante el anuncio de reforma constitucional y la designación de una comisión especial, ya debieron haber sido citados al Parlamento los funcionarios involucrados para que expliquen qué se ha estado haciendo con ese tema y cuál es el propósito de los cambios.
¿Que se aprobó en la Asamblea Nacional?
En el primer trimestre se aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas (13 de febrero) y se dio luz verde a acuerdos relacionados con la detención de migrantes venezolanos en El Salvador, la revocatoria de la licencia de Chevron en Venezuela por parte del gobierno de EEUU, el llamado a elecciones por parte del Poder Electoral y otros temas como la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y los 12 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez (marzo).
El 18 de marzo, se declaró sancionada la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital de 39 artículos y un día antes, se le concedieron honores del Panteón Nacional al médico Humberto Fernández Morán.
Durante la sesión del 27 de marzo se apoyó a la administración de Maduro en todas las acciones necesarias para lograr el retorno de 252 migrantes detenidos arbitrariamente en El Salvador. Se recordó además otro año de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare en 1994, así como los 275 años del natalicio de Francisco de Miranda, con la aprobación de sendos acuerdos.
El 10 de abril, la plenaria dio su aval al Decreto de Emergencia Económica dictado por Maduro sin condiciones. También convirtió en ley el plan de gobierno de Maduro denominado Plan de Desarrollo Nacional de las 7 Transformaciones (7T) 2025-2031 (19 de mayo).
En la sesión ordinaria del 12 de junio, se discutió la Ley Aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación; se autorizó a diputados y funcionarios del Ejecutivo para recibir condecoraciones de Irán y se nombró a José Gregorio Biomorgi Muzzatti como embajador ante la República Libanesa. El 10 de julio, se sumó el aval a la designación de Imad Saab Saab como embajador ante la República Argelina.
¿Cómo termina el periodo?
De cara a los comicios municipales del 27 de julio, la labor de la AN siguió “accidentada”. Jorge Rodríguez fue el jefe de campaña en los procesos del 25 de mayo y el 27 de julio.
El 1 de julio, se aprobó la declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, además de solicitar a la administración de Maduro el retiro de Venezuela de dicha oficina.
Presidente de la AN tuvo duras palabras hacia alto comisionado de la ONU para los DDHH y la izquierda venezolana. Foto: AN
El 10 de julio, la plenaria, incluyendo a la fraccion de la Alianza Democrática, votó a favor de un acuerdo para rechazar que el Parlamento Europeo incluyera a Venezuela en una lista de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El 6 de agosto se celebró una sesión especial para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. El sábado 9 de agosto, Rodríguez encabezó una alocución, junto a diputados, para rechazar amenazas de EEUU contra la administración de Maduro, luego de que se conociera el aumento de la recompensa que ofrecen el Departamento de Estado y el de Justicia a quien aporte información que facilite captura de Maduro, de 25 millones a 50 millones de dólares.
La última sesión en la práctica fue el 12 de agosto. Se autorizó la designación de Francisco Ameliach como presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y del mayor general José Antonio Murga Baptista como embajador de Venezuela ante la República Popular Democrática de Corea.
Tal parece que Ameliach deja el Parlamento en lo que resta de periodo
“¿Dónde está el debate sobre el salario mínimo? Antes las comisiones investigaban. ¿Cómo es posible que nadie vaya a ver qué pasa con las condiciones de reclusión de los presos políticos? ¿Cómo es posible que no se diga nada de las detenciones incluso de personas mayores de 70 años que deben tener casa por cárcel y no estar en penales comunes? ¿Qué hace la Comision de Contraloría?”, se preguntó Alcántara.
También reprochó que ante la renovación de la licencia de Chevron no se haya llamado a los ministros para que expliquen cuáles son realmente los términos y si responden a los intereses del país. Recordó que la Constitución establece que no se pueden celebrar contratos de interés público con entes internacionales sin la aprobación de la AN y que la Ley Antibloqueo no es excusa para ello.
Sesiones polémicas
El ministro de Relaciones Interiores y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, fue el gran protagonista de la sesión ordinaria del 12 de agosto. Llegó al Palacio Legislativo acompañado de viceministros militares y representantes de cuerpos policiales, entre ellos Alexander Granko por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La presencia de Granko en la plenaria generó polémica, por cuanto ha sido señalado por organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (ONU) por supuestamente incurrir en violaciones de derechos humanos, principalmente la tortura a presos políticos.
Su asistencia junto a Cabello y demás funcionarios fue considerada en redes sociales como intimidatoria, propia del contexto de represión contra la disidencia política.
Ante los diputados expuso lo que, aseguró, son planes de violencia orquestados por la oposición liderada por María Corina Machado y explicar por qué la administración de Maduro no tiene vínculos con el narcotráfico como afirma Estados Unidos.
Advirtió a la líder opositora: “Los vamos a joder” y la ciudadanía en general que continuarán las numerosas alcabalas apostadas a lo largo y ancho del país: “El que no la debe, no la teme”.
#12Ago || Presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez saluda a las Autoridades del cuerpo de Seguridad Ciudadana, encabezada por el Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello. pic.twitter.com/u83zXcYAlC
En dicha sesión, Jorge Rodríguez también se dirigió a lo que denomina como “falsa izquierda” en alusión a la disidencia en las filas del chavismo para equipararlos con “fascistas de la oposición”, a propósito de la detención de la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales: “Aquí no nos sirven los tibios, están al servicio del fascismo, tiene que ser extirpado de cualquier cuerpo social”, llamó.
Otra sesión ordinaria que generó ruido fue en la que se aprobó la declaratoria de “persona non grata” contra el Alto Comisionado Türk, por haber presentado un informe en el que abordó el recrudecimiento de la represión después de las presidenciales.
“Vamos a declararlo persona non grata a él y los que trabajan con él, vamos a votar que Venezuela salga de la hipócrita oficina del Alto Comisionado. Mientras esta basura siga ahí, no tenemos nada que buscar en esa oficina”, fustigó el presidente de la AN, al someter a votación la propuesta.
“Hace mucha falta la Cámara del Senado en la que cada estado tenía dos representantes, sin importar la población y en la que contrario a la de los diputados donde se daban los debates airados, se procuraba el consenso en torno a temas como el presupuesto nacional, las relaciones internacionales. Servía de contrapeso de la conflictividad”, apuntó Alcántara.
¿Qué se espera hasta finales de año?
Contreras agregó que en “el olvido” también quedaron competencias de la AN señaladas en el artículo 187 de la Carta Magna como el voto de censura contra el vicepresidente o ministros que daba paso a la destitución y ni hablar de alguna sanción al presidente de la República.
“El papel de la AN es de control, no de incondicionalidad, pero es la realidad que se vive en un régimen autoritario. Ni esperanza de que puedan hacer ninguna observación si se llegan a dar desmanes como parte de la reforma constitucional en el caso de que se concrete, dejando sola a la sociedad en su reclamo porque se respeten los derechos”, acotó Contreras.
Pidiendo la reserva de su nombre, diputados de la Alianza Democrática no esperan que la actual AN avance demasiado en materia de leyes en lo que resta de año. Tampoco en los primeros meses del nuevo Parlamento que se instale en enero de 2026 y en el que seguramente Rodríguez continuará a la cabeza. Esto, si finalmente se presenta el proyecto de reforma constitucional.
Algunos diputados estiman que podrían abordarse leyes sociales relacionadas con la tutela, lactancia materna y el embarazo precoz, trabajadas por la Comision de Familia u otras como la ley de la Cruz Roja, así como la revisión de leyes como las del ejercicio de la odontología, agua, vivienda, aseo urbano y el servicio eléctrico, puesto que las de corte electoral y vinculadas con el Estado Comunal estarán supeditadas a los cambios al texto constitucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
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Nicolás Maduro abrió un nuevo capítulo en su ofensiva contra los sindicatos en el país. Así lo dejó saber el pasado 14 de agosto, cuando planteó la “necesidad” de “trascender” las estructuras burocráticas de los sindicatos “tradicionales” para que fueran reemplazadas por nuevos movimientos controlados por el oficialismo.
“Creo que ha llegado el momento de que el gran movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, del sindicalismo envejecido, agotado y vayamos a la construcción de nuevos y poderosos movimientos que lleven en esencia lo que siempre nos planteó el comandante Chávez”, manifestó Maduro durante el Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas.
🚨 Maduro da un nuevo golpe a los derechos laborales: Impone un tabulador único que elimina sindicatos y convenios colectivos en la administración pública. Menos salario para civiles, más para militares. Un retroceso brutal contra la libertad sindical en Venezuela.#Venezuela… pic.twitter.com/JkCf9pw3Py
En respuesta a las declaraciones de Maduro, el movimiento sindical advirtió que la dirigencia enfrenta un “riesgo real” en el contexto actual, en el que los líderes sindicales son objetos de persecución y encarcelamiento.
El pasado lunes, 18 de agosto, Mauro Zambrano, coordinador general de la Red Sindical Venezolana, recordó que históricamente el movimiento sindical ha sido “blanco de múltiples ataques, tanto por parte del Estado como de sectores de la empresa privada” y que la dirigencia sindical es un derecho de los trabajadores.
“Ser dirigente sindical en Venezuela no es solo un rol laboral, es un acto de valentía frente a un entorno hostil. Durante años, los sindicatos han sido blanco de ataques sistemáticos, tanto desde el Estado como de sectores empresariales”, expresó Zambrano.
Además de los ataques externos, Zambrano reconoció que algunos líderes sindicales han contribuido al desgaste de la confianza en el movimiento. “Hay que reconocer que hay dirigentes que han perdido el rumbo, aferrándose a cargos por décadas, sin convocar elecciones, sin renovar liderazgos, sin escuchar a las bases. Aunque no representan a la mayoría, su permanencia sin legitimidad ha contribuido al desgaste de la confianza en el sindicalismo”, dijo.
Ante esa situación, la Red Sindical Venezolana llamó al movimiento a mantenerse unidos para exigir condiciones dignas, recuperar el salario como pilar del bienestar y construir un futuro donde la representación sindical sea libre, legítima y comprometida.
Un viejo proyecto de control
En una entrevista para Espacio Runrunes, conducido por el director editorial del medio, Luis Ernesto Blanco, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Froilán Barrios, alertó que la propuesta de Nicolás Maduro de convocar una “constituyente sindical” busca dar el golpe final al movimiento obrero independiente en el país.
Barrios explicó que la idea de desplazar el movimiento sindical no es nueva, sino que es parte de un plan que viene desde los primeros años del chavismo y que se inspira en modelos de la URSS, Europa del Este y Cuba:
“Hicieron una especie de puente aéreo de sindicalistas para formarlos en el nuevo perfil sindical. ¿Y cuál es ese nuevo perfil sindical? Bueno, que el sindicalismo es solamente una especie de propagandizador del régimen”, dijo.
Asimismo, recordó que en 2017 se aprobó la Ley de Consejos de Trabajadores y que el fallecido presidente Hugo Chávez, durante su gobierno, ya había atacado los contratos colectivos en sectores estratégicos como Sidor y el Metro de Caracas. Para Barrios, Maduro utiliza ahora la idea como “propaganda” en medio de la crisis, tras haber destruido el salario mínimo, que hoy equivale a menos de un dólar al mes.
Sindicatos debilitados
Luis Ernesto Blanco subrayó que los sindicatos también enfrentan un deterioro interno. Barrios coincidió y resumió el panorama en dos palabras: “resistencia y sobrevivencia”.
Recordó que tras el paro petrolero de 2002-2003 el Estado desmanteló el sindicalismo libre mediante sindicatos paralelos, consejos obreros y federaciones controladas. Entre 2003 y 2008 se crearon más de 6.000 sindicatos, muchos de ellos “parapetos” para frenar luchas obreras.
“Hoy no hay ninguna central sindical en Venezuela que tenga el peso que tuvo la CTV en el siglo pasado. Ninguna en general”, advirtió.
Crisis laboral y pobreza generalizada
Barrios sostuvo que el deterioro de las condiciones laborales explica la debilidad sindical: la informalidad alcanza entre 70 % y 75 % de la economía y el capital se lleva 90 % de la renta frente a solo 10 % para el trabajo.
“Para un país que tiene un salario mínimo de menos de un dólar… es la mano de obra más barata del mundo porque no tiene sindicatos”, expresó.
Asimismo, recordó que el instructivo ONAPRE (2022) eliminó beneficios y pulverizó los contratos colectivos, mientras las inspectorías y tribunales laborales dejaron de ser instancias efectivas de reclamo. Advirtió que hoy en día el Ministerio del Trabajo y las inspectorías son “elefantes blancos” que no atienden los reclamos de los trabajadores.
“El Ministerio del Trabajo producía un anuario, un informe anual donde decía cuántas huelgas y cuántos contratos colectivos se han discutido en un año. Bueno, eso desapareció, más nunca”, alertó.
Redefinición y no desaparición
Para Froilán Barrios el sindicalismo tiene que redefinirse en todo el mundo y que en Venezuela existen dos espacios diferentes. Por un lado, destacó la existencia del sindicalismo oficialista y dijo que “ese se va con la dictadura”, tal y como ocurrió con la desaparición de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) con la caída de Marcos Pérez Jiménez.
Por otro lado, señaló al “sindicalismo libre y democrático”, el cual consideró “maltrecho” y en ocasiones “inmaduro” debido a los temores, pero que sigue existiendo. “Ese sindicalismo, si quiere jugar el papel de actor como jugó aquel sindicalismo libre que proviene del Pacto de Puntofijo, le falta. Tiene que repensarse y tiene que jugarse, pero no va a desaparecer”, dijo.
Escalada represiva contra los sindicalistas
Entre 2013 y 2023, la ONG Provea documentó la detención arbitraria de al menos 120 dirigentes sindicales en Venezuela. Estos arrestos se enmarcaron en un patrón de criminalización de la protesta social y represión contra quienes ejercen liderazgo laboral.
Se recuerdan casos ocurridos entre 2022 y 2024, cuando dirigentes como Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo fueron detenidos bajo acusaciones de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Los seis sindicalistas mencionados fueron liberados en diciembre de 2023, en un contexto de negociaciones políticas que incluyeron la liberación de personas como Álex Saab.
Ahora, en 2025, la represión contra la dirigencia sindical ha escalado significativamente otra vez. El mismo día en el que Maduro hablaba de “trascender las estructuras burocráticas de los sindicatos”, fue detenido sin orden judicial Roberto Campero, presidente de Sitraenseñanza en Aragua, dentro de su vivienda ubicada en Turmero. Un día antes, la abogada Rusbelia Astudillo, parte de la directiva de la Federación de Jubilados y Pensionados, también fue detenida.
Otros sindicalistas detenidos son Fernando Serrano (jubilado CVG Venalum), Fidel Brito (presidente de Fetrabolívar), Yannys González (presidenta del Colegio de Enfermeros de Barinas), Lourdes Villareal (Sindicato Venezolano de Maestros), Juan Valor (jubilado de Sidor) y Yuri Salas (secretario de reclamos de Sunep-Miranda).
Protesta pese a represión
A pesar del panorama represivo contra el movimiento sindical, durante 2025 se ha mantenido la protesta para exigir condiciones laborales dignas, aunque en menor cantidad que en años anteriores.
Algunas de las manifestaciones más destacadas de este año fueron las del pasado 1 de mayo, cuando se registraron unas 30 protestas en 18 entidades para exigir salarios justos y reivindicaciones laborales, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
📌 24 protestas en 17 estado del país 🇻🇪 Anzoátegui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo Cojedes Distrito Capital Guárico Lara Mérida Miranda Monagas Nueva Esparta Portuguesa Sucre Zulia
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) May 1, 2025
Más recientemente, justo el día en que Maduro hablaba de cambiar el sistema de la dirigencia sindical, trabajadores, activistas y organizaciones sociales protestaron en la Plaza Morelos de Caracas, para exigir el cese de la represión y el respeto a los derechos sociales.
📢 Exigencias Vivienda Participación política Manifestación pacífica Laborales Justicia#Caracas En la plaza Morelos, trabajadores de la Coalición Sindical exigieron… pic.twitter.com/pMkrBZfiWW
El ministro del Trabajo no quiere hablar del salario
Por si no pareciera suficiente que se encendieran las alertas en la dirigencia sindical, funcionarios de la administración de Nicolás Maduro siguen negándose a debatir sobre un aumento salarial para los trabajadores.
En un video que se viralizó en redes sociales, donde parecía realizarse una asamblea, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, se negó a responder sobre las discusiones de un ajuste salarial. Por el contrario, tomó una actitud hostil hacia la persona que lo abordó.
“Si tú quieres discutir conmigo y sabotearme la reunión, hablamos afuera y hablamos de ese tema. No tengo ningún miedo. Si viniste a escuchar yo te oigo, pero me respetas. Yo fui dirigente sindical. De ahí vengo yo. Yo sé de eso más que tú”, señaló Piñate.
A pesar de la ofensiva sistemática del Estado y de los riesgos que enfrentan los líderes sindicales, el movimiento obrero venezolano sigue resistiendo y buscando formas de sobrevivir. La persecución, las detenciones y la creación de sindicatos paralelos no han logrado extinguir la lucha por condiciones laborales dignas ni por la autonomía sindical, aunque el temor hace que la protesta sea cada vez menor.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Desde el nombramiento de Julio García Zerpa como ministro de Asuntos Penitenciarios en junio de 2024, el sistema penitenciario venezolano ha sido escenario de muertes, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Cuando García Zerpa fue designado como ministro, prometió construir “un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”.
Agradezco la confianza, Presidente @NicolasMaduro y ratifico mi compromiso de continuar consolidando la Revolución Judicial y de construir un nuevo Sistema Penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana. https://t.co/jaKmH2Thjp
Sin embargo, en cárceles como el Rodeo I, Tocorón, Tocuyito y el Inof la situación es distinta. Denuncias realizadas por familiares de los reclusos afirman que persiste el hacinamiento, la insalubridad, las enfermedades y los tratos crueles e inhumanos, situaciones que se intensificaron luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Julio García Zerpa es abogado. Se desempeñó como diputado a la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) por el estado Táchira, también como vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento. Aunque su nombre es poco conocido dentro de las filas del chavismo, se desempeñó en el año 2013 como miembro principal del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. También fungió como director de Asuntos Laborales y Gremiales del Ministerio del Poder Popular para la Educación y formó parte del equipo promotor del Movimiento Futuro, organización social coordinada por Héctor Rodríguez.
Muertes en custodia: los casos que marcan su gestión
Recientemente, la cuenta en X Realidad Helicoidedenunció que desde que Julio García Zerpa asumió como ministro de la cartera penitenciaria seis personas han muerto bajo custodia del Estado.
JULIO GARCÍA ZERPA: EL MINISTRO DE LA TORTURA
Desde que asumió en junio de 2024, al menos 6 presos políticos han muerto bajo su custodia.
En el Rodeo I, en El Helicoide, en Tocuyito, en el INOF, hay aislamiento, hambre, golpes, asfixia y tortura…. ahí está su responsabilidad.… pic.twitter.com/a9O53JWb3K
El 14 de noviembre de 2024,se conoció que el primer fallecido en custodia, víctima de la represión postelectoral, fueJesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía.
El 14 de diciembre falleció Jesús Rafael Álvarezde 44 años, quien estaba recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), se le negó la atención médica y fue trasladado a la enfermería del penal, después de que sus compañeros de celda protestaron por su grave estado de salud.
El tercero en morir, el 16 de diciembre de 2024, fue Osgual Alexander González de 44 años. Se conoció que González tenía días presentando fiebre y fuerte dolor abdominal, además de otros síntomas. “Jamás fue atendido”, reveló la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.
El cuarto preso político que falleció en custodia del estado fue Reinaldo Araujo, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Valera, estado Trujillo, quien estaba bajo custodia del Estado tras ser detenido arbitrariamente el pasado 9 de enero de 2025. Araujo murió en el hospital “Pedro Emilio Carrillo”, donde pese a la intervención médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le causó la muerte.
Lindomar Jesús Amaro Bustamante de 27 años, también se suma a esta lista de fallecidos bajo custodia del Estado y durante la gestión penitenciaria de Zerpa. De acuerdo con el Clippve, Amaro se habría ahorcado dentro de su celda el pasado 3 de mayo.
El partido opositor Voluntad Popular (VP) denunció en octubre de 2024 que su cofundador y dirigente en el estado Apure,Edwin Santos fue “asesinado” tras haber sido detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). VP indicó que testigos locales visualizaron cuando los funcionarios se lo llevaron, horas después apareció muerto. Sobre este caso, el gobierno señaló que la muerte de Santos fue producto de un accidente, cuando la motocicleta que conducía se estrelló contra un árbol, lo que le provocó lesiones graves, incluida una fractura en el cráneo.
Dos casos generaron conmoción en la sociedad civil venezolana y aunque no murieron bajo custodia, sí fueron víctimas del sistema penal, por permanecer encarcelados a pesar de patologías que complicaban severamente la salud.
Wilmer García, expreso político de la represión poselectoral, quien fue excarcelado en noviembre de 2024, falleció a los pocos meses “tras un severo deterioro de salud sufrido durante su injusta detención”, aseguró la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Otro caso que estremeció a la ciudadanía fue el de Ariadna Pinto, de 20 años, detenida el 1 de agosto de 2024 tras ser denunciada en el contexto postelectoral por una jefa de calle de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), quien la acusó de incitación al odio y terrorismo. La joven era diabética y requería cuidados especiales. Su condición se deterioró rápidamente, por lo que fue excarcelada el 7 de diciembre tras haber estado ingresada en el hospital en distintas ocasiones durante su permanencia en la cárcel. El 10 de mayo falleció por un paro respiratorio.
Aislados, hambrientos y torturados
En redes sociales abundan las denuncias de aislamiento y torturas en contra de los presos políticos venezolanos. Andreína Baduel lleva varios años liderando una lucha para que se respeten los derechos humanos de su hermano Josnars Baduel, quien fue detenido en 2020 acusado de participar en la Operación Gedeón.
Andreína Baduel denunció el pasado 20 de agosto que su hermano lleva 18 días en aislamiento prolongado en El Rodeo I.
18 DÍAS EN AISLAMIENTO PROLONGADO EN EL RODEO I, LO QUE SE TRADUCE A TORTURA…
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha venido denunciando en redes sociales que en El Rodeo I los presos políticos duermen en el suelo o en colchonetas muy delgadas. Que las letrinas están en el mismo espacio (reducido) en el que duermen y que deben gritar de celda a celda para saber que siguen vivos.
Familiares de Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, detenido en 2020 y acusado de magnicidio, denunciaron recientemente que “ha bajado drásticamente de peso y su salud está muy deteriorada.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 14, 2025
El Clippve también recordó el caso de Oswaldo Castillo,detenido en 2018 por el caso dron. Castillo ha sido sometido a descargas eléctricas, asfixias, aislamiento, limitación al agua y hacinamiento.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 14, 2025
El pasado 24 de abril, en una entrevista a BluRadio la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo, informó que según los cómputos de la ONG, al menos 80 presos políticos presentan condiciones de salud que ameritan atención médica.
Entre las enfermedades que padecen los reclusos por razones políticas y que ha documentado la ONG están cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y estomacales.
La coordinadora de JEP afirmó que los familiares de presos políticos son quienes deben dotarlos de agua, comida y medicinas, pero aquellos privados de libertad cuyos familiares han tenido que abandonar el país “están aún más desasistidos y sus condiciones se han vuelto más precarias”.
Sistema penitenciario indiferente
Un análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre el primer año de gestión de Julio García Zerpa arrojó que la gestión del ministro “ha estado marcada por el silencio”.
El OVP señaló que en el último año se agravó la situación de retraso procesal y no se registró ninguna mejora en la calidad de la alimentación de los detenidos. El Observatorio sumó que los problemas con el suministro de agua potable persisten en la mayoría de los centros penitenciarios y que la atención médica es “prácticamente inexistente”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que en su primer año al frente de la cartera penitenciaria, Julio García Zerpa “ha utilizado los traslados como forma de castigo para aquellos privados de libertad que alzan su voz, alejándolos de sus centros de reclusión originales y de sus familiares”.
Asimismo, la ONG indicó que el ministro se ha convertido en “cómplice de torturas y de aislamientos prolongados”, prácticas aplicadas particularmente a los presos políticos en distintas cárceles del país.
Según cifras del OVP, para finales de 2024, la población carcelaria en Venezuela era de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%, mientras que de 52 cárceles en el país, solo 38 están operativas.
Comunidad Internacional al tanto
En el plano internacional, la gestión de Zerpa tampoco ha sido calificada con notas aprobatorias.
Reiterados han sido los llamados de la comunidad en los que se piden la excarcelación de los presos políticos y se denuncian las deplorables condiciones de reclusión en Venezuela.
En junio de 2025, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó al Consejo de DDHH del organismo que las condiciones de detención en Venezuela “son inhumanas: “Los detenidos tienen un acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y algunos fueron aislados luego de denunciar públicamente esta situación”.
El pasado mes de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitieron pronunicamientos contundentes para para exigir al Gobierno venezolano “la protección de la vida, la salud y la integridad física de los presos políticos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas al menos 903 personas presas por motivos políticos.
Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de unas 900 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos. La organización denunció que estas personas son víctimas de tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y juicios sin garantías legales, en el marco de una política de represión sistemática.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) presentó el informe “Castigados por buscar un cambio”, que documenta las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de 2024.
El informe destaca la represión, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. También describe la situación de las cárceles venezolanas donde impera el hacinamiento, la falta de agua, comida y medicinas.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un comunicado en el que familiares de Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel, denunciaron torturas, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y la negación de atención médica en la sede del SEBIN enEl Helicoide.
Según lo que establece el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), del cual Venezuela es Estado parte desde el año 2000, las muertes bajo custodia, torturas, aislamiento prolongado, negación de atención médica y condiciones inhumanas, podrían encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad.
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