El artículo 50 de la Constitución venezolana reza que cada persona puede moverse libremente y a través de cualquier medio por todo el territorio nacional, además tiene el derecho de abandonar la República y de regresar a ella cuando lo desee.

Pero en Venezuela el refrán que dice “el que hace la ley, hace la trampa” pareciera ser el único artículo en constante vigencia.

En campañas electorales y básicamente cuando se le antoja, el oficialismo ha convocado a movilizaciones en las principales ciudades del país y por supuesto en Caracas, donde funcionan las principales instituciones del Estado.

Desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez, empleados públicos son obligados a acudir a concentraciones y marchas pro gobierno y ahora cuando la administración de Nicolás Maduro esgrime la carta de una amenaza a la soberanía, esa estrategia de movilización constante se ha agudizado.

“Es terrible, a veces me tardo una o dos horas en llegar a mi casa”, dijo Carmen, quien labora en una agencia bancaria en el centro de Caracas.

Cada vez que hay una concentración, a Carmen se le hace cuesta arriba acudir a su trabajo y regresar a su hogar.

Así como a ella, a cientos de personas en la capital venezolana se les altera la rutina cuando hay marcha oficialista.

Apenas este martes 25 de noviembre, el gobierno volvió a convocar otra manifestación en supuesto apoyo a Maduro. Para ello, las principales vías de Caracas fueron cerradas o restringidas.  Fueron dispuestas tarimas en Plaza Venezuela, Los Símbolos, el Paseo Los Ilustres y los alrededores de la Academia Militar.

Tráfico de vehículos, embotellamiento y ciudadanos caminando ha sido la constante, especialmente a partir del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el comercio ilegal de drogas, práctica que endosan al cartel de los Soles, organización que para la Casa Blanca está liderada por Maduro y sus acólitos.  

Como respuesta a los que consideran “un pretexto para invadir Venezuela y adueñarse de sus riquezas minerales”, el chavismo ha emprendido una estrategia de movilizar a su gente y por ende colapsar la urbe caraqueña.

“El tema de la soberanía es importante, pero también los ciudadanos tienen derecho a circular libremente, la gente ir a su trabajo, los niños a la escuela, los pacientes acudir a una consulta médica, prácticamente cierran la ciudad”, dijo Laura Louza, directora y cofundadora de la ONG Acceso a la Justicia.

La abogada sostuvo que sólo por razones de seguridad nacional o por un desastre natural se pueden cerrar las vías “siempre y cuando se avise con antelación y se tomen las precauciones pertinentes”.

Pero ni la una, ni la otra. Los ciudadanos suelen enterarse del cierre de vías,  24 horas antes o el mismo día y cada quien soluciona el tema de conseguir un camino alterno para llegar a su destino.

Louza sostuvo que en un estado de excepción, como fue el caso de la pandemia del coronavirus, puede haber restricciones al tránsito, pero con respeto a los derechos fundamentales del ciudadano.

“Eso estaba contemplado dentro del estado de alarma, pero ahora lo que hay son marchas o concentraciones oficialistas y no es causal para cerrar las principales vías, eso no debería ser”. 

Louza explicó que la restricción de tránsito pudiese atribuirse al estado de conmoción exterior decretado por el Estado en octubre de este año, sin embargo, este entra en vigencia como respuesta a una agresión foránea y no previo a esta: “No sabemos cómo funciona y si ya efectivamente entró en vigencia”. 

La alcabala nuestra de cada día 

Además de enfrentar los cierres arbitrarios de vías, los venezolanos también han tenido que habituarse a la presencia constante de alcabalas móviles de funcionarios, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Louza explicó que si bien en una situación de posible ataque a la soberanía nacional es entendible un despliegue de efectivos, la presencia de alcabalas es algo que viene sucediendo con antelación.

“Hubo mucho abuso por parte de agentes de seguridad, sobre todo en pandemia y a raíz de eso salió una regulación que el ciudadano puede grabar cuando lo están revisando”, sostuvo la profesional del derecho.

Louza denunció que la extorsión en puestos móviles de seguridad se ha convertido en una práctica habitual. Dijo que uno de los factores que impulsa la corrupción es la precariedad de los sueldos y salarios en la administración pública.

“No es casualidad que Venezuela ocupe el último lugar en el ranking de Estado de derecho”, agregó.

La abogada informó que es ilegal la revisión de teléfonos celulares particulares en los puestos de control: “Eso solo se puede con una orden judicial en mano o si hay sospecha de un delito”.

Por aire también

La restricción de movilidad no solo se limita a la terrestre, también por vía aérea el venezolano se ha visto afectado.

Desde la llegada de Maduro al poder en 2013 la oferta de vuelos internacionales desde y hasta Venezuela ha enfrentado un franco deterioro.

La crisis alcanzó un punto de inflexión recientemente con la recomendación de extremar medidas de seguridad en torno al espacio aéreo de Venezuela de la Autoridad Federal de Aviación Civil de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés). 

La FAA advierte una “posible situación de riesgo” en Venezuela derivada del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en el marco de una supuesta lucha antidrogas que suma alrededor de 20 “narcolanchas” hundidas y más de 80 personas muertas, aunado a la presencia cerca de las costas locales del portaaviones Gerald Ford, buques de guerra, aviones cazas y soldados norteamericanos. 

Luego de este pronunciamiento, algunas líneas aéreas cancelaron conexiones con territorio venezolano.

Como respuesta, la administración madurista a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) despojaron de su derecho a tráfico a la compañía española Iberia, las colombianas Avianca y Latam, la portuguesa Tap, la brasileña Gol y la turca Turkish Airlines. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.