A pocos días para que finalice el 2025, Venezuela cierra otro año marcado por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. En este contexto de atropellos, resalta que cinco adolescentes permanecen detenidos por motivos políticos.

Según información aportada por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Dainer Abrahan Rivero (16), Gabriel Rodríguez (16), Ángel González (17), Luisneidel Zúñiga (17) y Samantha Hernández (16) siguen tras las rejas, víctimas de un patrón estatal que vulnera sus derechos humanos e ignora tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. 

Estos cinco adolescentes han enfrentado procesos judiciales plagados de irregularidades, en los que se les ha negado su derecho al debido proceso y se les han imputado cargos desproporcionados que no corresponden con los hechos. A ello se le suma que han sido juzgados como adultos, sometidos a condiciones de reclusión precarias y a tratos crueles e inhumanos que vulneran su integridad física y emocional. 

Un informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, presentado el pasado 22 de septiembre, señaló que el Estado detuvo a 218 menores de edad en el contexto postelectoral. La mayoría fueron excarcelados meses después, pero con medidas cautelares que van desde la presentación en tribunales mensual o semanalmente, casa por cárcel, prohibición de salida del país hasta hablar con la prensa.

Los que aún están privados de libertad

Dainer Abraham Rivero: Lo detuvieron el 29 de julio de 2024. Está privado de libertad en el retén de menores y mujeres de Caraballeda, estado La Guaira, sin una sentencia firme, sin acceso a defensa privada y con un proceso judicial marcado por irregularidades.

Un familiar declaró a Runrun.es el pasado mes de mayo -bajo anonimato- que le imputaron los presuntos delitos de terrorismo y daños al patrimonio público al vincularlo con el derribo de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira. Sin embargo, su familia niega que él haya participado en ese hecho.

El 9 de enero de 2025, Gabriel Rodríguez salió de su trabajo vacacional en una panadería artesanal en Cabudare, estado Lara. Con fiebre alta, llegó al ambulatorio más cercano en el centro de la ciudad. En ese lugar, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lo detuvieron sin ninguna explicación.

Un familiar declaró a Runrun.es que lo detuvieron simplemente por “tener pinta de guarimbero”. Ese día vestía un suéter y un short. Rodríguez permanece privado de libertad en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como “El Manzano”, sin que su proceso judicial avance.

A Luisneidel Zúñiga también lo arrestaron el 29 de julio 2024 en La Guaira, sin orden judicial y fue presentado días después ante tribunales sin abogado ni pruebas. Está acusado de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas y daño al patrimonio público. Su familia denuncia incomunicación y violaciones al debido proceso.

Mientras que a Ángel González lo detuvieron en La Guaira en agosto de 2024. Cumplió 17 años el pasado 19 de mayo, estando en prisión. Trabajaba como albañil junto a su padre. Actualmente, está recluido en el Retén de Caraballeda para Adolescentes y Mujeres. Según la ONG Provea, fue detenido sin orden judicial ni flagrancia, sin juicio ni defensa. Denunció presiones para declararse culpable. González es padre de un bebé que no ha podido conocer por estar privado de libertad. 

Más recientemente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció la detención arbitraria de la adolescente Samanta Hernández Castillo (16 años), quien fue sacada de su casa en El Valle, Caracas, el pasado miércoles 19 de noviembre de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según reportó el Clippve a través de su cuenta en X, tres camionetas con hombres vestidos de negro irrumpieron violentamente en la vivienda, amenazaron con armas a sus abuelos —adultos mayores—, sustrajeron teléfonos y pertenencias, y se llevaron a la adolescente a un lugar desconocido.

Samanta es hermana del teniente Cristian Hernández, cuya esposa, Maykelis Borges, dio a luz estando detenida y aún permanece tras las rejas con su recién nacido. También es sobrina de Henry Castillo, igualmente detenido. De su caso nada se sabe. 

Proceso penal violentado

El abogado Zair Mundaray, en entrevista para Runrun.es, explicó que el delito de terrorismo -el cual le han imputado a todos los detenidos- es “altamente complejo” incluso para jueces y fiscales formados quienes consideran que su uso en adolescentes es una “abominación jurídica”.

Mundaray enfatizó que el delito de terrorismo se utilizó para “criminalizar la protesta juvenil” y no para sancionar hechos reales. 

El abogado precisó que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente es muy clara en su normativa cuando establece que el proceso penal de un adolescente debe ser educativo y estar orientado a la comprensión del daño y la reinserción. 

Resaltó que para que un adolescente vaya a prisión, hay un catálogo limitado de delitos graves. 

“Nada de eso se cumplió. No hubo explicación de los hechos. No hubo acompañamiento psicológico ni educativo. No hubo intención de reinserción”, denunció. 

El abogado exiliado en Colombia describió la cadena de hechos ilegales y las masivas violaciones al debido proceso en el caso de los adolescentes detenidos por motivos políticos. 

Mundaray calificó como “ilegales” a todas las detenciones de menores porque “no existió flagrancia en ningún caso”.

Afirmó que en todos los casos hubo desaparición forzada por días o horas, debido a que a sus padres no se les informó nada acerca del paradero de los jóvenes. Además, se les negó el derecho a la defensa privada, les impidieron declarar y fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos así como de violencia sexual. 

“A todos los acusaron de terroristas porque en dictadura, el poder es quien decide quién es terrorista y quien no”, aseveró Mundaray. 

El deber ser que no fue

El abogado y ex juez recordó que en el caso de los adolescentes detenidos por motivos políticos tuvo que haberse garantizado, por lo menos, la notificación a una entidad de protección para que velara por los derechos del niño, mientras estaba en situación de detención a flagrancia.

Asimismo, tenía que notificar inmediatamente a la familia, de modo que no entrara en una situación de desaparición forzada. Se debía además garantizar alimentación, ropa limpia, recreación, un juicio educativo y la comprensión del delito.

Recalcó que los adolescentes tenían que ser oídos, tratados por psicólogos y trabajadores sociales para que se garantizara el bienestar de los niños porque “toda persona menor de 18 años es un niño ante la ley”.

Zair Mundaray aseguró que la detención de adolescentes es una “barbarie” jurídica y que el estado utilizó el derecho penal como “herramienta de presión política”. 

Mundaray sostuvo que todos los funcionarios involucrados en la detención de adolescentes, desde jueces, fiscales y custodios, todos cometieron delitos contra niños y adolescentes y “a futuro, podrían ser perseguidos penalmente por estas violaciones”. 

El trauma que deja la persecución política

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) recientemente publicó el informe “Trauma y sufrimiento psicoemocional derivados de la persecución política en Venezuela”, en el que expone el impacto psicoemocional generado por la política de persecución, represión y violencia institucional ejercida por el Estado venezolano.

Según los hallazgos de la investigación, el sufrimiento emocional de los detenidos se manifiesta en múltiples formas: ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático y sentimientos de desesperanza que persisten incluso después de la liberación. La tortura física y psicológica, el aislamiento prolongado y la incertidumbre sobre el futuro generan también en las las víctimas un estado de vulnerabilidad extrema.

Otros traumas que deja la persecución política en Venezuela son: miedo constante, sensación de deshumanización, estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, depresión profunda, alteraciones cognitivas, estigmatización social, ruptura de vínculos familiares, silencio forzado y normalización del sufrimiento.

Estos efectos, según el estudio, no solo afectan al individuo, sino que “se extienden a sus familias y comunidades, creando un círculo de dolor que trasciende las paredes de las cárceles”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.