La Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó por unanimidad una ley para derogar el instrumento legal que hace 25 años ratificó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional CPI.
Jorge Rodríguez, presidente de la AN desde el año 2021, indicó que la decisión busca “demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución que debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano”.
La derogatoria entrará en vigor cuando sea promulgada por el gobernante Nicolás Maduro y publicada en la Gaceta Oficial.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el 2000 durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales desde el 1 de julio de 2002.
La CPI es un tribunal de última instancia (internacional) que investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como de complementariedad.
Según lo que establece el Estatuto de Roma, un Estado debe seguir algunos pasos para retirarse de la Corte. Primero, el Estado parte debe informar al secretario general de las Naciones Unidas y el retiro entra en vigor un año después de la recepción de la notificación. Segundo, al anunciar la retirada, es importante tener claro que la acción no libera al país de sus deberes bajo el tratado. Cabe recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso, pero ¿qué alcance tiene la decisión de la AN con la salida de Venezuela del Estatuto de Roma?
“Es una maniobra inocua”
A través de su cuenta en X, el abogado Zair Mundaray explicó que la llamada ley por Palestina, presentada por Jorge Rodríguez como una supuesta “derogatoria” de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es en realidad “un engaño político dirigido a tranquilizar a mandos militares que temen ser investigados por crímenes internacionales”.
“Ningún país puede escapar retroactivamente a la CPI mediante una ley interna ni mediante el retiro del Estatuto de Roma: la jurisdicción de la Corte permanece intacta respecto de los hechos cometidos mientras el Estado fue parte del tratado, y Venezuela lo ha sido desde 2002. Por eso, aun si el régimen denunciara su adhesión hoy, los crímenes investigados seguirían bajo competencia de la CPI”, argumentó el abogado.
Mundaray opinó que desde la AN promueven el relato “para fabricar una sensación de impunidad que no existe, ocultando deliberadamente que la responsabilidad penal internacional no se borra con decretos ni maniobras legislativas”.
“Al presentar la falsa ‘ley por Palestina”’ como un escudo frente a cualquier eventual responsabilidad internacional, busca enviarles un mensaje político —no jurídico—: ‘no habrá consecuencias’. Ese gesto no pretende resolver un problema legal, sino contener un problema de poder”, expresó el experto en leyes.
El abogado venezolano en Colombia afirmó que Jorge Rodríguez “intenta, en esencia, comprar tiempo y lealtad en un momento en que ambas están en duda”.
#ATENCIÓN Mis apuntes sobre la salida de Venezuela del Estatuto de Roma:
— Zair Mundaray (@MundarayZair) December 12, 2025
La llamada ley por Palestina, presentada por Jorge Rodríguez como una supuesta “derogatoria” de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es en realidad un engaño político dirigido a tranquilizar a… pic.twitter.com/UcZ9Gq6ZSc
Por su parte, el asesor estratégico Demóstenes Quijada aseguró que no se puede derogar el Estatuto de Roma en Venezuela como una ordenanza menor. Quijada recordó que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional”.
La dictadura no puede derogar el Estatuto de Roma en Venezuela como una ordenanza menor
— Demóstenes Quijada (@demostenes14) December 11, 2025
Del artículo 23 de la Constitución:
“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional…”
Entréguense
Se debe notificar al secretario de la ONU
Tras la aprobación en primera discusión de la derogatoria de “ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la CPI”, la ONG Acceso a la Justicia recordó que, de acuerdo al numeral 2 del artículo 127 del Estatuto de Roma, “la denuncia no exonera al Estado de las obligaciones establecidas en dicho instrumento” ni tampoco obstaculizará o suspenderá las investigaciones en curso.
En ese momento, advirtieron también que tras la aprobación en segunda discusión y luego de ser promulgada por el Ejecutivo nacional y publicada en Gaceta Oficial para entrar en vigencia, “deberá notificarse por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efectos un año después de dicha notificación”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
